En Ecuador, una nueva propuesta de reforma penal busca permitir que los adolescentes infractores sean juzgados con penas de adultos. La iniciativa plantea que un menor de edad —por ejemplo, de 16 años— que cometa un delito grave, como sicariato, pueda recibir una condena de hasta 40 años de cárcel. Lo que se ofrece como una solución a la crisis de seguridad y al uso de adolescentes por parte de bandas criminales es, en realidad, una estrategia conocida: populismo penal, una respuesta emocional, punitiva y políticamente rentable que no se sostiene ni en evidencia empírica ni en estándares internacionales.
El abogado penalista Pablo Encalada, entrevistado en el programa Contacto Directo, lo advirtió: “No podemos caer en la mentira de que a los adolescentes no les pasa nada”. En efecto, Ecuador ya cuenta con un régimen de responsabilidad penal para adolescentes desde los 12 años. El Código de la Niñez y Adolescencia establece que los menores que cometen delitos pueden ser acusados por fiscales, juzgados por jueces y cumplir penas privativas de libertad que alcanzan los ocho años en centros especializados. La única diferencia con los adultos es la magnitud de la pena, no la impunidad.
Propuestas como esta también chocan con el ordenamiento constitucional ecuatoriano y con tratados internacionales vinculantes. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador, obliga a que los menores sean tratados conforme a su edad, madurez y posibilidad de rehabilitación. La Constitución establece que los adolescentes tienen derecho a un régimen penal diferenciado. Cambiar este régimen implicaría no solo romper con la normativa nacional, sino exponer al país a sanciones internacionales y demandas por inconstitucionalidad.
Los defensores de la reforma argumentan que se trata de una respuesta urgente ante la incorporación creciente de menores por parte del crimen organizado. Sin embargo, esta lógica no resiste el análisis técnico. Como recordó Encalada, Ecuador lleva más de una década aumentando penas y reduciendo garantías sin que eso haya impedido el colapso del sistema penitenciario, el fortalecimiento de las bandas ni el incremento de la violencia. Los adolescentes no deciden delinquir porque analicen cuánto tiempo pueden ir a prisión, sino porque están inmersos en entornos donde la criminalidad se ha convertido en forma de vida, donde el Estado no llega, y donde nadie más les ofrece un camino alternativo.
Ecuador lleva más de una década aumentando penas y reduciendo garantías sin que eso haya impedido el colapso del sistema penitenciario, el fortalecimiento de las bandas ni el incremento de la violencia.
En otros países, las consecuencias de este tipo de reformas han sido negativas. En Estados Unidos, tras la ola de violencia de los años noventa, varios estados permitieron juzgar a menores como adultos. Muchos adolescentes recibieron cadenas perpetuas. Años después, la Corte Suprema estadounidense falló que esas condenas eran inconstitucionales, porque ignoraban que el cerebro adolescente no tiene el mismo desarrollo que el de un adulto. En contraste, Alemania mantiene un sistema especializado de justicia juvenil con enfoque en rehabilitación, y ha logrado reducir la reincidencia sin necesidad de penas extremas.
Pero el problema en Ecuador no es solo jurídico ni penal. Es mucho más profundo. Vivimos un momento de vacío simbólico. Muchos de los adolescentes que hoy ingresan a bandas criminales no tienen ninguna conexión con el país que intentamos defender. No vivieron el conflicto armado con Perú —que permitió gran cohesión interna— ni la reconstrucción democrática. No confían en las instituciones. No creen en la justicia ni en la política. No tienen héroes reales ni figuras admirables que representen un camino distinto al miedo, la violencia o la fuerza.
Eso es lo más grave: hemos dejado de ofrecer un relato país que inspire pertenencia, respeto y sentido. Lo que hay es un Estado que reacciona con castigo, pero que ha dejado de construir un proyecto común. Sin figuras a quienes admirar, sin símbolos compartidos, los jóvenes son presa fácil de jefes de bandas, de mitos de poder inmediato, de estructuras que sí ofrecen identidad —aunque sea desde el crimen—. Y ante eso, ni una reforma penal ni una condena de 40 años lo resolverán.
Se puede, sí, discutir si en casos excepcionales como el sicariato deberían aumentarse las penas para adolescentes. Esa es una conversación válida dentro del marco legal y de proporcionalidad. Pero no podemos perder de vista que el delito juvenil es un síntoma, no la causa. Y si no atacamos las causas estructurales —el abandono estatal, la precariedad educativa, la falta de referentes positivos—, solo estaremos llenando las cárceles mientras vaciamos el futuro.
El populismo penal no construye seguridad. Es apenas un parche sobre una fractura social mucho más profunda. Si queremos salvar a los jóvenes del crimen, no basta con castigar. Hay que ofrecerles un país al que valga la pena pertenecer.