Las últimas actuaciones del presidente Noboa y de sus ministros de Gobierno, del Interior y de Defensa lucen reactivas y no reflexivas. ¿Cuál es el costo beneficio de tales actuaciones para el gobierno? Convocar a la consulta popular para diciembre es un apresuramiento. Sus preguntas no están bien formuladas y carecen de anexos, o sea que fueron lanzadas al apuro. La pregunta número 6, sobre la posibilidad de juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, tiene una clara dedicatoria y pone por delante un afán político del momento, por encima del interés nacional. Llamar a una marcha pacífica encabezada por el propio presidente es desfigurar su imagen. El jefe de un Estado debe ser creador y no destructor. Pretender imponer su voluntad denota falta de creatividad. Y es que la creatividad, afirma Claudia Hakim en El Tiempo de Bogotá, demanda tiempo y paciencia. Las cosas hechas improvisadamente terminan mal.
En medio de la crisis institucional que vive el Ecuador, la consulta anunciada por el presidente lejos de remediarla, la exacerba. La constitución vigente establece “un estado constitucional de derechos y justicia”. En este, la Corte Constitucional es el “máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia”. Es el garante de la constitución, y ejerce una función que da solidez institucional al estado. Debilitarla o anularla dejaría al estado al vaivén de las presiones y pasiones políticas. La Corte Constitucional no es un campo de juego. La lógica con la cual fue creada la libera de los avatares políticos. Por esto la constitución le otorga autonomía administrativa y financiera: su poder. Sus miembros no están sujetos a juicio político. Responden ante la Fiscalía General de la Nación, pueden ser juzgados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia y destituidos por los dos tercios de los magistrados de la Corte Constitucional.
Pretender que los jueces de este alto tribunal sean llevados a juicio político es dejar a la Corte sin resguardo institucional y convertida en un botín político. Los políticos están acostumbrados a incumplir la ley. Sin un organismo de control como la Corte Constitucional los asambleístas se apoderarían de la justicia. La marcha a la que convoca el presidente para presionar a los jueces de la Corte atenta contra las normas constitucionales de la actual carta política.
La elección del presidente Noboa respondió a la imagen que él proyectó en la campaña y el ejercicio del mando en su primer período. Se le consideró un antídoto al proyecto autoritario encarnado en la candidata Luisa González. Creímos que era partidario del pluralismo y que respetaría la libertad de opinión. Pero las preguntas de la consulta tienen un perfil maniqueo. No propician el debate sino la pugna. De antemano tildan a quienes discrepan del criterio oficial de ser aliados del crimen organizado.
La discusión de las leyes de solidaridad, de inteligencia y de integridad fue igualmente hecha con precipitación. Desde la sociedad civil hubo muchos cuestionamientos que, si no fueron tomados en cuenta por la mayoría asambleísta, sí los han sido por la Corte Constitucional. Esta es la razón por la que se le ataca. La suspensión de algunos de sus artículos no afecta la lucha gubernamental contra los narcos terroristas. Acusar a la Corte de complicidad con el crimen organizado es un desatino.
El gobierno, entonces, está creando un escenario de confrontación que puede afectar su gobernabilidad y que va en dirección contraria a lo que representó el candidato Noboa frente a la ex postulante del correismo. Los desórdenes que se vislumbran podrían agravarse si al mandatario le faltara prudencia. Maquiavelo recomienda prevenir los males a tiempo antes de que empeoren.
Un gobernante democrático debe pensar antes de actuar. No es sensato que el propio gobernante agrave las dolencias del estado. Ello es posible evitar si el presidente apela a la prudencia y se cuida de no desfogar sus pasiones. Por eso es necesario el análisis previo, evaluando los pros y los contras de las decisiones a tomar. Los ministros que alientan esas andanzas no son buenos ministros. ¡Cuánta falta hacen en el gabinete voces que llamen a la cordura al presidente y le eviten ser víctima de su propia imprevisión!
El presidente Noboa obtuvo el 55,6 por ciento de votos en la segunda vuelta presidencial frente el 44,3 por ciento, de la candidata González; o sea 11 puntos de diferencia. Muchos de esos votos provinieron de ciudadanos que pensaron en la democracia, y en contra del autoritarismo.
La gobernabilidad no solo radica en tener una mayoría parlamentaria sino en sostener el apoyo de esas fuerzas disímiles con las que obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales. Un gobernante democrático debe aprender a escuchar no solo a quienes piensan como él sino a quienes tienen opiniones contrarias. Calificar de enemigos a quienes discrepan es apartarse de la convivencia democrática. Si las instituciones democráticas no cuentan con mecanismo de autocorrección, como los pesos y contrapesos que rigen el estado de derecho, pueden sucumbir a los abusos cometidos en el ejercicio del poder. Parece que el gobierno, o no comprende suficientemente el significado de la democracia, o lo que sería peor, no la valora.