Un país que vota por quien, pero no decide por qué.
En Ecuador y en América Latina, más allá de sus fines oportunistas y su historia de manipulaciones, los referendos y las consultas populares representan un instrumento esencial de reactivación democrática en contextos atravesados por profundas multicrisis nacionales.
Es por ello que, los mecanismos de democracia directa deberían superar su estatus de ritual político asociado a la validación de prácticas autoritarias, para convertirse en herramientas estratégicas que canalicen la voluntad ciudadana hacia transformaciones reales y urgentes. Desde esta perspectiva, en una sociedad como la ecuatoriana, atrapada en el círculo vicioso de la ovación a los autoritarismos de izquierda y derecha, y de una corrupción que se adhiere con suma facilidad a cualquier gobierno; hay que preguntarse: ¿Qué significa hoy un Referéndum y Consulta Popular en Ecuador, no solo en lo económico, sino y sobre todo en lo político? ¿Cuál podría ser su alcance en caso de que la propuesta tentativa de siete preguntas publicadas por el presidente Daniel Noboa logre el dictamen favorable de la Corte Constitucional? ¿Qué justifica verdaderamente apelar al soberano primario sin que esa decisión no termine en una nueva pugna por la significación del Referéndum y Consulta Popular, o, peor aún, en una coartada populista y autocrática disfrazada de participación y democracia?
Dicho de otra manera, la pregunta y la reflexión que se deben hacer los ciudadanos no es si conviene o no este nuevo Referéndum y Consulta Popular por los USD 60 millones que puedan costar; sino para qué, cómo y con qué horizonte de cambio se lo plantea, a fin de que este ejercicio democrático no sea una encuesta para medir la popularidad del Presidente de la República o una estrategia para imponer la agenda de discusión de los próximos meses, por sobre otros temas importantes y estructurales para el país, como la crisis del sistema de salud pública que padece una arraigada ineficiencia y corrupción, con autoridades que brincan de una entidad a otra haciendo alarde de parapetos comunicacionales para encubrir su desconocimiento, sumada a la falta de medicinas, empatía y al recorte presupuestario en más de USD 1 300 millones, del cual no se dice nada. Pero también de las redes familiares de algunos asambleístas de ADN en el Parlamento. La deficiente ejecución presupuestaria de todos los ministerios. O, incluso, que esta iniciativa de consulta pueda contrarrestar el duro golpe de realidad que recibió el Gobierno de Noboa, frente al pronunciamiento de la Corte Constitucional, la cual suspendió de manera provisional algunos artículos y disposiciones transitorias de las leyes de Integridad Pública, de Inteligencia y de Solidaridad Nacional que fueron enviadas con el carácter de económicas urgentes por el presidente Noboa y aprobadas por la Asamblea Nacional.
Al igual que el exmandatario y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, Noboa ha decidido incursionar en el arte de la democracia plebiscitaria para confeccionar su estabilidad y permanencia en el poder.
Y es precisamente frente a este último punto donde el anuncio del Referéndum y la Consulta Popular —con sus preguntas aún tentativas— podría (mal)interpretarse como un acto parido en la disputa irresuelta y maniquea entre lo político y lo jurídico, entre un Gobierno “bueno” y una Corte Constitucional “mala”, o, también, como la oportunidad para sostener y refrendar la popularidad y aceptación del presidente Noboa, quien, al igual que el exmandatario y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, ha decidido incursionar en el arte de la democracia plebiscitaria para confeccionar su estabilidad y permanencia en el poder bajo la premisa de que en Ecuador —como en muchos otros países de Latinoamérica— la gente vota por el proponente y el momento político en que se hacen las consultas, más que por el contenido de estas. Lo cual, opacaría la razón principal de todo proceso de democracia directa, esta es, la planificación estratégica orientada a responder demandas ciudadanas concretas y a la necesidad estructural de mejorar el sistema político.
¿Es eso lo que está ocurriendo con la propuesta de Referéndum y Consulta Popular del Primer Mandatario?
Deliberar o disciplinar: la Corte Constitucional bajo el lente del cálculo presidencial
En este juego de legitimaciones —tanto de autoridades como de procesos orientados a consolidar un nuevo hegemonismo político—, las primeras repercusiones tras el anuncio del Referéndum y la Consulta Popular no tardaron en hacerse visibles. El rechazo inmediato de Rafael Correa y de figuras cercanas a la Revolución Ciudadana a seis de las siete preguntas planteadas por el Gobierno, abrió una nueva línea de confrontación, donde el oficialismo posiblemente vuelva a capitalizar el clivaje correísmo/anticorreísmo como eje dominante del discurso público, pero también como mecanismo de distinción simbólica entre lo “nuevo” y lo “viejo”, que se traducirá en los resultados electorales de la iniciativa.
En este escenario, quien más gana es el presidente de la República, pues la consulta prevista para mediados de diciembre podría convertirse, en términos prácticos, en un nuevo plebiscito sobre su gestión. Esto se refuerza aún más, ante un correísmo desgastado por sus pugnas internas, atrapado en múltiples etiquetas y sin propuestas alternativas concretas, más allá de retóricas vacías que lo empujan a criticar al Gobierno desde el resentimiento y la frustración política de una fuerza que, todavía, no digiere sus derrotas electorales.
Sin embargo, no todo es confrontación: también hay humo blanco. Así como ADN y la Revolución Ciudadana lograron limar asperezas impulsados por un instinto común de supervivencia electoral duopólica —reflejado en el cambio del método de asignación de escaños de Webster a D’Hondt y en la aprobación de reformas al Código de la Democracia tan redundantes como intrascendentes—, ahora vuelven a coincidir en otro frente más delicado: el intento de desinstitucionalizar la Corte Constitucional.
En el escenario de la polarización, quien más gana es el presidente, pues la consulta prevista para mediados de diciembre podría convertirse, en términos prácticos, en un nuevo plebiscito sobre su gestión.
Por ello, el verdadero corazón del Referéndum y Consulta Popular propuestos por el presidente Noboa late con fuerza en la pregunta 6, donde se pretende que los jueces de ese organismo estén sujetos a juicio político, con lo cual, bajo una interpretación malversada de la noción de “control político”, se sometería la independencia del máximo órgano de administración de justicia constitucional al vaivén del cálculo político, el chantaje partidista y al dominio de una Asamblea Nacional con graves déficits de ética y calidad en su representación.
¿Una jugada de poder que busca legitimarse en nombre del pueblo para acumular aún más poder?
Lo cierto es que, ante la ausencia de una oposición fuerte en la Asamblea Nacional, el Gobierno de Daniel Noboa fabricó un nuevo contrincante: la Corte Constitucional, convertida hoy en su principal obstáculo para alcanzar un control institucional más amplio. No por casualidad se han desplegado campañas digitales —en redes sociales— para desacreditarla, etiquetándola como enemiga del “pueblo” y “fichando” a sus jueces; mientras se promueven marchas, plantones e incluso amenazas veladas a su independencia. Situación que encendió las alarmas de la comunidad internacional, incluyendo a la Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, quien expresó su preocupación por los intentos de intimidación ejercidos desde el Gobierno y el Legislativo contra la Corte Constitucional.
Reducir la estrategia de seguridad a la eventual presencia de fuerzas extranjeras no solo simplifica un problema estructural, sino que también genera más preguntas que respuestas.
Pero, pasar de una Corte Constitucional independiente a una subordinada a los “mandados” de los gobiernos de turno no es el único aspecto que debería preocuparnos. Más allá del conflicto institucional, hay preguntas en la propuesta de Referéndum y Consulta Popular que, pese a estar envueltas en discursos de oportunidad y eficacia, requieren una reflexión más profunda. Las interrogantes más “atractivas” —aquellas que seguramente serán posicionadas con insistencia por el Gobierno, su partido y ciertos grupos de presión ligados a sectores mediáticos— esconden implicaciones complejas.
Aquí una breve problematización al horizonte (difuso) de cambio que se plantea en las preguntas relacionadas al eje político:
Pregunta 1: La ilusión armada contra el crimen.
Eliminación la prohibición para establecer bases militares extranjeras con fines militares en territorio nacional, puede sonar razonable para una ciudadanía asediada por el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia cotidiana. En un país donde la seguridad se ha convertido en sinónimo de supervivencia, este tipo de planteamientos despiertan adhesión inmediata. Pero reducir la estrategia de seguridad a la eventual presencia de fuerzas extranjeras no solo simplifica un problema estructural, sino que también genera más preguntas que respuestas.
¿Qué clase de presencia militar se instalaría? ¿Quién financiaría su operación, considerando que, por ejemplo, el propio Gobierno de Donald Trump dejó claro que no pagará más por la defensa de otros países? Si no son los Estados Unidos, ¿quiénes serían los actores interesados en ocupar bases estratégicas en suelo ecuatoriano? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestras fronteras a cualquier actor extranjero bajo el pretexto de la lucha contra el crimen y en qué términos?
Además, si esta pregunta es aprobada y se concreta algún tipo de cooperación militar externa, ¿qué expectativas generará? Sin una política integral de seguridad, sin justicia funcional ni control territorial, la militarización externa será apenas un parche simbólico.
Pregunta 2: ¿La culpa siempre será de los partidos y no de quienes los controlan?
Según el Latinobarómetro de las Américas 2024, solo el 13% de los ecuatorianos confía mucho o algo en los partidos políticos, y un 58% —el porcentaje más alto entre 17 países— considera que la democracia puede funcionar sin ellos. Con estas cifras, los partidos y movimientos políticos aparecen ante la ciudadanía como proyectos fallidos. Por eso, incluir en el Referéndum y Consulta Popular una pregunta sobre la eliminación del financiamiento estatal a estas organizaciones —a través de enmiendas a los artículos 110 y 115 de la Constitución, que regulan el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral— será un potente imán para canalizar el descontento ciudadano.
Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos de tomar decisiones estructurales desde la indignación y no desde la técnica? El principal peligro es que esta pregunta se discuta únicamente desde una lógica electoral oportunista —sobre todo en las redes sociales— sin un debate informado sobre las consecuencias. Porque, al eliminar los fondos públicos, ¿qué garantías existen de que el financiamiento privado no provenga de fuentes ilícitas? ¿Qué controles reforzados se implementarán sobre el origen y la trazabilidad de los recursos privados usados en campañas?
La pregunta clave es: ¿cómo se fortalecerán la UAFE y el Consejo Nacional Electoral para prevenir el ingreso de dinero del narcotráfico y del crimen organizado en la política? Este no es un riesgo hipotético. Recordemos que el delincuente Daniel Salcedo declaró ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que entregó dinero a Xavier Jordán —procesado en el caso Metástasis— para financiar la campaña de la Revolución Ciudadana. De ser cierto, este testimonio evidenciaría una grave omisión del CNE, que, pese a contar desde 2020 con una Unidad Antilavado, ha mostrado una preocupante ineficacia en el control del financiamiento electoral.
La pregunta clave es: ¿cómo se fortalecerán la UAFE y el Consejo Nacional Electoral para prevenir el ingreso de dinero del narcotráfico y del crimen organizado en la política? Este no es un riesgo hipotético.
Pregunta 3: CPCCS un problema con retorno a la Asamblea.
Si hay algo que debe reconocerse en la propuesta de Referéndum y Consulta Popular del presidente Noboa, es la voluntad política del Gobierno para abordar de forma directa la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este organismo, marcado por su inestabilidad —con ocho presidentes entre 2019 y 2023—, ha sido objeto constante de disputas entre partidos y dirigentes políticos que buscan controlarlo por su influencia directa en la designación de autoridades de control, lo que lo convierte en una pieza clave para negociar, condicionar o incluso boicotear al poder de turno. Aunque disfuncional, el CPCCS ha sido un botín político codiciado.
Ahora bien, con su posible eliminación, la competencia para designar autoridades seguramente regresará a la Asamblea Nacional, como ocurría antes de la vigencia de la Constitución de 2008. Esto abre una interrogante fundamental: ¿cuál será el mecanismo para dichas designaciones? ¿Se establecerá un sistema basado en acuerdos entre las bancadas más votadas, se optará por una modalidad con delegados técnicos provenientes de distintas instituciones del Estado, o se creará una Comisión Especializada que haga el mismo trabajo del CPCCS? Sin una hoja de ruta clara sobre cómo se garantizará la transparencia, independencia y meritocracia en esos procesos, existe el riesgo de que se reproduzcan —con nuevos actores— las mismas prácticas de reparto político que se busca superar, pero ahora desde otro espacio.
Pregunta 4: El mismo espectáculo, pero con menos actores.
En 2022, Guillermo Lasso intentó reducir el número de asambleístas de 137 a unos 100. La mayoría de los ecuatorianos le dijo “No” en las urnas. Hoy, Daniel Noboa insiste en la misma jugada. ¿Por qué debería funcionar ahora?
La propuesta suena bien. Menos políticos, menos sueldos, menos escándalos. Pero el problema de fondo no es cuántos asambleístas hay, sino cómo se comportan. En teoría, cualquier reforma debería buscar un equilibrio entre representatividad y eficiencia. En la práctica, reducir curules en un país como Ecuador —con partidos débiles, liderazgos personalistas y clientelismo arraigado— no cambia la lógica del poder, solo la concentra en menos manos.
La evidencia comparada lo deja claro: no hay un “número ideal” de legisladores que mágicamente mejore la calidad del debate o la toma de decisiones. Lo que sí influye es cómo se eligen, qué reglas los rigen, y qué tan fuerte es el control ciudadano sobre ellos. Si no cambiamos eso, da igual si son 137 o 100: el show continuará. Y es precisamente esto último lo que no toca la pregunta y el Referéndum y Consulta Popular de Noboa.
Finalmente, en tiempos donde la política pretende imponerse al estado de derecho con estrategias de marketing, el Referéndum y Consulta Popular propuestos por el Gobierno de Daniel Noboa exige algo más que un “sí” o un “no”. Exige reflexión y conciencia crítica. Por eso, es indispensable que los ciudadanos analicen el contenido, los alcances y los silencios de esta consulta más allá de las bajas pasiones, simpatías partidistas o el impulso emocional del momento, pues no se trata solo de respaldar o rechazar a un presidente popular, sino de decidir si abrimos la puerta a una democracia plebiscitaria que puede derivar en autoritarismo populista, o si —a pesar de sus imperfecciones— defendemos un modelo republicano con contrapesos e instituciones funcionales.
* Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista político, experto electoral.