No hubo —ni siquiera para disimular— un debate medianamente responsable sobre las implicaciones del Decreto. La falta de voluntad política en la legislatura del nuevo Ecuador tramitó la nueva ley económica urgente impulsada por el presidente, que introduce cambios a las normas de Minería y del Servicio Eléctrico, y fue aprobada el 26 de febrero de 2026, con los consabidos 77 votos que arrejuntan al bloque ADN y sus aliados. El segundo debate como procedimiento normativo repitió su deriva de mediocridad argumentativa y su ausencia de responsabilidad política con el país. La Asamblea Nacional no legisla: tramita con una mayoría que levanta manos de beneplácito.
La ley se aprobó en segundo debate tras un trámite exprés, iniciado el 23 de febrero, con divisiones en el Pleno que llevaron a excluir el artículo 29 sobre regalías amazónicas. Opositores como Revolución Ciudadana y Pachakutik criticaron la ausencia de análisis profundo sobre impactos ambientales y consulta previa, mientras ADN defendió su rol en empleo y seguridad jurídica.
En minería, la ley obliga a concesionarios a generar su propia energía sin excepciones, redefine regalías y simplifica trámites ambientales sustituyendo licencias por autorizaciones en exploración, agilizando inversiones. En energía, permite autogeneración para grandes industrias, inyección de excedentes a la red y concesiones privadas de hasta 40 años en déficits estatales. Noboa argumenta que fortalece pilares económicos frente a la minería ilegal, pero críticos ven un sesgo extractivista en plena crisis petrolera.
La normativa visada por la Asamblea, amenaza ecosistemas amazónicos y andinos al flexibilizar controles, pues elimina salvaguardas como licencias ambientales plenas y reduce fases de exploración, facilitando contaminación por mercurio y cianuro en ríos y fuentes de agua. Comunidades locales enfrentan riesgos en salud, agricultura y territorios ancestrales.
En medio de ese contexto, se detonó en medios de comunicación y redes sociales, el 24 de febrero, la controversial condonación de USD 853 millones por Petroecuador al Ministerio de Economía y Finanzas.
La CONAIE y Ecuarunari rechazan la ley por ignorar la consulta previa, libre e informada (art. 57 Constitución), debilitando derechos colectivos y priorizando inversión sobre naturaleza. Ambientalistas y opositores alertan despojo territorial y militarización vía «Áreas mineras de seguridad estratégica»; adicionalmente la ven como un regalo a las transnacionales. Actualmente China y Canadá destacan como los países con fuerte presencia en Ecuador en ese campo. Este pulso agrava tensiones como las protestas de 2025 contra Noboa por el proyecto minero en Quimsacocha, polarizando al país entre extractivismo pro-crecimiento y defensa biocultural.
En medio de ese contexto, se detonó en medios de comunicación y redes sociales, el 24 de febrero, la controversial condonación de USD 853 millones por Petroecuador al Ministerio de Economía y Finanzas, que se concretó mediante convenio firmado el 28 de diciembre de 2025 (la fecha habla por sí sola del aprovechamiento del feriado nacional por festividades navideñas, fin de año y de carnaval), registrado como «cancelación voluntaria de obligaciones» o donación de capital.
Esta operación redujo artificialmente el déficit fiscal de 2025, que cerró oficialmente en USD 4.592 millones según el Gobierno, pero superó los USD 5.300 millones según el Observatorio de la Política Fiscal (o USD 5.312 millones en estimaciones preliminares), deteriorándose frente a 2024. Petroecuador, pese a su crisis, la contabilizó como egreso, generando dudas sobre legalidad y acuerdo con el FMI.
Cordes y el Observatorio denuncian que se «maquilló» el déficit con ajustes creativos, ocultando brechas estructurales sin resolver la fragilidad financiera ni habilitar inversiones en Petroecuador. El hecho se percibe como “un mensaje dañino» en plena revisión fiscal y remite a la discusión persistente sobre el mal manejo de los sectores estratégicos del país en el actual gobierno.
Petroecuador enfrenta la caída productiva: 368.800 barriles diarios en enero 2026 (baja 3% anual) y 365.666 en febrero, con producción nacional en 462.790 barriles diarios, imposibilitando inversiones pese a la condonación. Esto evidencia la dependencia de la contabilidad para para ocultar brechas presupuestarias y tapar vulnerabilidades de la política económica.
La “ley minera” votada por la mayoría oficialista en la Asamblea, acelera el extractivismo en un Ecuador financieramente endeble, a costa de tensiones socioambientales que podrían escalar en nuevos episodios de movilización social y demandas constitucionales.