El 20 de julio de 2025 un avión del Departamento de Justicia despegó de Guayaquil con José Adolfo Macías, alias Fito, esposado rumbo a una corte de Brooklyn. Tan solo año y medio antes el cabecilla se había fugado de la cárcel Regional del Guayas. Fue recapturado en junio en un búnker bajo tierra de una mansión en Montecristi, Manabí. Cuatro meses después de su extradición, en Málaga, la policía española detenía a Wilmer Chavarría, alias Pipo, jefe de Los Lobos de quien el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que era responsable de al menos 400 muertes y que, ante él, «Fito no es más que un aprendiz». Y fueron más que dos. Las cifras del Bloque de Seguridad nos dicen que 2025 cerró con la captura de veinte de los veintiún objetivos de alto valor identificados (90%) y de 143 objetivos de valor intermedio. A esa contabilidad se suman más de 712 mil operativos a escala nacional, una afectación económica estimada en 9,5 millones de dólares a las estructuras criminales.
Choneros, Lobos, Tiguerones, Águilas, Lagartos, Pepes, Comando de Fronteras: ninguna cúpula quedó intacta con las capturas del Gobierno. Nunca antes el Estado había golpeado tantas jerarquías en un mismo año. ¿Triunfo? Bueno, tampoco nunca antes habían muerto tantas personas en las calles.
¿Qué vemos aquí? Capturas, titulares triunfalistas y la misma violencia. El 2025 cerró como el año más violento de la historia ecuatoriana. Fuentes oficiales del Ministerio del Interior y la Policía nacional mencionan que se cerró el año con 9.216 personas asesinadas violentamente y una tasa de 50,91 por cada 100.000 habitantes, la más alta jamás registrada. Algo no cuadra en la aritmética oficial.
En los tiempos que corren, conviene ser desconfiados de la narrativa que iguala la captura de los líderes con la derrota definitiva de los mismos. Una organización criminal ya no es un cuerpo con una sola cabeza. No es piramidal. Se parece más a la Hidra de Lerna de la mitología griega, esa imagen que la propia policía europea usa para describir al narcotráfico transnacional. Una organización ilegal no muere cuando se corta una cabeza, sino que se adapta y aprende a funcionar como enjambre. Cuando el Estado, a través del trabajo de la Policía Nacional, descabeza estructuras olvidando, a la par, controlar territorios, cárceles y las rentas ilícitas, no necesariamente destruye el poder criminal sino que lo dispersa. Y valga mencionar que un poder disperso puede ser más letal, violento y cruel que uno monopolizado, porque multiplica los frentes de guerra.
El espejo mexicano es brutal y pedagógico. La llamada kingpin strategy, inaugurada por Felipe Calderón ya hace veinte años, prometía partir a los cárteles en pedazos «más manejables». El analista Eduardo Guerrero Gutiérrez documentó que se pasó de seis cárteles a dieciséis entre 2006 y 2011, y advirtió en la revista Nexos que arrestar capos «divide a los cárteles y propicia frecuentemente la aparición de nuevas y más pequeñas organizaciones criminales«. En ese orden de ideas, el International Crisis Group, en los trabajos de campo de Falko Ernst en Guerrero, mostró un país pulverizado en cientos de células enfrentadas. Y así, Guadalupe Correa-Cabrera, autora de Los Zetas Inc., situó en la muerte de Heriberto Lazcano en 2012 «un momento importante cuando los Zetas empezaron a fragmentarse», proceso que se hizo aún más visible tras la caída de los hermanos Treviño en 2013 y 2015. La fractura más reciente evidenciada con la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza tras la entrega de El Mayo Zambada, en julio de 2024, disparó los homicidios en Sinaloa.
Ecuador aplica ese guion casi sin cambiar las comas, cual dramaturgo holgazán. De las 22 bandas que el Gobierno declaró terroristas en enero de 2024, el monitoreo de ACLED ya contabiliza al menos 48 organizaciones activas; solo Guayas concentra 21. La muerte en Colombia de Benjamín Camacho, alias Ben 10, en diciembre de 2024, fragmentó a Los Chone Killers en cinco facciones y luego en una decena de pandillas que se aniquilan en Durán, ciudad cuya tasa de homicidios supera la de Puerto Príncipe. La masacre de Socio Vivienda 2 —veintidós muertos el 6 de marzo de 2025— fue obra de Los Fénix contra Los Igualitos, ambas facciones de Los Tiguerones. Una banda pequeña es más impredecible que una grande porque necesita demostrar capacidad, construir reputación, marcar territorio con violencia demostrativa. Por eso proliferan los cuerpos exhibidos, los coches bomba frente a las cárceles, las extorsiones —16.129 denuncias ante la Fiscalía en 2025— que sangran a comerciantes, taxistas y maestros.
La captura de un líder importa, y mucho, pero no basta. Ese es el núcleo de este texto. El verdadero indicador de éxito no es la fotografía del detenido, sino la incapacidad posterior de su organización para regenerarse. Vanda Felbab-Brown lleva años insistiendo en que la decapitación oportunista debe ceder ante una estrategia sostenida con pilares fundamentales como la inteligencia territorial, persecución patrimonial y financiera del dinero ilícito, control real de armas y de las prisiones, golpes a los mandos medios y, sobre todo, protección de las comunidades que hoy pagan vacunas porque el Estado no llega. Descabezar sin ocupar es sembrar la semilla de nuevos líderes criminales.
La fragmentación solo será una señal de debilitamiento cuando el vacío que deje el crimen sea ocupado por instituciones, no por nuevos grupos armados. Mientras tanto, cada capo extraditado seguirá dejando, en el territorio que controlaba, una silla vacía por la que varios están dispuestos a matarse y morir. Ese territorio es el verdadero campo de batalla.