I. Más preguntas para presionar a la Corte Constitucional
El envío de siete preguntas del 9 de septiembre exhibe una doble estrategia: relanzar la consulta con ejes de “seguridad, justicia y gobernabilidad” y presionar institucionalmente a la CC mediante la urgencia política del cronograma. Políticamente, el Gobierno busca retomar la iniciativa tras el golpe del 4 de septiembre; jurídicamente, necesita sortear el filtro más estricto del sistema de control de constitucionalidad, cuyo estándar para referendos exige: (i) unidad de materia, (ii) claridad y precisión normativa, (iii) compatibilidad con bloque de constitucionalidad y (iv) respeto a la rigidez constitucional en materias reservadas a Asamblea o constituyente.
Los contenidos difundidos en prensa detallan que el paquete incluye enmiendas y reformas legales en justicia, designación de autoridades, lucha anticorrupción y actividades económicas reguladas (p. ej., registro de sentenciados por delitos sexuales contra NNA, ajustes de mayorías decisorias, etc.).
El riesgo jurídico que enfrenta el Ejecutivo es triple:
Técnica de redacción: preguntas que mezclen materias heterogéneas o remitan a anexos ambiguos pueden ser declaradas improcedentes por “indeterminación” o por vulnerar la exigencia de claridad y precisión. La crítica previa de la CC al registro de agresores sexuales -por “excesiva indeterminación”- es un precedente cercano.
Competencias y contrapesos: toda iniciativa que reconfigure el balance entre Ejecutivo, Legislativo y CC, o que endurezca las mayorías para controlar al presidente, en estados de excepción o para revisar sus iniciativas, será examinada con lupa por su impacto en la separación de poderes. La CC ya marcó un límite al vetar la idea del juicio político a jueces por comprometer independencia y pesos y contrapesos.
Tiempo electoral efectivo: incluso si algunas preguntas son admitidas, el tiempo de dictamen + calendario del CNE puede impedir que entren todas en una eventual consulta a fin de año. Varios medios señalan que la fecha tentativa del 14 de diciembre pende del dictamen de la CC y de la logística del CNE.
En el plano político, el Gobierno intenta capitalizar la narrativa de “bloqueo institucional” por parte de la CC y movilizar base propia. Ese libreto -ya visto en agosto con una marcha oficialista contra la Corte- busca polarizar: CC como “obstáculo” vs. “voluntad popular”. Sin embargo, esa línea confrontacional erosiona el principio de sujeción a la Constitución y alimenta alertas internacionales sobre hostigamiento a la justicia constitucional.
Si la CC vuelve a objetar preguntas por indeterminación o por invadir materias rígidas, la apuesta plebiscitaria se reduce y el Gobierno queda expuesto a un costo político de “prometer y no cumplir”. Si la CC habilita parte del paquete, Carondelet obtiene oxígeno, pero deberá administrar el riesgo de un voto sancionatorio a mitad de un ciclo de malestar social provocado por la eliminación de subsidios al diésel.
II. Un gobierno en guerra contra sí mismo
Políticamente, la marcha del gobierno realizada el 11 de septiembre en Guayaquil, consolida tres objetivos: (i) agenda setting en seguridad -principal activo discursivo del Gobierno-, (ii) demostración de capacidad de movilización (buses, logística, símbolos, presencia presidencial) y (iii) marco de legitimidad para sostener reformas y la consulta.
Además, fue una cortesía con la ciudad, luego de la marcha en la capital de la república.
Sin embargo, el operativo exhibió: retrasos, coreografías improvisadas y una presencia presidencial brevísima antes de viajar a Cuenca. La puesta en escena fue solo un ritual propagandístico de adhesión a un gobierno que marchó contra sí mismo, por lo que su rendimiento persuasivo es incierto fuera del “núcleo duro” oficialista.
En clave jurídica, no hay una controversia directa salvo el uso de recursos y aparatos públicos en convocatorias partidistas, una práctica que exige estricta observancia de los regímenes de neutralidad, propaganda y gasto. La autoridad electoral (CNE) y la Contraloría pueden verificar si existió empleo de bienes/servidores estatales para fines de proselitismo. La línea es delgada cuando la consigna (“paz y justicia”) se superpone con logros gubernamentales y con mensajes electorales de cara a una consulta en trámite.
En el frente social, el mismo día se registraron movilizaciones críticas en varias ciudades. Esta “doble calle” evidencia una sociedad polarizada: el Gobierno ocupa la mañana con una épica securitaria; sindicatos, indígenas y colectivos responden por la tarde cuestionando la política económica y el deterioro de derechos. Tal polarización no es neutra: configura ventanas de oportunidad de cara a las próximas elecciones seccionales y para alianzas coyunturales contra la agenda de Noboa, en la que la eliminación de subsidios al diésel y el conflicto Loma Larga serán difíciles de manejar para el régimen.
La viabilidad de las siete nuevas preguntas dependerá de su técnica normativa y de si evitan alterar indebidamente el equilibrio de poderes. El antecedente del 4 de septiembre muestra a una CC dispuesta a trazar líneas rojas.
¿Funciona la marcha como capital político para la consulta? Parcialmente. Permite normalizar la presencia presidencial en la calle y sostener la narrativa de orden, pero puede endurecer percepciones de hostigamiento a la CC si el mensaje deriva en “pueblo vs. jueces”, con costos reputacionales externos y alertas de erosión de independencia judicial; una crítica ya activada por organismos internacionales.
La viabilidad de las siete nuevas preguntas dependerá de su técnica normativa y de si evitan alterar indebidamente el equilibrio de poderes. El antecedente del 4 de septiembre muestra a una CC dispuesta a trazar líneas rojas. Escenario más probable: la Corte admite parcialmente y depura textos; el CNE enfrenta un cronograma estrecho; el Ejecutivo intensifica la campaña simbólica contra “bloqueos”, buscando convertir el desgaste institucional en voto afirmativo. Riesgo alto de que un dictamen restrictivo alimente la narrativa de victimización, pero a la vez consolide a la CC como dique frente a tentaciones hiperpresidencialistas.
Las marchas logra visibilidad y movilizan a la base oficialista, pero su rendimiento neto es muy relativo. El escenario probable es un empate: el oficialismo muestra músculo; la oposición y movimientos sociales también calibran su capacidad. En un contexto de fatiga económica (subsidios) y conflictos sectoriales (minería), la movilización puede no traducirse automáticamente en adhesión electoral a la consulta. Riesgo: que el “pueblo vs. Corte” alimente la narrativa de confrontación con el Estado de derecho.
III. José Serrano: el trofeo que anhela en su vitrina el gobierno de Noboa
José Serrano (exministro del Interior y expresidente de la Asamblea) permanece detenido por motivos migratorios en Florida (ICE), mientras en Ecuador está procesado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. El 12 de septiembre, la Fiscalía difundió el testimonio de un exagente de Inteligencia que afirma haber actuado por órdenes de Serrano y del empresario Daniel Salcedo; Serrano lo negó ese mismo día.
En Ecuador, la Fiscalía imputó a Serrano como presunto autor intelectual del magnicidio (caso Magnicidio FV). En EE. UU., fue detenido por irregularidad migratoria (7 de agosto) y se halla en custodia de ICE; esta semana trascendieron su hábeas corpus y fechas de audiencias migratorias. En la mañana del viernes 12, la Fiscalía difundió piezas documentales: la versión de un exagente (identificado en prensa como “alias Jonathan” o con siglas) que lo incrimina por “seguimientos” y coordinación con policías, citando pagos y promesas. Serrano respondió por X, calificando la versión como “farsa”.
En Ecuador está el foro natural del magnicidio y la conexión con otros procesados (Aleaga, Salcedo, Jordán). La Fiscalía estaría en condiciones de formular cargos, ampliar instrucción, llamar a juicio y pedir medidas cautelares/medidas de cooperación. La prueba testimonial difundida el 12 refuerza la narrativa acusatoria y podría acelerar pedidos de cooperación internacional (cartas rogatorias, mutual legal assistance). Políticamente, el caso reordena la disputa correísmo/anticorreísmo y ofrece al Gobierno una bandera anticrimen. Jurídicamente, el estándar probatorio en homicidio agravado y delincuencia organizada es elevado; el contrapeso es que la exposición mediática y el clima político pueden alimentar alegaciones de persecución.
Serrano es un trofeo político para Noboa. Tenerlo en su vitrina significaría un resultado a su favor, y una mortal patada en el suelo al correísmo y sus defensores a ultranza. Correa, cada vez más salpicado en su propia tinta, es el enemigo ideal del gobierno.
En Estados Unidos, en lo inmediato, el proceso es migratorio, no penal por el magnicidio. Sin embargo, EE. UU. puede abrir causas si hay delitos federales; por ejemplo: conspiración, RICO (En derecho, RICO corresponde a la ley estadounidense Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act -Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado); lavado, si existieran nexos probados con jurisdicción estadounidense. De no existir cargos federales, el horizonte es deportación.
En ese escenario, la defensa podría dilatar con recursos migratorios, alegar riesgo o persecución política y buscar acuerdos de cooperación que le den margen de negociación (oferta de cooperación de un procesado a cambio de beneficios judiciales; por ejemplo, reducción de pena sobre crimen organizado). La reciente reactualización de cooperación bilateral y un tratado de extradición de 1872 (complementado en 1939/1941, vigente) hacen factible una extradición, más aún desde que la Constitución ecuatoriana permite extraditar nacionales tras la reforma de 2024.
¿Dónde le conviene más a Serrano?
Si su objetivo es evitar un juicio por el magnicidio a corto plazo, EE. UU. ofrece tiempo procesal en lo migratorio y la opción de cooperación a cambio de información sobre redes criminales; además, los estándares probatorios federales y un eventual proceso por delitos distintos podrían fragmentar el caso.
Si el escenario deriva en extradición a Ecuador, la carga probatoria de la Fiscalía y la opinión pública jugarán fuerte en su contra, especialmente tras testimonios de exagentes y la exposición mediática del caso.
Un punto clave es si Ecuador formaliza la solicitud de extradición y si EE. UU abre o no una causa penal propia. Hoy, las señales públicas se concentran en procesos migratorios y cooperación.
Serrano es un trofeo político de incalculable importancia simbólica para Noboa. Tener su cabeza en su vitrina significaría un inobjetable resultado a su favor, y una mortal patada en el suelo al correísmo y sus defensores a ultranza. Rafael Correa, cada vez más salpicado en su propia tinta, es el enemigo ideal del actual gobierno.
José Serrano gana aire si permanece en el carril migratorio estadounidense, donde puede negociar cooperación y retrasar decisiones. Si Ecuador activa extradición con carpeta robusta, el escenario probable es su retorno forzoso para ser juzgado en Quito, con alto costo político para el correísmo si prosperan los testimonios. En el corto plazo, el impacto del testimonio difundido el 12 de septiembre es desfavorable para Serrano: endurece medidas, legitima cooperación internacional y consolida la narrativa de autoría intelectual compartida. Resultado probable: acumulación probatoria en Ecuador y disputa legal en Florida para ganar tiempo.
¿Dónde le conviene más al Ecuador?
IV. Conflicto minero Quimsacocha–Loma Larga: el dilema de Noboa
El 12 de septiembre generó impacto la entrevista con Radio La Suprema (Cuenca), en la que Daniel Noboa afirmó que no seguirá con Loma Larga si los Gobierno Autónomos Descentralizados, GAD, (Municipio de Cuenca y Prefectura del Azuay) sustentan técnica y jurídicamente los riesgos; y advirtió que, si por “desacato” a una sentencia se anula el proyecto y la empresa demanda, esos GAD deberían asumir responsabilidades legales. El caso tensiona sentencia judicial, licencia ambiental, consulta previa y la licencia social en Azuay, con la empresa canadiense Dundee Precious Metals (Canadá) en el centro.
El alcalde de Cuenca, es sesión ampliada del cabildo los días jueves, viernes, y sábado, explico con lujo de detalles los factores de conflicto, anunció que el Concejo decidió revertir el catastro que se le había concedido a la empresa —ello no implica revertir la licencia ambiental, la cual corresponde al gobierno central—, y anunció la realización el próximo martes 16, de una marcha ciudadana por el defensa del agua y la vida.
Loma Larga arrastra una travesía contenciosa: providencias y fallo de la Corte Provincial del Azuay (2022) sobre consultas (ambiental y previa) y estándares; decisiones del MAATE; suspensión administrativa de actividades (6 de agosto de 2025) hasta que la empresa difunda el Plan de Manejo Ambiental; y resoluciones del Concejo de Cuenca que invocan la sentencia 51-23-IN/23 de la CC (09-XI-2023) sobre consulta ambiental sin ley.
Noboa “traslada” el peso decisorio a los GAD: si sustentan informes y “se cae” el proyecto, responderán por eventuales arbitrajes. Jurídicamente, la tesis es problemática por tres razones:
Los GAD emiten ordenanzas y actos administrativos dentro de sus competencias (uso de suelo, agua, ambiente local, orden público municipal), pero no son la autoridad nacional en minería/ambiente (Ministerio de Energía/MAATE), ni deciden sobre ejecución de sentencias judiciales. Responsabilizarlos por “desacato” a una sentencia nacional que el propio Ejecutivo debe cumplir desnaturaliza el régimen de ejecución de sentencias y la jerarquía de competencias.
Cargar la responsabilidad financiera a los GAD por defender estándares ordenados por sentencias, o por proteger agua y ecosistemas, choca con el deber estatal de garantizar derechos.
Si hubiera controversia inversionista-Estado (p. ej., bajo TBI Canadá-Ecuador o contratos), la parte demandada es el Estado ecuatoriano, no los GAD, porque internacionalmente responde el Estado central. Internamente, el Estado podría repetir contra funcionarios por dolo o culpa grave; pero “traspasar” a priori la responsabilidad a los GAD y a la ciudadanía no tiene asidero directo en derecho internacional público ni en la práctica arbitral.
Existen precedentes constitucionales que bloquean proyectos por vulneración de derechos de la naturaleza/consulta (p. ej., “Los Cedros”, 2021), y la propia discusión sobre Quimsacocha ha exigido altos estándares. En ese marco, cargar la responsabilidad financiera a los GAD por defender estándares ordenados por sentencias, o por proteger agua y ecosistemas, choca con el deber estatal de garantizar derechos.
Noboa enfrenta un dilema sin salida fácil.
Frenar Loma Larga (como dijo) puede leerse como triunfo de Azuay y derrota de Noboa. Podría ser el punto de quiebre que una oposición ciudadana —si no la castra en el camino la politiquería— que revitalice la movilización nacional contra el modelo extractivo, en defensa de los sectores estratégicos del país, por la atención a la crisis en salud pública, desempleo, desinversión, desempleo, encarecimiento del costo de la vida, fracaso contra el crimen organizado; lo que debilitaría su consulta y reconfiguraría el tablero.
Seguir con el proyecto lo confronta con Cuenca/Azuay y con movimientos sociales; reaviva la matriz “centro vs. territorio” y puede aglutinar oposición amplia (ambientalistas, academia, gobiernos locales).
La advertencia a los GAD es jurídicamente endeble y políticamente costosa: proyecta un Ejecutivo que amenaza a actores sociales y gobiernos locales, revelaría un modelo recentralizador, y más alineado con la empresa extranjera. El Ejecutivo está tratando de modular su discurso. Juega a la posibilidad de remitir la decisión a un juez de ejecución y al MAATE, y buscar una “salida técnica” (nuevos estudios, exigencias ambientales) que dilate sin “matar” el proyecto, mientras negocia con empresa y los GAD, y se desata una campaña de respaldo usando todos sus medios abonados y sus influencers en nómina (también habrá algunos por convicción, están en su derecho); pero no anula el riesgo ni el desgaste político.
Que posibles laudos arbitrales responsabilicen a los GAD en el caso de que se suspenda o retire la licencia ambiental para la extracción minera en Quimsacocha-Loma larga, suena a amenaza. Pero en la práctica, no es jurídicamente sostenible en términos internacionales; internamente, solo cabría repetición por dolo/culpa grave, no un traslado automático. El escenario más probable es que el Ejecutivo modula su discurso, remite a juez de ejecución y al MAATE, y busca una “salida técnica” (nuevos estudios, exigencias ambientales) que dilate sin “matar” el proyecto, mientras negocia con empresa y GADs. El riesgo de esa estrategia es alto: Azuay se convierte en epicentro nacional de resistencia, conectando con el malestar por subsidios y con la disputa con la CC; cualquier paso en falso puede traducirse en costo electoral para la consulta.
Azuay se convierte en epicentro nacional de resistencia, conectando con el malestar de los sectores más golpeados por la crisis multimodal, su intolerancia a la oposición, la disputa con la CC. Cualquier paso en falso puede traducirse en costo electoral para la consulta. Quizá ese sea el único reparo que aún mide para no eliminar el subsidio al gas, decisión que con toda seguridad ya habrá tomado.
V. Fin de los subsidios al diésel, hasta diciembre y en espera de la Consulta
El viernes 12 de septiembre, Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 126 que elimina el subsidio al diésel automotor y fija un precio de USD 2,80/galón desde las 00:00 del 13 de septiembre hasta el 11 de diciembre, con transición a una fórmula de estabilización. El Gobierno promete 18 medidas compensatorias (transportistas, bonos, devoluciones tributarias), y asegura que el pasaje urbano no subirá.
La decisión recuerda los estallidos de 2019 y 2022, elevando el riesgo de conflictividad, aunque el contexto es distinto y juega a favor de Noboa; quien -por si acaso- cercó Carondelet con tanquetas militares, y trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a Latacunga, Cotopaxi ((Decreto Ejecutivo No. 127, firmado el 13 de septiembre de 2025). Quito se ha vuelto una ciudad políticamente indescifrable. Mejor no arriesgarse.
Este último movimiento es una maniobra de distracción y simbólica: en un escenario no muy probable, de producirse un fuerte rechazo y movilización, Carondelet puede ser tomado por manifestantes, pero si el huésped y su Gabinete están resguardados en la capital mundial de las allullas, el gobierno sigue vigente.
Si despacha desde Latacunga, el golpe simbólico es más fuerte: esa provincia de gran incidencia en el movimiento indígena era el bastión del expresidente Leonidas Iza, quien fue semanas atrás anulado por una maniobra de pesquizaje policial.
En Cotopaxi, además hay al menos tres instalaciones militares relevantes: el Batallón de Ingenieros N° 68, la Base Aérea Cotopaxi y la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9. El mensaje de fuerza es clarísimo.
El argumento oficial para eliminar el subsidio al diésel habla de redireccionar USD 1.100 millones a programas sociales/productivos y cerrar filtraciones hacia contrabando y minería ilegal. Se añaden compensaciones por USD 220 millones, y el compromiso de que tarifas de transporte urbano no se incrementen.
El presidente puede, por decreto, fijar políticas de precios y subsidios dentro del marco legal vigente (competencias del Ejecutivo/Agencia de Regulación). Sin embargo, la constitucionalidad material exige proporcionalidad y no regresividad en derechos sociales cuando el retiro de subsidios afecta accesibilidad a bienes básicos del transporte/producción. Allí se encuentran algunas claves de control constitucional y contencioso: (i) motivación suficiente (datos fiscales, focalización, impactos), (ii) medidas compensatorias reales y verificables, (iii) no discriminación entre segmentos, (iv) participación mínima (audiencias/regulación). Cualquier demanda de inconstitucionalidad podría cuestionar la motivación y la focalización, en especial si los impactos en canasta familiar y fletes no se mitigan efectivamente.
Despachar desde Latacunga genera un golpe simbólico: esa provincia de gran incidencia en el movimiento indígena era el bastión de Leonidas Iza, quien fue semanas atrás anulado por una maniobra de espionaje policial.
Retirar un subsidio a los combustibles no genera un “ahorro nacional” neto, sino un alivio fiscal para el Estado a costa de mayor gasto de los ciudadanos y empresas. En otras palabras, el Gobierno reduce su gasto, pero los consumidores pagan más por el combustible; eliminar el subsidio al diésel saca USD 1.100 millones de la gente y los traspasa al Estado, reduciendo en igual magnitud la capacidad de consumo privado.
El cálculo oficial es que compensaciones sectoriales y control de tarifas urbanas desactivan el “gatillo” inmediato; pero en provincias con agro y transporte pesado el efecto será sensible. La percepción de ajuste vinculado al FMI y la simultaneidad con conflictos (CC, minería) son factores a considerar.
La estrategia del régimen activa la protesta y puede reunificar actores de oposición dispersos (transportistas, indígenas, sindicatos, movimientos sociales) y convertirse en un plebiscito contra el Gobierno. En el encuadre comunicacional del gobierno en guerra, la movida sobre los subsidios, el conflicto en Quimsacocha, el ataque a la Corte Constitucional, las marchas organizadas por el régimen en Quito y Guayaquil, forman parte de los dispositivos de propaganda que mantiene a casi 18 millones de ecuatorianos confundidos, maniatados, vigilados, silenciados y en total incertidumbre; son las víctimas colaterales de la inseguridad, la improvisación administrativa y el autoritarismo; son habitantes moldeados por la “nueva normalidad” que ha llegado para quedarse, después de la pandemia del coronavirus.
En cuanto a la eliminación del subsidio al diésel, el escenario más probable es una tensión escalonada: primeras protestas, negociación con transportistas (nada raro), medidas focalizadas adicionales y control político del pasaje urbano. El éxito depende de pagar a tiempo compensaciones y de gestionar precios de la cadena logística. El riesgo es mayor si confluyen Azuay/minería + consulta/CC + diésel: puede reconstituirse una coalición de protesta tipo 2019/2022; aunque es difícil que ello ocurra. En clave electoral, la medida abre la puerta a un voto rechazo en la consulta, salvo que el Gobierno muestre resultados en seguridad y programas sociales de corto plazo.