Un país de dos caras
Dos caras opuestas sobre la realidad del país se mostraron al cierre del año 2024 y la llegada del año 2025. La confirmación el 31 de diciembre por parte de la Fiscalía, del fallecimiento de los tres adolescentes y un niño de Las Malvinas, desaparecidos el 8 de diciembre del año pasado tras un operativo militar, plantó frente a la mirada de todos los ecuatorianos una doble cara; la de la rabia, el dolor, la zozobra de un país turbado, lamentándose y exigiendo justicia por la atrocidad que segó la vida de Los cuatro de Guayaquil, mientras al mismo tiempo, la otra cara, mostraba imágenes en redes sociales de un puñado de “pececillos dorados” indiferentes a la tragedia, que festejaban el fin de año a salvo, en su burbuja de privilegios.
La noche del 31 de diciembre, las familias reconocieron y retiraron de la morgue los cadáveres torturados e incinerados hallados en una zona agreste de Taura (Naranjal, Guayas). Los cuerpos fueron velados en sus humildes viviendas y sepultados el 1 de enero del 2025, a las 15h00, en el cementerio del suburbio Ángel María Canals, al suroeste de Guayaquil. En Ecuador, muchos niños se encuentran atrapados en un entorno dominado por el crimen organizado. Tras ser captados por estas redes, son utilizados para llevar a cabo actividades como sicariato, tráfico de sustancias ilícitas, robos y otros actos delictivos. Muchas veces el reclutamiento inicia con viandas de víveres que llegan “gratuitamente” a hogares que padecen por desempleo y falta de dinero para alimentar a sus integrantes, y sin posibilidades de acceder a servicios de salud, ni hablar de estudiar; muchos son lanzados a la calle para que “se ganen la vida.” La miseria que está detrás de la deserción escolar; la disfunción familiar y la violencia preparan el escenario propicio para que estos menores sean presa de las pandillas y la mafia.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), las principales causas de muerte en personas de entre 5 y 17 años son homicidios, accidentes de tránsito y suicidios, todas consideradas muertes violentas. Lo mejor que se les ha ocurrido a algunos, es aumentar las penas y endurecer medidas punitivas.
La Fiscalía formuló cargos por desaparición forzada, contra 16 militares. La audiencia de esa diligencia se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2024. En esta audiencia, el juez Dennis Ugalde Álvarez, de la Unidad Judicial Guayaquil Sur, presidió la audiencia y dictó prisión preventiva para los imputados durante 90 días, periodo en el que se desarrollará la investigación. Las pruebas incluyen videos de cámaras de seguridad que desmienten las afirmaciones iniciales sobre la liberación de los menores y ponen en muy baja estima las débiles argumentaciones y explicaciones de voceros oficiales. La investigación está en curso, y se busca esclarecer los hechos y garantizar un juicio justo para sancionar a los responsables.
La intensidad de la hostilidad política contamina el proceso electoral
El 2 de enero del 2025, el presidente Daniel Noboa, emitió el Decreto 492, que establece la supuesta “ausencia del cargo” de la vicepresidenta Abad, en base a su goce de vacaciones, y en su reemplazo designó de nuevo como vicepresidenta de la República a Sariha Moya, actual secretaria nacional de Planificación. La funcionaria fue desplazada horas más tarde, mediante otro Decreto Ejecutivo, en el cual el presidente designó el 4 de enero de 2025 a Cynthia Natalie Gellibert Mora como vicepresidenta encargada de la República. Sariha Moya comunicó a su jefe que tiene un quebranto de salud y necesita reposo, por lo cual no podrá seguir en el encargo temporal.
Asumir el cargo de vicepresidenta de la República en la actual coyuntura es una decisión de alto riesgo, dado que todo acto suscrito por el remplazo de Verónica Abad seguramente será impugnado por la Legislatura. El uso de recursos públicos y la arrogación de funciones son apenas dos de los delitos que podrían en corto o mediano plazo, suscitar auditorías, glosas, juicio político y sanciones penales de ratificarse la inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos administrativos que corresponden a la segunda mandataria. Sariha Moya muy probablemente, en medio del “quebranto de su salud” habrá tenido tiempo para reflexionar sobre las consecuencias personales que podría enfrentar bajo un previsible escenario adverso.
José de la Gasca, ministro de Gobierno, afirmó que la vicepresidenta Verónica Abad tenía que haber pedido licencia a la Asamblea para tomar vacaciones y, por incumplir esa orden, fue denunciada ante la Fiscalía. El decreto ha suscitado un debate sobre su conformidad con el Estado de Derecho en Ecuador. La vicepresidenta Abad no ha sido removida de su cargo y en ese marco, designar un reemplazo por parte del presidente Noboa, es un tema que debe dirimirse jurídicamente en los próximos días.
El decreto 492, calificado por algunos sectores como arbitrario, plantea importantes interrogantes sobre su legitimidad y las vías legales disponibles para cuestionarlo. ¿Qué acciones legales podrían emprenderse contra este decreto?
La hostilidad política ha vandalizado el país al suprimir todo acatamiento a normativas constitucionales, erosionando aún más la institucionalidad del Estado, desafiando la legitimidad de las decisiones tomadas en las más altas esferas del poder, resquebrajando la gobernanza y aumentando peligrosamente la ingobernabilidad. La imagen internacional del Ecuador está siendo afectada, lo que puede impactar negativamente en la atracción de inversiones, y mantener al Ecuador obligado a buscar más créditos de multilaterales; es decir, más deuda, para mantener a flote una economía declarada en recesión en julio del 2024, por el Banco Central El decreto 492 Lo que dice la ley sobre la “ausencia definitiva”
El decreto 492, calificado por algunos sectores como arbitrario, plantea importantes interrogantes sobre su legitimidad y las vías legales disponibles para cuestionarlo. ¿Qué acciones legales podrían emprenderse contra este decreto? Acción de inconstitucionalidad La Corte Constitucional, en su auto de inadmisión relacionado con la demanda presentada por dirigentes del Partido Socialista contra el Decreto 457, señaló que los decretos ejecutivos de esta naturaleza no tienen un carácter normativo, sino que generan efectos individuales. Por ello, no es posible impugnar este tipo de actos mediante una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, la Corte ha dejado abierta la posibilidad de recurrir a acciones de protección ordinarias, siempre que se demuestre una afectación directa a derechos fundamentales.
En relación al dictamen 2-24-IC/24 de la Corte Constitucional, emitido tras la solicitud de interpretación presentada por la Asamblea Nacional, existen dos aspectos clave:
Legitimidad activa: la jurisprudencia de la Corte establece que únicamente las partes procesales pueden interponer acciones de incumplimiento de sentencia. En este caso, la acción presentada por Verónica Abad carece de legitimidad, ya que correspondía exclusivamente a la Asamblea Nacional.
Naturaleza de las sentencias: solo se puede reclamar incumplimiento respecto a sentencias que incluyan una obligación específica de hacer o no hacer. Las sentencias desestimatorias, como la relacionada con este dictamen, no generan dichas obligaciones, por lo que no son susceptibles de este tipo de acción.
Vía contenciosa administrativa: dado que el decreto ejecutivo tiene un carácter administrativo y efectos individuales, podría impugnarse a través de la jurisdicción contencioso-administrativa. Este procedimiento permitiría, además, solicitar la suspensión de los efectos del acto, conforme a las disposiciones vigentes en el COGEP.
La urgencia de esta situación exige una respuesta judicial inmediata. Aunque existen mecanismos legales para abordar este tipo de decretos, la efectividad de las acciones dependerá en gran medida de la rapidez con la que se actúe y de la capacidad de demostrar una vulneración concreta a derechos fundamentales.
Hacer campaña electoral sobre el filo de la navaja
El domingo 5 de enero inició la campaña electoral para los comicios del 9 de febrero, en medio del conflicto armado interno que el Estado libra contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional, y la pugna entre el presidente-candidato Daniel Noboa, y su vicepresidenta, Verónica Abad. El ambiente electoral está contaminado por la vandalización política y la violencia en redes sociales, repletas de campaña sucia sin precedentes, que incluye mutuas acusaciones de golpismo a las dos candidaturas con mayor intención de voto. Por si todo el complejo entarimado electoral y político en el que también están involucrados directa o indirectamente voceros de la Función Electoral, la Función Judicial, la Función de Participación Ciudadana y Control Social no fuera suficiente, se añadió un desacertado comunicado de la cúpula de las FF.AA. relacionado con el conflicto entre Noboa y Abad, que generó más suspicacias que certezas, justamente, en medio de su propio conflicto causado por la desaparición y el asesinato de cuatro niños, tras ser detenidos en un operativo militar.
Foto: Isaac Castillo / Presidencia del Ecuador.
Uno de los temas más calientes relacionados con las elecciones del 2025 ha girado alrededor de la obligación legal consignada en el Art. 93 del Código de la Democracia de que empleados públicos en funciones, electos por el voto popular, deban pedir licencia sin sueldo para volver a candidatizarse.
Según los voceros del régimen y asambleístas de ADN, esa obligación no rige para el candidato presidente Daniel Noboa, pues él no opta por su reelección, toda vez que su primer mandato se produjo en condiciones excepcionales, a partir de la declaratoria de la “muerte cruzada” por el gobierno de Guillermo Lasso, que obligó a convocar elecciones anticipadas.
El ambiente electoral está contaminado por la violencia en redes sociales, repletas de campaña sucia sin precedentes, que incluye mutuas acusaciones de golpismo a las dos candidaturas con mayor intención de voto.
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, señaló la posición del organismo ante esa eventualidad. Pedir licencia para hacer campaña electoral no es “potestad” de ningún empleado público en funciones; es su obligación. La ley manda taxativamente que el proceso electoral se desarrolle en términos de igualdad de condiciones para todos los aspirantes a un cargo de representación popular. Es imposible hacer campaña sin que la influencia de la autoridad, el uso de recursos públicos de instituciones, y el abusivo posicionamiento de la imagen de un funcionario-candidato no incline a su favor la balanza, cuyo equilibrio y equidad se encuentra establecida legalmente.
De su lado, con 79 votos del correísmo, PSC, Construye y Pachakutik, el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó una resolución que impone la licencia sin sueldo a los asambleístas candidatos en las próximas elecciones Según lo aprobado, se configurará la licencia sin remuneración a partir del 5 de enero y hasta el 9 de febrero de 2025 inclusive. La polémica en varios frentes impide mirar con claridad el panorama electoral y el futuro a los ciudadanos; y seguramente tendrá mucho hilo para cortar durante las próximas semanas, en las que uno de los más delicados riesgos es la percepción de ilegitimidad que de los dignatarios y asambleístas que resulten ganadores en los comicios del 2025. Se puede ganar legalmente una elección, pero sin legitimidad es muy difícil gobernar; para lograrlo se necesita no solo una estrategia de comunicación capaz de seguir embobando o desviando la atención de la gente, sino también el concurso de la fuerza legitimada en medio de la crisis a partir de los resultados de los comicios. El despotismo y el autoritarismo están a la vuelta de la esquina, listos para regir un país fragmentado por el canibalismo político y los intereses económicos de los grupos de presión.
Vejar las normas constitucionales, estirar las interpretaciones legales a discreción de quienes detentan el poder de tuno, meter la mano en la justicia, manipular las instituciones de fiscalización y control para proteger a esa gente y perseguir a quienes son sus opositores utilizando procesos fraguados, que envilecen a sus ejecutores, no es algo nuevo en Ecuador. Ello explica las continuas reformas de la Carta Magna, para “refundar el país”; refundarlo, claro, como traje a la medida de los mandatarios de turno; por eso este país ha tenido 22 Constituciones desde 1830 hasta la del 2008; es decir, una vida útil promedio de aproximadamente 8 años. La del 2008, ha sido reformada en cuatro ocasiones desde su promulgación: en 2011, 2015, 2018 y 2022. Hoy, el candidato presidente ha dicho que, de ganar las elecciones del 2025 convocará a un nuevo proceso para redactar la que sería la número 23.
El problema ante esta conducta política, es que, de tanto inobservar los mandatos constitucionales, de tanto manosear las leyes, de tanto pisotearlas por distintos gobiernos, de tanto falsear la verdad que obliga a respetar las normas de la Constitución de la República, todo un país resbala, cae, se levanta y vuelve a caer, cada vez más golpeado. Es el escenario perfecto para gobiernos de “mano dura”, déspotas y autoritarios, cuyos actos reflejan su odio por la democracia, y las deficiencias del sistema político.
El año 2025 podría recrudecer la violencia política en el marco del proceso electoral
Desde 2023, Ecuador ha enfrentado un incremento significativo en la violencia política, dejando un saldo de al menos 15 políticos fallecidos, entre ellos alcaldes, concejales, candidatos locales y un aspirante a la presidencia. El poder del crimen organizado opera además sobre objetivos selectivos, en varias ocasiones las víctimas han sido funcionarios públicos: Entre las víctimas se encuentran: Fernando Villavicencio, quien aspiraba a la presidencia y fue asesinado en agosto de 2023. Agustín Intriago, alcalde de Manta, ultimado en julio de 2023. Omar Menéndez, candidato a alcalde de Puerto López, asesinado en febrero de 2023. Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, quien perdió la vida en un atentado en marzo de 2024. Nathaly López, directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado del IESS de Guayaquil, fue asesinada. El pasado 3 de septiembre, el responsable de la prisión de la provincia de Sucumbíos, recibió 20 disparos mientras viajaba en un vehículo. En diciembre de 2022, Santiago Loza, director de la cárcel El Inca, ubicada al norte de Quito, también fue asesinado a tiros cuando se desplazaba en su vehículo. Solo tres meses después, la directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, Michelle Mayorga, quien tenía apenas un mes en el cargo, sufrió un atentado del que logró salir con vida. María Daniela Icaza, directora de la Penitenciaría del Litoral fue asesinada a tiros por sicarios armados que dispararon contra ella. Olger Moreno, subjefe de seguridad del cuerpo de agentes penitenciarios de la cárcel de Cotopaxi, fue asesinado por sicarios, a plena luz del día. Aunque se han reportado numerosos atentados y agresiones, no existe un registro claro y consolidado. Este alarmante panorama ha despertado preocupación generalizada en la población y ha generado llamados urgentes a las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad y garantizar la protección de quienes ejercen funciones públicas.
Vejar las normas constitucionales, torcer la ley a discreción de quienes detentan el poder de tuno, meter la mano en la justicia, manipular las instituciones de fiscalización y control no es algo nuevo en Ecuador.
Petroecuador: un botín que se disputa a dentelladas
La supuesta renuncia de la gerente general de Petroecuador, Ing. Leydi Jackeline Jiménez Rivera habría sido la quinta en un año. Sin embargo, no bien se difundió la noticia Jiménez afirmó que le hackearon el Quipux de su renuncia, y difundió un mensaje en el cual tachaba de FALSO el documento, el mismo que tenía su firma electrónica, es decir, el hackeo habría llegado hasta el token de la funcionaria. Si ello fuese cierto, sería un grave delito el que se habría cometido en la empresa más importante del país.
Hidrocarburos, es uno de los sacos sin fondo de los sectores estratégicos del Ecuador, en el que el festín del petróleo no ha cesado desde hace décadas. En Petroecuador están en juego cientos de miles de millones de dólares. Investigaciones de prensa y datos de organizaciones no gubernamentales, así como en auditorías, han advertido sobre el modo en que se han manejado los recursos públicos generados por la comercialización de crudo y negocios conexos con la industria petrolera. Basta con revisar cómo esas prestaciones conexas ya han sido paulatinamente privatizadas y la explotación de campos petroleros, también ha sido entregada, incluida recientemente la del Bloque Sacha.
Petroecuador —se ha dicho, entre otras afirmaciones bien sustentadas— es uno de los apetecidos botines del que se benefician algunos mediante un sistema de corrupción cada vez más desembozado y perfeccionado en sucesivas administraciones y gobiernos, en las que no se precautelan los intereses nacionales, pero si se favorecen a grupos empresariales extranjeros y operadores nacionales. La baja calidad de las inversiones extranjeras o nacionales en hidrocarburos y en otros sectores estratégicos, por lo general es parte del entramado de corrupción que tiene entrampado el desarrollo del país. Lo que está en juego en las próximas elecciones de febrero del 2025, tiene que ver con el control de esos sectores.