En marzo de este año, un profesor de una Unidad Educativa del Cantón Rumiñahui daba clases cuando un padre de familia entró al aula y le rompió la nariz, luego de golpearle varias veces en el rostro con una manopla. El docente fue agredido delante de sus alumnos, por poner malas calificaciones a la hija del agresor. Ante este hecho deleznable, el Ministerio lanzó sus “protocolos de primeros auxilios psicológicos” y una denuncia en Fiscalía. Protocolos y procedimientos que realiza la máxima autoridad educativa nacional, sin duda, importantes y necesarios pero insuficientes, pues deberían tenerse procedimientos preventivos y de seguridad integral para el ingreso a los planteles. Es inadmisible un relato como el presentado, en el que un agresor llega hasta el salón de clases generando un evento que no solo impacta a la víctima sino también a las decenas de alumnos que recordarán por siempre esta felonía.
Pero la seguridad de los docentes debe darse no solo en la institución educativa, sino también en los alrededores del plantel, desde que llega al barrio donde trabaja, desde que toma el medio de transporte, en especial en zonas urbano marginales y barrios lumpenizados. Los docentes que trabajan en esos barrios han normalizado el riesgo de ser asaltados, lo consideran parte su actividad laboral, riesgo que se reduce a medida que se van haciendo conocer. Sin embargo, de un tiempo acá esto no es lo peor: los profesores, comerciantes, dueños de negocios o de unidades de transporte también son víctimas de la extorsión, son “vacunados” por los diversos Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que actúan en el país. Los maestros deben pagar su “vacuna” de manera inmediata luego de cobrar el sueldo.
Pero la “vacuna” no es la única amenaza. El amedrentamiento que realizan los GDO en los planteles es constante y se ejerce a diversos niveles, desde la demanda para que se modifiquen calificaciones, hasta el impedir que interfieran en el reclutamiento de estudiantes jóvenes, pasando por el cuestionamiento de la autoridad dentro de la institución educativa.
La mayoría de denuncias se da en cantones de las provincias de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí, aquellas donde tiene más presencia los GDO y que han obligado a decenas de maestros a solicitar ser cambiados de la institución educativa donde sirven e incluso a otros tantos a renunciar a la docencia. Sin embargo, en provincias de la sierra y en la ciudad Quito, también están presentes los GDO, se sabe que actúan en barrios del sur como La Ecuatoriana, Solanda, Nueva Aurora o Quitumbe y en barrios del norte como La Bota, Pisulí y el Comité del Pueblo. En esos sitios, aunque en menor número e intensidad, se dan diversas prácticas de intimidación a los docentes, por parte de padres de familia y de alumnos que son miembros de estos grupos delincuenciales.
Aunque el Ministerio de Educación manifiesta que trabaja en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para brindar seguridad a sus docentes especialmente en sectores calientes de Guayaquil, como Pascuales, La Trinitaria o Flor de Bastión, las dinámicas continúan. Es crucial para el país la seguridad de estos servidores públicos que, con su labor, aportan decisivamente a gozar de más jóvenes estudiando, quienes en el mediano plazo tendrán oficio o profesión y tener menos adolescentes formando parte de los GDO, que en el corto plazo terminarán en las cárceles o e en el cementerio.
El Ecuador tiene un déficit de 64 mil docentes. Si no se brinda seguridad, los que están renunciarán y aquellos que quisieran ejercer su vocación pensarán dos veces antes de inclinarse por esta profesión. Con ello crece el déficit de maestros, empeoran las condiciones de la educación pública y los niños y jóvenes, especialmente de los barrios más pobres del país, quedan a merced de una visión de futuro alejada de los libros y cercana a las armas.