1 • Se instala la Comisión de la Verdad – 31 de enero del 2008
Se instaló la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno para investigar violaciones de derechos humanos. Se centró en las denuncias hechas durante la presidencia de León Febres Cordero (1984-88) y periodos posteriores. Registró 118 casos, reconoció a 456 víctimas e hizo 155 recomendaciones. El Estado presentó este informe ante la Comisión Interamericana de DDHH el 29 de octubre de 2010. La iniciativa buscaba reparar a las víctimas y disminuir la impunidad. Pero al 2015, cinco años después, apenas cuatro casos se había judicializado (uno de ellos fue declarado nulo). En noviembre de este mismo recién inició el primer juicio por lesa humanidad. Las víctimas han reclamado por la lentitud de los procesos.
2 • Presos por admirar al Che Guevara – 3 de marzo de 2012
Un operativo policial detiene a 10 jóvenes en el sector de Luluncoto, en Quito. Se los acusó de detonar cuatro bombas panfletarias. Fueron acusados de atentar supuestamente contra la seguridad del Estado. Desde entonces serán conocidos como los “10 de Luluncoto”. Su caso llegó hasta la Corte Nacional de Justicia. Cuatro años después de iniciado el proceso, la Corte declaró extinta la pena porque con el nuevo Código Penal, ya no existía el tipo penal con el que fueron acusados. Pero su defensa denunció irregularidades desde la detención de los jóvenes. El jurista Juan Pablo Albán calificó a este proceso como uno de los casos más deleznables en la justicia, que reveló la indefensión y la falta de debido proceso.
3 • De Karina del Pozo a la criminalización del aborto – 20 de febrero de 2013
El asesinato en esa fecha de la joven quiteña Karina del Pozo impulsó el debate y posterior tipificación del femicidio en el nuevo Código Penal Integral, vigente desde agosto de 2014. Aunque los colectivos de mujeres vieron como un avance este tipo de crímenes, así como la trata, aún las muertes violentas de mujeres es una preocupación creciente. Hasta inicios de este mes, se habían registrado ya 51 mujeres asesinadas. Pero en derechos sexuales, el aborto es uno de los principales temas de preocupación. Hasta el 2015 se habían registrado 106 casos de mujeres judicializadas por abortar. En Ecuador, el aborto solo está permitido por riesgo de la salud de la madre o por violación a una mujer con discapacidad.
4 • Los desaparecidos: David Romo y otros – 16 de mayo de 2013
Ese día desapareció el estudiante David Romo y se convirtió en uno de los casos más mediáticos sobre este tema. Pero detrás de él se destapó una realidad alarmante: 4.300 desaparecidos en los últimos tres años, según el defensor de DDHH, Juan Pablo Albán. La inoperancia de las instituciones judiciales y la impunidad han marcado la situación de las familias que buscan justicia.
5 • El decreto contra la sociedad civil – 4 de junio de 2013
El presidente Rafael Correa expidió el Decreto N.16 para el registro y regulación a las organizaciones sociales del Ecuador. Un hecho que causó temor a la sociedad civil porque a través de un decreto se quería restringir un derecho fundamental: la libertad de asociación. Entre los puntos más controversiales estuvieron las causales de disolución; una de ellas era el dedicarse a actividades “políticas”. Con este artículo se cerró a la ONG ambientalista Pachamama y más tarde ha sido usada para amenazar a organizaciones contestatarias como Fundamedios, Acción Ecológica y la UNE. Este decreto fue reemplazado después por otro decreto, el 739 y ahora la Asamblea tramita un proyecto para volverlo ley.
6 • De ex penal hacia un nuevo modelo penitenciario – 29 de abril de 2014
Fue la fecha en que fue clausurada definitivamente el ex penal García Moreno, en Quito. El Gobierno abría así, según anunció, un nuevo modelo de gestión penitenciaria. Construyó tres grandes cárceles para disminuir el hacinamiento. Están en Latacunga, Guayaquil y Cuenca. Pero el modelo no ha estado exento de críticas. Familiares de los detenidos han denunciado reiteradamente maltratos y mala alimentación y problemas con el agua. Las torturas de la Policía contra los presos, en la cárcel de Turi, Azuay, evidenció los límites de esa política penitenciaria. Ecuador fue denunciado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.
7 • La violencia estatal contra los saraguros – 30 de mayo de 2016
El Tribunal de Garantías Penales de Loja condena a cuatro de cárcel a 2 de los 29 indígenas de Saraguro procesado por el delito de paralización de un servicio público durante una protesta contra el Gobierno. En ese mismo dictamente 8 fueron declarados inocentes. Pero el 20 de octubre de 2016, tres personas más del grupo fueron sentenciadas por el mismo delito. Esta fue la primera condena contra personas por protestar, según defensores de DDHH. La Conaie, sin embargo, ha dicho que existen 98 procesados por resistencia a la autoridad, terrorismo, sabotaje o incitar a la discordia entre ecuatorianos.
8 • La falsa política de fronteras abiertas – 11 de julio de 2016
Organismos internacionales como Human Rights Watch cuestionaron fuertemente la expulsión masiva de cubanos en el 2016 desde ECUADOR. En Quito hubo protestas a favor de os isleños.
El Gobierno ecuatoriano expulsó a 75 cubanos. Quizá la mayor deportación de extranjeros que se han registrado en un solo día. Los cubanos se habían concentrado frente a la embajada de México y después en el parque El Arbolito. Pedían a México una visa humanitaria para llegar a ese país y después a Estados Unidos. Esto después de que las fronteras de varios países se habían cerrado a los cubanos que salían desde Ecuador con rumbo al norte y que desembocó en una crisis humanitaria regional. El crecimiento de la comunidad cubana en el país inició desde se eliminó la visa para su ingreso. Pero Ecuador tuvo que volver a imponer el requisito. Defensores de DDHH han señalado a la Ley de Movilidad como el punto cúspide en violación a los derechos del migrante.
9 • El exterminio de la resistencia shuar – 1 de agosto de 2016
La comunidad shuar de Nankints fue desalojada de su territorio por la fuerza pública para instalar el campo minero La Esperanza a cargo de la empresa china Ecsa. Según testimonios, los desalojos fueron violentos y despojaron a los indígenas de su territorio. El conflicto afectó a comunidades aledañas y en diciembre de ese año, el conflicto dejó un policía muerto y varios shuar heridos. El caso fue llevado hasta Ginebra, sede de la ONU. Allí los defensores señalaron la falta de consulta previa para los proyectos extractivistas en territorios indígenas. Pero la afectación a la educación intercultural y los derechos de los pueblos en aislamiento son otros temas que han sido señalados como retrocesos.
10 • Disolución del gremio más antiguo de los maestros – 18 de agosto de 2016
El Ministerio de Educación declara la disolución de la Unión Nacional de Educadores, el mayor sindicato de Ecuador. Tenía 66 años de vida jurídica. La institución argumentó que la UNE infringió el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas. Pero Rosana Palacios, representante de la UNE, dijo que fue una represalia. Días antes de esta decisión, Palacios denunció en la ONU los retrocesos en los derechos de los trabajadores. Es uno de los episodios más visibles en relación a derechos sindicales y de libertad de asociación. Pero los gremios han documentado otros retrocesos: el despido de 185.000 trabajadores del sector público y la figura de “compras de renuncias obligatorias” que permitía separar a cualquier trabajador del sector público sin posibilidad de defensa.
ANÁLISIS
“Hay avance significativo en el respeto a los derechos humanos”
En estos 10 años ha habido un avance significativo en el respeto a los derechos humanos. En primer lugar se ha creado el Ministerio de Justicia y DDHH. En segundo lugar se ha creado también una política y en el pénsum de estudios ha entrado la materia sobre derechos humanos. Han cambiado las instituciones, los jóvenes militares y policías deben respetar los derechos humanos y asumir con conciencia este aspecto. En cárceles se ha desarrollado una política de educación y salud y se ha reducido significativamente el hacinamiento. Asimismo el expresar y el pensar diferente también ha existido en estos 10 años.
Se creó la Comisión de la Verdad y los casos se los está llevando apegados a la ley y al debido proceso. Eso no había antes. Se han creado instrumentos de participación ciudadana para que puedan expresarse y puedan realizar sus iniciativas con creatividad y presentar sus denuncias y propuestas de instituciones. El hito más importante se ha dado en la justicia, en que la ciudadanía tenga voz y que se haya cambiado la institución policial y militar.
En el Ecuador ha habido libertad de expresión. No se han cerrado canales, radios. Hay hechos aislados que han sido juzgados con el debido proceso. Hay independencia de la justicia. Los jueces deben rendir pruebas para ingresar.
También se ha ido desarrollando los diálogos y el trabajo de políticas con los pueblos indígenas. (Sobre el conflicto en Nankints) No es un territorio que ha sido entregado a la nacionalidad shuar, pero creo que hay la apertura para estos diálogos e ir respetando esos derechos. Debe haber corresponsabilidad de parte de las nacionalidad. De parte del Gobierno se han creado instituciones para atenderlas.
Sobre Pachamama, esta era una ONG que trabajaba desde hace muchos años atrás y ha tenido recursos del exterior. Y antes era justificable que trabajen acá las ONG, pero cuando hay un Gobierno que atiende a los más pobres que han estado toda la vida invisibilizados cambian esa relación de trabajo. Se salen del objetivo que tenían en un principio y empiezan a hacer política. Una ONG no puede hacer política en el país, se les llamó la atención y no hicieron caso, incluso se lo hizo cuando dirigía la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades.
Como pendientes creo que estarían los casos de la Comisión de la Verdad que deberían ser sancionados con mayor celeridad. Esa es una deuda que sí nos queda de estos 10 años. De 132 casos que identificó la Comisión, apenas dos delitos por lesa humanidad están siendo juzgados. En este periodo se lo va a poder hacer.
ANÁLISIS
“Los retrocesos más notables están en la libertad de asociación y reunión”
El balance es sumamente negativo. Es evidente que ha habido ciertos arreglos cosméticos en derechos económicos, sociales y culturales que en mi opinión siguen siendo carentes de un contenido real. Por ejemplo, todo el dinero invertido en la construcción de las escuelas del milenio ha sido plata botada. Hay hospitales que deberían ser centros de salud de primer nivel, pero en las provincias amazónicas no cuentan ni con equipo ni con personal para la atención del público. Son cambios cosméticos.
Pero en libertades civiles hay un retroceso muy importante sobre todo en las libertades de asociación, expresión y garantías del debido proceso, en particular en la imparcialidad e independencia de las autoridades judiciales y en la tutela judicial efectiva. A los ojos del ciudadano común y corriente, no suelen ser trascendentes porque no les afecta de forma directa. Pero ha habido retrocesos muy importantes, por ejemplo, en movilidad humana y el derecho a circulación y residencia.
El costo que hemos tenido que pagar por los arreglos cosméticos que se ha introducido en derechos sociales y económicos ha sido demasiado elevado. Creo que las consecuencias negativas de las políticas pública y legislativas que se ha implementado para limitar derechos vamos a asumirlas en el mediano y largo plazo. Inclusive más allá de la conclusión del Régimen que se va a posesionar el 24 de mayo.
Los retrocesos más notables están en la libertad de asociación y reunión. Está evidenciado en la persecución a las organizaciones sociales, a los líderes de la opinión pública. El cierre de Pachamama fue un momento cúspide de un proceso que empieza antes cuando la Secretaría Técnica de Cooperación internacional empieza a cuestionar la labor de organizaciones internacionales que hacían inversiones aquí. Porque eran vistas como peligrosas. Ya había una voluntad de impedir de que las personas puedan asociarse. Lo que tuvo un efecto disuasivo contra otras organizaciones que trabajan en el mismo ámbito. Hay que recordar que hubo persecución e intentos de cierre de la UNE, Fundamedios, dirigentes de sindicatos petroleros, etc.
También se han afectado nuestra garantías del debido proceso. Ha habido veedurías como las contratadas por el mismo Consejo de la Judicatura, como la que estuvo al frente el español Baltasar Garzón, donde cuestionaba ya la carencia de las independencias de las autoridades judiciales. También han habido cuestionamientos de organismos internacionales. Entre los casos más deleznables que se han dado en esos 10 años está el juicio penal contra los 10 de Luluncoto, contra Mery Zamora, los veedores de los contratos de El Gran Hermano, contra Pepe Acacho. Los procesados estaban condenados desde el momento mismo en que les formularon cargos. Añadirá el juicio contra los miembros de la Comisión Anticorrupción y contra Cedatos.
En movilidad ha habido casos invisibilizados. Personas víctimas de trata estuvieron detenidas en la cárcel 2 y luego fueron trasladadas a casas de confianza. Es cuando descubre que habían estos hoteles donde se encarcelaban a migrantes. Otro caso simbólico es el de Manuela Picq que por solo ser pareja sentimental de un líder indígena fue objeto de una violación a sus derechos. Otro caso fue la expulsión masiva de los cubanos el años pasado, pero la cereza del pastel fue la adopción de la Ley de Movilidad que es inclusive más violatoria de derechos que las propias leyes que nos regían desde la dictadura militar. Hay demasiada evidencia de un espíritu xenófobo de nuestras autoridades, que incluyen una norma hueca en la Constitución de la República que pregona la ciudadanía universal, pero en el fondo odian todo lo que es extranjero. Es una ley que violenta derechos de movilidad, igualdad…
También hay un fenómeno creciente de desapariciones involuntarias entendidas como escenarios donde no hay claridad sobre la participación o no de agentes estatales y podría presumirse que las víctimas han sido sometidas por bandas de delincuencia organizada. Pero tampoco puede descartarse que hay haya intervención de agentes del Estado. Tenemos casos documentados a manos de agentes del Estado, que en un primer momento se pensó que eran desapariciones involuntarias. En los últimos 3 años hay más de 4.300 casos de personas desaparecidas sin esclarecer. Hay un comportamiento por decir lo menos insensible por parte de los policías y de la Fiscalía con los familiares. Tratan estos temas como simples actuaciones administrativas sin entender que en el fondo se juegan los derechos de los desaparecidos y de sus familiares. En el Comité contra la Tortura de la ONU, el Director de la Dinased dijo que lo que hacen es coadyuvar a las actividades que la misma familia realiza. El Estado reconoce que la familia es la busca a sus desaparecidos. Es un fenómeno que afecta a mujeres y a adolescentes y eso debería motivar a que el Estado tenga un nivel mayor de diligencia.