En las primeras semanas del 2025, helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú bombardearon con rockets un campamento minero ilegal en la Cordillera del Cóndor, en las estribaciones del lado peruano. Fue una operación que registró la inteligencia militar del Ecuador y uno de los oficiales que realiza labores de inteligencia en la zona explicó que se trataba de un campamento instalado por el miembros del GDO Los Choneros.
Cerca de ochenta hombres de este grupo delincuencial, armados, se habían instalado meses antes en una concesión minera canadiense, del lado ecuatoriano de la cordillera, y levantaron una ciudad de plástico, un centro de operaciones desde donde cavaron y tomaron socavones mineros, de grupos de pequeña minería. Construyeron también una vía por donde circularon camiones y máquinas excavadoras que transportaban material rocoso mineralizado, incluso montaron un taller de reparaciones y mantenimiento para el equipo caminero. De ahí pasaron a operar en territorio peruano, a través de una ruta clandestina de seis kilómetros que une los dos países. Ingresaron al distrito El Cenepa, de ese país, para realizar extracción ilegal material rocoso en los ríos Marañón y Santiago. Lo hicieron atacando y quemando poblados de las comunidades awajún, cuyos miembros fueron desplazados por la violencia.
Las autoridades peruanas calculaban que esta actividad, de ocupación territorial por parte de Los Choneros, se hacía con 30 excavadoras para extraer más de 80 kilos de oro a la semana, que eran trasladados de vuelta al Ecuador y de ahí transportados libremente en camiones, a través de la provincia de Zamora y Loja, hasta las plantas de beneficio en Portovelo (El Oro) y Ponce Enríquez (Azuay). En septiembre del 2025, cuando surgió la denuncia, la onza de oro se cotizaba en USD 3.000. Cada semana, entonces, Los Choneros «producían» unos 8 millones de dólares. En septiembre del 2025, a vía y los campamentos ilegales que habían sido bombardeados por militares peruanos, había vuelto a operar. Del Ecuador no se podía esperar mayor control: un campamento militar con una veintena de soldados al mando de un teniente, en un punto de la cordillera del Cóndor, en Zamora Chinchipe era el único blindaje armado contra esa operación de minería criminal que continúa hasta la fecha.
Se ha evidenciado la presencia de rutas de traslado de material mineralizado y oro físico en esas zonas fronterizas en las dos provincias, además de la provincia de El Oro, que concentra la mayor cantidad del país en plantas de beneficio.
Esta fue solo una de las muestras de cómo la provincia de Zamora Chinchipe se convirtió en el nuevo emporio de la minería ilegal y criminal, mientras las autoridades nacionales miraban para la frontera norte.
El informe condensado del 2025, de la Agencia de Regulación y Control de la Actividad Minera, Arcom, registra 466 puntos de minería ilegal en el Ecuador. Las provincias donde más existen estos puntos de explotación ilegal, vinculados frecuentemente con bandas criminales —dedicadas al tráfico de material mineralizado, precursores químicos, lavado de activos y tráfico de combustibles— son las fronterizas con el Perú: Zamora Chinchipe (102), Loja (71), Morona Santiago (61) y El Oro (20). En estas cuatro provincias fronterizas se concentra el 54% de la actividad minera ilegal, de un total de 18 provincias en las cuales el delito recrudece. Del universo de puntos de minería ilegal y/o criminal, 67 se han localizado en parques nacionales y zonas de reserva biológica. La mayoría (25) están en Azuay seguido por Zamora Chinchipe con 17 puntos ilegales.
Y hay otros 225 puntos ilegales en áreas de recarga hídrica y áreas de protección hídrica. En los casos de Zamora y Loja, los puntos ilegales se concentran en la frontera común, sobre todo en las zonas de la cordillera de El Cóndor, en Zamora, y en Macará-Zapotillo, en Loja.
Ecuador tiene 6.527 concesiones de minería artesanal, algo imposible de controlar para la Arcom con un presupuesto de un poco más de USD 4 millones al año, luego de una reducción de algo menos de un millón de su presupuesto del 2024.
Por fuentes militares reservadas se ha evidenciado la presencia de rutas de traslado de material mineralizado y oro físico en esas zonas fronterizas en las dos provincias, además de la provincia de El Oro, que concentra la mayor cantidad del país en plantas procesadoras o de beneficio (en Portovelo, hubo 210 inspecciones a plantas de beneficio en el 2025). Otro punto es Ponce Enríquez, en Azuay, donde hubo 174 inspecciones por la Arcom en el mismo año. ¿Qué pasó con esas inspecciones? Este medio tuvo acceso a un informe sobre 70 plantas de beneficio inspeccionadas en Portovelo, en octubre del 2025. Este informe señala que transformar la roca mineralizada a oro a través de plantas de beneficio «es una fase crítica dentro de la actividad e industria minera, actualmente en nuestro país existen un total de 214 plantas de beneficio, de las cuales 105 se encuentran en la provincia de El Oro y ubicándose 70 de estas en el cantón Portovelo». Del universo de plantas en ese cantón orense, 17 plantas tienen capacidad de procesas menos de 100 toneladas de material mineralizado, 47 están en el rango de capacidad de entre 100 y 500 toneladas y seis procesan más de 500 tm. Las dos plantas con mayor capacidad procesan 850 tm y 750 tm.
Sin embargo, en un documento excel oficial, de febrero del 2026, da cuenta de que las plantas de beneficio, a escala nacional, son 368.
La entidad de control conformó equipos de trabajo integrados por un técnico minero, un abogado especialista minero y un analista económico y con el apoyo de personal de FF.AA. para realizar el estudio de: la infraestructura (maquinaria y equipo), capacidad operativa instalada y otorgada; correcto manejo de la planta; documentos habilitantes, facturas de alquiler, facturas de venta, pago de regalías, guías de remisión, procedencia del mineral.
El trabajo se realizó en jornadas de 12 horas diarias por cinco días, manteniendo un centro de mando en Portovelo.
Las conclusiones determinaron que las entidades de control requerían integrar personal extra para realizar el seguimiento de volúmenes de ingreso de material mineralizado y la salida de producto finalizado en concentrado o en barras y el relave.
También que se debía gestionar ante el S.R.I., se estandarice el detalle en las facturas y guías de remisión de material mineralizado, incluyendo casilleros en el cual se incluya el nombre de la concesión y el código para determinar la trasabilidad del material mineralizado y el número de la guía de remisión. Porque en algunas guías de remisión y/o facturas emitidas por los titulares «no detallan de buena forma el código del derecho minero de dónde proviene el mineral».
Las conclusiones dieron cuenta también de que en administraciones anteriores en el cantón Portovelo «no se ha podido realizar un debido control a las plantas de beneficio de alquiler dado esto por la falta de personal de las instituciones de control, (ARCOM, Policía Nacional, Fiscalía, SRI, GAD Municipales, MAE) y así no se puede ejercer un debido seguimiento y control de procedencia, ingreso y salida de material».
La multiplicación de puntos ilegales en el cordón fronterizo sugiere también un flujo permanente de material mineralizado desde el Perú, hacia estas plantas de beneficios. Rutas que atraviesan la cordillera de El Cóndor y usan accesos ilegales por Loja y El Oro.
Esta información, obtenida extraoficialmente, registra un fenómeno que el Ecuador y el Perú desconocían: la frontera entre los dos países es ahora el nuevo reino visible de la minería ilegal.
En el caso de Zamora Chinchipe, calificado por fuentes de la Arcom como el caso más grave, el director distrital de la Arcom, Marcelo Soto, fue destituido luego de que se difundiera una grabación en la que, según la denuncia, el funcionario solicitaba 2.500 dólares semanales a un concesionario minero, en función del número de máquinas operativas, con un valor de 250 dólares por cada una en actividad.
Las plantas de beneficio
A mediados de enero de este año, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano visitó Portovelo, uno de los mayores enclaves mineros de la provincia de El Oro, donde más de 120 plantas de beneficio o pequeñas refinerías procesan cientos de toneladas de roca mineralizada que sale de las concesiones mineras de todo el país, y también de las explotaciones ilegales, por lo general en manos de grupos del crimen organizado.
En esa visita ella y sus asesores del ministerio, acompañados por funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, exigieron que se le entregue el oro incautado en los operativos. Algo que causó sorpresa entre técnicos y mineros, porque no había en la zona oro ni incautado ni en procesamiento en ese momento, solo sacos de concentrado de oro y cobre, que debía pasar por el respectivo procesamiento. La autoridad, que estaba flanqueada por 120 militares armados, insistió. En el lugar había en existencias 521 tm de material mineralizado de rezago y otras 1300 tm que habían llegado de la zona de Buenos Aires, en Imbabura; 200 tm de Chimborazo y 1200 tm de Muyuyacu. El material se encontraba arrumado en bultos de 25 kg. a 30 kg. De acuerdo a técnicos de la Arcom, consultados por este medio, en el sistema de procesamiento de las plantas de beneficio se puede tener entre 6 gr y 9 gr por ley de corte, y hasta 15 gr por ley de cabeza. La ley de corte es el nivel mínimo de concentración de oro que puede tener una tonelada de material mineralizado y mientras que la ley de cabeza es la concentración de oro en una tonelada antes de entrar a la planta de tratamiento. Una concentración de oro de 15 gramos por tonelada hace rentable una operación. Es decir, con el material acumulado y en las mejores condiciones de refinación, en el momento dela visita de la ministra se podían haber obtenido unas 17 onzas de oro, cerca de USD 80.000.
En Portovelo, la zona más poblada de plantas de beneficio, se clausuraron 80 de estas, con la consiguiente protesta de los trabajadores mineros, porque según fuentes de la Arcom, se sancionó a culpables e inocentes.
Desde fines de enero, la ministra Manzano y en el gobierno estuvieron empeñados en recuperar el oro de las plantas de beneficio y una de las medidas fue la suspensión de todas las actividades mineras, especialmente en las provincias de Loja, Napo y El Oro. el 2 de febrero se publicó en el Registro oficial una Resolución del Minsterio de Ambiente y Energía, con 17 páginas de consideraciones, siete artículos, cinco disposiciones generales y cuatro disposiciones finales. En el artículo 4, la ministra Manzano disponía que la Arcom «coloque los sellos respectivos (de suspensión) y decomise el material mineralizado que se encuentre en las concesiones mineras y plantas de beneficio de las provincias de El Oro, Loja y Napo», y que se inicien en cada dirección distrital de la agencia los procesos administrativos sancionadores. La motivación era aparentemente ambiental: contaminación acuífera por los minerales prohibidos usados, como cianuro y mercurio.
En Portovelo, la zona más poblada de plantas de beneficio, se clausuraron 80 de estas, con la consiguiente protesta de los trabajadores mineros, porque según fuentes de la Arcom, se sancionó a culpables e inocentes. Luego, la ministra anunció el despido de decenas de funcionarios de la Arcom por supuestamente no cumplir sus órdenes de hacer inspecciones, y se dijo oficialmente que los funcionarios no habían pasado una prueba de confianza, como es el detector de mentiras. Fuentes de la Arcom negaron entonces que se hubieran dado los despidos anunciados por la ministra y menos que se haya aplicado medidas de confianza a los funcionarios. Hubo un solo director distrital despedido, el del Guayas y el de Imbabura pasó a ser gobernador de la provincia.
Luego de las protestas de los mineros en las tres provincias, la medida de suspensión dejó de aplicarse y no había pasado una semana. Lo que sí ocurrió es la «toma» de las oficinas centrales de la Arcom por parte de funcionarios del ministerio de ambiente y energía. «Por orden de la ministra» coparon las oficinas directivas para exigir se abra toda la información minera, «sin mostrar un solo documento del requerimiento ni orden judicial». También se exigió, dijeron las fuentes, tomando el nombre de la ministra que se evacúen todos los certificados de exportación de oro —que solo puede hacerlo un departamento de la agencia de control— que estaban represados.