El aluvión de La Gasca, de acuerdo al informe técnico de la Universidad Central, obedeció a fuertes precipitaciones producidas a fines de enero de este año. Algo que destaca el informe son los asentamientos urbanos en zonas de riesgo. Su recomendación es que en esos predios colapsados no se edifiquen nuevas construcciones. Es indispensable, agrega, un plan de ordenamiento territorial de las áreas afectadas para “mitigar la erosión de taludes naturales, control de inundaciones, deslizamientos y avalanchas”.
Entre los antecedentes, anota, “la ocupación masiva y desordenada de las laderas del volcán Pichincha”. Además de los factores naturales de erosión y deslizamiento de taludes, el informe constata que “las zonas urbanas de La Comuna, La Gasca, Pambachupa alteran los usos y cobertura de suelos naturales provocando incremento de escorrentía superficial y aumento de vulnerabilidad ante amenazas de inundaciones”. Recomienda, realizar acciones, a corto y largo plazos, como parte de una “gestión integral de las cuencas hidrográficas y la conservación de las laderas del Pichincha, para prevenir la erosión del suelo con el fin de disminuir o evitar futuros deslizamientos de tierra”.
Queda claro, entonces, que el aluvión fue producto no solo de factores naturales sino de los asentamientos humanos en zonas de riesgo. ¿Cómo fue posible que esto se produjera? ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades municipales que lo permitieron? La falta de previsión es clamorosa, agravada por la falta de estudios técnicos. Es evidente que la improvisación campea. También el clientelismo político que se desborda con el electoralismo.
Pero el problema no es solo local. Los reclamos del presidente de la República, Guillermo Lasso, al alcalde de Balao, Jonathan Molina, en términos de grueso calibre, “por no tener los estudios listos para obras de remediación”, dan cuenta de que el mal detectado en La Gasca es nacional: falta de estudios técnicos, de previsión y de planificación.
“El alcalde no tiene claro ni cuánto cuesta un puente, ni cuanto cuesta el dragado. Señor alcalde con mucho respeto, como hablamos claro en la Costa, desahuévese. Necesitamos acción”.
El presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, Francesco Tobacchi, replicó al presidente y no se quedó atrás: “Para nosotros sería muy fácil también pedirle, con todo respeto, que desahueve al Gobernador del Guayas, (…) ayer tuvimos otras cinco muertes”.
¿En dónde queda la oferta de campaña de una reforma política? ¿La anunciada consulta popular responderá a esa demanda ciudadana? ¿Cómo elevar la calidad de la representación política? ¿Cómo evitar que las instituciones se enreden en prácticas que minan su razón de ser?
Lo que acontece con relación a las catástrofes naturales y a la incapacidad de prevenirlos o remediarlos, también ocurre en el campo político. Hay una debacle institucional derivada de la Constitución del 2008. Un Consejo de Participación Ciudadana, creado en esa carta política, que fue, desde su inicio, controlado por el gobierno del ex presidente Correa, con un poder inusitado. Tiene como función, nada menos, que designar defensor del pueblo, fiscal, contralor, consejeros electorales, superintendentes, consejeros de la Judicatura. Y lo está haciendo, hoy, en base a procedimientos cuestionables.
Pese a ser un organismo poco democrático, dado que ni promueve la participación ciudadana, ni ejerce control social sobre la corrupción, sigue existiendo y mantiene ese poder para designar autoridades que respondan a intereses inconfesables. Promueve, así, el despilfarro de los recursos públicos y la ineficiencia administrativa. Estamos presenciando una lucha interna que desacredita aún más a este malhadado ¿gremio?, inventado por el correísmo.
El Consejo Nacional Electoral designado por dicho Consejo, ya prepara las elecciones seccionales para febrero del 2023, no obstante, las críticas sobre el Código de la Democracia y la ley electoral. Y nos aprestamos nuevamente a rubricar un sainete electoral, con más de doscientos partidos y movimientos políticos, que están muy lejos de serlo. Son clubes electorales, la mayor parte, con honrosas excepciones, de donde saldrán candidatos de baja calidad. El deterioro institucional será su principal resultado.
Pese a ello, igual que con los aludes naturales, no hacemos nada para evitar que se consuma una nueva catástrofe. El correísmo está ganando la partida. Las fuerzas políticas anticorreistas se cruzan de brazos y, aunque son conscientes de la existencia de un entorno institucional que se presta a la manipulación y a la mediocridad, se allanan a él, a sabiendas de que con ello se está socavando la credibilidad y legitimidad de la democracia.
Sergio Berensztein en La Nación, discurre acerca de la mala praxis, la improvisación y la mediocridad. A propósito de los líderes políticos, se pregunta ¿Cómo disminuir la posibilidad de que se equivoquen, digan macanas, se comporten infantilmente y nos hagan quedar mal como sociedad? Y se responde: por medio de “exigir estándares más elevados, preparación y responsabilidad por parte de los líderes”. Ello implica “dotar a las instituciones públicas del talento necesario” para acortar esos daños. Única manera de garantizar el desarrollo de las instituciones, con diseños que obliguen a involucrar a otros actores. En ello reside la fuerza de la democracia.
En un marco de pluralismo y estabilidad institucional, de distintas formas de participación, entre las que figuran, el voto, los partidos políticos, el debate público sobre los temas de agenda, es posible ordenar las demandas de la ciudadanía, en base al conocimiento de los puntos de vista de los distintos actores políticos y sociales, y formular programas de gobierno que den cuenta de ese “mapa contingente de preferencias”.
¿En dónde queda la oferta de campaña de una reforma política? ¿La anunciada consulta popular responderá a esa demanda ciudadana? ¿Cómo elevar la calidad de la representación política? ¿Cómo evitar que las instituciones se enreden en prácticas que minan su razón de ser?
En escenarios de crisis, como la que está viviendo el Ecuador -y al parecer, otros países de la región- sostiene Berensztein, “las personas hacen la diferencia”. A través de la “templanza, la capacidad para absorber y procesar información cuantiosa y a menudo compleja, la inteligencia emocional para evitar reacciones intempestivas o, simplemente, la habilidad para no sentirse abrumado frente a la realidad”.
El país no puede mirar impávido la marcha de la democracia hacia el barranco. Cabe definir acciones de corto, mediano y largo plazos para eliminar estas trabas institucionales que rebajan la calidad de la representación y la solvencia de las instituciones. Ello es tarea conjunta de las tres funciones del Estado. Hay que eliminar la falacia de los cinco poderes del Estado para fortalecer la institucionalidad democrática.