El Oro se consolida como la provincia con mayores problemas para la identificación de empresas y personas dedicadas a la minería. Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), 73 contribuyentes mineros no pudieron ser ubicados en las direcciones que reportaron a esa institución, de los cuales 44 pertenecen a la provincia de El Oro.
Este hallazgo coincide con la investigación de Plan V, publicada en junio pasado, sobre la existencia de una red de empresas fantasmas dedicadas a exportaciones millonarias de oro en esa provincia del sur del país, pero cuyas direcciones no coinciden con las calles o barrios que mencionan. Una de estas compañías es Soulmetals, que en el último semestre del 2023, exportó más de 100 millones de dólares en oro.
El pasado 21 de agosto, el SRI informó que efectuó controles de verificación de actividad económica a 187 contribuyentes (personas naturales y sociedades) dedicados a la minería, en 17 provincias del país. Los resultados de este trabajo revelaron que el 39% del total (73 contribuyentes) no fue ubicado.
Ahora, el SRI entregó información detallada sobre estos contribuyentes sin rastro. En el caso de El Oro, Machala es el cantón con el mayor número de empresas (19) que no fueron localizadas; le sigue Santa Rosa, donde 17 personas naturales dedicadas a esta actividad tampoco fueron halladas. También registró casos similares en Pasaje, Piñas, Portovelo y Zaruma.
La segunda provincia con este problema es Guayas con 16 casos en total: 15 en Guayaquil y 1 en Naranjal. En este caso, no fueron encontradas seis empresas y 10 personas naturales. En tercer lugar está Pichincha con siete casos; le sigue Loja (3) y después Azuay, Bolívar y Carchi con un caso por cada una de estas provincias.
Tras esa búsqueda, el SRI suspendió o bloqueó a estas personas o empresas de su Sistema de Catastro y emitió reportes a la Agencia de Control Minero (Arcom). De igual manera, comunicó a la Superintendencia de Compañías estas novedades para que regularice a este tipo de contribuyentes.
Por otro lado, sobre los 144 contribuyentes mineros que sí fueron ubicados, los datos del SRI evidencian que 4 provincias concentran esta actividad: El Oro (64), Pichincha (14), Guayas (10) y Zamora Chinchipe (10).
Un caso del 2014 muestra la fragilidad de los controles
No es la primera vez que se detectan empresas fantasmas. En 2014, el Departamento de Inteligencia Tributaria del SRI identificó algunas empresas que en su RUC no tenían como actividad la minería, pero que estaban exportando oro.
Para ello, los expertos tributarios revisaron las estadísticas de las exportaciones y las compararon con las de producción. La conclusión fue que se estaba exportando más oro del que se extraía. En un foro celebrado el 9 de septiembre pasado, organizado por la Pan American Development Foundation (PADF) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se habló de este tema.
Pero, además, lograron determinar que los cargamentos de oro procedían de otros países, como Perú, y que utilizaban empresas locales para exportarlos. Esta investigación duró un año antes de que vaya a la justicia.
El Departamento de Inteligencia Tributaria entrega información al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que a su vez la convierte en reporte de operaciones sospechosas.
Sin embargo, uno de los inconvenientes es la falta de una ley de inteligencia. Esta unidad de investigación del SRI solo tiene la facultad de enviar esos hallazgos al CIES y a la UAFE, pero no a la Agencia de Control Minero (Arcom) ni al Ministerio de Energía y Minas. Otro escollo es que esta información de inteligencia no es una prueba judicial, sino que pasa la Policía para que vuelva a realizar todo ese trabajo.
Dentro de la Dirección Nacional de Control del SRI, existe un equipo especializado para el tema de minería, que se ha reunido con la Arcom. Trabaja en el desarrollo de una sección que contenga los detalles de las declaraciones de los empresarios mineros para generar alertas tempranas.
El SRI informó en ese conversatorio que realizan controles continuos a los dueños de maquinaria y que están revisando si dentro de su declaración de impuesto a la renta cuentan con los recursos para poder obtener o comprar esas equipos. Si hay novedades, las pasan a la UAFE como una presunción de lavado de activos.
También están en el desarrollo de una herramienta tecnológica para detectar estas empresas sospechosas. Antes era más fácil ubicarlas porque no pagaban impuestos o usaban un RUC con otra actividad económica. Ahora, pagan impuestos y tienen un RUC correspondiente a minería.
UAFE también se activa contra la minería ilegal
La UAFE también ha prendido sus alertas respecto a la minería ilegal. En ese mismo foro, Galo García, director de Evaluación Mutua y Seguimiento de la UAFE, informó que están en el desarrollo del reglamento para la nueva ley para el combate de lavado de activos, que entrará en vigencia en julio del próximo año.
En esa normativa, la UAFE espera “poder coaccionar” a los sujetos obligados que tengan que ver con minería a que presenten sus respectivos reportes de operaciones sospechosas, porque reconoció que sin esos informes la UAFE no puede actuar. En la actualidad, no tienen esta obligación. Pero también dijo que el sector privado no “hay un afán” en ayudarlos en ese sentido.
García dijo que una de las recomendaciones en las que hace énfasis el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es identificar el beneficio final. Pero en Ecuador, uno de los principales problemas es que la minería es principalmente una actividad informal y los pagos no pasan por el sistema financiero.
Pero en el caso de minería ilegal transnacional, se usan distintas capas de empresas, refirió el funcionario. En Ecuador, una empresa puede ser accionista de una compañía domiciliada en Ecuador, pero no cuenta con los registros específicos de quiénes son sus accionistas finales o el lugar donde están debidamente constituidas. Reconoció que la UAFE no tiene la capacidad de identificar el beneficiario final.
La debilidad de las investigaciones judiciales
En Ecuador, solo existe un caso judicializado por lavado de dinero en minería ilegal. Esto lo confirmó Renato Rivera, del Observatorio de Crimen Organizado del PADF. En este caso, que ocurrió en el cantón Camilo Ponce Enríquez, todos los vinculados fueron sobreseídos.
Rivera manifestó que, entre 2018 y 2024, únicamente el 30% de los casos por minería ilegal ha llegado a fase de juicio. El resto se resuelve mediante sobreseimientos o dictámenes abstentivos. Pero en ese porcentaje, además, solo se judicializa a los eslabones más débiles de la cadena de valor de la minería ilegal y que las investigaciones no avanzan a los patrimonios, observó el experto.
El experto explicó que existen fenómenos externos que están llevando a que las organizaciones criminales a interesarse en la minería ilegal. Por ejemplo, bancos centrales y potencias como China están comprando más oro. También hay nuevos compradores privados, basados, sobre todo, en Emiratos Árabes Unidos.
Rivera sostuvo que en la actualidad la onza de oro vale más que el gramo de cocaína. “Esta rentabilidad es sumamente atractiva y sobre todo en un entorno como el ecuatoriano”.
Estos factores atraen al crimen organizado y, por eso, hay un aumento de la violencia en los sectores donde hay explotación ilícita de minerales. El Observatorio ha identificado a Camilo Ponce Enríquez, Las Naves y Joya de los Sachas como los tres cantones con el mayor incremento de la tasa de homicidios. Dijo que hay aproximadamente 50 puntos de minería ilegal solo en la frontera norte.
También citó el caso de la comunidad de Yutzupino, en la provincia del Napo, donde no hubo el comiso de bienes de los vinculados al proceso. “Si bien hubo una inmovilización de cuentas bancarias que es parte del proceso penal, en la práctica no se realizó una investigación patrimonial y financiera paralela para investigar esos flujos, cuánto habían ganado, cuánta renta habían obtenido de esas concesiones”, lamentó Rivera.
En los últimos seis años, el Observatorio solo ha hallado seis procesos judiciales donde hay una investigación a quiénes financian la maquinaria y el transporte de la minería ilegal. “Si no impactamos las finanzas obtenidas del crimen organizado es muy poco probable que ganemos la batalla”.