El voto nulo es legítimo, pero en una elección de mayoría simple casi nunca castiga a quien va adelante: lo favorece. Según el artículo 147 del Código de la Democracia, una elección solo se anula si los nulos superan la suma de los votos de todos los candidatos. Manabí es la excepción deliberada: Rafael Correa apostó a que el nulo supere a todos los candidatos para repetir la elección de prefecto. Si falla, la provincia tendrá un prefecto elegido con menos votos y el correísmo arriesgará sus alcaldías por arrastre. En Quito, Guayaquil y el CPCCS, el nulo del descontento se suma a la misma aritmética.
A nueve días de los comicios, el voto nulo maquillado como voto protesta puede ser un salto al vacío. Expliquémoslo: El artículo 147 del Código de la Democracia anula una elección solo cuando los nulos superan la votación de la totalidad de candidatos de esa dignidad en la circunscripción. No basta con superar al ganador. La consigna correísta del «50 % más uno» simplifica una regla que, en la práctica, exige que el nulo sea la mayoría de lo que se vota.
¿Por qué el nulo de protesta favorece al que va adelante?
Alcaldías y prefecturas se ganan por mayoría simple, en una sola vuelta. Si un candidato tiene 30 de cada 100 votos y la oposición suma 45 repartidos en tres listas, cada opositor que anula no le resta un voto al primero: se lo resta a quien podía alcanzarlo. Esa aritmética premia a quien enfrenta una oposición fragmentada, sobre todo si tiene una sola marca nacional, un liderazgo que no necesita estar en la papeleta y una agenda del Estado que coincide con el calendario electoral.
Las encuestas: “Dudo, luego pienso, luego existo”
En una campaña fragmentada, polarizada, repleta de noticias falsas, desinformación y campañas a lo cerdo, las encuestas no solo describen el clima: también ayudan a producirlo —aunque algunos consultores se empeñen en negarlo—. Por eso conviene leer cada cifra con su ficha técnica al lado; no se trata de descalificar a ninguna firma, sino de entender por qué, en el Ecuador de hoy, cinco factores pueden alejar un número de lo que dice retratar.
Primero, a quién se pregunta. CIEES (7 y 8 de noviembre, 820 casos: 400 en Quito y 420 en Guayaquil) registra un 62,4 % que ve mala o muy mala la situación del país y califica positivamente la gestión presidencial en 38,1 %: 34 % en Quito y 42,1 % en Guayaquil. La propia firma llama «consolidado referencial» a esa cifra, porque suma dos ciudades, no el país. Pivot (6 y 7 de noviembre, 760 casos) mide 49 % de aprobación, pero solo en Guayaquil urbano; CB Global Data (4 al 9 de noviembre, 2.015 casos), 47,8 % de imagen positiva nacional. No se contradicen: preguntan cosas distintas a poblaciones distintas.
Segundo, cómo se pregunta. Click Report (18 al 22 de septiembre, 380 casos en Quito) simuló la papeleta: 27,18 % marcó nulo y 13,44 % blanco, y en otra pregunta el 73,44 % dijo no haber decidido su voto. Una semana después, AtlasIntel (1.201 casos) halló 8,9 % de blanco o nulo. Misma ciudad, días de diferencia: 40,6 % frente a 8,9 %. En Guayaquil, ese mismo septiembre, Click captó 26,25 % de nulo y AtlasIntel, 6,1 % de blanco o nulo. No cambió el electorado; cambió la pregunta. Es plausible que buena parte de aquel nulo fuera indecisión temprana más que rechazo consolidado, pero sin el cruce entre ambas respuestas no puede probarse.
Tercero, cuántos responden. Con 380 casos, el margen de error ronda los cinco puntos hacia cada lado; con 1.358, tres. Una ventaja de tres puntos con un margen de tres no es una ventaja: es un empate.
Cuarto, cómo se recoge el dato. La medición de noviembre en Quito circuló con tres nombres que son uno: AAP Advertising es la razón social de Talismán, representante de AtlasIntel en Ecuador. Su ficha (2 al 11 de noviembre, 1.358 casos) declara entrevistas presenciales con muestra probabilística. Si la de septiembre fue en línea, como suele trabajar AtlasIntel ¿la comparación mezcló instrumentos? Y en ciudades bajo estado de excepción, donde el miedo ha sido este año una de las emociones dominantes, contestar a un desconocido en la puerta de la casa no es lo mismo que hacerlo frente a una pantalla: es razonable esperar más reserva o respuestas «seguras».
Quinto, qué llega al lector. La medición de noviembre en Quito se difundió en prensa. Aunque la encuestadora sí publicó su ficha en su sitio, cuando la ficha no viaja con el titular ni el análisis o su lectura, el ciudadano recibe una cifra sin contexto, una noticia incompleta y la equidad de la contienda puede resentirse.
En las últimas encuestas difundidas, Burbano habría subido casi diez puntos, más de lo que bajaron juntos el nulo y los indecisos, y antes de la campaña formal. Pero su presunta ventaja sobre Muñoz iguala el margen de error: la propia encuestadora la considera no concluyente.
Cuatro dudas, ninguna conclusión
Voto útil: el voto disperso se concentró en los punteros. ¿Por qué sobre todo en uno?
El poder en vitrina: ¿cuánto pesan el Gobierno, el presidente y sus candidatos?
El desgaste del adversario: la contienda se trasladó temprano de la política electoral a la política judicializada.
En medios y redes sociales, el debate se ha volcado sobre si la fiscalización es una coincidencia o una campaña por otros medios. El elector debe elegir entre la narrativa judicial o la de victimización.
La inseguridad en la agenda habla de gestión, pero los resultados no son alentadores, no sirven todavía para inclinar una votación.
Un dato que no cuadra. Según una encuesta, la calificación positiva de la gestión presidencial en Quito bajó de 44 % en septiembre a 34 % en noviembre: diez puntos, casi los mismos que habría ganado el candidato oficialista en la capital. O el voto por Burbano no es un voto por el Gobierno, o alguna medición no retrata lo que dice retratar.
Quito: la carrera que el nulo puede definir
En una ciudad que en 2023 eligió alcalde con el 25 % y en una carrera apretada, el nulo del votante antioficialista acerca al oficialismo al triunfo, y el voto anti-Muñoz que se anula le sirve al alcalde. El rechazo que no encuentra dónde posarse puede terminar sumando a quien ya tiene marca.
Manabí: la apuesta de Correa y sus riesgos
Excluidos Luisa González y Jaime Estrada tras objeciones de ADN, la Revolución Ciudadana llamó a votar nulo el 13 de septiembre. El 23 de octubre, tras la detención de González, Correa insistió: «Ahora, con más ganas, a votar nulo».
El dato verificable: en 2023, el nulo para prefecto de Manabí fue de 10,33 %, y Leonardo Orlando ganó con 42,91 %. Los riesgos son tres:
El umbral: el nulo debe superar a todos los candidatos juntos, no solo a Marcos Zambrano, de ADN.
El arrastre: muchos votantes rurales marcan igual todas las papeletas. Hay un enorme riesgo para el correísmo: perderlo todo en lo provincial y cantonal; si el nulo sube mucho sin ganar, el correísmo mostrará músculo, pero el cargo será de otro.
Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026, recordó en una entrevista que el célebre «pienso, luego existo» tiene una versión ampliada que casi nadie cita: «dudo, luego pienso, luego existo». Con las encuestas de esta campaña ocurre lo mismo: circula la cifra y se omite la duda que debería precederla. Antes de convertir un porcentaje en tendencia, conviene preguntar quién lo midió, cómo, a quién y por encargo de quién. Dudar de una encuesta no es descalificarla: es la condición para pensarla.
El nulo fuera del correísmo
El 12 de noviembre, organizaciones sociales anunciaron una campaña por el nulo en las tres papeletas del CPCCS, por presunto favoritismo hacia ciertos aspirantes. Tienen base: en 2023 ningún candidato al CPCCS superó al nulo, y aun así el Consejo se integró. El rechazo quedó registrado; el poder lo ejercieron los mejor organizados. El malestar tiene además un motivo de fondo: el Consejo se renueva a tiempo, pero no renueva a otros actores claves del sistema político y jurisdiccional. Seis instituciones esperan autoridades que este pleno no llegó a elegir.
La agenda oficial en tiempo de campaña: combustibles, FMI y Sacha
El Decreto 531: baja cinco centavos la Extra, la Ecopaís y el diésel desde el 12 de noviembre, día en que empezó la campaña: la Extra pasa de USD 3,17 a 3,12. Desde julio suma 19 centavos de rebaja, pero el galón sigue 45 centavos por encima de enero, un alza de 16,9 % en el año.
FMI: El 9 de noviembre se anunciaron dos acuerdos técnicos: USD 380 millones por la sexta revisión y un programa nuevo de USD 710 millones, ambos pendientes de la aprobación del Directorio.
Sacha: lo anunciado, lo firmado y un patrón de larga data: El 2 de noviembre, feriado en Ecuador, Petroecuador y la estatal emiratí ADNOC suscribieron, durante la feria ADIPEC, un acuerdo marco que abre la negociación de un contrato para el Bloque 60, el campo más productivo del país. Cuatro días después, se anunció en una entrevista radial un contrato de servicios con USD 300 millones por adelantado, un compromiso de inversión de USD 4.855 millones y un plazo de 15 años prorrogables cinco más, para elevar la producción de unos 70.000 a 150.000 barriles diarios.
Esas cifras no constan en lo firmado. Según El Comercio, el acuerdo marco mantiene a Petroecuador como operador, pero no fija montos, plazos ni metas. Ecuador Chequea verificó que, hasta el 9 de noviembre, no se había confirmado ninguna adjudicación ni contrato. Tampoco se ha informado cómo se elegirá al contratista, lo cual es un punto relevante: en el acuerdo comercial con Estados Unidos, Ecuador se comprometió a hacer licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluido Sacha.
La historia del campo explica la cautela. Es el quinto intento, en cuatro gobiernos de distinto signo, de entregarlo a terceros:
2016: en plena urgencia de liquidez preelectoral, el gobierno de Correa negoció en reserva cederlo por 20 años a la china CERCG, a cambio de un anticipo de al menos USD 1.500 millones. El caso fue denunciado y se estimó una pérdida de USD 9.200 millones para el Estado. No se concretó. 2019: hubo un concurso con doce empresas interesadas, suspendido a inicios de 2020 para que el campo siguiera en manos estatales.
En una ciudad, como Quito,que en 2023 eligió alcalde con el 25 % y en una carrera apretada, el nulo del votante antioficialista acerca al oficialismo al triunfo, y el voto anti-Muñoz que se anula le sirve al alcalde.
2021 a 2023: se ofreció en foros de inversión y se anunció una licitación que nunca se realizó.
2025: se adjudicó de forma directa y sin concurso al consorcio Sinopetrol. La Asamblea rechazó la decisión con 68 votos, el Ministerio de Finanzas había advertido riesgos fiscales y la Comisión Nacional Anticorrupción la calificó de falta de transparencia. Como el consorcio no pagó a tiempo la prima ofrecida de USD 1.500 millones, el Gobierno le notificó que no firmaría el contrato. Sinopetrol nunca operó Sacha, que sigue en manos de Petroecuador.
El país ya conoce el costo de negociar primero y explicar después. El 28 de agosto, la Corte Nacional condenó en primera instancia al expresidente Lenín Moreno a cinco años de prisión por cohecho en el caso Sinohydro, junto con otras 19 personas. Según la Fiscalía, la red cobró USD 76,1 millones en sobornos ligados a Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país. La obra se recibió en abril de este año, una década después y con miles de fisuras. Ecuador reclamaba USD 580 millones en un arbitraje internacional, pero lo cerró con un acuerdo: USD 200 millones de compensación y la operación de la central en manos de PowerChina, la matriz de la propia constructora. Las objeciones de expertos en el sector enérgetico, y de algunos sectores sugiere la persistencia de un patrón: primero se negocia, y luego se informa.
Votar bajo estado de excepción
La campaña arrancó con dos candidatos y un periodista asesinados, y con ocho provincias bajo estado de excepción. Toque de queda (1 al 10 de noviembre). 2.627 aprehendidos en cinco provincias, 846 por incumplir la restricción.
Decreto 532 (11 de noviembre). Renueva por 30 días la excepción en las ocho provincias, sin toque de queda. Registra 322 homicidios intencionales en esas provincias, del 14 de octubre al 01 de noviembre de 2026. Desde enero de 2024 suman 26 estados de excepción. Ley Antimafias. Aprobada el 9 de noviembre: la acumulación de penas podrá llegar a 60 años.
El encuadre oficial mide el éxito por aprehensiones, pero los decretos describen una violencia que persiste. Esa tensión es la que el votante de la Costa podría llevar a la urna el 29 de noviembre. Cuando la protección formal no impide el crimen, el miedo empuja al ausentismo o al nulo. Se espera que la Policía y la Fiscalía esclarezcan los crímenes de Huaquillas y Calceta, cuatro víctimas en dos antes del 29. El CNE y la misión de la OEA deben publicar un mapa de riesgo de recintos.
Árbitros prorrogados
Los cinco vocales del CNE siguen en funciones prorrogadas: dos debían ser reemplazados en noviembre de 2021, y el periodo de todos venció en noviembre de 2024. El 12 de noviembre, un juez de Samborondón suspendió por tercera vez el concurso para renovar a dos vocales, con una medida cautelar dentro de una acción de protección, cuatro días antes del examen de los 162 postulantes. La audiencia que decidirá el caso aún no tiene fecha.
CPCCS. Su presidente, Andrés Fantoni, y los consejeros Jazmín Enríquez, Jhonny Escobar y Johanna Verdezoto están en licencia sin sueldo del 12 al 26 de noviembre, en campaña por la reelección. Con cuatro de siete vocales fuera, el pleno suspendió sus actividades por quince días.
Asamblea. En receso desde el 12 de noviembre; prevé volver el 30. El 27 de octubre aprobó, con 83 votos, un informe que alerta sobre el patrimonio de 95 alcaldes y prefectos, con los nombres en reserva para proteger la presunción de inocencia. Un informe sobre 95 autoridades sin nombres, en vísperas de una elección local, siembra sospecha general sin probar nada caso por caso, y beneficia a quien compite contra los alcaldes en funciones.
El voto nulo es protesta solo donde puede ganar; en el resto del país, es un atajo para quien va adelante. Tres actores son responsables: el CNE, que debe explicar el artículo 147 tanto como enseña a marcar la papeleta; los medios, que deben corregir la consigna del «50 % más uno»; y la oposición, que debe dejar de esperar que el descontento haga el trabajo que su dispersión no hace.
Según CIEES, el 40,2 % de los encuestados en Quito y Guayaquil dice que sus ingresos alcanzan justo para los gastos, y solo el 9,4 % logra ahorrar. Quien llega a fin de mes con lo justo no tiene tiempo para marchar. Por eso el nulo se ha vuelto la protesta de quien no protesta: no cuesta nada, no expone a nadie y deja constancia del rechazo. Su límite es que la constancia no gobierna: el malestar que se anula se convierte en votos que nadie tuvo que conquistar. La pregunta no es si el ciudadano tiene derecho a anular, porque lo tiene, sino si sabe a quién le regala la diferencia.
