Ha pasado una semana ya desde que Andersson Boscán, socio fundador de La Posta, y su esposa Mónica Velásquez, periodista de investigación, anunciaran su exilio “de manera indefinida” en Canadá. Lo hicieron tras denunciar nuevamente seguimientos extrajudiciales y hasta amenazas contra su vida. Y con cuestionamientos directos a la Fiscalía General y la Policía Nacional. Para Boscán, Ecuador es hoy “un país donde muchas veces hay que cuidarse más de las instituciones llamadas a defenderte que de los propios criminales”.
Y han pasado ya, también, 26 días desde que en su programa Café La Posta Boscán chantajeara en vivo a la Fiscal General, Diana Salazar, con hacer pública cierta información sensible. «Flaca –dijo–: ¿sabes qué tengo que hacer para que tu juicio político termine donde debe terminar? Hago esto (toma su teléfono y lo coloca en la mesa, en primer plano) y te pongo la hemeroteca, porque yo sí tengo mis archivos y me podrás mandar a matar con tus amigotes, podrás pedirle a los flacos de Los Ríos que te hagan la vuelta…Yo sí tengo mis archivos, Diana”.
Las fotografías del celular de Cherres
Desde entonces, el hecho ha suscitado una cascada de reacciones y contrapuntos. El lunes 16 de septiembre, por ejemplo, esta trama mediática-tuitera-política-judicial adquirió un nuevo impulso, toda vez que la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en torno a “las declaraciones de los ciudadanos Anderson B. y Mónica V.”, vertidas en el video que colgaron en YouTube el martes 10 de septiembre, precisamente el mismo día en que el Pleno de la Asamblea Nacional archivó el juicio político contra Diana Salazar.
Pieza central de ese video fue la exposición de buena parte de un documento de 16 fojas, cuyo contenido Boscán ha utilizado ya en varias ocasiones, desde agosto del año pasado; fundamentalmente, una treintena de fotografías que da cuenta de un seguimiento sobre sus espacios, rutinas y horarios, con especial gravedad en el acercamiento a la escuela de sus hijas y con particular atención sobre si los custodios de la pareja de periodistas, tanto públicos como privados, cargan o no armas.
La Fiscalía General, en su comunicado de respuesta a Boscán y Velásquez, dice que en octubre de 2023 se inició una investigación de oficio, “tras haber encontrado un supuesto informe de seguimiento”, indagación de la cual Boscán fue informado –se lee en el comunicado– y para la cual se solicitó su versión, en compañía de su defensor, para entonces el jurista Felipe Rodríguez, cuya posición crítica sobre la controversia se lee más adelante.
Dicho documento reviste algunas curiosidades. Tiene por título la frase “Estudio de blanco”, lo cual en el argot de las unidades de inteligencia y contrainteligencia implica el perfilamiento de un sujeto que está bajo algún tipo de investigación. Está atribuido a un supuesto Centro de Inteligencia Extratégica, así con X, y en varias de sus oraciones no hay ortografía. El logo impreso en las hojas parece el de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional.
¿El seguimiento, las fotografías y el informe fueron procesados por algún miembro activo o pasivo de la Policía Nacional? ¿Lo hizo con conocimiento de algún superior? El reciente comunicado oficial de la institución, el cual se expone más adelante, incluye un párrafo por demás llamativo…
Lo esencial en los papeles del seguimiento a Boscán es, precisamente, la serie de fotografías, las cuales remiten indefectiblemente al celular de Rubén Cherres, figura vinculada a la mafia albanesa, amigo de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y asesinado el 30 de marzo de 2023 en la playa de Punta Blanca, en Santa Elena.
Plan V contó que el 2 de abril de ese año –48 horas después del asesinato–, se realizó un primer informe técnico pericial sobre los contenidos del celular de Cherres, el cual dio cuenta del número de llamadas realizadas, de los números eliminados y de los archivos permanentes y borrados del aparato. Allí se conoció que había 7.082 imágenes.
El iPhone y la memoria que el perito empleó para guardar los contenidos extraídos pasaron a cadena de custodia de la Policía Judicial de Guayaquil, pero días después fueron trasladados a Quito. El informe de las prácticas realizadas fue remitido a la capital el 19, pero en el expediente del caso consta que llegó a la matriz de la Fiscalía General el 24. Entre tantas fechas y traslados, la información sobre los archivos del celular de Cherres se filtró.
Una de las reporteras de La Posta contó recientemente que, a los pocos días del asesinato de Cherres, “una fuente de la Policía” les habría advertido que en aquel celular había mensajes y fotos contra Boscán. Después, el 10 de agosto, se practicó una nueva diligencia de extracción de información en la cual estuvieron presentes dos integrantes de ese equipo periodístico y allí pudieron ver 31 imágenes.
El día que tuve este documento en mis manos, supe que nuestra vida en Ecuador no daba para más, que lo que teníamos no era una vida, sino algo que no era la muerte: pic.twitter.com/lfvyPpk7x9
— Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) September 11, 2024
¿Cuándo fueron tomadas dichas fotos? ¿Cuándo fueron almacenadas en el iPhone? No se sabe. Según el informe pericial, las imágenes fueron borradas anteriormente del celular; al recuperarlas durante la pericia de extracción no se pudo conservar los metadatos de las imágenes, es decir, la información sobre el origen, el tamaño y la fecha de generación de dichas imágenes. Además, según la Fiscalía, el aparato estuvo encendido solo hasta el 9 de enero de 2023, casi tres meses antes del asesinato.
En todo caso, el propio Boscán piensa que el seguimiento pudo haber ocurrido en diciembre de 2022. Lo dijo en una emisión del 29 de agosto de 2023, 19 días después de la explotación pericial del celular de Cherres. Con su inconfundible acento argentino, dijo que las imágenes de tal seguimiento constituyen “todo lo que necesita un sicario”. Y acusó al Gobierno y a las autoridades de entonces de encubrir a quienes efectuaron tal acción de intimidación y violación de la privacidad.
Para entonces, el periodista y su familia habían partido ya al exilio en Argentina, pues denunciaron que un grupo controlado por la mafia albanesa ingresó a Ecuador, a mediados de julio, con la orden de matarlos. Y que este nuevo hecho se sumaba a una serie de amenazas que se iniciaron en octubre de 2021, tras la publicación de su especial El Gran Padrino.
El contrapunto Velásquez-Fiscalía General
El comunicado reciente de la Fiscalía General recuerda, efectivamente, que en octubre de 2021, tras la denuncia de Boscán y Velásquez sobre supuestas amenazas en su contra, fueron ingresados al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos hasta cuando decidieron abandonar el país, “día en que fueron escoltados al aeropuerto”.
Velásquez asegura que ni ella ni sus hijas son testigos protegidos por el Estado, “Andersson lo es porque tiene más del 90% de nivel de riesgo”. Y sostiene que el fiscal que lleva el caso les habría asegurado que la orden de no alertarles (hecho desmentido por la Fiscalía General) “provenía de la máxima autoridad”.
Mientras la pareja de periodistas afinaba sus denuncias desde Argentina, en Ecuador la Fiscalía había iniciado una indagación previa por presunto lavado de activos en contra de Boscán, Diego Sánchez –polémica figura del mundo de los seguros– y otras personas. Así consta en un informe de la organización Fundamedios, en el cual se hacía un recuento de las alertas emitidas tras las denuncias de los socios de La Posta.
La posición del exdefensor de Boscán
Felipe Rodríguez, joven penalista y catedrático universitario, fue el abogado de Boscán y demás integrantes de La Posta, hasta el viernes 13 de septiembre. Sobre lo esencial de toda esta controversia, el jurista admite que existió “un plan para asesinar a Andersson y su vida en Ecuador era insostenible”.
Pero a línea seguida pone puntos sobre íes. Dice que Fiscalía alertó a Boscán y a él, como patrocinador, de las amenazas “para que Andersson tome precauciones”. Insiste en que nadie en la institución dejó de investigar el caso y que hasta donde a él le consta Diana Salazar no ha ordenado parar la investigación.
La posición oficial de la Fiscalía al respecto es que la Fiscal General solo conoce los casos de ciudadanos que tienen fuero de Corte Nacional y que el resto de noticias sobre un delito son atendidas por fiscales de primer nivel o provinciales, según sea el caso. Y la pareja de periodistas no tiene fuero de Corte.
«Las copias del informe las solicité yo con una condición inquebrantable: que jamás se haga público y para que su uso exclusivo sea para que se les conceda un asilo justo y merecido. No es verdad que el fiscal nos lo haya entregado en secreto».
Felipe Rodríguez dice que él pidió copias de dicho informe, en concordancia con lo que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial a las partes procesales. “No es verdad que el Fiscal nos lo haya entregado en secreto”. La condición nopara acceder a dicho informe era para que Boscán y su familia accedan a “un asilo justo y merecido”. Pero no para que se haga público. Así, el pasado 22 de julio, defensor y defendido recibieron copias oficiales del documento donde aparecen las fotografías halladas en el celular de Rubén Cherres.
“Entiendo la motivación para haber incumplido su palabra conmigo: tener credibilidad. Pero esa decisión tuvo un precio: sacrificar mi credibilidad”, alertó el abogado. “Muchas cosas feas se dijeron de Andersson y de Luis (Vivanco). Les doy mi palabra que son mentira. Pero también les doy mi palabra que los desmentiré cuando lo que ellos digan no sea la verdad”.
Boscán, de su lado, respondió con un largo posteo en X, en cuya entrada concluye que entre la Fiscalía y La Posta, Rodríguez escogió a la primera. “Me parece lógico y comprensible”.
¿Qué dice la Policía de este laberinto de versiones?
Desde agosto de 2023, Boscán señala a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional como la entidad desde la cual se habría dispuesto el seguimiento a él y su familia. Para entonces, Fausto Salinas fue el comandante general de la institución y sobre el informe del supuesto Centro de Inteligencia Extratégica –con X– dijo que no conocía sobre dicho documento.
¿Fue un plan realizado por algún uniformado o expolicía al servicio de Rubén Cherres o de la mafia albanesa? “No tengo la información adecuada, ni suficiente, para afirmar o negar quien es el autor de dicho contenido”, escribió Salinas, hace pocos días, en su cuenta de X.
La hipótesis de que algún policía, sea en servicio activo o en servicio pasivo, se haya prestado para hacer el seguimiento a Boscán es un eco de versiones pasadas que vuelve a tomar vigencia hoy y que, a la par, reactiva la idea de volver a realizar una pericia más completa al celular de Rubén Cherres y, sobre todo, a las etapas de custodia de ese equipo y de la memoria donde se conservó la información obtenida en dichas diligencias, para, entre otros aspectos, descartar que se haya implantado evidencias o borrado otras, antes y después del 9 de enero de 2023.
En todo caso, el pasado viernes 13, mediante un comunicado oficial de la Comandancia General, la Policía Nacional rechazó “cualquier tipo de persecución y amenaza que atente contra la vida de un ciudadano”. Y prometió que “brindará todas las facilidades para iniciar y concluir las investigaciones que permitan esclarecer hechos como los denunciados”. Gesto que fue reconocido por Andersson Boscán y Mónica Velásquez. “Gracias a los muchos policías honestos que son parte de la Policía Nacional”, escribió el periodista.
El actual Comando General, encabezado por el General Víctor Zárate, tiene un mes y una semana en funciones. Zárate, excomandante del GIR también fue comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), en 2022.
Líneas más adelante, en el comunicado oficial de la Policía sobre los señalamientos de Boscán y Velásquez, se lee frases que sugieren más de una interpretación: “No vamos a caer en acciones que como institución nos pueden comprometer. Errores, filtraciones, desvíos o ilegalidades aisladas, cuando se han detectado han sido sancionadas, se ha informado públicamente ya que somos una institución en permanente depuración…”.
¿El actual Comando General admite de esta manera que el seguimiento a Boscán fue un acto ilegal y efectuado sin cadena de mando? Cuando habla de desvíos, ilegalidades aisladas y depuración institucional, ¿acepta la penetración de la mafia albanesa, entre otras mafias, en ciertos círculos de la institución? ¿Tales círculos han sido ya extirpados? Las investigaciones siguen su curso para aportar respuestas.