El jueves 16 y viernes 17 de julio, brigadas de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), recorrieron casa por casa la zona urbana y rural de la isla Floreana pidiendo a los pobladores tener listas las «estaciones de cebaderos» para una nueva campaña de desratización.
Esta escena, que en sí misma ameritaría —de existir contraloría en las islas— un inmediato examen especial a dicha institución, fue producto de la demanda de ayuda de la población de la isla —donde Robinson Crusoe anduvo solo por largos años según la leyenda— por la angustiante presencia de roedores por todas partes, conforme ellos mismos reportaron, y sin duda resulta incómoda para el relato del marketing político: hace apenas cinco meses, el Ministerio de Ambiente y Energía celebraba, con boletín de prensa y fotografía que Floreana «vuelve a tener tortugas gigantes» gracias, decía el texto, «a las políticas de conservación del Gobierno». En Galápagos, quien define las políticas de conservación no es el gobierno.
Es que desde octubre de 2023 el Estado y los socios del proyecto denominado Restauración Ecológica de Floreana habían proclamado urbi et orbi que esta era la primera isla tropical habitada del mundo en lograr la erradicación total de roedores que amenazan y destruyen a las especies endémicas.
Este proyecto, apoyado en ONG autorizadas por el Parque Nacional Galápagos para que pongan la logística, presupuestos y apoyo comunicacional —como todos los proyectos grandes en las islas— fue gestado desde 2011 y busca(ba) eliminar ratas, ratones y gatos ferales para reintroducir doce o trece especies extirpadas: la tortuga gigante (linaje Chelonoidis niger, recuperado en el volcán Wolf), el cucuve de Floreana, el pájaro brujo, el pachay, cuatro especies de pinzones de Darwin, la lechuza de campanario, la gaviota de lava, el gavilán de Galápagos y la culebra de Floreana.
Las ONG que tienen el privilegio de volar sobre las islas reportaron la aplicación aérea de cebo rodenticida con helicópteros, que cubrió las 17 mil hectáreas de la isla entre octubre y diciembre de 2023.
La Dirección del Parque Nacional Galápagos y la ABG lideran desde el sector público el proyecto y lo coejecuta la Fundación Jocotoco, con asistencia técnica de Island Conservation y respaldo científico de la Fundación Charles Darwin, Durrell Wildlife Conservation Trust y Galápagos Conservancy. El financiamiento proviene de Re:wild —impulsada por Leonardo DiCaprio, con un compromiso de 43 millones de dólares para Galápagos desde el 2021—, el banco alemán KfW, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Blue Action Fund, la Fundación CoMoN y decenas de donantes internacionales. La Fundación Charles Darwin cifró en 15 millones de dólares el componente de eliminación de especies invasoras, que su director calificó como «restauración en esteroides»; otras fuentes oficiales mencionan 3,4 millones para la reintroducción de especies y montos distintos por fase, sin cifra consolidada ni auditada de lo invertido.
De acuerdo a lo que comentan en sus redes sociales aquellas ONG que tienen el privilegio de volar sobre las islas, cual un Sir Philleas Fogg moderno, la aplicación aérea de cebo rodenticida con helicópteros cubrió las 17 mil hectáreas de la isla entre octubre y diciembre de 2023. Dicho sea de paso, nunca se informó cómo prevendrían que tal cebo no mate a otras especies. En febrero de 2024, contaron que se liberaron 510 pinzones mantenidos en cautiverio y le informaron al Gobierno que el éxito es rotundo.
En realidad, el principal roedor de la institucionalidad de las islas es el silencio y la falta de transparencia. Lo que ya empezó a sonar (y volar) más bajito es que los propios informes técnicos ya matizaban el chuchaqui ambiental: en septiembre de 2024 la Fundación Jocotoco reconocía que aún «detectaba los últimos individuos solitarios» de roedores con drones térmicos, y en enero de 2026 Infobae —el medio argentino más grande del mundo en español— reportó, en un perfil del proyecto de la Fundación Charles Darwin, que las hormigas de fuego invasoras consumieron parte del veneno destinado a las ratas, «lo que dificultó su erradicación». Un reportaje de Mongabay Latam, publicado en junio de 2026, confirmó que la meta de declarar a Floreana libre de gatos ferales sigue pendiente para este 2026 y que la erradicación de roedores fue relegada a «una siguiente fase», es decir: nunca se completó, tal como se anunció en 2023.
Mientras el Parque Nacional Galápagos y el Ministerio de Ambiente exhiben tortugas liberadas —158 ejemplares en febrero de 2026, atribuidas políticamente al gobierno de turno pese a ser fruto de más de una década de ciencia financiada por ONGs y cooperación extranjera— y presentan tecnología de punta como el sistema Smart Island con cámaras conectadas a internet, la isla vuelve a depender de cebaderos artesanales puerta a puerta para combatir un problema que se declaró resuelto. No hay explicación pública sobre por qué fracasó la erradicación de 2023, ni auditoría independiente sobre el destino de los millones invertidos por Re:wild, el Estado ecuatoriano y la cooperación alemana.
Irene Torres nos decía en enero del 2026 en su columna del diario El Universo a propósito de estos millones destinados a la restauración de Floreana, que es común que una ONG se lleve un porcentaje importante de gastos admnistrativos que en Estados Unidos por ejemplo, llegan hasta el 45% del valor que reciben por el mismo y que sería importante conocer cuánto llevan para comprender la verdadera magnitud del proyecto.
Las más grandes organizaciones conservacionistas de Galápagos, expertas en muchas cosas con gran solvencia, tanto en el trabajo científico como en disimulo de la estructura política que ha permitido la destrucción de las islas, producen informes de impacto detallados sobre publicaciones científicas, cámaras trampa y especies redescubiertas, pero ninguno rinde cuentas públicas y verificables sobre el fracaso parcial del componente más caro y más publicitado del proyecto: la erradicación de roedores.
Confío en la flamante Ley de Transparencia Social por medio de la cual el Ministerio de Gobierno ya encendió la “interoperabilidad” entre SEPS, UAFE y SRI para el control. Ahora las Organizaciones sin fines de lucro deben entregar informes con ingresos, egresos y hasta donaciones internacionales. En otras palabras, el Ejecutivo finalmente tiene el rodenticida legal para pedir cuentas, —independientemente de los justificativos técnicos— a quienes reciben millones de dólares so pretexto de conservación en las islas Galápagos.