I. Vacunar a la Función Judicial
Desde una perspectiva jurídico-política, el dictamen de la Corte Constitucional, CC, se enmarca dentro de las facultades legales del alto tribunal como garante del control constitucional, establecidas en el artículo 436 de la Constitución, que le otorga la atribución de conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad, así como en el artículo 79 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que le permite ordenar la suspensión temporal de las disposiciones impugnadas mientras se resuelve el fondo del caso.
Ante el pronunciamiento de la CC, la reacción del presidente Noboa no fue impugnarlo con argumentos legales y jurídicos, sino provocar una nueva escalada de polarización social para desafiar a la Corte, encabezar una “marcha pacífica” en su contra el 12 de agosto, incluirla como sujeto de juicio político en la próxima consulta popular, y endilgarle responsabilidad en el aumento de la violencia criminal descontrolada que sufre el país.
Los ataques contra la CC iniciaron con fuerza días antes del dictamen “como para curarse en salud”, toda vez que el gobierno estaba advertido de que la aprobación de los tres cuerpos legales enviados como “urgentes” a la Asamblea Nacional, no pasaría en la Corte. Según una amplia opinión de juristas, la Corte actuó conforme a mandato legal frente a la acumulación de más de 30 demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversos actores sociales.
El que estas leyes urgentes fueran aprobadas por una mayoría de legisladores obsecuentes con el gobierno, pese a que incumplían normativas constitucionales, no justifica la embestida de ningún régimen en una democracia republicana, por mediocre que sea. El rumor de que se pretender destituir a los jueces de la Corte Constitucional con 77 votos de asambleístas, más que una estratagema apesta a golpe de Estado.
El que estas leyes urgentes fueran aprobadas por una mayoría de legisladores obsecuentes con el gobierno, pese a que incumplían normativas constitucionales, no justifica la embestida de ningún régimen en una democracia republicana.
El gobierno, una vez oficializada la decisión de la CC activó una campaña de comunicación cuya narrativa —ya harto conocida— manosea retóricamente al “pueblo soberano” para oponerlo contra “los enemigos” del eficiente, aguerrido y resiliente pájaro fénix que muere todos los días del primer semestre del 2025, a razón de 25 veces cada día. La oposición “buenos” (quienes gobiernan con eficiencia y representan a ese “pueblo soberano”) contra “malos” (todos quienes razonan, opinan distinto, critican, no se alinean, ni se dejan mangonear por la nómina), es el gatillante para movilizar al mejor estilo del “Socialismo del siglo XXI —solo que sin sánduches— todas sus cajas de resonancia institucionales, influenciadores, anticorreistas, granjas de trolls, fans del estilo de vida de celébrities tropicales, y neoliberales formados en universidades extranjeras, que hacen honor a la frase del premio Nobel 1965, Richard Feynman: “No confundas educación con inteligencia, puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota”.
¿Por qué vacunar políticamente a la Corte Constitucional? Simple: eliminarla transfiere sus funciones de control al Ejecutivo y a una Asamblea aliada. El sistema es perfecto para la posteridad de una democracia distópica, manejada desde los GDPO (grupos de delincuencia política organizada), o para un país en dictadura. El viernes 8 de agosto, la CC notificó el plazo de quince días para que la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de sus leyes.
II. La polarización, la desinformación y la amenaza como dispositivos para el control social
El presidente Daniel Noboa respondió convocando a una marcha «pacífica» para el martes 12 de agosto, que él mismo encabezaría desde el llamado Puente del Guambra en Quito, hasta la Corte Constitucional. Denunció a los “nueve magistrados entronados” como responsables de debilitar leyes que, según él, podrían garantizar seguridad y paz.
La maniobra fue premeditada y buscó antagonizar a la sociedad. El gobierno opera políticamente desde enero de 2024 mediante una campaña de polarización permanente. Utiliza enemigos reales, potenciales o ficticios del Estado para convertirlos en enemigos de su proyecto y responsabilizarlos de la crisis multidimensional que es incapaz de controlar, pero que le sirve como banco argumental para construir una imagen de liderazgo joven y renovador, que retoza en un país huérfano de líderes nacionales fuertes, creíbles, y de estrategias de oposición. Explota el miedo y la banalización en un entorno de incertidumbre y desinformación definidos desde algoritmos digitales en todo el mundo; en un mismo día ese sistema puede contener noticias sobre una nueva masacre, o sobre la muerte de neonatos, o sobre el color “Rojo independencia” de un vestido usado en una ceremonia cívica.
En la política contemporánea sus intérpretes mejor aprovechados van más allá de informar sobre acontecimientos: su objetivo es construir relatos que movilicen emociones; por ello no dialogan a menos que sea en espacios controlados, evaden el debate razonado y buscan las arenas afectivas capaces de conectar con las vivencias personales de la gente. En la esfera pública digital se invierten millonarias sumas porque la estructura en red de la sociedad no solo redefine los flujos de información, sino que reorganiza el poder, la comunicación y la identidad colectiva. La amenaza visualizada desde cadenas nacionales y en redes contra operadores de Justicia, en Ecuador, es un dispositivo de comunicación para amilanar a contradictores que repite el mismo libreto usado en el caso de “Los 4 de Guayaquil” y, la semana pasada, contra el pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Un “colectivo social” imposible de encontrar autodenominado Ecuador Merece Paz empezó a difundir la semana pasada propaganda en vallas y móviles en varias ciudades, acusando a la Corte de desactivar las herramientas del Estado para combatir la violencia, intentando culpabilizar a los jueces por el incremento de homicidios. Aunque el mobiliario forma parte de la guerra simbólica, también evidencia cómo el Gobierno pretende instrumentalizar la opinión pública. Estas actitudes reflejan una tendencia característica de los neopopulismos ultraliberales contemporáneos. Irónicamente son una adaptación del modelo político y comunicacional del “Socialismo del siglo XXI”, al erosionar la autonomía judicial, polarizar el espacio público y negar alternativas políticas de diálogo; el Ejecutivo no debate sobre el endeudamiento con el FMI, el colapso de la salud pública tras recortes iniciados en 2023, la corrupción, o los 50 000 despidos proyectados en el sector público hasta 2028.
Las primeras respuestas de los movimientos sociales, gremios, ONGs se han dejado ver: colegios profesionales de abogados, constitucionalistas y juristas, y varios de los llamados “líderes de opinión” han respaldado la suspensión como necesaria, dado que las leyes contenían errores normativos graves, y defendieron la labor de la Corte de acuerdo al marco constitucional.
En Quito, Guayaquil y Cuenca, se registraron movilizaciones ciudadanas exigiendo respeto al estado de derecho y cuestionando el diseño de las leyes aprobadas. Organizaciones sindicales y sociales también expresaron rechazo hacia las normas urgentes impulsadas por el oficialismo, apoyando las acciones constitucionales. La respuesta del activismo digital contra hegemónico usando vallas virtuales, en réplica a las vallas y carteleras móviles que atacaban a la C. C. fue un inteligente punto de inflexión que no pasó desapercibido.
Un “colectivo social” imposible de encontrar, autodenominado Ecuador Merece Paz empezó a difundir la semana pasada propaganda en vallas y móviles en varias ciudades, acusando a la Corte de desactivar las herramientas del Estado para combatir la violencia.
III. La trama de fondo: una salud pública que denigra y enluta a todo el país
Desde 2023, el presupuesto del Ministerio de Salud se redujo de USD 3 219 millones a USD 2 798 millones en 2025 (–USD 421 millones). Para medicamentos e insumos pasó de USD 438 millones a USD 336 millones (–23,5 %), y para alimentación, seguridad y limpieza de USD 115,8 millones a USD 37,2 millones. El exministro del ramo, José Ruales, estimó que entre 2023 y 2024 el recorte acumulado superó USD 1 300 millones.
Las redes sociales reventaron el segundo fin de semana de agosto con la noticia de que en el Hospital Universitario de Guayaquil habían fallecido 18 neonatos. Mediante un comunicado el Hospital reconoció la muerte de 12 y afirmó que, tras revisar los reportes de vigilancia epidemiológica, los análisis microbiológicos y los protocolos médicos aplicados, se descartaban la veracidad de las informaciones que vinculan fallecimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con casos de contaminación.
Medios y autoridades locales atribuyeron más muertes a la falta de cánulas (USD 2–4 por unidad), esterilizadas y reutilizadas pese a la resistencia bacteriana. El ministro Jimmy Martin pidió la renuncia del gerente del Hospital y anunció una investigación. La Asamblea convocó a Martin, al fiscal Wilson Toainga, al gerente Hugo Hernández y al director asistencial Ariel Sarduy para esclarecer responsabilidades.
La priorización del gasto en el régimen evidencia una elección política deliberada: se invierte en dispositivos audiovisuales para movilización y propaganda, mientras se deja colapsar la salud pública y se sacrifican derechos fundamentales.
La crisis sanitaria —con recortes presupuestarios históricos, despidos y muertes evitables— expone la desatención del Estado frente a su responsabilidad fundamental.
La negligencia institucional no se limita a esa cartera: también raya al ministerio de Economía y Finanzas, cuyo manejo presupuestario ha asfixiado al sistema sanitario.
La inexperiencia en el manejo del sector público, la improvisación política movida como veleta ante el capricho y el quemeimportismo de talante autoritario es un comportamiento delicado en cualquier gobierno. La falta de ejecución del presupuesto del Ejecutivo en sectores estratégicos y sociales, sumada al despido masivo de trabajadores y funcionarios a cargo de procesos especializados, y a la desinversión en estos sectores golpea la imagen del régimen. Los trabajadores despedidos de la terminal de Balao, fueron reincorporados tras problemas en la importación de combustible y exportación de crudo, durante el fin de semana. Falta de planificación, ignorancia sobre procesos, el caso omiso a procedimientos y normas constitucionales están consumiendo recursos, saboteando la producción, así como dinamitando la administración de la burocracia indispensable para evitar el caos en servicios públicos. La ineptitud desnuda los pellejos de cualquier narrativa sobre “eficiencia” y puede alimentar la hipótesis de que, detrás del desgobierno, podría encontrarse la intención de concesionar o privatizar.
IV. Una consulta para controlarlo todo
El 5 de agosto de 2025, el presidente de la República presentó el temario preliminar de una nueva consulta popular; las siete preguntas planteadas constituyen una declaración ideológica sobre cómo el Ejecutivo concibe al país, la democracia y a los ciudadanos. El objetivo de fondo es reconfigurar el control institucional a favor del gobierno. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la posibilidad de someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional marcan el eje estructural de la propuesta. Con ello, el oficialismo garantizaría una mayoría que le blinde frente a cualquier control ciudadano o jurisdiccional.
El CPCCS se encuentra en pleno proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado. De las siete preguntas, solo la relativa a la eliminación del CPCCS y el juicio político a los jueces constitucionales modifica la estructura del Estado.
1. Bases militares extranjeras
Facilitar la presencia de bases foráneas podría reforzar la cooperación internacional, pero debilita la soberanía nacional.
Experiencias de Colombia y México muestran que la militarización externa no reduce sostenidamente la violencia. En Ecuador, con 101.000 desplazados internos por violencia en 2024 (NRC), estas medidas han intensificado disputas entre bandas criminales y omitido las causas estructurales como pobreza, desigualdad y corrupción.
2. Eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos
Quitar este fondo favorece a organizaciones con respaldo privado, generando desigualdad electoral. No elimina la corrupción: solo la privatiza.
3. Eliminación del CPCCS
Su desaparición transfiere funciones de control a un Ejecutivo y una Asamblea ya alineados políticamente.
4. Reducción del número de asambleístas
Reducir curules no mejora la calidad legislativa y perjudica la representación de provincias pequeñas. Reforzaría el control de las élites partidistas.
5. Contratos por horas en turismo
Aunque limitado a un sector, establece un precedente legal que podría replicarse en otros. Bajo el discurso de “flexibilidad”, fomenta precarización laboral, debilitamiento sindical y facilita despidos masivos, transfiriendo el riesgo al trabajador. Noboa aseguró en más de una ocasión que no tocaría la modalidad actual, porque hacerlo sería una regresión de derechos.
6. Juicio político a jueces constitucionales
Someter a la Corte a esta figura erosiona la independencia judicial. Repite el libreto del correísmo, cuando demostró la importancia de contar con una justicia subordinada y controlado por sus intereses políticos.
7. Reapertura de casinos
Vincular programas sociales a ganancias de juegos de azar es una política regresiva y socialmente riesgosa en términos de salud pública. Expone a sectores vulnerables a depender de ingresos inestables, así como activa intereses detrás del blanqueo de capitales.
Se percibe un avance autoritario, deterioro la gobernabilidad, erosión institucional causada por intereses coyunturales, fractura en la democracia, intención de recentralización la gestión de gobierno anulando décadas de lucha por la descentralización del Estado.
Movimientos sociales, gremiales, ongs, y desde la sociedad civil empiezan a reaccionar. Sus cuestionamientos a la consulta tocan temas cruciales como la precarización laboral, la defensa de recursos estratégicos, y se oponen al retroceso de derechos adquiridos de los trabajadores. Cuenca ha sido en los últimos 15 días un foco emblemático de la defensa de sus recursos naturales y estratégicos: la consulta popular que se realizó el 7 de febrero de 2021 sobre la prohibición de actividades de minería metálica en sus zonas de recarga hídrica, logró la adhesión de casi el 80% de sus pobladores y es una consigna social irreductible.
El resultado de la consulta puede redefinir un modelo de Estado que impactará en empleo, derechos, seguridad y políticas públicas. Mientras tanto, la tasa de homicidios ha crecido un 580 % desde 2018; la violencia ha segado la vida de 25 ecuatorianos cada día en el primer semestre de 2025, el 82 % de las víctimas no tenían antecedentes penales. Este año se perfila como el más violento de la historia reciente.
Gustavo Isch