El debate sobre la libertad de prensa y expresión en Ecuador se intensifica en un contexto de polarización política marcada por las tensiones recientes. Desde el triunfo electoral del correísmo en 2007 hasta la fecha, se observa una deriva autoritaria -o por lo menos intolerante frente opiniones diferentes o a abiertas disidencias- la misma que, permanente, ha buscado controlar la agenda pública mediante influencia la publicidad y la propaganda, pasando por presiones institucionales hasta llegar a la judicialización de presuntos infractores, casi siempre, periodistas o medios incómodos al poder.
El gobierno de Rafael Correa (2007-2017) instauró mecanismos de control como la Ley Orgánica de Comunicación (LOC, 2013), calificada como «ley mordaza» por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por regular contenidos y sancionar críticas. Se creó la Superintendencia de Comunicación (Supercom), para fiscalizar medios. Entre los años 2013-2015 esa entidad ejecutó 506 procesos contra medios (reportados hasta junio); principalmente privados, imponiendo 313 sanciones totales, de las cuales 185 fueron multas por cerca de USD 274.000 (o USD 273.938 nominales). De la SIP, se registraron 270 procesos hasta febrero 2015, con 231 contra privados y mayoría por quejas de funcionarios. Esto generó un monto recaudado inicial de unos USD 201.596, confirmando el impacto económico selectivo, y la polarización del ecosistema mediático: medios privados como oposición versus públicos como enclaves de propaganda de gobierno.
La polarización, lejos de situarse en una dimensión, creció conectándose con todos los espacios de información, comunicación, gobernanza y participación social, devastando la credibilidad institucional del estado. La “partidocracia” se acuñó en ese período como sinónimo despectivo e indiscriminado sobre partidos y políticos tradicionales (el “viejo Ecuador” de ese entonces), y licuando las percepciones de apoyo y credibilidad de amplios sectores de la sociedad frente a sus gobernantes.
El impacto de ese bucle no se detuvo al finalizar el mandato de Rafael Correa el 2014, sigue presente en un entarimado que repite los mismos vicios que se le endilgaron a los “refundadores” correistas, aunque algunos de sus actores -hoy añejos exdefensores de la libertad de prensa- cohabitan alegremente con los contemporáneos censores. La connivencia de sus mutuos intereses ha sido absolutamente perniciosa sobre la democracia.
Varias fuentes destacan conflictos por corrupción y mayor control estatal sobre el periodismo; incautaciones, sanciones desproporcionadas, desinversión o hasta compra de medios son parte del itinerario para acallar, censurar y establecer el dominio feudal de la opinión publicada. Fundamedios documentó más de 170 agresiones en 2025 (hasta noviembre), incluyendo amenazas, ataques físicos, procesos judiciales y censura, sumando 3.977 desde 2008. Informes anuales posteriores elevan la cifra a 230, con 114 por agentes estatales como principal agresor., incluyendo amenazas, ataques físicos, procesos judiciales y censura. En el paro nacional de octubre 2025, se documentaron 54-55 casos, 37 por agentes estatales afectando a 26 periodistas y medios indígenas. Entre 2005-2025, se cuentan 14 periodistas asesinados, con 3 en 2025 (Patricio Aguilar, Xavier Ramos, Fernando Álvarez). Además, 16 periodistas exiliados entre 2023-2025 por amenazas.
Durante casi dos décadas, la intransigencia, el fanatismo, el sectarismo, la exaltación, los discursos de odio y los de resistencia han sido la norma, no la excepción. Los llamados al diálogo, la reconciliación y a la unidad nacional son fraudulentas promesas en los discursos de políticos, una vez instalados como gobernantes. Amplificadas desde las redes sociales, la estigmatización de “los demás” (“los que no piensan como nosotros son enemigos del cambio”) es el menú cotidiano de la interacción entre calculadores dirigentes con activistas sociales y prensa no cooptada.
En su “década ganada”, Correa usó discursos infamantes que fomentaron agresiones. Sucesivos gobernantes han utilizado exactamente el mismo libreto, son los aplicados réplicos de quienes años atrás demandaban por difamación a contradictores o a periodistas independientes. Hace pocos días, se emitieron directrices militares para «evaluar» periodistas por «posición contraria”, con el objetivo de elegir quiénes son aptos o no para recibir información oficial, reeditando la misma directriz que el secretario de la Administración en el mandato del coronel Lucio Gutiérrez, expresidente ecuatoriano, pretendió impulsar desde Carondelet.
La censura no es una práctica nueva, es una antigua herencia que hoy, bajo el imperio de las redes sociales brilla por su inutilidad, a no ser que el agraviado personaje tenga una billetera capaz de manipularlas pautando en las diversas plataformas digitales. Las alertas a organismos de derechos humanos u observatorios de medios y periodismo, nacionales o internacionales, han sido persistentes durante estos años. En ese contrapunto, no pocas veces se han afectado también, injustamente la reputación personal, familiar o profesional de funcionarios públicos —obligados a bancarse la granizada de opiniones, burlas o ataques aleves atrincherados en la impunidad de las redes sociales—, por el hecho de ser funcionarios públicos sujetos a la auditoría social. Son las esquirlas que abaten bajas colaterales.
“El capitalismo favorece todo lo privado, menos la vida privada”. (Irene Vallejo, académica, escritora y articulista de varios medios, entre ellos El País y el Heraldo) En el debate sobre límites a libertad de expresión en redes sociales, no pocos urgen reformar la LOC para contener abusos y equilibrar derechos, ante falta de una regulación clara. Las plataformas digitales amplifican la polarización, pero las directrices estatales y la procacidad de autoridades públicas en entrevistas o alocuciones públicas, generan el repliegue de quienes cuestionan la extralimitación, no solo por el temor a ser procesados o presionados desde el control sobre entidades judiciales, sino por sanidad mental.
El consenso para detener esta caída libre de la verdad, la reputación, el respeto a derechos humanos y a la intimidad personal, es mínimo frente a la incidencia de la polarización política y la desinformación, o lo que es peor aún, frente a las abiertas violaciones de normativas, leyes y tratados internacionales establecidos para proteger y organizar una convivencia social civilizada.
Gobiernos y opositores —que eventualmente llegan al poder— coinciden en el estilo y modalidad ya normalizada de agresiones que buscan adhesión, viralización y movilización. Esto refleja la necesidad de controlar agenda pública, priorizando «verdad oficial» sobre la independencia editorial. Las nuevas vacas sagradas no recuerdan cuando eran terneros, una vez se instalan en la administración pública y mugen zaheridas ante los troles y editorialistas que se ensañan con ellos —entre otras causas— porque han sido entrenados en el mal ejemplo exhibido por los políticos que son cualquier cosa, menos modelos virtuosos a seguir. En ese ambiente contaminado, se gobierna, se administra, se comunica y se dinamita el presente y el futuro, en el país.
El correísmo cooptó medios vía incautaciones acaparando radios, periódicos y TV, devenidos “medios públicos” administrados por sucesivos gobiernos. Nada ha cambiado para bien luego de estos años; el conflicto entre la «verdad oficial» vs. la percepción ciudadana erosiona la confianza y la lleva a su límite, debilitando también la credibilidad del periodismo en su conjunto. En ese vacío se instalan narrativas de control social. El deterioro amenaza la transparencia y eficacia de las elecciones del 2027 y la calidad de sus resultados.
La manipulación institucional y la violencia estatal asfixian la democracia al limitar el pluralismo, cooptando o —literalmente comprando— medios de prensa, lo que profundiza la crisis de credibilidad, incentiva la autocensura y alimentan el cerco informativo. La sociedad civil debe defender los derechos colectivos, y no ocuparse tanto de las interacciones generadas por mensajes nocivos que desnudan la enfermedad política de sus portadores: “Quien no contribuía en los debates, declaró Pericles, el gran estadista de Atenas, era considerado no como falto de ambición sino como absolutamente inútil”. En esa máxima caben no solo ciudadanos comunes, sino sus mediocres gobernantes. Al que le caiga el guante que se lo chante.