El caso que involucra al alcalde Aquiles Álvarez, a sus hermanos y a su gallada más cercana es la demostración más palpable de la frivolización de la política en que ha caído el país. Es decir, del manejo de los asuntos públicos como si se tratara de un club de amigos o una tienda de barrio. No nos referimos al patrimonialismo clásico, esa práctica que administra los asuntos públicos como si fueran propiedad privada, y donde las viejas familias oligarquías apuntalan su poder. Aquí asistimos a algo aún más informal.
Es tal la trivialidad con la que los hermanos Álvarez han manejado sus negocios que ahora han metido en la colada a un prestigioso equipo de fútbol. Este rato ya no se sabe dónde empiezan y dónde terminan los negocios familiares, la administración del club Barcelona y la conducción de la Alcaldía de Guayaquil. Todo se mezcla y se difumina. A la voz del carnaval es la frase que explicaría el enredo político y jurídico de los casos Triple A y Goleada.
El asunto, no obstante, tiene implicaciones mucho más profundas que las del simple escándalo público. El Ecuador está regresando a ese estado de república bananera con el que los países del Norte estigmatizaron a la mayoría de las naciones de América Latina, y cuya principal característica han sido las instituciones de plastilina: cada grupo o personaje con poder, por más efímero y transitorio que sea, se siente facultado para moldear esas instituciones a su antojo. Un ministro hace con su ministerio lo que le viene en gana; una autoridad local maneja el presupuesto de su gobierno sin la más mínima planificación ni racionalidad, hasta que venga el siguiente a hacer lo contrario.
El proceso judicial en contra de los hermanos Álvarez y compañía es el reflejo de la total descomposición del sistema judicial. Nadie a estas alturas tiene la certeza de que los acusados puedan tener alguna responsabilidad en el cometimiento de los delitos imputados, o que simplemente sean perseguidos políticos, como argumentan sus defensores y simpatizantes. Con una justicia tan venida a menos, resulta imposible juzgar a una autoridad de elección popular, por más culpable que sea. Siempre quedará la duda respecto de la imparcialidad de jueces y fiscales, de la injerencia del gobierno, de las presiones extrajudiciales. La politización de la justicia es una condición tan real como ambigua: puede servir para condenar inocentes tanto como para absolver culpables.
El escenario es dramático porque no hay visos de solución. Al contrario, el deterioro de las instituciones de justicia aparece como un proceso irreversible. Sobre todo, porque los encargados de solucionar las deficiencias son la principal causa del problema. Entre el correísmo y el noboísmo se están disputando la copa mundial del autoritarismo y la corrupción. Y ambas fuerzas políticas controlan los principales espacios de decisión del país.