La historia de Coca Codo Sinclair no se está cerrando, se está reescribiendo en tiempo real. Y lo hace en un momento particularmente delicado: cuando el Estado ecuatoriano se prepara para firmar la entrega-recepción definitiva de la mayor obra hidroeléctrica del país, aun cuando los documentos técnicos disponibles —los oficiales, los verificables— advierten que las condiciones para hacerlo están lejos de ser concluyentes: a lo largo de más de una década, la historia de esta central se ha configurado como un proceso continuo de advertencias técnicas, decisiones institucionales y respuestas incompletas, investigaciones fiscales con hallazgos inusuales e inclusive un ex presidente de la república y su familia procesados por hechos conexos.
No es un debate ideológico. Es un problema de consistencia entre lo que dicen los informes y lo que se está por firmar.
El origen de esta trayectoria se remonta al período comprendido entre 2012 y 2018, cuando se desarrollaron las fases clave del proyecto: la fabricación, el montaje e instalación de los componentes electromecánicos, así como la entrada en operación de la central. Desde esos primeros años, sin embargo, comenzaron a surgir problemas técnicos y controversias contractuales que incluso requirieron la intervención de instancias especializadas, como la Junta Combinada de Disputas. Este mismo periodo también concentró los costos iniciales de operación y los efectos derivados del funcionamiento de la infraestructura, que posteriormente serían objeto de análisis por parte de los organismos de control .
Sobre esta base, la Contraloría General del Estado llevó a cabo un examen especial que abarcó principalmente el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y abril de 2018. El resultado de este proceso se materializó en el informe aprobado el 1 de febrero de 2019 (Examen Especial DNA8-0001-2019), que constituye el documento técnico más relevante en la historia de control de la central hidroeléctrica. En este se analizaron aspectos contractuales, operativos, ambientales y técnicos, incluida la evaluación de los componentes electromecánicos y de las controversias surgidas durante su funcionamiento. El informe no solo identificó fallas, sino que estableció responsabilidades concretas: 29 glosas por más de 165 millones de dólares, 34 sanciones administrativas y un conjunto de 30 recomendaciones orientadas a corregir las deficiencias detectadas.
El Estado ecuatoriano no solo reconocía la existencia de problemas, también cuantificaba y asignaba responsabilidades. Sin embargo, el proceso no concluyó allí. Entre 2018 y 2019 se emitieron múltiples informes adicionales que reforzaron la evidencia de fallas estructurales y de gestión, consolidando un amplio cuerpo técnico que daba cuenta de un seguimiento sistemático de la obra. La Contraloría hizo su trabajo dejando en claro que el país y su “soberanía energética” estaban (y están) en riesgo. Sin embargo, estos extensos informes de la Contraloría General de Estado se convierten en letra muerta si no son acogidos o desvirtuados con la misma acuciosidad con que los motivó; no se puede olvidar que estas fallas no son el producto de un desastre natural, sino de procedimientos constructivos defectuosos, observados desde su inicio.
La fase posterior, sin embargo, introdujo el elemento más crítico de toda la secuencia: la brecha entre el diagnóstico y la acción. El informe de seguimiento, aprobado en agosto de 2023, reveló que la mayoría de las recomendaciones emitidas en 2019 no se habían cumplido plenamente. De las 30 disposiciones, solo cinco se consideraron ejecutadas en su totalidad, mientras que la gran mayoría permanecía en estado parcial. Este dato no es menor: implica que años después de haberse identificado los problemas y de haberse establecido las medidas correctivas, las condiciones técnicas y de gestión de la central seguían sin resolverse de manera integral.
Entre las observaciones persistentes, una adquiere especial relevancia: la presencia de fisuras en los componentes estructurales de la central, en particular en los distribuidores de las unidades de generación. Hasta el año 2018 se habían contabilizado técnicamente 7 648 fisuras, pero casi cuatro años después, en el 2022 se habían detectado 17 494, pues, pese a que son reparadas con suelda, vuelven a aparecer y se presentan otras.
Además hay un excesivo desgaste de los rodetes de las turbinas 4 y 6 y el acero con el que se fabricaron los módulos de los distribuidores no es el adecuado para centrales hidroeléctricas, según señala la investigación llamada Los secretos de la deuda china, de la Fundación Milhojas.
Estos hallazgos no son anomalías menores, sino riesgos técnicos que requieren monitoreo constante e intervenciones especializadas, ya que su evolución podría comprometer la integridad del sistema.
A este escenario se suma un fenómeno externo, pero determinante: la erosión regresiva del río Coca, acelerada tras la desaparición de la cascada San Rafael. Este proceso geológico ha modificado de manera sostenida el comportamiento del río y se aproxima progresivamente a infraestructuras críticas asociadas a la central. Se trata de un riesgo documentado cuyo impacto potencial, combinado con las debilidades estructurales existentes, podría derivar en consecuencias de carácter sistémico.
Pese a este contexto, el país se encuentra próximo a formalizar la entrega-recepción definitiva de la obra. Este acto, lejos de ser simbólico, implica la transferencia plena de responsabilidades al Estado ecuatoriano. A partir de ese momento, cualquier contingencia técnica, estructural u operativa dejará de ser materia de disputa para convertirse en una carga directa del sector público. La decisión adquiere mayor complejidad al considerar que se adopta en un escenario en el que los propios informes oficiales reconocen que las observaciones críticas persisten, que las recomendaciones no han sido completamente implementadas y que no existe posibilidad de que ninguna cobertura de seguros pueda ejecutarse ante la evidencia de vicios técnicos preexistentes de alta relevancia.
Este proceso fue declarado sin efecto y reemplazado por un acuerdo que reduce la compensación a aproximadamente 400 millones de dólares con el compromiso de la empresa china de reparar los daños.
En paralelo, el frente legal y financiero ha experimentado cambios significativos. La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) había impulsado un arbitraje internacional con el objetivo de obtener una compensación superior a 500 millones de dólares por los problemas de funcionamiento de la central. Sin embargo, este proceso fue declarado sin efecto y reemplazado por un acuerdo que reduce la compensación a aproximadamente 400 millones de dólares con el compromiso de la empresa china de reparar los daños, según la ministra de Ambiente y Energía, que ha defendido el acuerdo como «una buena noticia». Este giro no solo implica una disminución del monto reclamado, sino también un cambio en la estrategia de defensa del interés público, ya que se renuncia a una vía de reclamación más amplia mientras se avanza hacia la aceptación definitiva de la obra.
Simultáneamente, se proyecta la firma de un contrato de operación y mantenimiento con la misma empresa constructora, lo que introduce un nuevo compromiso financiero a largo plazo. Este acuerdo contempla pagos anuales cercanos a 60 millones de dólares durante 25 años, lo que representa una obligación acumulada de aproximadamente 1.500 millones de dólares para el Estado. De esta manera, el esquema global resulta particularmente significativo: una menor compensación por los problemas detectados, combinada con nuevas obligaciones económicas para operar una infraestructura cuya condición técnica sigue siendo objeto de observación.
En este contexto, surge una interrogante fundamental que trasciende lo técnico y se instala en el plano institucional: ¿quién asume la responsabilidad ante un eventual escenario crítico? Si las fisuras evolucionan hacia un fallo estructural o si la erosión regresiva compromete las bases de la infraestructura, la respuesta, una vez formalizada la entrega-recepción, recaerá directamente sobre el Estado ecuatoriano. La central ya sería de su propiedad y, con ello, también lo serían los riesgos.
Y sin embargo, la decisión avanza. En cualquier sistema de gestión pública, la trazabilidad entre el diagnóstico y la acción es lo que sostiene la confianza institucional. Cuando esa relación se rompe —cuando los hallazgos no determinan las decisiones—, lo que queda es una brecha que no se mide solo en términos de dinero, sino también de credibilidad.
Por eso, en este caso, la discusión no se limita a una central hidroeléctrica. Se trata de entender qué ocurre cuando un Estado reconoce problemas, cuantifica responsabilidades, emite recomendaciones… y aun así decide cerrar el proceso como si esas advertencias recayeran en el famoso adagio popular de “Dios no ha de querer”, pues cuando las consecuencias de esta monumental irresponsabilidad se hagan presentes, lo más seguro es que ninguno de los intervinientes en este cierre anticipado esté en el país.
La firma que se aproxima no es un punto final. Es, posiblemente, el inicio de una nueva etapa en la que las preguntas —las técnicas, las financieras, las institucionales— ya no podrán dirigirse al pasado. Sino solo observar las consecuencias.