La historia de Ricardo vio la luz el 24 junio de 2024. Tuvieron que pasar 36 años para conocer de su lucha en contra del silencio y la impunidad en la Iglesia Católica. El reportaje: “Impunidad sagrada. El abuso sexual clerical y el silencio de la Iglesia. La historia de Ricardo” mostró el abuso sexual que Ricardo sufrió cuando era un adolescente, pero además el quemeimportismo de las autoridades religiosas.
Este reportaje se pudo construir gracias a que por años, Ricardo recopiló las cartas de respuesta que diferentes sacerdotes y obispos le dieron cuando se atrevió a denunciar el abuso de Franklin C.
Tras un año de la publicación de este reportaje, la historia de Ricardo se conoció públicamente, pero además, logró que las autoridades eclesiásticas remuevan a Franklin C. de su puesto como sacerdote en Galápagos. Asimismo, la familia de Ricardo compareció en la Asamblea Nacional y expuso el silencio de la Iglesia Católica frente al Abuso Sexual.
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“Lo que yo esperaría y lo que pienso que Ricardo hubiera esperado es que se muevan a estas personas. Que se los investigue como cualquier ser humano, que se sometan a la justicia. Que se transparenten datos, cifras, testimonios. Que se diga la verdad”, dice con indignación Susana*, pareja de Ricardo. Ella sigue buscando justicia ante el abuso sexual que sufrió Ricardo, cuando era adolescente durante su paso por el Centro Juvenil San Patricio, regentado por la orden Salesiana.
Susana inició esta búsqueda de justicia después de la muerte de Ricardo. Él murió en un aparente suicidio, el 5 de marzo de 2024, en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Un día antes de su muerte, Ricardo envió un correo electrónico a una amiga que conoció en San Patricio. En este correo, que iba con copia a Susana, Ricardo compartió toda la correspondencia que había mantenido con diferentes autoridades religiosas a quienes les hizo conocer desde hace años, el abuso que había sufrido. Susana cuenta que en este correo, Ricardo detallaba lo lento y difícil que fue su proceso de sanación, por lo que pidió ayuda a su amiga. Sin embargo, la respuesta llegó días después de la muerte de Ricardo. Fue entonces que Susana se decidió a seguir su lucha.
Ella ya conocía esta información puesto que Ricardo, días antes, le hizo un recuento de los documentos que poseía. Ricardo decidió armar una carpeta, en donde guardaba las cartas y documentos que le enviaron de la Iglesia. Según Susana, su expareja era una persona autodidacta e inteligente, por lo que le fue fácil documentar su caso. Pero lo que realmente le movió fue “ver que no le pudieron dar respuesta, que no encontró ninguna respuesta, al ver que no hubo nada”.
El silencio de la Iglesia
La primera carta que envió Ricardo tiene fecha del 20 de abril del 2003. Iba dirigida al Padre Francisco Sánchez, quien era inspector de la comunidad Salesiana. Habían pasado 18 años desde el abuso, tiempo que Ricardo necesitó para poder hablar del abuso, para sanar, asegura Susana. En esta carta, Ricardo le contó que fue abusado sexual y sistemáticamente por Franklin C., quien fue hermano coadjuntor del Centro San Patricio.
Un hermano coadjuntor es una persona laica que trabaja con los sacerdotes y diáconos salesianos especialmente en temas educativos con niños y jóvenes. Él fue responsable del taller de sastrería y educador del centro donde estuvo Ricardo.
La respuesta de Sánchez sin embargo, no fue la deseada, pues buscaba deslindar a la comunidad salesiana del accionar de Franklin C., al asegurar que este ya no pertenecía al Centro. Pero mientras Ricardo denunciaba su caso, él se había recibido como sacerdote diocesano en 2003 y hasta 2024 ejerció de párroco en Santa Cruz, Islas Galápagos.
Susana, pareja de Ricardo, cuestiona el hecho de que se haya recibido como sacerdote y que la comunidad Salesiana lo haya permitido, pese a que ya conocían las denuncias en su contra: “Ellos se lavan las manos diciendo, «¿saben qué?, ya no pertenece a nuestra comunidad. Ya no es nuestro problema». Por favor, si Ricardo estuvo en una casa de acogida donde ellos eran los administradores. Ellos eran los responsables del cuidado de los adolescentes que estaban ahí”. Para ella, los salesianos son los “mayores implicados, los primeros implicados en negligencia”, por lo que deberían responder.
fue enviado a un retiro prolongado en la Isla Floreana. Posteriormente, a finales de 2023, el clérigo se trasladó a Quito, por lo que el Arzobispado de la ciudad le revocó sus tareas como sacerdote, el 31 de enero de 2024.
La carta enviada por Ricardo fue conocida por Franklin C., quien intentó persuadirlo para que retire la denuncia. Sin embargo, años después, en 2006, Ricardo volvió a insistir, esta vez con la comunidad salesiana, pidiéndoles que no se desliguen de sus responsabilidades. Pasaron cerca de 10 años y Ricardo envió una nueva carta, el 4 de junio de 2018, con copia a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, tras la cual, logró que el Vicariato Apostólico de Galápagos inicie una investigación contra Franklin C. y que este reconozca su culpa.
Esta investigación posteriormente llegó a manos de Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico del Ecuador, y de autoridades religiosas del Vaticano, como Giacomo Morandi, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien se declaró no competente en el caso y exhortó a los obispos ecuatorianos a tomar medidas. Ante esto, Monseñor Patricio Bonilla, Vicario de Galápagos impuso una pena canónica a Franklin C., que consistía en suspenderlo por un año del ejercicio sacerdotal y sus beneficios, pese a que el sacerdote reconoció su culpa.
También fue enviado a un retiro prolongado en la Isla Floreana. Posteriormente, a finales de 2023, el clérigo se trasladó a Quito, por lo que el Arzobispado de la ciudad le revocó sus tareas como sacerdote, el 31 de enero de 2024. Ricardo conoció estos hechos un mes antes de su muerte, el 7 de febrero de 2024, gracias a su insistencia, ya que según Susana: “Cuando tomaron la declaración del sacerdote, nadie le dijo que él la había aceptado. Si él recibe ese documento, es por su insistencia. Porque él empieza a decirles a los salesianos, “Oye, ¿qué pasó con esto?”.
Ese 7 de febrero, Ricardo mantuvo una reunión con el padre Marcelo Farfán, Inspector Provincial de la Sociedad Salesiana en Ecuador.
Para la expareja de Ricardo, la respuesta del Vaticano: “Es un lavado de manos, un sacerdote tras otro. ¿Cómo la iglesia puede permitir algo así? El castigo que él tuvo fue que un año no ejerza de sacerdote en su jurisdicción, pero él siguió dando misas en otros lados”. La débil sanción que Franklin C. recibió por parte de la Iglesia no fue suficiente para Ricardo. Semanas después decidió quitarse la vida, en 2024.
“Nunca te olvides que tuviste casa y comida”
Además de la respuesta de sacerdotes y autoridades de la Iglesia, a Ricardo y a su familia les indignó el grado de manipulación de espacios religiosos. Susana cuenta que en el velorio de Ricardo conoció que hace años, él intentó reunirse con sus ex compañeros del Centro Juvenil San Patricio y con sacerdotes salesianos, con el fin de conocer si existían más casos de abuso. Este encuentro no prosperó y mas bien, uno de sus ex compañeros le habría dicho: “Que mejor lo olvide”.
La misma respuesta de indiferencia la recibió por parte de un sacerdote salesiano quién le recalcaba que mejor recuerde lo que tuvo en el Centro: “Ricardo, olvídalo. Ya, olvídalo. Nunca te olvides que tuviste casa y comida. No puedes olvidarte de eso”. Pese a estas respuestas, Ricardo siguió adelante con la denuncia en contra de Franklin C.
Sin embargo, tras la muerte de Ricardo, el encuentro de los adolescentes que pasaron por San Patricio se dio en agosto de 2024, propiciada por Marcelo Farfán. En un chat que Susana encontró en las redes de Ricardo, vio cómo los ex San Patricio se reencontraron y hablaron del reportaje. En los mensajes Susana también nota que algunas de estas personas rechazaban el abuso sexual que sufrió Ricardo, asegurando que iba en contra de su hombría. La respuesta de otras personas era igual que la del cura: “yo en San Patricio tuve techo y comida. No, no, ¿cómo voy a olvidar que tuve techo y comida?”.
El reportaje fue publicado el 24 de junio de 2024. Tras esta publicación, organizaciones de mujeres, de DD.HH. y feministas de la Isla Santa Cruz en Galápagos, realizaron plantones y marchas frente a la Iglesia de Santa Marianita.
Susana lamenta que pese al reportaje y a las denuncias, las autoridades religiosas y los sacerdotes denunciados sigan gozando de prestigio dentro de la sociedad. Así por ejemplo, recuerda que: “Días después del reportaje, condecoraron al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Después tuvieron reuniones con las Fuerzas Armadas y con ministros de Estado. Entonces, la Iglesia es indirectamente frontal, en decir, acá estoy este es el poder y estoy al lado del poder. ¡Cómo puedes firmar con la Fiscalía un convenio!, ¿Cómo firmas y cómo el Estado también acepta esas cosas?”.
Para Susana, lo más doloroso es saber que tanto Franklin C. como el resto de sacerdotes y autoridades religiosas que conocieron el caso viven sus vidas, sin consecuencias, mientras que las víctimas y sus familias son quienes siguen con este dolor: “Es una indignación, es una injusticia porque al final yo estoy sin él, mi hija perdió a su padre y ellos continúan con su vida y siguen tranquilos. ¿Y todas las demás víctimas?”.
Las repercusiones tras las revelaciones
El reportaje “Impunidad sagrada. El abuso sexual clerical y el silencio de la Iglesia. La historia de Ricardo” fue publicado el 24 de junio de 2024. Tras esta publicación, organizaciones de mujeres, de DD.HH. y feministas de la Isla Santa Cruz en Galápagos, realizaron plantones y marchas frente a la Iglesia de Santa Marianita, donde se presumía estaba el clérigo, quien desde el 2003 había vivido en Galápagos, cómo párroco en Las Islas. Ante las protestas, Franklin C. ya no apareció y no celebró ninguna ceremonia religiosa. De su parte, el Obispo de Galápagos, Patricio Bonilla, Vicario de Galápagos, aseguró en una rueda de prensa realizada el 27 de junio del 2025, que se le suspendió de manera indefinida de su ejercicio sacerdotal y se le prohibió oficiar cualquier ceremonia.
Dos días, antes, el 25 de junio, la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís, ubicada en Puerto Ayora, emitió un comunicado dirigido a las madres y padres de familia y representantes de sus estudiantes, señalando que Franklin C. fue “vetado de su oficio, retirados sus derechos e inhabilitado en el ejercicio de su ministerio sacerdotal”. Él estaba vinculado a esa unidad educativa sólo días antes de que el reportaje fuera difundido. Sin embargo, la sanción se limitó a su rol como sacerdote y no en otros espacios.
En su rueda de prensa, Monseñor Bonilla también aseguró que durante los 10 años que Franklin C. fue sacerdote en Galápagos no existieron denuncias en su contra, legitimando su continuidad en las Islas. Ese mismo día, 27 de junio, el Vicariato de Galápagos y la Sociedad Salesiana de Ecuador emitieron un comunicado donde pidieron perdón “por no haber hecho lo suficiente” para acompañar a Ricardo. Asimismo reconocen que sabían de la denuncia de Ricardo desde enero de 2003. Ese año, Franklin C. dejó de ser legalmente salesiano y se recibió como sacerdote por otra congregación.
La familia de Ricardo exigió que el abuso sexual que él vivió sea investigado y que se prevenga, para que otros niños, niñas y adolescentes no sean víctimas. También pidieron crear una Comisión en la Asamblea para investigar el abuso sexual clerical.
La Sociedad Salesiana de Ecuador asegura que no hizo pública la denuncia porque “no contaba con el consentimiento de Ricardo” y porque el delito ya había prescrito. También ratificaron que Franklin C. fue suspendido de manera indefinida del sacerdocio y que se encuentra “en marcha el proceso canónico respectivo para la reducción al estado laical”.
De su parte la familia de Ricardo respondió a este comunicado señalando que “es inaceptable que, recién, cuando el caso sale a la luz, la Iglesia haya decidido suspenderlo del sacerdocio”. Más adelante niegan que Ricardo haya sido “tratado con dignidad y respeto” y aseguran que nunca hubo “un intento por reparar los daños causados, no se le ofreció contención psicológica, como falazmente se ha aseverado, ni se hizo justicia”. La familia de Ricardo exigió en esta respuesta que el abuso sexual que vivió sea investigado y que se prevenga, para que otros niños, niñas y adolescentes no sean víctimas. También pidieron se cree una Comisión Ocasional y Especializada en la Asamblea Nacional para investigar el abuso sexual clerical.
Susana señala que esta fue la única respuesta que recibió por parte de la Comunidad Salesiana, pero rechaza que en parte del comunicado se haya recalcado que Franklin C. ya no sea parte de la orden y se omita el detalle de las otras instancias en donde estuvo: “Él luego fue al Don Bosco, con ellos, porque son colegios salesianos. Ah, eso sí no lo pusieron. Entonces decían que lo lamentan y que nada, que se hizo todo lo que se tenía que hacer y que ellos tienen la documentación”.
Tras el reportaje, Susana asegura que Monseñor Bonilla habría dicho públicamente que quería acercarse a ella: “No, al menos así. Si algún día nos vemos que sea frente a la justicia, o que estemos en algo formal, oficial. Yo no me voy a reunir con ellos”.
Una comisión parlamentaria sin resultados …tampoco
La Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe (Covsfe) se reunió el 2 de julio de 2024, con el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, para hablar del caso de Ricardo, cuya muerte ocurrió durante su administración. Se le solicitó crear una Comisión que investigue los casos de pederastia dentro de la Iglesia. Kronfle se comprometió a mantener una reunión entre bancadas para analizarlo. El tiempo pasó y en septiembre de 2024, la Covsfe se reunió con Viviana Veloz, quien asumió la Presidencia. Veloz además aseguró que presentaría reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para incluir este delito.
El 12 de septiembre, Veloz presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COIP para sancionar la violencia contra la integridad e indemnidad sexual de las niñas, niños y adolescentes, y la violencia sexual institucional. En ese proyecto de ley se proponía que se incorporen 17 nuevos artículos, para sancionar delitos como la pederastia por distribución de material pornográfico, abuso sexual, violación, y la violencia sexual institucional, entre otros. El proyecto, sin embargo, no prosperó sino meses después.
Las autoridades eclesiásticas representadas por Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico del Ecuador, fueron invitadas a la Comisión de la Niñez, el 19 de agosto de 2024. Pero Mons. Carrascosa no acudió ni se excusó.
En mayo de 2025, Viviana Veloz fue designada presidenta de la Comisión de la Niñez en la Asamblea Nacional. Dos meses después, el 14 de julio de 2025, esta Comisión inició un proceso de fiscalización para la Función Judicial, Fiscalía y otras instituciones por la demora en los procesos relacionados con abuso sexual en espacios institucionales.
En el marco de esta comisión fue recibida Susana, quien fue pareja de Ricardo. Ella dio su testimonio el 28 de julio del 2025, tras lo cual pidió que también sean convocadas las autoridades religiosas: “Desearía que los llamen y los sienten, les pidan explicaciones, documentación, datos, con fecha y tiempo oficialmente o formalmente. Que les sienten, por ejemplo, al Nuncio y a los obispos, a los salesianos. Que les pregunten: ¿Qué están haciendo frente a denuncias formales o sospechas contra sacerdotes”.
Las autoridades eclesiásticas representadas por Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico del Ecuador, fueron invitadas a la Comisión de la Niñez, el 19 de agosto de 2024. Sin embargo, Mons. Carrascosa no acudió y tampoco se excusó.
Susana considera que un primer paso en su búsqueda de justicia fue el reportaje Impunidad Sagrada, y ahora espera respuestas de la Asamblea Nacional. Aunque señala que tuvo que esperar algún tiempo para que la comisión que investiga el caso se integre: “Los casos de abuso sexual no tienen que ser por suerte o por una persona. Tienen que caminar por ley, por justicia. No es algo personal. Tiene que caminar por justicia y porque los legisladores tienen que cumplir su trabajo y todas las funciones del Estado tienen que hacerlo, muy independiente de quién esté al frente, porque estás buscando la protección de los niños que van a los centros de religiosos o que son parte de un espacio religioso. Tienen que ser espacios seguros”.