El litigio territorial con el Perú, que configuró al país durante 168 años de diferencias, enfrentamientos e intentos de arreglo, culminó en Brasilia, el 26 de octubre de 1998.
El proceso de negociación diplomática que lo precedió, dio como resultado un conjunto de documentos que sirvieron para dar por terminado un diferendo histórico entre dos vecinos.
La firma de los acuerdos de paz de Brasilia fue corolario de una larga disputa, derivada de la indefinición de límites a partir del reparto de la herencia colonial, discutida desde el momento en que culminaron las batallas de independencia de España.
Hasta ese momento, la emancipación había sido un conjunto de actos de todos aquellos pueblos que formaban parte del mismo ente político colonial. El primer enfrentamiento, que marcó la disputa, se produjo inmediatamente después de la derrota de las fuerzas realistas en Ayacucho. Aconteció en el actual territorio ecuatoriano de Tarqui, en 1829.
A partir de entonces no hubo tregua: las discrepancias, discusiones y enfrentamientos —diplomáticos y militares— perfilaron el comportamiento internacional del Ecuador; modelaron la identidad ecuatoriana y configuraron la esencia misma de la historia ecuatoriana hasta fines del siglo XX.
La Segunda Guerra Mundial, para el Ecuador tiene una referencia particular. Desde mediados de 1941, provincias ecuatorianas del sur fueron invadidas, mientras la situación política interna era enfrentada y caótica.
Ante tan graves y desesperadas circunstancias, el Gobierno buscó auxilio internacional. Encontró oportunidad en la realización de la “Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas” celebrada en Rio de Janeiro, entre el 15 y 28 de enero de 1942.
La firma de los acuerdos de paz de Brasilia fue corolario de una larga disputa, derivada de la indefinición de límites a partir del reparto de la herencia colonial, discutida desde el momento en que culminaron las batallas de independencia de España.
Estados Unidos había impulsado esa reunión para alcanzar la unidad continental y obtener el respaldo ante su incorporación al bloque aliado que combatía contra países del eje liderados por la Alemania nazi.
Ante este panorama mundial, lo que menos importaba era la situación por la que atravesaba un país pequeño, sin peso internacional, sin fuerza ni cohesión interna, frente a fuerzas mejor equipadas y determinadas a dominar los principales puntos geográficos del Ecuador.
El 29 de enero de 1942, concluida la reunión continental, surgió un “Protocolo” de límites. La “negociación” de ese tratado se produjo con tropas extranjeras en territorio ecuatoriano. Para reafirmar el acuerdo, lo suscribieron cuatro “garantes”: Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.
De este modo se dio por concluido, rápidamente, un problema regional, que daba prioridad a la unidad panamericana. Para el Ecuador, se cerraba la posibilidad de conseguir su permanente aspiración territorial amazónica. El hecho fue calificado como acto de injusticia.
Los Estados Unidos —y los demás garantes— a quien se había acudido con esperanza, en ese momento, de guerra mundial, no se encontraban en condiciones de atender el problema ecuatoriano.
De esta parte, con resignación, el Legislativo ecuatoriano aprobó y el Gobierno ratificó y ejecutó el Protocolo.
Con el paso del tiempo, se buscó fórmulas que pudieran revertir ese hecho injusto. Se lo hizo a través de cuanto medio estuvo disponible. Junto a esa búsqueda, el tema se convirtió en cuestión central de política interna. La nulidad, la inejecutabilidad, la transacción honrosa fueron expresiones de insatisfacción del espíritu nacional.
El ambiente internacional de la Guerra Fría resultó un escollo para que las objeciones ecuatorianas fueran debidamente atendidas, respecto de un instrumento que irritaba la relación binacional, perturbaba la política interna e incrementaba los gastos nacionales.
La guerra en el Cenepa, de 1995, mostró los costos y límites del enfrentamiento. Factores internos y externos en los dos países hacían que se mire la conveniencia de una solución.
Solamente luego de la aparición del petróleo en el oriente ecuatoriano hubo una mejora en la capacidad económica y militar del Ecuador. Así, el país enfrentó los avances en el sector Zamora Chinchipe, un accidente geográfico señalado en el Protocolo, pero no delimitado desde los años cincuenta.
La diplomacia ecuatoriana se había empeñado en erosionar la afirmación peruana de la inexistencia de un conflicto y procurar la incorporación de terceros en la solución. Tal fue la propuesta de un arbitraje papal, que condujo a la primera visita de un presidente peruano al Ecuador.
La unipolaridad facilitó la referencia de valores y principios con los que se iba a organizar el mundo a escala global. La solución del conflicto ecuatoriano-peruano se perfilaba en el marco de un nuevo orden internacional formado en la posguerra fría.
Se promovía la estabilidad económica y la apertura de mercados en el hemisferio. Se impulsó el Consenso de Washington, receta divulgada como una senda de progreso económico y solución a los serios problemas sociales de la región.
La guerra en el Cenepa, de 1995, mostró los costos y límites del enfrentamiento. Factores internos y externos en los dos países hacían que se mire la conveniencia de una solución.
La persistencia de una disputa armada entre países vecinos resultaba incompatible con la agenda regional, y debilitaba la imagen de un orden hemisférico capaz de resolver conflictos por vías diplomáticas.

Con esa premisa, hubo un cambio en la base de la disputa. El uso de la fuerza no garantizaba una solución definitiva y, por tanto, reducía la credibilidad de la opción militar para cerrar el litigio.
Perú y Ecuador atravesaban etapas de gran inestabilidad política. Los impactos del enfrentamiento militar se producían en contextos de restricciones crediticias, incrementada por la crisis rusa y asiática y fuerte presencia del fenómeno de El Niño (1997-1998).
En el ámbito económico, de otra parte, habían ganado espacio los propósitos de apertura de mercados y liberalización comercial, beneficios a las inversiones e impulso a la integración, cuestiones que reforzaban los incentivos para una solución.
El cese al fuego convirtió el enfrentamiento militar en un proceso negociador, al adoptarse el acuerdo diplomático “Declaración de Itamaraty”. El Ecuador reconoció el Protocolo y, de manera pragmática, manifestó que éste constituía una realidad.
Los acuerdos fueron consecuencia de un trabajo diplomático profundo y de gran escala, que abarcó, con notable imaginación, fórmulas que satisfagan las mayores aspiraciones ecuatorianas.
El apoyo a la paz se produjo sobre la base de una firme acción militar y un intenso trabajo diplomático. No era la década de los años cuarenta del siglo XX, en que la movilización panamericana estuvo asociada a la emergencia de la guerra mundial.
La participación de Estados Unidos en el proceso de solución al problema ecuatoriano peruano fue, a diferencia de 1941, sostenida, activa, dinámica y de alto nivel. Igual, la relevante acción de Brasil, de coordinación, junto a los otros garantes que apoyaron, desde el inicio, la separación de fuerzas y la creación de las condiciones diplomáticas para un acuerdo.
En un espectro más amplio, Washington, a través de su Estrategia de Seguridad Nacional para el siglo XXI (1997) concebía la paz, la resolución de conflictos, la estabilidad y la apertura económica como piezas para la construcción de un hemisferio integrado de democracias de libre mercado.
Evidentemente, los acuerdos fueron consecuencia de un trabajo diplomático profundo y de gran escala, que abarcó, con notable imaginación, fórmulas que satisfagan las mayores aspiraciones ecuatorianas: una visión que comprendió desde cuestiones políticas, militares, de seguridad; económicas, comerciales y comunicacionales.
La firma de la paz en Brasilia, en octubre de 1998, cerró un problema en el ámbito internacional. La paz ecuatoriano peruana ingresó como ingrediente necesario a fin de contribuir a una estabilidad positiva y ventajosa, no solamente para los dos países sino como requerimiento para ser beneficiarios de una tendencia que se imponía para la integración regional, en un contexto de globalización y de unipolaridad.
(*) Ex Vicecanciller
