En los regímenes democráticos, las Constituciones no sólo son documentos jurídicos que organizan el poder político sino pactos sociales que expresan consensos fundamentales sobre la vida en común. De allí que su reforma y, más aún, su sustitución total mediante una Asamblea Constituyente deba obedecer a circunstancias excepcionales y a objetivos claramente delimitados.
En el caso ecuatoriano actual, la propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte del presidente de la República se presenta sin una justificación de fondo, sin agenda pública de reformas y sin diagnóstico institucional riguroso. Esta iniciativa, en apariencia de carácter refundacional, parece obedecer más a una lógica de manipulación del escenario político que a una auténtica necesidad de transformación constitucional.
El establecimiento de una Asamblea Constituyente implica la ruptura del orden jurídico vigente, aún si se intenta enmarcar el proceso dentro de las reglas de la propia Constitución. Su legitimidad, por tanto, depende de dos pilares: una crisis estructural que impida el funcionamiento del régimen político actual y una propuesta programática clara que proyecte una nueva arquitectura constitucional con base en consensos mayoritarios. En Ecuador, estos elementos no están presentes. El país cuenta con una Constitución relativamente reciente (2008), considerada una de las más garantistas del continente, fruto de una Asamblea Constituyente que, con todos sus defectos, gozó de amplia legitimidad en su momento. Las instituciones funcionan, aunque con severas limitaciones y las reformas que podrían requerirse (en temas como seguridad, justicia, o modelo económico) no demandan una nueva Constitución sino voluntad política, reforma legislativa y mejoras administrativas. Por tanto, lo que se plantea no es una Asamblea Constituyente como respuesta a una crisis democrática, sino como instrumento de acumulación política y control institucional.
En este sentido, estamos frente a lo que Jon Elster ha llamado una estrategia de poder mediante diseño institucional, en donde el actor político en el gobierno pretende reescribir las reglas del juego desde una posición de ventaja temporal. La apelación a una lógica refundacional sin contenido reformista claro remite a una visión del poder típicamente Hobbesiana: la idea de que el Estado nace de un acto fundacional absoluto, a partir del caos.
En esta narrativa el presente aparece como un desorden sin ley, un «estado de naturaleza» de violencia e inestabilidad, que sólo puede ser superado mediante un nuevo pacto social absoluto. Es la lógica del «borrón y cuenta nueva». Esta retórica puede ser eficaz en términos de discurso político, pero es profundamente peligrosa para la institucionalidad democrática, pues en lugar de consolidar las instituciones existentes, propone su disolución simbólica y por tanto política, bajo la promesa de un orden futuro ideal. Esta operación implica borrar la memoria institucional, desconocer avances previos y debilitar el Estado de derecho.
A diferencia de la tradición norteamericana o europea, donde la reforma constitucional es incremental, el populismo latinoamericano ha hecho de la Constituyente una herramienta de captura institucional. Como señala Roberto Gargarella, los procesos constituyentes recientes en la región han derivado en «cartas otorgadas» por el ejecutivo, que más que equilibrar poderes, los concentran.
Estamos frente a lo que Jon Elster ha llamado una estrategia de poder mediante diseño institucional, en donde el actor político en el gobierno pretende reescribir las reglas del juego desde una posición de ventaja temporal.
Un elemento esencial en la evaluación de la legitimidad de una propuesta constituyente es la claridad de su agenda. ¿Qué aspectos del actual orden constitucional se consideran disfuncionales? ¿Qué derechos se quieren proteger mejor? ¿Qué estructuras institucionales se quieren rediseñar? En el caso del gobierno actual, no hay propuestas públicas que expliquen cuáles serían las reformas tan fundamentales que ameritan sustituir la Constitución de Montecristi. Esta ausencia revela dos posibles motivaciones de fondo. La primera, una intención de control: utilizar la Asamblea Constituyente para reformar el sistema político en favor del Ejecutivo, alterar la conformación de los órganos de control y desmantelar los pocos contrapesos que quedan. La segunda, una estrategia de distracción: mantener al país en campaña, en debate permanente sobre reglas abstractas, mientras se posterga la gestión de los problemas urgentes que afectan a la ciudadanía —seguridad, empleo, justicia— y se desvía la atención sobre los fracasos del gobierno. Esta segunda hipótesis es particularmente grave: convertir la Constitución en una herramienta de marketing político y de ingeniería electoral.
Como señala Luigi Ferrajoli, «la Constitución no es un programa de gobierno, es un límite al poder de los gobiernos». Usarla como excusa para prolongar la permanencia en el centro del escenario político es una instrumentalización inadmisible de la Carta Magna.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente sin causas ni contenidos definidos genera una peligrosa inestabilidad. Convocar a elecciones constituyentes implica suspender las reglas vigentes, abrir la posibilidad de rediseñar los poderes públicos y modificar el régimen de derechos. Sin garantías ni acuerdos previos, este tipo de procesos se convierte en una puerta abierta al autoritarismo.
El precedente de la Asamblea de Montecristi muestra lo que ocurre cuando una mayoría electoral concentra poder constituyente sin límites claros: eliminación de controles, debilitamiento de la justicia y fortalecimiento de un modelo caudillista. Repetir ese camino sin aprendizaje institucional es caminar hacia la disolución del orden Republicano.
Por ello resulta imprescindible que la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y los partidos políticos democráticos exijan claridad, límites y fundamentos antes de aceptar una transformación constitucional. No es el momento de rehacer el pacto, sino de hacerlo cumplir.