El proceso contra los Comandos de la Frontera (CDF), una de las organizaciones delictivas más poderosas en Ecuador, agitó las dependencias de los jueces anticorrupción a finales de 2024 e inicios de 2025. Los funcionarios de estas dependencias empezaron a observar ‘maniobras judiciales’ que llamaban la atención, lo que despertó alertas internas sobre posibles presiones que este grupo criminal estaría ejerciendo para liberar a sus miembros, dijo a Plan V una fuente cercana a estos magistrados.
La alarma no era menor. El de los CDF se convirtió en el primer gran caso contra grupos delictivos que se dedican a la minería ilegal y al narcotráfico en la Amazonía ecuatoriana, principalmente en las provincias de Sucumbíos y Orellana, que ha llegado al escritorio de los jueces más blindados del país.
Durante el juicio, la Fiscalía acusó a los procesados de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos de miembros de bandas rivales y de lavado de grandes sumas de dinero. Los CDF, grupo fundado en 2017 por disidentes de la extinta guerrilla colombiana de las FARC y sus aliados, han impuesto un régimen de terror que ha disparado la violencia en la Amazonía, especialmente en Orellana. En el primer semestre de 2025, ocupó el cuarto lugar de las provincias con la mayor tasa de homicidios del país. Sucumbíos, por su parte, se ubica en el sexto lugar y registra una tendencia al alza.
El inicio de esa audiencia judicial, el pasado 8 de mayo, coincidió con la matanza de 11 militares de la Brigada de Selva 19 de Napo en el sector del Alto Punino, limítrofe entre las provincias de Napo y Orellana. El hecho ocurrió un día después, el 9 de mayo, mientras los uniformados se encontraban en una operación reservada contra la minería ilegal. El Ejército ecuatoriano confirmó que el ataque fue perpetrado por los Comandos de la Frontera.
Las 43 personas llevadas a juicio por sus presuntos vínculos con los CDF habían sido detenidas en dos operativos realizados entre el 1 y el 28 de agosto de 2024. En la actualidad, 29 de ellos han sido condenados a penas de entre siete y trece años y se encuentran presos en las cárceles de La Roca, Penitenciaría del Litoral y Cotopaxi. Otros seis están prófugos y ocho fueron declarados inocentes o sobreseídos.
En una de esas redadas cayeron dos hijos de Roberto Carlos A.V., alias el Gerente, el presunto líder de la banda en territorio ecuatoriano. Por lo delicado del caso, fue asignada a los magistrados anticorrupción, una unidad élite que inició sus funciones en diciembre de 2022 para luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, solo dos años después, surgió la sombra de una posible influencia sobre ellos.
Las presiones de los CDF llegaron hasta el punto de que seis de los ocho jueces anticorrupción de la unidad judicial tuvieron en sus manos este caso. Esto es “realmente atípico”, opina Hugo Espín, abogado penalista, quien explica que el sistema judicial ecuatoriano está diseñado para que no exista redundancia en el conocimiento de las causas por parte de los jueces penales.
La magistrada Karol Zambrano, a quien inicialmente le asignaron el caso por sorteo, fue recusada por Kerly Dayani A.C. y Carlos Andrés A.C., los hijos del Gerente, cuando la juez les ordenó prisión preventiva por estar presuntamente involucrados en un delito de “alta peligrosidad” y ante el riesgo de que no comparecieran en el juicio.
Para recusar a la magistrada, el abogado de los hijos del líder criminal, Grigson Cabeza Bazán, alegó que era amigo desde hacía siete años de la jueza Zambrano y que tenían un chat y fotografías que así lo demostraban.
Mientras se tramitaba su recusación, la magistrada fue sustituida por el juez Sebastián Cornejo, quien aceptó vincular a alias el Gerente al proceso. En Ecuador, si un juez interviene en una audiencia o dicta una resolución mientras reemplaza a un juez recusado, éste debe continuar con la causa.
Pero el caso alcanzó a circular por los despachos de otros jueces anticorrupción porque Cornejo solo estaba encargado del despacho del juez Christian Quito, quien había solicitado un permiso. Cuando Quito regresó, se excusó de reemplazar a Zambrano y otro juez tuvo que resolver su excusa. Finalmente, el juez Ángel Humberto Quito asumió la causa, quien en julio pasado fue destituido de su cargo por otro caso.
En medio de estos cambios, el 6 de enero de 2025, la Fiscalía inició una investigación penal contra tres de los magistrados anticorrupción tras recibir una denuncia anónima en la que se mencionaba que los jueces querían dejar libres “a toda costa” a Kerly Dayani A.C. y Carlos Andrés A.C.
Diez días después, la Fiscalía y la policía allanaron las casas y oficinas de los jueces Christian Quito, Jairo García y Gabriela Lara, así como de otros abogados en Quito y Esmeraldas que, presuntamente, formaban parte de una presunta red corrupta. En este operativo, denominado Fachada, las autoridades encontraron 92.030 dólares en efectivo, aunque no especificaron en qué casa se halló ese dinero. Según una fuente cercana a la investigación, parte de ese monto estaba en las casas de dos de estos jueces.
El pasado 12 de junio, el Consejo de la Judicatura suspendió a los tres jueces durante tres meses por haber cometido una infracción disciplinaria gravísima. Dicha falta está relacionada con “solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor judicial”, dice el comunicado oficial de esta institución. El caso Fachada aún se encuentra en reserva.
Mientras la investigación en contra de los jueces avanza en la Fiscalía, la Interpol logró detener el 26 de junio pasado a alias el Gerente en Emiratos Árabes. El 14 de julio, un tribunal de los jueces anticorrupción dictó sentencia contra 13 de los procesados, entre ellos los hijos del líder criminal, quienes fueron condenados a 13 años de prisión por delincuencia organizada. Dos días después, la Corte Nacional de Justicia solicitó la extradición de alias el Gerente, proceso que aún no se ha concretado.
Mínimos casos de minería ilegal en la justicia
Aunque el juicio contra el Gerente y sus hijos, de momento, ha logrado una condena de trece años, fuera de esa sentencia, tomada en tribunales a nivel nacional, el balance en las unidades judiciales y la Fiscalía es desolador, especialmente en la región de la Amazonía. Así lo revela el análisis de datos realizado por Plan V, que incluyó las cifras de denuncias judiciales de ocho delitos relacionados con la minería ilegal, la revisión de más de 300 páginas de expedientes legales judiciales y entrevistas a fuentes reservadas.
En las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, apenas el 4% de un total de 219 denuncias por minería ilegal y el 43% de las 351 denuncias por tráfico de combustible y sus derivados han llegado a una sentencia en los últimos cinco años. Esto a pesar de que estas tres provincias amazónicas han sumado más de 3.800 hectáreas deforestadas por operaciones mineras, lo que equivale a más de 5.000 canchas de fútbol profesional, según reportes del Monitoreo del Proyecto Amazonía Andino (MAAP), desarrollados por la Fundación EcoCiencia.
De las 35 denuncias que existen en el país por financiamiento de maquinarias para la extracción ilícita de recursos mineros, solo 32 están en investigación previa en la Fiscalía.
Otros delitos, como el almacenamiento o transporte ilegal de combustibles, suelen terminar con penas mínimas, beneficios judiciales o sobreseimientos, incluso cuando se han incautado grandes volúmenes. ¿Por qué no avanzan las investigaciones y los juicios?
Los expertos consultados coinciden en señalar la intimidación o cooptación de jueces y fiscales como posibles causas de este vacío judicial. “Posiblemente existió algún tipo de intimidación a los jueces (en el caso de los CDF). Lo que se ha visto en Colombia es que este grupo sí tiene medios de persuasión a través de la intimidación y la amenaza”, dice Renato Rivera, investigador senior de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC).
Si esto ocurre con jueces nacionales, los locales son aún más vulnerables. “Los jueces y los fiscales viven en comunidades donde realmente no hay garantías físicas de seguridad. Viven dentro de esa misma comunidad y no tienen una respuesta ni tienen una capacidad de acción diferente de la que tiene cualquier otro ciudadano”, señala Espín.
Rivera añade que, en un contexto de alta criminalidad, las capacidades de la justicia siempre serán limitadas. Se requiere una respuesta del Estado encaminada a contrarrestar la rentabilidad de estos grupos.
A pesar de que la Amazonía es una de las zonas más convulsionadas en la actualidad por la minería ilegal y de que es un bastión de otros delitos como el narcotráfico por su cercanía con territorios controlados por los grupos criminales, se observan escasos procesos contra estas organizaciones. Por ejemplo, en las unidades anticorrupción, donde llegan los casos más complejos, el del CDF es el único referente a la Amazonía que ha sido tramitado, según los datos públicos que se encuentran en el sistema de la Función Judicial. Una fuente cercana a estos jueces dijo que sí han tramitado más casos relacionados con minería ilegal y delincuencia organizada.
Pero en Napo, Orellana y Sucumbíos, los datos son más desalentadores. Según los registros de la Fiscalía, el 79% de las denuncias relacionadas con actividades mineras ilegales en estas provincias se encuentra en fase de investigación previa, es decir, aún no se abre un proceso judicial contra ningún presunto involucrado. Solo el 4% de las denuncias ha llegado a una sentencia y el 17% restante está en otras fases judiciales o han sido archivadas.
“172 investigaciones previas al año realmente no es nada”, opina el abogado penalista Espín sobre la carga de trabajo de los fiscales en esta zona del país. Para él, la responsable de la escasez de causas judiciales es la Fiscalía. “Por presiones o por colusión no avanzan las investigaciones”, sostiene el jurista.
Pero para Rivera también es cuestionable el papel de la policía. Por ejemplo, dice que el 70% de los operativos que realiza la Unidad Nacional de Delitos Hidrocarburíferos solo tienen que ver con movimientos de gasolina. Explica que, como la policía quiere obtener un resultado inmediato, por lo general se concentra en el transporte del combustible, no en investigar el origen.
Mientras las investigaciones se estancan en la Fiscalía y en la policía, la huella de la minería ilegal avanza en Napo, Sucumbíos y Orellana. Informes del MAAP revelaron que la deforestación minera llegó a 3.800 hectáreas en los últimos años cerca de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo (Sucumbíos), en el río Punino (límite entre Orellana y Napo) y en los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y Puni-Cotona-Arajuno (Napo).
De estas tres provincias, Napo es la que concentra el mayor número de denuncias y de sentencias por minería ilegal: siete en total. Pero de estas últimas, solo dos fueron condenatorias. Las otras cinco ratificaron la inocencia de los procesados.
Uno de esos casos se remonta a diciembre de 2022, cuando 60 policías, militares y funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR, hoy ARCOM) detuvieron a dos hombres que manejaban dos excavadoras en las orillas del río Jatunyacu, en Napo. Siete meses después, fueron declarados inocentes porque el tribunal consideró que el hallazgo de las excavadoras no era prueba suficiente.
“Van contra los choferes detenidos en el lugar de los operativos. Es evidente que ellos no tienen una relación directa con el delito que es la extracción de material como minería ilegal. Ellos se convierten en trabajadores de empleadores clandestinos o ficticios. Y ese es el tema de fondo que nunca se investiga”, cuestiona Espín.
Un caso similar se dio en octubre de 2023, cuando unos seis hombres fueron encontrados a orillas del río Napo manejando varias dragas. La policía solo pudo capturar a uno de ellos, pero fue declarado inocente al poco tiempo porque, según el juez de la causa, el perito de la fiscalía no precisó el lugar de los hechos ni determinó si había combustible o algún mineral en el lugar.
Hasta mayo de 2024, las autoridades habían incautado 148 de estas maquinarias, que se encontraban en los patios de un centro de convenciones de Tena, capital de Napo. En esa provincia, la Fiscalía ha recibido 35 denuncias por financiamiento o suministro de maquinarias para la extracción ilícita de recursos mineros. Sin embargo, 32 de ellas están en investigación previa y tres han sido archivadas en los últimos cinco años.
Jueces en zonas mineras dedicados a resolver robos
Plan V levantó un listado de los siete jueces de primer nivel que operan en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos para revisar sus actuaciones judiciales y las principales causas que llegan a sus despachos. Según la información recopilada a través del sistema de la Función Judicial (Satje), el principal delito que juzgaron fue el de robos y hurtos, seguido de causas relacionadas con el tráfico de drogas. Solo existe un reducido número de casos sobre minería ilegal y otros delitos como el almacenamiento y transporte ilegal de combustible, necesario para la operación de retroexcavadoras; tenencia y porte ilegal de armas o uso de explosivos no autorizados.
De igual manera, en los últimos cinco años, solo se han iniciado ocho procesos por delitos contra la flora y fauna, juzgados por esos siete jueces, en las tres provincias donde las operaciones mineras ilegales avanzan rápidamente. Una de esas causas recayó en el despacho del juez Clemente Paz Lara, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal, del cantón Francisco de Orellana, cuya provincia lleva el mismo nombre.
En agosto de 2023, el magistrado decidió excluir una prueba presentada por el fiscal Néstor Abel Gallegos contra Marlene Alicia P.S. y Luis Marco F.O. porque no la ingresó a tiempo. Dicha prueba era fundamental para el caso que llevaba el fiscal, así que retiró la acusación, según consta en un registro judicial. El juez Paz declaró el sobreseimiento de los acusados, pero el fiscal se quejó de la decisión ante la Corte Provincial de Orellana porque aseguró que él no había retirado su acusación. “Se le conmina (al fiscal) a ejercer su función con acuciosidad”, dice el fallo de esa Corte contra el fiscal.
No solo las causas relacionadas con las afectaciones a la flora y fauna o contra la minería ilegal tienen baja resolución. Ocurre lo mismo con la sustracción de hidrocarburos, la tenencia y el porte de armas, el tráfico de armas, armas de fuego o explosivos no autorizados y el almacenamiento o transporte ilegal de combustibles, en especial en zonas de frontera. De las 1.359 denuncias que han llegado a la Fiscalía por estos seis delitos, el 64% se encuentra en investigación previa, el 14% ha llegado a sentencia y el 22% restante está en otras fases judiciales.
Uno de los casos más llamativos tiene que ver con el tráfico de hidrocarburos y de sus derivados en zonas fronterizas. El combustible sirve para dos eslabones de la minería ilegal, explica Rivera, investigador de GI-TOC: para el funcionamiento de las retroexcavadoras, dragas y otras maquinarias y para el transporte del material mineralizado en camiones.
Napo, Orellana y Sucumbíos sumaron 351 denuncias por esos delitos en los últimos cinco años, de las cuales el 43% llegó a una sentencia. Es decir, es uno de los ocho delitos analizados que más han avanzado en su resolución.
Pero, ¿cómo se resuelven estos casos? En 2024, Danny Alfonso C.C. fue detenido en Sucumbíos con 30 galones de combustible y condenado a cuatro meses de cárcel, pero los jueces aceptaron la extinción de su pena y le ordenaron presentaciones periódicas ante una autoridad. Ese beneficio lo recibió también Luis Efrén T.L., quien fue detenido a finales de 2022 mientras conducía un camión con 1.000 galones de combustible en Joya de los Sachas, que está en la zona de influencia del río Punino, donde se ha desbordado la minería ilegal.
Esto sucede, explica el abogado Espín, porque la ley permite sustituir la condena por una figura similar a la libertad condicional. “No se están juzgando delitos mayores, se están juzgando delitos menores”, añade el jurista, para quien uno de los principales problemas es la falta de fiscales especializados en la delincuencia organizada en la Amazonía, una de las regiones más violentas del país.
En Ecuador, la Fiscalía tiene una sola Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT), que cuenta con 10 oficinas en Quito, tres en Guayaquil y dos en Cuenca. Es decir, ninguna está en la Amazonía, según el último informe de rendición de cuentas de esa institución publicado en julio pasado. De los 152 casos que ha investigado la UNIDOT en 2024, cuatro están relacionados con la Amazonía: los de los CFD ya mencionados, uno sobre uso ilegal de explosivos y otro sobre terrorismo. Ninguno es sobre minería ilegal.
La debilidad del aparato de justicia coincide también con la escasa voluntad política para combatir este delito. Esto lo reveló Plan V en la primera parte de esta investigación, donde se detalla cómo la inacción del Ejecutivo y Legislativo permitió ganar terreno al crimen organizado en Yutzupino y el Alto Punino. El único informe que existe al respecto en la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional data del 29 de septiembre de 2022. Allí se advertía el avance veloz e incontenible del fenómeno, pero nadie hizo nada.