Ante el fracaso de la política de seguridad del presidente Noboa (récord histórico de asesinatos en el 2025, el sexto país más violento del mundo, el mayor exportador de cocaína del mundo), ahora el Gobierno ya tiene a quien culpar: Colombia. Pero no le falta razón. En las últimas tres décadas, Ecuador a reclamado a su vecino del Norte que ponga atención a la frontera común, pues la fuerza pública ecuatoriana ha sido el permanente tapón de la insurgencia colombiana desde cuando las FARC y el ELN copaban la línea fronteriza, hasta ahora, cuando las disidencias de las FARC, luego de su desmovilización formal tras los acuerdos de paz del 2016, y otros Grupos Insurgentes Armados, llamados GIA, ocuparon el territorio. Desde fines del 2025, el ejercito ecuatoriano tiene claro que los grupos armados delincuenciales, agrupados en la llamada Coordinadora Guerrillera del Pacífico, han formado en Nariño un nodo criminal binacional con el GDO Tiguerones del Ecuador para acciones criminales y el control del negocio de la cocaína con el apoyo estratégico del Cartel Jalisco Nueva Generación, de México. En la frontera amazónica, en cambio, el control lo tienen los Comandos de la Frontera.
El presidente Noboa volvió a poner el tema sobre la mesa con una decisión extrema, que es la imposición de aranceles del 30% a modo de castigo a Colombia:
«Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume».
El anuncio del presidente Daniel Noboa en su cuenta de X fue hecho desde Davos, Suiza, a las 11:04 del miércoles 21 de enero. Mientras pasaron las horas, el tema se había tomado las redes sociales, se habían dado reacciones de ambos lados de la frontera entre los dos países. Y los bandos en favor y en contra se alinearon sin entrar en mayor profundad que mostrar su apoyo o rechazo al anuncio que, por ahora, es solo un anuncio, salvo Sandro Castillo Merizalde, director del Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, quien a las 12:26 anunció, también en su cuenta de X:
«En cumplimiento de lo anunciado por nuestro Presidente y en ejercicio de las competencias conferidas al @SENAE_Aduana, conforme al artículo 216 literal l) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), el SENAE dispone la ejecución y operativización inmediata de la tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, cuya aplicación entrará en vigencia a partir del 1 de febrero. La Aduana del Ecuador adoptará las acciones operativas necesarias para garantizar su correcta implementación».
I. El eje económico
El presidente Noboa, desde el Foro Económico Mundial habló de un déficit comercial de USD 1000 millones con Colombia. Los datos hablan de una balanza desfavorable para el Ecuador, que hasta la última actualización en noviembre del 2025, exportó a Colombia USD 808,4 millones e importó USD 1.717 millones. El año pasado, Ecuador importo de Colombia, en orden de importancia económica: cosméticos (USD 191 millones), medicinas (USD 124 millones), vehículos y partes (USD 120 millones), plásticos y sus manufacturas (USD 116 millones) y productos químicos (USD 107 millones), entre otros.
Si el arancel del 30% se hace realidad, los afectados serán los consumidores ecuatorianos y la industria del país, especialmente en el rubro de insumos.
En el mismo periodo, Ecuador le vendió a Colombia: enlatados de pescado (USD 148 millones), grasas y aceites vegetales (USD 102 millones), tableros de madera (USD 75 millones), camarón USD (63 millones) y minerales (53 millones), entre otros.
Si Colombia impone un arancel igual a Ecuador, los afectados serán los consumidores colombianos.
La otra reacción fue del ministro de Energía de Colombia. Fue la más dura y hasta horas de la noche la única respuesta directa de un secretario de Estado colombiano. Que el ministro Edwin Palma haya contestado de inmediato, refiriéndose sobre todo al tema de la venta de electricidad que le vende el país vecino al Ecuador, fue una señal dura para el gobierno de Noboa, que está abocado a una oferta energética vulnerable para el Ecuador.
Luego de calificar el anuncio de Noboa como una «agresión económica», el ministro Palma puso el acento en la «ingratitud» ecuatoriana:
«Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional. En materia energética Colombia ha actuado con hechos, cooperación y solidaridad:
«Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación), incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático. Aun así, mantuvimos las exportaciones y el abastecimiento de los hogares colombianos.
«Colombia no ha sido ajeno a los ataques mal intencionados de los grupos narcotraficantes en el sur-occidente del país. El pasado mes de diciembre sufrimos un atentado a nuestra infraestructura eléctrica».
«Adicionalmente, y previendo que los embalses de Mazar y Coca Codo de Ecuador pudieran estar con niveles bajos, publicamos recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energía entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits. He ordenado desmontarla.
«Incluso, Colombia no ha sido ajeno a los ataques mal intencionados de los grupos narcotraficantes en el sur-occidente del país. El pasado mes de diciembre sufrimos un atentado a nuestra infraestructura eléctrica, el cual afectó la capacidad de exportación de electricidad. (Con) la acción coordinada de nuestra fuerza pública, el Ministerio de Minas y Energía, los operadores de red de la zona, y el operador del sistema, logramos reconfigurar nuestros circuitos para mantener los volúmenes de exportación que nuestro hermano país requiriera. Actuamos con diligencia y cooperación.
«La demanda de energía eléctrica de Ecuador actualmente oscila entre los 92 y los 100 Gigavatios-hora diarios (GWh-día), de los cuales, como lo evidencia el registro de exportación de energía de XM, incluso después del atentado a nuestra infraestructura eléctrica, se ha mantenido alrededor de los 8.0 GWh-día. Gracias a los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la fortaleza de nuestra infraestructura eléctrica, como lo muestra la gráfica, Colombia actualmente provee entre el 8% y 10% de la energía que se consume nuestro hermano país. Por eso es primordial el diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos».
II. El ecosistema criminal en la frontera común
Para justificar su decisión de «castigar» a Colombia, el presidente Noboa dijo en su cuenta de X que «mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna». Esta medida, el arancel del 30% a los productos colombianos, se mantendrá hasta que exista un compromiso real (de Colombia) para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera».
A las 12:03, en la cuenta de X del Ministerio de Defensa de Colombia llegó la respuesta del propio ministro del ramo de ese país, Pedro Sánchez, a la acusación del presidente ecuatoriano:
«La cooperación entre Colombia y Ecuador permite resultados concretos contra el narcotráfico transnacional. En una acción conjunta entre la @ArmadaColombia y el @EjercitoECU , se logró la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza, afectando de manera directa las economías criminales que operan en la región amazónica. Este resultado, producto del intercambio de información y la coordinación en terreno, evitó la distribución de más de 371.000 dosis y generó una afectación económica superior a 13 millones de dólares a estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes. Colombia reafirma su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera, como herramientas fundamentales para enfrentar el narcotráfico transnacional, proteger a las comunidades y preservar la estabilidad y la seguridad regional».
Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. Los últimos datos de la UNDOC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reportaron para el 2023 una producción de 2.664 toneladas y el estimado para el 2024 superaba las 3000 tm del alcaloide. De estas, en el periodo 2024 hasta mediados del 2025 el país vecino había anunciado la captura de 820 tm. Del resto, la mayor parte, el 75% según fuentes de la Unión Europea y de las agencias estadounidenses se va por Ecuador, que para el 2025 fuentes oficiales el país calculaban se había capturado 214 tm, unas 80 tm menos que en el 2024, que fue un año récord de capturas, con 294 tm.
el Estado ha perdido El control de la frontera. La crisis de violencia criminal, corrupción judicial, penetración del narcotráfico y de la protección de la economía criminal se disparó desde el 2023 y se consolidó durante todo el 2025
El corazón de la siembra de plantas de coca y producción de cocaína está en la frontera colombo-ecuatoriana, del lado colombiano en los departamentos de Nariño, junto al Oceano Pacífico, y en el de Putumayo, en la Amazonía. Colombia tendría unas 300 mil hectáreas de coca sembradas, según las mismas fuentes internacionales.
Pero esto desde el lado colombiano. Desde el lado ecuatoriano, el Estado ha perdido en la práctica el control de la frontera y de parte de territorio ecuatoriano. El crisis de violencia criminal, corrupción judicial, penetración del narcotráfico y de la protección de la economía criminal se larvó desde el 2023 y se consolidó durante todo el 2025, año en que el derrumbe institucional se consolidó. En ese lapso, y gracias al decreto 111 del 9 de enero del 2024, Ecuador entro en el llamado Conflicto Armado No Internacional, CANI, que reconoció la existencia de 22 grupos «terroristas» armados, vinculados al crimen organizado, y encargó la conducción estratégica de esta guerra interna al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A mediados de enero del 2026, lejos de amainar y mientras el presidente Noboa permanecía ya varios días fuera del país, la proyección para ese primer mes del año era de más de 800 asesinatos. Así que se hizo ineludible armar un Consejo de Seguridad del Estado, y el presidente Noboa debió suspender sus vacaciones y volver dos días antes de lo previsto.
Un día antes, las FFAA anunciaron e iniciaron el despliegue de 10.000 efectivos armados hacia tres provincias: Guayas, Manabí y Los Ríos, en la operación llamada Ofensiva Total. Un día después el Consejo de Seguridad se reunía en Carondelet. Plan V pudo conocer que en el interín se produjeron desavenencias entre el jefe del Comando Conjunto y el presidente, que habría advertido que si no se revertían los índices de asesinatos y el estado de violencia criminal que se había tomado varias provincias de la costa, el alto mando militar sería despedido «a patadas». Para las FFAA, especialmente el Ejército, el peso de la guerra interna está mayormente sobre los hombros de la Fuerza Terrestre. Esto ha multiplicado los problemas en los teatros de operaciones anticrimen. Al descalabro interno se suma el problema real y creciente de los grupos armados accionando en la frontera con Colombia. El ejército ecuatoriano ha advertido y comprobado el incremento de las acciones armadas y la consolidación de un ecosistema criminal transnacional bifronterizo que se caracteriza por una relación simbiótica y cooperativa entre el Grupo de Delincuencia Organizada Transnacional, GODT, Tiguerones y, especialmente el colombiano Frente Óliver Sinisterra, FOS, que sin embargo es parte de una estructura más grande llamada Coordinadora Guerrillera del Pacífico-Segunda Marquetalia, que actúa en Nariño y que está conforma además del FOS por los frentes Iván Ríos, Diomer Cortez, Ariel Aldana y Mariscal Sucre, como un pie de fuerza de más de 700 efectivos.
El FOS y aliados han cobrado fuerza en la zona donde se produce la cocaína al controlar los laboratorios de producción y las rutas de transporte del alcaloide, control fluvial y logístico y acciones armadas extorsivas y de sicariato. Se da, dice la Fuerza Terrestre, un Nodo Bifronterizo Criminal con la acción coordinada con los Tiguerones, que actúan en Esmeraldas. Expertos del ejército ecuatoriano sostienen que los Tiguerones actúan en el país con 8.100 efectivos, de los cuales 3.000 actúan en Esmeraldas, que es la puerta para el ingreso de la cocaína al país del lado del Pacífico nariñense, y otros 3.000 en Guayas, donde se concreta la exportación de cocaína por los puertos de esa provincia.
En la frontera se ha consolidado un corredor estratégico binacional del narcotráfico, gracias a la convergencia criminal colombiana, ecuatoriana, coincidiendo en su hoja de ruta con los carteles mexicanos (CDS y CJNG), el Tren de Aragua (TDA) y las mafias balcánicas e italianas.
La región fronteriza de los departamentos de Nariño y Putumayo (Colombia) y de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos (Ecuador) constituyen un corredor estratégico para el narcotráfico y la minería criminal. Ahí existe un nodo logístico que usa a su favor la conexión fluvial y terrestre al Océano Pacífico, los laboratorios de procesamiento de droga, las grandes plantaciones de coca; y que aprovecha la ausencia del Estado colombiano en la zona y escasez de personal, logística y tecnología del Ecuador. Solo así se explica el cierre de los pasos fronterizos que ha obligado a la población civil a restringir su paso entre los dos países al puente de Rumichaca. La zona ya no es un teatro político insurgente sino un ecosistema criminal trasnacional.
Colombia señaló que entre el 2023 y el 2025 se habían capturado 414 tm de cocaína en acciones conjuntas en la frontera común. La Cancillería dijo que en 2025 hubo 91 operativos conjuntos contra las bandas criminales.
Al amanecer del jueves 22 de enero, Colombia había anunciado la suspensión temporal de la venta de electricidad al Ecuador, que solventa en un promedio del 10% las necesidades energéticas ecuatorianas. También impuso un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos.
La cancillería de Colombia detalló, a su vez, en largo comunicado, las acciones militares y policiales conjuntas entre ambos países, los intercambios de información de inteligencia y la capacitación a más de 3891 policías ecuatorianos en lucha antinarcóticos. También señaló que entre el 2023 y el 2025 se habían capturado 414 tm de cocaína en acciones conjuntas en la frontera común. La Cancillería dijo que en el último año se habían realizado 91 operativos conjuntos contra las bandas criminales. El Gobierno del Colombia hizo un «contundente llamado» al Gobierno de Ecuador a desistir de la medida arancelaria que atenta contra la normativa de la CAN y el espíritu de la relación entre ambos países.
ENTREVISTA
Francisco Rivadeneira, ex ministro de Comercio Exterior. Jefe negociador del acuerdo con la Unión Europea.
¿Cuál es su lectura del anuncio hecho por el presidente Noboa?
Creo que aún es muy temprano para sacar alguna conclusión, debido a que más allá del anuncio, esta medida arancelaria está prevista para el 1 de febrero. Eso nos da varios días para ver qué pasa en el interín. Es posible que este anuncio sea más de carácter estratégico, en otras palabras, que busque como objetivo presionar a las autoridades colombianas para acelerar un proceso de diálogo para buscar una solución en la cual Colombia tenga una participación más significativa en el problema de seguridad en la frontera y no necesariamente, en la práctica, poner en acción el arancel. Hay que hacer un símil con al estrategia que ha usado Trump. Anunció aranceles para países de la Unión Europea, si no aceptaban la venta de Groenlandia y ahora dijo que no lo hará. Es una estrategia de negociación, en mi opinión.
En otro punto, valdría la pena mencionar que más allá de que sea adecuado o no usar una herramienta de política arancelaria en un ámbito diferente, como es el caso de la seguridad del país, sí hay justificativos por parte del Gobierno ecuatoriano, de que Colombia, más allá de su actual Gobierno, nunca ha hecho un trabajo sistemático, eficiente y con determinación para resolver el problema de seguridad en la frontera. Históricamente Colombia no ha puesto suficiente personal militar en su frontera sur y ha utilizado al Ecuador como un tapón, obligando en su tiempo a las FARC y a otros grupos a pegarse a la frontera ecuatoriana y que el Ecuador se encargue de impedir el paso al otro lado. Eso no ha cambiado de modo sustancial. En ese sentido se puede entender la preocupación del Gobierno ecuatoriano de exigir a Colombia una actuación más urgente y contundente para resolver este problema, que no se puede resolver únicamente del lado ecuatoriano.
¿Y el impacto económico?
Ahora, en lo comercial y económico es preocupante que se imponga este arancel. Primero porque uno de los principales mercados de exportación para Ecuador es el colombiano. Ha sido históricamente importante por dos razones: Colombia es un mercado importante para el sector de las manufacturas ecuatorianas, la industria. Y es muy importante también para las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Hay exportación de productos industriales en ambas vías y también encadenamientos industriales. Por ejemplo, exportamos textiles que se usan en las industria colombiana.
Hay otro elemento trascendental: en Colombia y Ecuador hemos logrado llegar a la última etapa, que es la ideal, en el ámbito de la internacionalización, que es cuando las empresas se instalan en los dos mercados, lo que equivale a inversión extranjera directa. Tienes empresas colombianas empresas históricamente importantes en el país, pero también tienes importantes empresas ecuatorianas instaladas en Colombia y no solo de bienes sino también de servicios. Por eso tanto el comercio como la inversión extranjera directa podría verse afectada si esta decisión se ejecuta y si llegamos a una retaliación de Colombia y nos ponga un arancel espejo, es decir del 30 por ciento a nuestros principales productos. Colombia ha sido históricamente el país con el que tenemos la segunda peor balanza deficitaria. Aún así es un mercado significativo para el Ecuador, con más de 800 millones de dólares el año pasado.
¿Qué pasa con los compromisos con la CAN?
Ahora, con la Comunidad Andina el riesgo es que Ecuador esté infringiendo los compromisos adquiridos, especialmente en la zona de libre comercio. Hay que tomar en cuenta el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, donde se menciona que se podría, por razones de seguridad tomar medidas que restrinjan el comercio dentro de la CAN. Pero el tema es que esa mención es muy general y más porque cuando hablamos de temas de seguridad en relación con el comercio, lo que implica es que se impide, se restringe o se controla la importación de un bien específico porque ese bien específico puede tener una afectación a la seguridad nacional. Para dar un ejemplo con Trump, con la decisión de poner aranceles a la importación de chips que según Estados Unidos afectaba a su seguridad nacional. De ahí, decir que por el tema de seguridad militar se ponen aranceles a bienes no tiene una relación directa, es difícil que eso se pueda sostener.
¿Qué podría hacer Colombia en la CAN?
Colombia, como lo ha hecho Ecuador en el pasado, podría iniciar el mecanismo de Acción de Incumplimiento, un mecanismo prejudicial en el que básicamente pide a la Secretaría de la CAN que se pronuncie sobre este tema. Esto para saber si, según la normativa andina, Ecuador ha incumplido sus compromisos en este caso. Y luego elevarlo a nivel judicial en el Tribunal Andino de Justicia.
¿Todo esto podría ser contraproducente para el Ecuador?
Siempre existe ese riesgo y el ejemplo es el pronunciamiento que ha hecho el ministro de Energía de Colombia: «nosotros hemos ayudado al Ecuador cuando ha necesitado que les exportemos energía eléctrica … y ahora nos vienen con esto». Uno de los riesgos era el corte de la corriente eléctrica. Y la otra afectación es que, de cumplirse el anuncio del presidente Noboa, Colombia nos imponga un arancel similar definitivo y eso nos afecta. Pero, insisto, el hecho de que Ecuador haya dejado esta decisión para el 1 de febrero es, para mi, una estrategia para presionar a Colombia y lanzar una alerta pública de que se necesita de Colombia una mayor disposición para enfrentar la inseguridad en la frontera común. Mi expectativa a nivel del presidente Gustavo Petro es que esté dispuesto a dialogar, que levante el teléfono y se ponga de acuerdo con el presidente Noboa para mirar las necesidades del Ecuador.
El presidente Noboa dijo que «se ha insistido en el diálogo» con Colombia. ¿Así ha sido?
Esto es muy importante. Sí existen mecanismos preestablecidos a escala binacional para tratar estas diferencias. Hay mecanismos binacionales de reuniones para evitar estas situaciones. Obviamente, el de más alto nivel es el Gabinete Binacional Presidencial, pero no se ha reunido desde enero del 2023, en Tulcán. El último fue entre el presidente Guillermo Lasso y Gustavo Petro. Fue el XI. Me sorprende que no se hayan reunido los presidentes de ambos países durante tanto tiempo (más de tres años. Ndlr.) y esa debe ser una de las razones porque las cosas no avancen. Creo que se debe hacer un Gabinete Presidencial lo antes posible. En un segundo nivel está la COMBIFRON, que es la Comisión Binacional Fronteriza, la instancia técnica de cooperación en todos los temas relacionados con la frontera común, incluido el tema de seguridad. Pero también la última fecha de reunión es el 2023, en Colombia. Después está las reuniones de las mandos regionales fronterizos de la fuerza pública de ambos países. Me imagino que esto está funcionando. Y finalemente, como estrategia, está el Plan Operativo Binacional, que está en vigencia y se aprobó en el 2023 e incluye la seguridad. El tema es ver porqué las cosas no han avanzado.