El estado de salud de una economía —y más aun en un esquema de dolarización— se refleja en la calidad de su mercado laboral. En el caso ecuatoriano, considerando las últimas cifras que reporta el INEC se advierte el deterioro de la tasa de empleo adecuado, es decir, aquel segmento de la población trabajadora que percibe ingresos iguales o superiores al salario mínimo y trabaja al menos 40 horas semanales.
Al comparar los meses de julio de los años 2023 y 2024, este indicador se reduce en 0,6 puntos porcentuales, al pasar de 35,5% a 34,9%. En otras palabras, el 65.1% de la población no tiene un empleo pleno o bien está en la informalidad, otras formas de empleo no adecuado o abiertamente en el desempleo (3,7%).
Estas cifras se deterioran aun más si analizamos a la población ocupada por área rural, en cuyo caso la tasa de empleo adecuado apenas llega al 17,1%. Como se entenderá, la tragedia que se vive en el campo es enorme, empero la indiferencia y desinterés que existe desde las esferas de poder, y desde la estructura de un Estado centralista, son harto evidentes y desconcertantes.
Resulta incomprensible como en medio de una marcada y persistente contracción de la demanda efectiva, se afecte el consumo de los hogares con más impuestos (para mayor calamidad, de tipo regresivo); se limite la inversión con elevadas tasas de interés; se mantenga una marginal inversión pública, y una balanza comercial dependiente de los ingresos petroleros.
Y al hablar de desigualdades manifiestas no podemos soslayar la brecha que también existe entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. La tasa de empleo adecuado, dentro de esta categoría, muestra que el 40,7% de los hombres tiene empleo adecuado/pleno, en tanto sólo el 26,6% de mujeres está dentro de esta clasificación.
Igualmente, al comparar el ingreso laboral promedio, los hombres registran USD 485,2, en tanto las mujeres sólo USD 394,6. Basta mirar estos números para constatar el abierto incumplimiento del Art. 331 de la Constitución, en tanto el Estado tiene la obligación de garantizar «…a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, (…) a la remuneración equitativa, (…) todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades».
Todos estos guarismos, en realidad, guardan estrecha relación con una proyección del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador que no muestra mayores expectativas de crecimiento para este 2024 (ni siquiera en términos nominales), al estimarse variaciones de apenas 0,1% (FMI); 0,7% (Banco Mundial); 0,9% (Banco Central) y 1,8% (Cepal). Con ese paupérrimo crecimiento que no cubre ni siquiera la tasa de crecimiento poblacional, lo que evidencia es el estancamiento del aparato productivo. En esas condiciones, si no hay una economía con crecimiento sostenido y a tasas representativas, no se puede esperar una mejora en las condiciones del mercado laboral, hoy precarizado hasta la médula.
Como una consecuencia de la falta de empleo, los ciudadanos siguen migrando (legal y sobre todo ilegalmente) a otros países en busca de oportunidades que les han sido negadas reiteradamente en su propia tierra, por parte de un sistema económico excluyente y generador de pobres. Las cifras que reporta el Banco Central en materia de remesas es revelador. Durante el primer trimestre del 2024, el Ecuador recibió USD 1.393,7 millones, es decir, un 16,9% más de lo reportado en igual periodo de 2023, año que rompió récord en envío de remesas a Ecuador, con USD 5.447,5 millones.
Resulta incomprensible como en medio de una marcada y persistente contracción de la demanda efectiva, se afecte el consumo de los hogares con más impuestos (para mayor calamidad, de tipo regresivo); se limite la inversión con elevadas tasas de interés; se mantenga una marginal inversión pública, y una balanza comercial dependiente de los ingresos petroleros.
Difícil alcanzar resultados diferentes si se aplica el consabido recetario neoliberal.