“Si aquí en la Wayusa Upyna no vienen a conversar, no vamos a hacer valer ningún proceso. Lo que se conversa aquí es lo que vale; si no se conversa en estos espacios, no es válido”. La frase de Lidia, mujer indígena kichwa de la Amazonía ecuatoriana, condensa el sentido profundo del derecho a la consulta previa, libre e informada: un proceso culturalmente pertinente, respetuoso de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, amparado por la Constitución y la legislación internacional, y no un trámite acelerado para legitimar la subasta de sus territorios.
La Nacionalidad Kichwa de Pastaza (PAKKIRU) ha resistido durante tres décadas la expansión petrolera sobre su territorio ancestral. Esta resistencia volvió a expresarse el 15 de abril de 2026, en una audiencia intercultural realizada en territorio kichwa, ante la Defensoría del Pueblo (DPE), en el marco de una investigación por la vulneración de sus derechos colectivos por la inminente adjudicación del bloque petrolero 28 entre abril y junio de este año, sin consulta en su territorio.
El riesgo es mucho mayor ahora porque existe una gran presión internacional debido a la crisis petrolera en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz. Las empresas mundiales de hidrocarburos ven que Ecuador puede ser un país seguro para sus inversiones, sin importarles los derechos indígenas que se han transgredido.
El conflicto de PAKKIRU se remonta a 1995, cuando el Estado ecuatoriano trazó un polígono sobre territorio indígena y lo bautizó como Bloque 28, dentro de la Séptima Ronda Petrolera. Poco después, la empresa Tripetrol realizó exploraciones sísmicas, sin aviso ni consentimiento, perforó la selva, enterró explosivos y detonó cargas para estimar reservas.
“Entre 1997 y 1998, cuando ocurrió la sísmica, nos organizamos las comunidades para retirar los cables que estaban en nuestro territorio; fue nuestra forma de rechazo”, relató Elvia Dagua, lideresa kichwa, ante la Defensoría. En su testimonio, denuncia no sólo la violencia ambiental —la huida de animales, el daño a la “Pachamama” (Madre Tierra)—, sino también la explotación laboral de “nuestros runas” (personas en Kichwa).
Lejos de corregir ese rumbo, el Estado profundizó el conflicto. En 2011, el Bloque 28 fue incorporado a la Ronda Sur Oriente, afectando a siete nacionalidades de Pastaza: Kichwa, Andwa, Achuar, Sapara, Shuar, Waorani y Shiwiar. Un año después, la Secretaría de Hidrocarburos impulsó procesos de consulta bajo el Decreto 1247, una normativa aún vigente y que reduce el consentimiento a meras “socializaciones”, desconociendo los estándares constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.
Conviene recordarlo: la consulta previa, libre e informada es un derecho colectivo consagrado en la Constitución ecuatoriana (Art. 57.7) y en el Convenio 169 de la OIT. Su cumplimiento exige que la consulta sea previa incluso al trazo del polígono, y no cuando este ya se ha determinado. Debe realizarse mediante procedimientos culturalmente adecuados, libre de coerción y chantajes, ofreciendo el tiempo suficiente para que se tomen decisiones informadas y orientadas a obtener el consentimiento. No es una formalidad, sino una obligación del Estado.
Sin embargo, la práctica ha sido otra: “En el 2012 el Estado dice que nos han consultado y que nosotros hemos aceptado… pero preguntamos a las comunidades y nos dicen que no hubo una asamblea. Nos engañan, nos dan de comer y luego nos hacen firmar”, denunció Luis Canelos, hatun kuraka (presidente) de PAKKIRU. Aquellos procesos se caracterizaron por convocatorias de última hora, uso exclusivo del español y la omisión de las estructuras propias de gobierno indígena. El resultado fue la fragmentación del tejido social y conflictos internos que persisten.
Esa “consulta” fue posteriormente anulada por la justicia en el caso Wao Resistencia (2019-2025), cuyas sentencias, en todas las instancias, reconocieron la vulneración de derechos de comunidades waorani y estableció un precedente claro: sin procesos adecuados, no hay consulta válida. Pese a ello, el Estado ecuatoriano continúa actuando como si nada hubiera ocurrido.
En agosto de 2025, al presentar un portafolio de 49 proyectos petroleros, el Ministerio de Energía —hoy Ministerio de Ambiente y Energía— confirmó que 22 bloques siguen superpuestos a territorios indígenas en la Amazonía centro-sur, cubriendo más de 30.000 km².
Uno de los mayores riesgos se centra en el bloque 28, que es parte de la Ronda Subandina y cuya adjudicación está prevista entre abril y junio de 2026, de acuerdo al cronograma enviado como respuesta a una solicitud de información. El Ministerio también señala que se pretende considerar válida la consulta de 2012 para implementar su Plan Extractivo 2025-2029, a través Rondas Petroleras en los territorios indígenas de la Amazonía.
Frente a estas amenazas, la resistencia se ha reorganizado. PAKKIRU ha impulsado marchas, asambleas permanentes, monitoreo territorial y, en diciembre de 2025, acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitar una investigación. “Muchas personas no están midiendo el legado que vamos a dejar…hicimos un proceso de concienciación, caminamos, mapeamos con los jóvenes, y en asamblea decidimos proteger nuestros ríos por un territorio libre de extractivismo”, explicó Franklin Licuy, kuraka del pueblo kichwa de Río Anzu.
Entre febrero y marzo, la Defensoría recorrió las comunidades kichwas ubicadas en la Comuna San Jacinto del Pindo y los Pueblos Antzuk Yaku, Santa Clara y Canelos Palati Churikuna, recogiendo testimonios que coincidían en la memoria del engaño, la violencia extractiva y la ruptura comunitaria. En la audiencia, las otras seis nacionalidades de Pastaza expresaron su respaldo en defensa del Kawsak Sacha, la “selva viviente”.
La institución deberá pronunciarse pronto. Tiene en sus manos mapas, actas, testimonios y un manifiesto conjunto que evidencia la vulneración sistemática de derechos. Lo que también quedó en evidencia fue la ausencia estatal: representantes del ministerio se conectaron brevemente, pero no intervinieron. El silencio, en este contexto, también es una forma de desoír.
La línea de tiempo del bloque 28 revela un patrón persistente: decisiones unilaterales, consultas simuladas y desatención a estándares nacionales e internacionales. A ello se suman medidas recientes que apuntan a la criminalización, como leyes aprobadas en 2025 que permitieron congelar cuentas de organizaciones indígenas, incluida la de PAKKIRU.
Y, sin embargo, la resistencia continúa. No es solo una disputa por recursos, sino por el sentido mismo de la democracia, la materialización de Ecuador como Estado plurinacional e intercultural y el respeto a quienes han habitado y cuidado la Amazonía durante siglos. Como advirtió Lidia, sin diálogo real no hay proceso válido. Ignorar esa premisa no solo vulnera derechos: erosiona las bases de cualquier convivencia justa.
Luisa María Villacís es abogada de Amazon Frontlines y defensora legal de PAKKIRU en su causa contra la licitación del Bloque 28 en la Amazonía ecuatoriana.