Los graves problemas de inseguridad que afronta el país aún no han podido ser resueltos por las autoridades de gobierno, convirtiéndose —desde tiempo atrás— no solamente en la principal preocupación de los ecuatorianos, sino en una verdadera rémora para el crecimiento y desarrollo económico del país. El deterioro de algunos indicadores deja en claro que el discurso oficialista no guarda correspondencia con la realidad. Para mencionar un solo hecho, al comparar el primer trimestre de los años 2025 y 2026, los robos con el uso de escopolamina pasaron de 316 a 461, lo que representa un incremento del 45,8% en ese tipo de denuncias que, por sus características, es proclive incluso al subregistro.
Como es conocido, la escopolamina es un alcaloide natural que produce efectos inmediatos en las personas, relacionados con la pérdida de la voluntad, presencia de amnesia temporal, visión borrosa y desorientación, lo cual es aprovechado por la delincuencia para perjudicar a sus víctimas, pudiendo llegar incluso a la muerte como consecuencia de una intoxicación aguda.
No obstante, valga destacar que la utilización de la burundanga no se limita únicamente al cometimiento de delitos comunes, sino también es posible extrapolar sus nocivos y devastadores efectos al campo de la política donde se observa a un pueblo ciertamente escopolaminado de lo cual lamentablemente se aprovecha una desacreditada clase política que no conoce de límites democráticos y menos aún de ética pública, en cuyo opaco accionar siempre el fin justifica los medios.
Es claro que, en muchos países, incluido el Ecuador, se viven momentos de enorme incertidumbre y de resquebrajamiento institucional, donde la independencia de funciones no es en la práctica una condición sine qua non que debe respetarse conforme lo ordena la Constitución, sino apenas una idealización, en nuestro caso, de ese esquivo Estado de derechos y justicia al que hace mención el Art. 1 del contrato social, convertido en mucho de sus títulos y capítulos en simple papel mojado.
Si bien el presidente de la República es el jefe del Estado y de gobierno y responsable de la administración pública, no menos cierta es la vigencia de los principios de autonomía e independencia con la que deben actuar las diferentes funciones del Estado, lo cual es concordante con la existencia de pesos y contrapesos con el que se regula un sistema democrático. En ese sentido, cuando la Asamblea Nacional, por ejemplo, se degrada a la condición de oficina adscrita a la Presidencia de la República, así como los operadores de justicia, de la función electoral y órganos de control terminan coincidiendo con la agenda, prioridades e intereses de un gobierno de turno, se debilita el sistema político y abre paso a regímenes autoritarios y hasta dictatoriales con todas sus letras, con los peligros e implicaciones que ello conlleva para la paz social.
Asimismo, cuando en un país se incrementa la tarifa del transporte y la autoridad que regula la medida le dice a la gente, sin sonrojarse siquiera, que no se trata de un incremento sino de una regularización de tarifas, y la gente no atina más que a abrir sus ojos como platos extendidos, estamos ante una forma de anulación de la voluntad, explicada por la falta de capacidad de crítica, pobre memoria colectiva e insuficiente capacidad de movilización de una población que le cuesta reaccionar para hacer respetar sus derechos y rechazar decisiones que terminan afectando a las grandes mayorías. Esto nos lleva a pensar que tenemos una democracia enferma, escopolaminada, tierra fértil para los aprendices de dictadorzuelos.