La Fuerza Terrestre del Ecuador se encuentra al borde del agotamiento operativo. Lo que en un principio fue una respuesta coyuntural a la crisis de seguridad interna, se ha transformado en una sobre explotación sistemática de sus capacidades humanas y logísticas. Mientras el país enfrenta una ola de violencia sin precedentes, son los soldados del Ejército quienes sostienen, con disciplina y sacrificio, múltiples frentes simultáneos sin tregua, sin rotación efectiva y sin un replanteamiento estratégico del empleo conjunto de las Fuerzas Armadas.
Desde el estallido de la crisis carcelaria en 2021 hasta los actuales estados de excepción decretados en diversas provincias, las unidades terrestres han sido utilizadas como una fuerza de choque permanente, destinada a suplir el vacío institucional de otras entidades del Estado. Patrullajes urbanos, control de cárceles, vigilancia de infraestructura crítica, seguridad fronteriza, operaciones fluviales y hasta tareas logísticas han sido encargadas al Ejército sin la debida planificación rotativa ni el acompañamiento integral de las otras ramas de la defensa nacional.
Este despliegue continuo, sin pausas ni respiros tácticos, está generando una triple afectación: desgaste físico del personal, deterioro de medios logísticos y erosión moral de los soldados. No se trata de falta de voluntad: se trata de sostenibilidad. Ninguna fuerza armada puede operar en estado de emergencia permanente sin quebrarse. La lealtad institucional no debe ser confundida irresponsablemente con capacidad ilimitada.
El principio de empleo conjunto, consagrado doctrinalmente en nuestras Fuerzas Armadas, está siendo desplazado por una práctica de sobrecarga operativa sobre el componente terrestre, lo que atenta contra la eficiencia del sistema militar como un todo. Las capacidades navales, aéreas y policiales, igualmente valiosas, deben ser integradas de manera proporcional y estratégica a las tareas de seguridad interna bajo un modelo coordinado, no reactivo, peor aún con un criterio de sobrecarga operativa.
Desde una perspectiva estratégica, este modelo de agotamiento progresivo implica un riesgo directo para la Defensa Nacional. Una Fuerza Terrestre exhausta, fragmentada en múltiples escenarios tácticos, pierde su capacidad de concentración operativa frente a amenazas mayores, sean internas o externas. El enemigo organizado —el crimen transnacional, los grupos armados ilegales, las redes de narcotráfico— no actúan bajo improvisaciones: planifican, miden, esperan y saben cuándo su adversario está desgastado.
Es urgente que el Comando Conjunto y el Gobierno Nacional escuchen las advertencias que desde los mandos operativos ya están siendo transmitidas. Se requiere:
• Redistribuir las cargas operativas entre las tres Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, priorizando la integración estratégica en una planificación real.
• Implementar rotaciones programadas para permitir descanso y reentrenamiento de unidades expuestas.
• Fortalecer el sistema interinstitucional, de modo que no todo recaiga en el brazo militar ante la ausencia o debilidad del aparato civil.
La Fuerza Terrestre no es una estructura infinita. Es un cuerpo de hombres y mujeres que, sin importar las condiciones, han mantenido la institucionalidad nacional en pie. Pero incluso ellos tienen un límite. Ignorar esta realidad no solo es una falta de planificación: es una negligencia estratégica. La defensa de la Patria comienza por cuidar a quienes la defienden. Y ese cuidado no puede seguir postergándose.