“La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza.”
Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 71.
La codicia no descansa. Busca satisfacer sus apetencias sin importar límite alguno. Ahora pone su mira en un lugar único de la ciudad de Santo Domingo: el Cerro Bombolí. Allí, con la abierta complicidad de las autoridades municipales y al parecer también de un juez que tarda en tomar las medidas de precaución indispensables, se pretende instalar un proyecto habitacional. Una vez más el bien común sometido al interés privado.
Frente a esta pretensión, cuya garra destructora ya está en marcha, un colectivo ciudadano ha levantado su voz de protesta y reclama: ¡Salvar el Bombolí! Exige la protección de dicho ecosistema ubicado en el cantón Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Quieren parar la operación del proyecto inmobiliario Holyland que, según el pedido de medida cautelar, avanza atropellando derechos constitucionales.
Es evidente que la tala indiscriminada de árboles y la remoción de tierras no solo causan daños inmediatos a la flora y fauna local, sinoque conllevan consecuencias a largo plazo que pueden comprometer la estabilidad de dicho ecosistema. Su degradación pone en riesgo la capacidad del entorno para la regulación del clima y la purificación del aire y el agua.
De lo que se trata es de garantizar los derechos ambientales de la ciudadanía y los Derechos de la Naturaleza. Son dos tipos de derechos que se c
omplementan y se potencian entre si. Son indispensables para asegurar la salud y el hábitat mismo de los seres humanos y no humanos de la ciudad de Santo Domingo. Además, este grupo ciudadano exige el cumplimiento de los derechos de participación y el derecho a la ciudad, para viabilizar la construcción de una sociedad más justa y equitativa, basada en la integridad ecológica y la dignidad humana.
Un marco constitucional a respetar
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 10 establece categóricamente que la Naturaleza es sujeto de derechos. Esta disposición se amplia de forma explícita a través de los artículos 71, 72, 73 y 74. Igualmente, en los artículos 395, 396, 397 y 398, se establece un marco claro y amplio para la protección de los derechos ambientales en beneficio de la ciudadanía. Y en al artículo 398 se dispone como norma constitucional la consulta ambiental amplia y oportuna, que no puede confundirse con una simple socialización de la información.
Este conjunto de normativas garantiza la conservación y restauración de los ecosistemas y el respeto integral a la biodiversidad, tanto como un entorno ambientalmente saludable para la población. En definitiva, asegura la promoción de prácticas sostenibles, que aseguren un equilibrio entre las necesidades humanas y la protección ambiental, reconociendo los derechos a la existencia digna tanto a los seres humanos como a los seres no humanos.
La defensa de los Derechos de la Naturaleza y la protección de los ecosistemas no debe ser vista simplemente como una cuestión de conservación ambiental. En realidad, representa un cambio paradigmático hacia una nueva forma de sociedad en la cual los intereses económicos no prevalezcan sobre los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Es decir, las políticas económicas no pueden basarse en la explotación ilimitada de recursos naturales, sino en el Buen Vivir, una forma de convivencia sustentable y equitativa. Algo fundamental para lograr una verdadera justicia ecológica y social.
Un lugar sagrado, a rescatar de las garras de la codicia
En el caso específico del Cerro Bombolí, la aplicación de los Derechos de la Naturaleza es fundamental para asegurar su protección efectiva como sujeto de derechos. Este ecosistema es un espacio natural de gran importancia ecológica, con alta sensibilidad frente a cualquier proyecto o actividad que pueda afectarlo, como es el caso del proyecto urbanístico Holyland.
Inclusive las Naciones Unidas han declarado al Bombolí como “zona de alto riesgo” debido a las graves afectaciones por el colapso ecológico. Aún sin ser vinculante esta declaración, se debería reflexionar sobre lo que representa el Bombolí en las actuales circunstancias. Las ciudades en el mundo están empeñadas en proteger y ampliar sus zonas verdes como pulmones para la vida de sus habitantes, con mayor razón cuando se trata de un cerro de tanta trascendencia histórica como el Bombolí.
Tengamos presente, además, que el Cerro Bombolí ha sido históricamente un sitio de gran importancia cultural para varias nacionalidades y pueblos indígenas. El cerro, ubicado en el centro de la ciudad de Santo Domingo, fue un lugar de encuentro de las nacionalidades Tsáchila, Chachi y Kichwa, así como de los pueblos afroecuatoriano y montubio. Con el descubrimiento de hallazgos arqueológicos, como petroglifos, se comprobó que fue utilizado para rituales por los Tsáchilas.
En síntesis, para quienes conocemos la ciudad de Santo Domingo -en mi caso desde 1961-, nos es fácil entender la importancia que tiene el Cerro Bombolí, por ser, a más de una suerte de pulmón en el medio de la urbe, un referente cultural e histórico de la evolución de comunidades pujantes, cuyo futuro no puede ponerse en riesgo.
Ampliar los derechos, proceso en marcha también en Santo Domingo
La ampliación de derechos a lo largo de la historia ha exigido luchas políticas. Esto no es nuevo. Toda ampliación de derechos fue, en un comienzo, impensable. Recordemos que al iniciar la colonia los pueblos originarios no solo no tenían derechos, sino que incluso se afirmaba que carecían de alma. La emancipación de las personas esclavizadas o la extensión de los derechos a las mujeres y a la niñez fueron rechazadas en su tiempo por considerarse un absurdo.
Dotar de derechos a la Naturaleza es una extensión de este proceso. Se quiere que todos los seres vivos tengan el derecho ontológico a la vida. De eso se trata la defensa del Bombolí. Este paso biocéntrico es crucial para la supervivencia y bienestar de los seres humanos. Si no respetamos la Casa Común, como define a la Madre Tierra el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si, pondremos en riesgo la vida de las actuales y las futuras generaciones.
Es el momento de entender que la Naturaleza es condición básica de nuestra existencia y, por tanto, que es también la base de los derechos colectivos e individuales de libertad. Así como la libertad individual solo puede ejercerse dentro del marco de los derechos de los otros humanos, la libertad individual y colectiva de las actuales y futuras generaciones solo podrá ejercerse dentro del marco de los Derechos de la Naturaleza. Si pensamos en nuestros nietos y en nuestras nietas, bien podemos concluir que su existencia y su libertad dependen del respeto que tengamos las actuales generaciones con la Naturaleza.
Bien anota el jurista alemán Klaus Bosselmann: “sin Derechos de la Naturaleza la libertad es una ilusión”.
Trascendencia nacional e internacional de este proceso
Los Derechos de la Naturaleza se expanden por el mundo luego de su constitucionalización en el Ecuador. En algunos países, sin llegar a estar constitucionalizados estos derechos, se los está aplicando y desarrollando a través de normativas nacionales.
La lista crece aceleradamente. Aquí podríamos mencionar el caso de Colombia, en donde ya seis ríos han adquirido el status de sujeto de derechos, a partir de reconocer sus derechos bioculturales. En España se aprobó una ley histórica en septiembre de 2022, que convirtió a la laguna del Mar Menor en el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia, al igual que las personas humanas y las empresas. En Nueva Zelanda, como resultado de un proceso apasionante, se reconoció el carácter de persona jurídica al río Whanganui. La personalidad jurídica “humana” la obtuvieron los ríos Ganges y Yamuna en India. En América del Norte, el 26 de febrero de 2019, en Toledo, Ohio, se decidió en las urnas que el lago Erie, el undécimo más grande del mundo y que proporciona agua potable a 12 millones de estadounidenses y canadienses, tiene derechos. Y la lista crece de forma acelerada: ya son alrededor de unas cuarentena 40 de países que han reconocido de diversa manera los Derechos de la Naturaleza.
Para cerrar este brevísimo recuento, en nuestro Ecuador, a pesar de todas las resistencias de grupos conservadores, avanzan los Derechos de la Naturaleza en varios frentes. Tenemos muchos procesos judiciales e inclusive sentencias de la Corte Constitucional. Mencionemos a modo de ejemplo, el caso de Los Cedros, en la provincia de Imbabura, con una sentencia constitucional histórica que vincula de manera magistral los derechos Humanos con los Derechos de la Naturaleza. Tampoco podríamos olvidar el reciente caso del río Machángara en la ciudad de Quito, que obtuvo el reconocimiento de sujeto de derechos.
Santo Domingo puede y debe formar parte de esta corriente que está empezando a cambiar el curso de una historia cargada de destrucciones y atropellos a la vida. Su ciudadanía, en síntesis, puede dar una señal más en esta dirección. Irrespetar la integridad ecológica e inclusive cultural de un lugar tan emblemático me parece una verdadera aberración. Algo injustificable.
Esperemos que inmediatamente se otorgue la medida cautelar demandada por la ciudadanía y que se garantice la protección integral del Bombolí, declarándolo sujeto de derechos. Así se puede conseguir su inmediata e integral reparación y restauración como ordena la Constitución en su artículo 72.
Recordemos siempre que una sociedad es grande no solo por lo que construye, sino, en especial, por lo que no destruye.
18 de agosto del 2024