En una cadena nacional de 5 minutos 33 segundos, emitida en horario premium del domingo 25 de enero, el Gobierno anunció los lineamientos generales de lo que denominó la hoja de ruta contra la delincuencia para el 2026. Intervinieron el presidente Daniel Noboa, el ministro del Defensa, Gian Carlo Loffredo; del Interior, John Reimberg, y el director de la UAFE y secretario de Integridad, José Julio Neira. En sus intervenciones, Noboa y Neira insistieron en vincular a actores políticos, sin identificar cuales, en el crimen organizado tanto en su financiamiento como en su complicidad.
Noboa dijo que la respuesta del Estado será integral desde la UAFE, Inteligencia, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, “para que las calles del Ecuador estén seguras nos enfocaremos tanto en el despliegue de la fuerza como en el combate a sus patrocinadores políticos”.
Neira Hanze dijo a su vez, que la UAFE «está siguiendo la ruta del dinero ilegal para evitar que siga financiando la violencia, las armas y la corrupción política que afecta a los ecuatorianos. Gracias al apoyo internacional de alto nivel, hemos logrado identificar financiamiento ilícito a políticos y administraciones públicas descentralizadas. El propósito del Gobierno Nacional es identificar el dinero del crimen, sacarlo de circulación y debilitar a las mafias que financian desde estructuras criminales hasta políticos corruptos y a sus partidos, que ya están identificados y pagarán las consecuencias de sus actos». El Gobierno, dijo el presidente Noboa, entiende a la inseguridad como delincuencia que se desprende de la corrupción política».
En el plan anunciado no se dijo una sola palabra de lucha contra el narcotráfico, la cual al parecer es una estrategia enfocada para fuera de las fronteras, en consonancia con la política de Estados Unidos. Al respecto, el domingo en la mañana, los ministros del Bloque de Seguridad, al igual que la canciller, Gabriela Sommerfeld, recibieron al secretario adjunto de la Secretaría de Guerra (antes de Defensa) para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Joseph Humire, quien oficialmente llegó al país y junto al frente de seguridad, cancillería y el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. mantuvieron lo que llamaron «encuentros estratégicos» enfocados en «próximas operaciones contundentes en la frontera con Colombia». Con esto se confirmaron las versiones de la alineación de Quito con las intenciones e intereses de Trump frente a la Colombia de Gustavo Petro.
Humire es de origen boliviano y ha realizado acciones de seguridad en Ecuador y otros países de la región. Ha dirigido un influyente tanque de pensamiento conservador en Washington, llamado Centro para una sociedad libre (y) segura y ha mantenido relaciones fluidas con políticos, expertos en seguridad y periodistas en América Latina, incluido Ecuador.
I. Cómo alinear los enemigos según el manual de Washington
Desde enero de 2024, el gobierno ecuatoriano instaló un marco de guerra interna contra grupos criminales, con lenguaje de “enemigo” y excepcionalidad, y desde 2025–2026 el gobierno de Trump ha profundizado una estrategia de seguridad que reordena fronteras, migración y crimen como un solo problema.
Esa convergencia importa menos por “coincidir” y más porque evidencia la interrelación entre tres elementos clave para entender la incidencia del gobierno de Donald Trump en Ecuador desde el 2024 a la fecha: cooperación en inteligencia/seguridad, legitimación política interna y agenda regional.
El conflicto armado interno fue decretado el 9 de enero de 2024 y ha sido seguido por alertas y reportes oficiales de EE.UU. sobre estados de emergencia y seguridad en Ecuador. A nivel de derechos, organizaciones como Human Rights Watch documentaron riesgos y abusos tras el anuncio del “conflicto armado interno”; esto crea el terreno perfecto para que la agenda externa de Trump (seguridad hemisférica + control de flujos) “encaje” con la necesidad interna de Noboa (gobernar por seguridad).
En enero de 2026, varios medios ecuatorianos reportaron el respaldo del presidente ecuatoriano —o si se prefiere la cero condena— a la captura de Nicolás Maduro tras una acción militar de un país extranjero (Estados Unidos).
La cooperación EE.UU. Ecuador se vuelve más “dura” y más visible (2024–2025). En septiembre de 2024 se formaliza un acuerdo de cooperación de seguridad de 25 millones de dólares entre EE.UU. y Ecuador (asistencia técnica, capacidades y equipamiento). En noviembre de 2025 aparece un marco bilateral que vincula cooperación económica y seguridad nacional. En diciembre de 2025, medios internacionales reportan despliegue temporal de personal de la Fuerza Aérea de EE.UU. en la Base de Manta para operaciones antidrogas.
Aquí, la hipótesis de “incidencia” del gobierno de Trump sobre el gobierno ecuatoriano se sostiene mejor que en cualquier otro punto, porque hay hechos institucionales (acuerdos, marcos y presencia operativa) que trascienden la retórica. Si se quiere cambiar el punto de enfoque solo para ejemplificar lo dicho-, la invasión de Venezuela (bautizada como “Operación Resolución Absoluta”) en la madrugada del 3 de enero de 2026 por parte de la fuerza militar de USA), aplica como prueba de alineamiento discursivo inmediato del gobierno ecuatoriano y sus cajas de resonancia mediáticas y en redes sociales.
En enero de 2026, varios medios ecuatorianos reportaron el respaldo del presidente ecuatoriano —o si se prefiere la cero condena— a la captura de Nicolás Maduro tras una acción militar de un país extranjero (Estados Unidos). El patrón reitera un rápido alineamiento con el acto más duro del poder hemisférico. La cobertura del episodio mezcló afirmaciones de actores y prensa; en un dataset serio, el evento se puede codificar como “respaldo público ecuatoriano a operación reportada” (verificable por publicaciones y notas), no como “hecho militar plenamente certificado”.
Otra muestra de coincidencias o conexiones más allá de las narrativas
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el 21 de enero de 2026 la imposición de una «tasa de seguridad» o arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, con aplicación a partir de febrero de 2026. El anuncio se dio en el marco de actividades tras el Foro Económico Mundial de Davos, donde se posicionó la medida como un arancel por la falta de reciprocidad de Colombia en temas de seguridad y combate al narcotráfico en la frontera, y buscando proteger la economía nacional. El operativo de marketing político desplegó una narrativa explícita de seguridad fronteriza, narcotráfico y minería ilegal, además del déficit comercial. El gol de Noboa -como siempre, se ganó en la esfera de la publicidad, por dispararse desde medios internacionales- y casa adentro, al controlar la conversación en la esfera pública gracias a la anticipación comunicacional. Uno de los temas más potentes para colonizar la discusión fue sembrar la idea de #liderazgo, en el marco de una retórica securitaria con proyección a nivel regional.
Hace rato, Noboa dejó de hacer el juego a quienes han derramado “tinta sangre” durante meses, para analizar su parecido con la política securitaria de Bukele. La conexión con Trump es umbilical:
1. Estilo: uso del instrumento comercial como castigo político-securitario (la “tasa” como herramienta de presión);
2. Sistema de comunicación: construcción del vecino como enemigo causal del problema interno (“desguarneció la frontera”), externalizando responsabilidad y justificando excepcionalidad.
Cuando se mira una matriz simple sobre conexiones, concurrencias entre ambos mandatarios, las coincidencias se concentran en el período de mayor intensidad de Trump (fin 2025–enero 2026), y tienden a asociarse positivamente con respaldo a la invasión estadounidense en Venezuela y el anuncio de gravar con un arancel a Colombia. Estas “rarezas” de identidad compartida aparecen justamente en el pico del ciclo. En cambio, el apoyo a Israel en su conflicto militar, aparece antes (enero 2024) y luego se reitera en 2025, sin alinearse tan nítidamente con el “pico Trump” (pico no por sinónimo de trompa u hocico, sino de porcentualidad estadística en inferencias); es decir, funciona más como estrategia propia de búsqueda de cooperación e inteligencia que como simple reflejo temporal.
Conexiones y coincidencias en estilo y sistema de comunicación política
Coincidencia 1: securitización total y simplificación moral. Ambos gobiernos ordenan la política exterior y doméstica a través del binomio seguridad/enemigo: crimen organizado, “narco-autoritarismo”, frontera, “terrorismo”, amenazas. Esto simplifica causalidades (problemas complejos convertidos en culpables identificables), y habilita la toma de medidas extraordinarias.
Coincidencia 2: performance de decisión, alta velocidad, bajo umbral de complejidad. En los casos más sensibles (Venezuela; Colombia), la comunicación política se apoya en gestos rápidos, frases contundentes y encuadres cerrados, priorizando la imagen política sobre el debate técnico; esta “velocidad” es clave: la incidencia externa no necesita ordenar todo el gobierno; le basta tizar el marco y el tono.
Coincidencia 3: economía como extensión de seguridad. Trump usa la migración y el comercio como parte de un solo tablero (seguridad nacional). Noboa convierte un conflicto comercial (déficit y estructura de importaciones) en “tasa de seguridad” y presión por cooperación fronteriza. El puente es comunicacional: la economía se legitima como guerra.
“Buenos amigos” y amistades peligrosas
Medios ecuatorianos reportaron en enero de 2026 que el Gobierno analiza retirar el arbitraje sobre la demanda y aceptar una indemnización cercana a USD 400 millones, junto con un esquema de continuidad operativa con la empresa Power China (matriz de Sinohydro). Ese movimiento configura una cuasi cesión de soberanía técnica sobre una infraestructura neurálgica: una hidroeléctrica cuya confiabilidad, además, está atada al ciclo de lluvias y a vulnerabilidades estructurales y plantea una reflexión razonable sobre un riesgo político-estratégico.
De concretarse, esa decisión ocurre en un momento de estrés energético agravado por el cierre de la venta de electricidad desde Colombia, lo que reduce margen de maniobra e incrementa la tentación de “soluciones llave en mano” que subordinan política pública a urgencias. La lectura sugiere que el gobierno busca “amigos” funcionales: se alinea con el dispositivo securitario de Trump y, simultáneamente, profundiza dependencia con China, segundo socio comercial del Ecuador, con presencia extractiva en Mirador (Ecuacorriente S. A., Tundayme–El Pangui, Zamora Chinchipe; capital Tongling Nonferrous y China Railway Construction Corporation) y en San Carlos-Panantza (Explorcobres S. A., Morona Santiago), proyectos que han levantado cuestionamientos por impactos socioambientales y por tensiones territoriales donde también se disputa la economía ilegal.
Los datos verificables más fuertes a favor de la hipótesis de incidencia no están en una “coincidencia ideológica general”, sino en la secuencia institucional y operativa: acuerdos y marcos de cooperación EE.UU.–Ecuador (septiembre 2024 y noviembre 2025), más señales de profundización operativa antidrogas (diciembre 2025), y la convergencia de políticas de alta carga simbólica en enero 2026 (respaldo público a una acción estadounidense contra Maduro reportada por prensa, y arancel securitizado a Colombia). Estos hitos tienden a agruparse en el período de mayor intensidad de la agenda Trump (2025–enero 2026), lo que es consistente con “incidencia” aunque no prueba causalidad por sí mismo; pero ese hecho es, precisamente, el punto de reflexión que debería mover a las neuronas de los analistas. ¿Coincidencia o dependencia?
Los impactos del arancel de 30% a Colombia (balanza, exportaciones, energía, y guerra interna) están ubicándose y se mantendrán, seguramente, hasta que se produzca una primera reunión entre negociadores.
Las coincidencias/conexiones en estilo y en el uso de sistemas de comunicación política, muestran que Trump y Noboa comparten un mismo dispositivo comunicacional: securitización como marco maestro, producción de enemigos y externalización de causas, decisiones performativas de alta velocidad y baja deliberación pública, y ahora con el presidente ecuatoriano, uso del comercio/migración como armas políticas. En términos de “sistema”, ambos convierten la política exterior en escenario de señalética: gobernar es mostrar control (sobre fronteras, amenazas, aliados), incluso cuando el costo económico y diplomático sea alto.
Los impactos del arancel de 30% a Colombia (balanza, exportaciones, energía, y guerra interna) están ubicándose y se mantendrán, seguramente, hasta que se produzca una primera reunión entre negociadores de ambos gobiernos. Sin embargo, a pesa de que Petro llamó a una reunión con Ecuador, la administración Noboa subió la apuesta de la confrontación comercial al imponer una tarifa del 900% adicional a los 3 dólares que cobra Ecuador a los 12 mil barriles diarios de crudo colombiano que se producen y se exportan por el estatal oleoducto SOTE, desde el suroriente colombiano hasta el puerto de Esmeraldas. El presidente Noboa dijo, adicionalmente a esta medida, que no tenía prevista una reunión entre ambos países.
Mientras tanto, es factible poner mucha atención en:
a) Balanza comercial y precios: Ecuador reporta déficit anual superior a 1.000 millones de dólares con Colombia; un arancel amplio encarece insumos importados (incluida electricidad e ítems sensibles como medicinas y agroquímicos, según Reuters), lo que puede trasladarse a la inflación sectorial y a presiones en cadenas productivas. Sería muy interesante saber cuántos habitantes de nuestra zona de frontera, tienen familia en Colombia y forman parte de esa cadena de comercio y emprendimientos. A ellos habrá que convencerles de que el “palazo” fue por su propio bien. A corto plazo, el arancel puede reducir importaciones o reorientarlas; a mediano, suele incentivar subfacturación y contrabando si no hay control fronterizo real.
b) Exportaciones ecuatorianas a Colombia: la represalia colombiana (tarifa a productos ecuatorianos) introduce un riesgo inmediato para exportadores y para empleo en sectores específicos de Ecuador. Aun si el volumen total no colapsa, la incertidumbre contractual y la volatilidad regulatoria tienden a “descontarse” en precios y condiciones de pago. Con lo bien que están la economía y el empleo efectivo/digno en Ecuador los vítores de las barras bravas al joven líder que resuelve, merecen ser analizados por un conglomerado de psicólogos y psiquiatras.
c) Energía eléctrica: la suspensión de ventas de electricidad desde Colombia a Ecuador (reportada por Reuters) es el golpe estratégico más delicado, porque la energía no es un bien sustituible de un día para otro. Si Ecuador dependía de importaciones puntuales (Reuters recoge la cifra de hasta 10% en ciertos momentos), el riesgo es doble: costo mayor de sustitución y vulnerabilidad política (apagones o racionamientos reactivan la crisis de legitimidad).
d) Impacto real sobre la guerra interna: convertir el conflicto con Colombia en narrativa de seguridad puede rendir políticamente, pero no garantiza degradar capacidades criminales. Si Ecuador es un callejón de tránsito para el envío de al menos 70% de la cocaína que se consume en el mundo -hecho ampliamente sostenido por reportes internacionales- el control depende menos de castigar el comercio bilateral y más de inteligencia portuaria, control de contenedores, trazabilidad financiera, captura de redes logísticas y cooperación judicial. Hay que decir que en ese marco, el dato “70% de la cocaína mundial pasa por Ecuador” aparece como afirmación circulante atribuida a discursos políticos, pero no está sólidamente establecido por fuentes técnicas internacionales; lo verificable es que el tráfico y las incautaciones han escalado y que Ecuador es un corredor clave. La pregunta es: por qué una estrategia hemisférica tan dura como la de Trump interviene con fuerza en unos casos (Venezuela, migración, asfixia económica, invasión) y, en el caso ecuatoriano, prioriza cooperación operativa y control migratorio sin un golpe estructural equivalente sobre la logística global del tráfico.
Esa asimetría sugiere que la “incidencia de “Donroe” Trump es selectiva: maximiza rédito geopolítico y doméstico estadounidense, y no necesariamente la seguridad ecuatoriana como fin principal. La política del “gran garrote”, del “policía regional”, del dueño del “patio trasero” vuelve a estar vigente con más fuerza que antes.
Un gobierno sin estrategia soberana consistente termina dependiendo simultáneamente de potencias rivales, aceptando marcos de seguridad de Washington y soluciones energéticas-extractivas chinas bajo la presión de una economía basada en endeudamiento y ajustes.