El memorial de agravios que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, hoy embajadora del Ecuador ante Israel, que contempla su denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral es largo e incluye indicios documentales y declaraciones de funcionarios publicos, en el marco de lo que ella define como el ejercicio de violencia política de género en su contra, por parte del presidente de la República y otros tres funcionarios. Para ello, Abad y su defensa técnica citan las disposiciones, decretos y oficios generados desde la Presidencia y la Cancillería nacional, además de declaraciones de estos funcionarios, que ella considera misóginas y atentatorias de su alta representación obtenida en las urnas, con la misma legitimidad democrática que el presidente Noboa.
Abad y su defensa (los abogados Oswaldo Trujillo y Jéssica Jaramillo) denunciaron al presidente Noboa Azín; a la canciller Gabriela Sommerfeld; al viceministro de Gobierno, Esteban Torres y a la asesora presidencial, Diana Jácome, de hechos que incurren en lo tipificado en los numerales 1, 3, 7, 10, 11, 12 y 13 del Artículo 280 del Código de la Democracia, que dice:
“Art. 280.- Violencia política de género es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia.
Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades.
Son actos de violencia contra las mujeres en la vida política, entre otras, aquellas acciones, conductas u omisiones en contra de las mujeres que, basadas en su género, en el ámbito político:
1. Amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan;
(…)
3. Realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos;
(…)
7. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos;
(…)
10. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;
11. Eviten por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones;
12. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación; y,
13. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política”.
En la denuncia, la vicepresidenta de la República pidió que se «imponga al Presidente de la República señor Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín; Viceministro de Gobierno señor Luis Esteban Torres Cobo; Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana señora María Gabriela Somerfield Rosero; y, Asesora Presidencial, delegada del Gobierno para los Directorios de dos Empresas Públicas, Diana Jácome Silva, la multa de setenta salarios básicos unificados, la destitución del cargo y la suspensión de derechos de participación de cuatro años (sic)».
Esta es la denuncia presentada por Verónica Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ver PDF
«sabemos que hay reuniones y acuerdos entre ellos, y eso no lo vamos a permitir (…) tenemos identificados los respaldos y apoyos que tendría esa funcionaria (…) estás pensando en beneficio propio y en venganza (…) miren ustedes, ustedes son padres algunos, si tu hijo está preso tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder, lo dejo ahí para ustedes y para la audiencia»: Diana jácome.
Los argumentos políticos (y de género) de la vicepresidenta Abad
Todos estos elementos enunciados, dijo la vicepresidenta en su denuncia, «así como los hechos que intentan por todos lados inhabilitarme para evitar que ejerza mi función de reemplazar al Presidente de la República en su ausencia temporal o definitiva, esto es, cuando él asuma una nueva candidatura, son elementos, hechos relacionados desde el día de la firma del Decreto Presidencial que me envía a la guerra entre Israel y Palestina, mediante el cual el Presidente de la República Daniel Noboa pretende hacerme sentir su poder, simbólicamente y en varios medios de comunicación incluso en forma de burla hace gala de su decisión. Desde ese momento, todo el aparato del Ejecutivo se articula y realiza actos para impedir que asuma la función que la constitución ha previsto para la Vicepresidencia de la República (sic)».
Abad sostuvo que «desde la emisión del Decreto Ejecutivo No. 27 de 24 de noviembre de 2023, el Presidente de la República Daniel Noboa Azín ha mermado mi participación como mujer en las decisiones políticas del Estado, intentando extraerme totalmente de la vida pública del país, casi al punto de llegar a desaparecer la figura política e institucional de la Vicepresidencia de la República, mostrando que en el Estado solo existe una figura representativa y que esta es manejada por un hombre, que la toma de decisiones solo pasan por él y que la garantía constitucional de una democracia representativa ha sido totalmente vulnerada, pues la emisión del Decreto Ejecutivo ha sido utilizado como una herramienta jurídica para impedir la representación equitativa de las mujeres en el Gobierno (sic)».
«Aceptar la candidatura a la Vicepresidencia de la República y haber ganado la elección ha sido un condena para mí, en mi condición de mujer, en mi condición de madre y en mi condición de política, puesto que he sido prácticamente desterrada a otro país, en medio de una guerra, me han retirado la seguridad que merezco y merece mi familia por el cargo que ocupo, poniendo así en riesgo mi vida, mi integridad y la de mi familia, pero no contentos con esto, desde el gobierno y sus funcionarios se inicia un feroz campaña de desprestigio», dijo la vicepresidenta.
Señaló que en su condición de (vice. Ndlr.) «Presidenta de la República (sic) no he podido ejercer como me corresponde mis derechos, ni he podido garantizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia, puesto que he sido víctima de una persecución contra mi familia, en donde se ha usado a mi hijo como carnada, sin garantizar el principio de inocencia que en toda sociedad democrática y justa debe primar.
«La violencia que he recibido ha sido también ejercida por otras mujeres, con un claro y determinado guión político que lo único que pretende es manchar mi imagen, la imagen de mi familia, mujeres que se han atrevido a cuestionar mi condición de madre.Vale la pena también cuestionarse el papel que esta narrativa construida desde el Gobierno y que ha sido replicada a través de sus cajas de resonancia afectan no solo mi condición de Vicepresidenta, de política y de mujer sino que han pretendido poner en duda mi maternidad (sic)».
Se refiere la vicepresidenta a declaraciones de la asesora presidencial Diana Jácome Silva, también denunciada, quien en el programa de Jorge Ortiz, en Notimundo 98.1 dijo que: “en el caso que involucra al hijo de la Vicepresidenta, cuando ostentas un cargo público tienes que dar ejemplo y tu familia tiene que ser parte de ello (…) llaman a rendir versión a la Vicepresidenta imagínese qué credibilidad, qué respaldo puede tener alguien que es cuestionada en su círculo familiar, cómo puedes cuestionar a una mujer cuando te toca ser madre (…) en efecto hay un análisis de una infracción electoral que podría acarrear precisamente la responsabilidad (…) Si asume el cargo de Presidenta (…) Hay muchos grupos políticos que están apoyándola (…) sabemos que hay reuniones y acuerdos entre ellos, y eso no lo vamos a permitir (…) tenemos identificados los respaldos y apoyos que tendría esa funcionaria (…) estás pensando en beneficio propio y en venganza (…) miren ustedes, ustedes son padres algunos, si tu hijo está preso tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder, lo dejo ahí para ustedes y para la audiencia”.
En la denuncia se mencionan, también como pruebas, declaraciones de otros personajes, pero no se pide sanción para ellos. Estos son el ex vicealcalde de Quito, Antonio Ricaurte, que en un programa de Jorge Ortiz dijo respecto a Verónica Abad que “…. es una señora (..) si tiene pues una condición y así le ve la gente en las encuestas como una persona ambiciosa y que quiere llegar a tener poder (…) denota una ambición clarísima de tener más poder y querer llegar a la Presidencia de la República ”.
la violencia que he recibido ha sido también ejercida por otras mujeres, con un claro y determinado guión político que lo único que pretende es manchar mi imagen, la imagen de mi familia, mujeres que se han atrevido a cuestionar mi condición de madre. Vale la pena también cuestionarse el papel de esta narrativa construida desde el Gobierno.
También cita declaraciones de Juan Rivadeneira, ex dirigente empresarial y consultor político, quien dijo en el mismo programa que: “Las mujeres deberían estar indignadas por tener una vicepresidenta como ella (…) ninguna de las dos funciones seguramente ejerce con eficiencia (…) el mensaje en la entrega de las credenciales el Presidente habló de traición, la distancia el día de la posesión que la una se fue al mercado y el otro almorzó en Carondelet ese fue un hecho no una opinión, así que no se rían, (…) decirle que es correísta (…) el caso del hijo, que termina por una acusación (…) en la Roca (…) Yo dudo mucho que la señora Abad siga siendo Vicepresidenta un mes antes de la campaña electoral”.
La jugada del Gobierno en el TCE y el «golpe de Estado»
La denuncia de Abad fue ingresada al Tribunal Contencioso Electoral el 8 de agosto y cuatro días después, el 12 de agosto, el presidente del TCE, Fernando Muñoz, fue removido de su cargo por acción de otros tres jueces electorales, que tomaron la «mayoría» del Tribunal sin mayores explicaciones.
En la sesión del TCE del lunes 12, los jueces cuestionaron la gestión de Muñoz. Ivonne Coloma, quien fue designada presidenta del TCE en esa sesión. Ella argumentó que los proyectos jurisdiccionales estaban estancados debido a la falta de convocatoria adecuada por parte de Muñoz. «Los proyectos de sesiones para las jurisdiccionales se han visto entrampados por ciertas posiciones. Teníamos un grave problema, quien ejerce la presidencia es quien convoca al tribunal, y teníamos desfases nosotros como jueces de cómo estaban siendo también tramitados nuestros proyectos».
Pero el juez Muñoz replicó con una denuncia ante la Fiscalía General por «usurpación de funciones». La sesión en la cual se tomó la decisión de destituirlo «se realizó sin una convocatoria oficial de la presidencia, sin un orden del día y sin la presencia del secretario del tribunal», dijo, y eso invalidaría esa decisión, pues su cargo «no es de libre remoción»; este tiene un plazo de tres años, determinado por el Código de la Democracia y la Constitución. Solo la Asamblea Nacional tiene potestad de control político sobre los miembros del Tribunal Electoral.
Aunque la Constitución solo contempla la destitución del presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional y por tres causas determinadas en la carta magna, el gobierno elevó la tesis del golpe de Estado al máximo nivel. Incluso la ministra del Interior, Mónica Palencia apareció rechanzado la denuncia y enarbolando la tesis del golpe.
A la par que esto sucedía, el gobierno acusó a la vicepresidenta de un intento de golpe de Estado, acusación basada en el pedido de destitución del Presidente que Abad hizo en su denuncia ante el Tribunal Electoral. El gobierno denunció también que, con esa destitución, se buscaría que Daniel Noboa no pueda optar por la reelección. Aunque la Constitución solo contempla la destitución del presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional y por tres causas determinadas en la carta magna, el gobierno elevó la tesis del golpe de Estado al máximo nivel. Incluso la ministra del Interior, Mónica Palencia apareció rechazando la denuncia y enarbolando la tesis del golpe rodeada de altos mandos policiales y aseguró que la fuerza pública no dejaría que esto ocurra. Palencia dijo que (Abad) «pretende hacerse con el poder de Gobierno y además inhabilitarlo (a Noboa) para ser candidato a la presidencia de la República. No lo vamos a permitir».
No fue la única integrante del Gabinete en hacerlo. Horas antes, el ministro de Gobierno Michel Sensi Contugi, dijo que la denuncia «es un burdo intento de desestabilización y constituye un descarado intento de golpe de Estado». También la canciller Sommerfeld, denunciada por Abad, dijo que «se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral, que solo busca inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano».
Un día después de estas declaraciones, el juez electoral Muñoz dictó una providencia en la cual dispuso que en el término de dos días la denunciante cumpla con lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento de trámites del TCE. Esto es: los fundamentos de la denuncia, fundamentos del recurso, acción o denuncia, con expresión clara y precisa de los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados. La providencia dispuso que Abad y su defensa deberán señalar el lugar exacto donde deberá citarse a todos los denunciados (según el caso) señalando en forma precisa los siguientes datos: provincia; ciudad; cantón; calle principal; calle secundaria; número de casa; y, referencia del domicilio.