Cada día, las familias en Quito, Guayaquil y en todo el Ecuador enfrentan las devastadoras consecuencias de los siniestros de tránsito. Detrás de las estadísticas hay personas reales —padres, madres, hijos, hijas, amigos— cuyas vidas se pierden o cambian para siempre. Por eso hoy debemos enfrentar una de las causas más prevenibles de estas tragedias: el exceso de velocidad.
Según el Banco Mundial, a escala global el exceso de velocidad causa la muerte de más de 600.000 personas cada año, lo cual representa la mitad de todas las muertes por siniestros de tránsito. Ecuador no es la excepción. Hasta noviembre de 2025, más de 2.100 personas habían fallecido en las vías del país, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), lo que implica un aumento del 6 % respecto al año anterior.
Las muertes aumentaron un 17 % en Quito y casi un 24 % en Guayaquil, y en ambas ciudades —las más grandes del país— la velocidad es la principal causa de fallecimientos por siniestros de tránsito, según datos municipales. Estas cifras no son abstractas: representan vidas truncadas y familias destrozadas. Por ello, es fundamental resaltar la necesidad de una gestión eficaz de la velocidad para salvar vidas.
El exceso de velocidad incrementa la probabilidad de que ocurra un siniestro de tránsito y agrava de forma significativa sus consecuencias. No se trata solo de “alta velocidad”, sino de conducir más rápido de lo que es seguro para las condiciones o por encima de lo que permite la ley. Los límites de velocidad se establecen en función del uso de las vías para proteger a todas las personas. Además, una calzada mojada, el tráfico intenso o una curva pronunciada pueden convertir una velocidad aparentemente moderada en un riesgo mortal. Cuando ocurre un siniestro, una mayor velocidad implica menos tiempo de reacción, un campo visual más reducido, una mayor fuerza de impacto y lesiones más graves o muertes. Incluso pequeñas reducciones en la velocidad pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Hacer cumplir los límites de velocidad es una medida de prevención, no de castigo. Cuando las y los conductores saben que los límites son monitoreados y aplicados, reducen la velocidad. Ese cambio de comportamiento salva vidas. Si bien el control con sanción genera el mayor efecto disuasivo, Ecuador se encuentra actualmente en una fase de transición: los radares de velocidad donados a las ciudades de Guayaquil y Quito por la Asociación Internacional de Jefes de Policía se utilizan únicamente con fines educativos, mientras se levanta una prohibición temporal a las sanciones automatizadas.
Aunque el control educativo tiene un efecto disuasivo, es fundamental retomar las sanciones mediante radares de velocidad en Ecuador. Mientras tanto, las y los conductores deben tomar estas advertencias con seriedad, ajustar su comportamiento desde ahora y evitar futuras sanciones cuando el control vuelva a ser plenamente sancionatorio. Cada conductor o conductora que reduce la velocidad hoy ayuda a prevenir una tragedia mañana.
El actual control educativo envía un mensaje claro: los límites de velocidad son normas que salvan vidas. Primero, continúa fortaleciendo la confianza y la legitimidad del control de tránsito, al demostrar que las decisiones se basan en datos objetivos y no en la discrecionalidad. Segundo, genera un efecto disuasivo durante este período intermedio, reduciendo riesgos y salvando vidas hasta que se restablezcan plenamente las sanciones. Este enfoque demuestra que el control no se trata de recaudación, sino de seguridad y equidad, sin dejar de lado la urgente necesidad de sancionar los comportamientos riesgosos en las vías sin más demoras.
Corredores prioritarios —como la Vía Perimetral en Guayaquil (55 muertos en todo 2025) y la avenida Simón Bolívar en Quito (28 muertes hasta noviembre de 2025)— ya cuentan con radares operando en modo preventivo. Estos esfuerzos deben mantenerse y ampliarse mientras el Gobierno completa los pasos técnicos para reinstaurar las sanciones automatizadas a inicios de 2026. Los municipios y la sociedad civil deben trabajar juntos para sostener la concienciación pública y el apoyo a estas medidas.
A las víctimas se las honra no solo con palabras, sino con acciones. Mientras, el Gobierno Nacional y las autoridades municipales de Ecuador completan el proceso de acreditación y restituyen el control automatizado, las y los conductores deben ver la fase educativa actual como una oportunidad para cambiar hábitos antes de que regresen las sanciones. La sociedad civil debe amplificar el mensaje de que la velocidad mata —y que reducirla salva vidas.
Invertir en el control de la velocidad es invertir en la vida. Es un compromiso con calles más seguras en Quito, Guayaquil y en todo el país; un compromiso que reafirma que cada trayecto importa y que cada vida cuenta.