¿Hoy, con qué comiste tu arroz?
Cuando nos sentamos a la mesa para disfrutar nuestra comida, no siempre pensamos cómo ese alimento fue cultivado y por quién. Son preguntas sencillas, pero hoy cobran un sentido profundo. Detrás de cada grano hay decisiones políticas, intereses económicos y riesgos silenciosos para nuestra salud y nuestro derecho a decidir qué comemos.
En mayo del 2025, Ecuador aprobó una variedad de arroz editado genéticamente. Lo hizo sin consulta pública y sin abrir un debate nacional. Este cultivo no es transgénico en el sentido clásico, es cierto. En teoría, no tiene genes de otra especie. Nos lo venden como una técnica más natural y precisa. ¿De verdad lo es?
No es verdad, estamos ante una tecnología experimental. No existen estudios a largo plazo que evalúen su inocuidad. La edición genética es la nueva bandera de la agricultura industrial. Bajo un discurso de precisión, ha evadido regulaciones en varios países de América Latina y ahora también en Ecuador. El Acuerdo Ministerial 063 permite que semillas obtenidas por edición genética se clasifiquen como “convencionales”, eliminando cualquier medida para proteger la salud humana, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos.
El caso del arroz es ilustrativo. Se aprobó una variedad diseñada para resistir dos herbicidas. Esto permitirá aplicarlos con mayor intensidad sin dañar el cultivo. Pero la experiencia muestra lo que ocurre después: malezas resistentes, mayores dosis y combinaciones tóxicas. Suelos degradados, agua contaminada y biodiversidad reducida. Y para nosotros, consumidores y productores, exposición crónica a sustancias asociadas a cáncer, problemas neurológicos y enfermedades respiratorias.
El Ministerio de Agricultura aprueba estas semillas basándose en documentos de las propias empresas y en un comité técnico sin capacidad para evaluarlas de forma independiente.
Según FIAN Ecuador, el arroz ya se produce con altos niveles de agrotóxicos como glifosato, paraquat y 2,4-D. Estos insumos representan entre el 40% y 60% de los costos de producción. ¿Realmente necesitamos tecnologías que profundicen esa dependencia?
El discurso oficial habla de precisión, innovación y seguridad. La realidad es un modelo agroindustrial agotado, basado en monocultivos e insumos externos. Apenas entre un 12% y 17% del arroz sembrado en Ecuador usa semilla certificada; el resto proviene de pequeños agricultores que conservan variedades locales adaptadas a sus suelos y climas. ¿Qué ocurrirá cuando el mercado se incline hacia una semilla editada protegida por propiedad intelectual? Muchas de esas 18 variedades tradicionales, con valor cultural y resiliencia ecológica, podrían desaparecer.
Lo más grave es que se tomó esta decisión ignorando principios constitucionales. El artículo 15 prohíbe organismos genéticamente modificados que afecten la salud, los ecosistemas o la soberanía alimentaria. También se desconocen los Derechos de los Campesinos, UNDROP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales) reconocidos internacionalmente y vinculantes según el artículo 11.3 de la Constitución. No hubo consulta a quienes siembran y alimentan al país.
Mientras tanto, se dejan de lado alternativas sostenibles. Proyectos como el “arroz con pato” impulsados por el MAG, el INIAP, el PMA y el FEPP, mostraban que es posible reducir el uso de agrotóxicos, recuperar ecosistemas y garantizar alimentos sanos. Ese es el camino que necesitamos si consideramos que el arroz es base de nuestra dieta, con un consumo per cápita de 50 kilos al año.
El silencio institucional es alarmante. El Ministerio de Agricultura aprueba estas semillas basándose en documentos de las propias empresas y en un comité técnico sin capacidad para evaluarlas de forma independiente. Al declararlas “convencionales”, el Estado se lava las manos y deja a consumidores y productores sin información ni protección.
Hoy es el arroz. Mañana podría ser cualquier cultivo que llega a nuestra mesa sin control ni transparencia. Necesitamos organizarnos, informarnos y exigir. Tenemos derecho a saber qué comemos, cómo se produce y cuáles son sus impactos. Tenemos derecho a decidir si aceptamos o no una tecnología que puede alterar nuestras semillas, nuestros campos y nuestra salud.
Es momento de alzar la voz: exigir la eliminación del Acuerdo 063 y la revocatoria de la autorización del arroz editado genéticamente. Defender nuestra alimentación es defender nuestra vida, la naturaleza, nuestro futuro.