El fuego que late en las cenizas
Con tres personas fallecidas, más de trescientas detenidas, un número similar de heridos, un convoy y una caravana presidencial atacados, y pérdidas económicas de aproximadamente seiscientos millones de dólares, no puede hablarse de vencedores ni vencidos en el paro nacional convocado por la Conaie, y que se sostuvo durante 31 días.
La movilización ciudadana en clave de protesta, tardó 21 meses en tomar aliento antes del paro; previamente la infame crisis hospitalaria del sistema de salud pública -que aún continúa-, y luego la multitudinaria movilización de Cuenca prepararon el terreno.
Pese a la curva de negativa sobre la gestión del gobierno, sectores de la población se mantuvieron al margen o no estaban de acuerdo con una movilización prolongada y tampoco alentaban una escalada de la protesta, a partir de la eliminación del subsidio al diésel. En la capital y seguramente en muchas otras ciudades, la memoria selectiva de las personas reanimó algunos de los hechos más dolorosos del 2019 y del 2022.
La fractura social y el desgaste de la misma fórmula de las demandas, como mecanismo de presión, tampoco ayudaron a una mayor y más unificada respuesta para enfrentar al régimen. Evitar una presión de impredecible intensidad en Quito y su impacto simbólico a nivel nacional e internacional, era clave. Noboa rodeó con tanquetas Carondelet y se mudó con su Gabinete a Latacunga. Desde allí encapsuló el conflicto para atender las protestas de manera focalizada; la maniobra apelaba a una imagen de liderazgo presidencial en zonas “calientes”, sin embargo, muchos quiteños la percibieron como un abandono a la capital. La torpe declaración del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, al advertir que la protesta podría llegar a Quito, fue como un regalo caído del cielo para Noboa, quien la aprovechó comunicacionalmente para plantarse desde sus redes sociales como el mayor defensor de la ciudad.
La Conaie no fue capaz de articular alianzas amplias; confinada a su base rural y con crecientes tensiones internas entre sus regionales, la falta de cohesión se acentuó por la decisión de varias comunidades de no adherirse al paro; paralelamente operativos publicitarios del Gobierno entregando diversos incentivos debilitaron el liderazgo de Vargas y mantuvieron a raya a Leonidas Iza durante 15 días.
Las divisiones políticas mermaron la fuerza histórica del movimiento indígena como actor nacional.
Imbabura, que fue el centro de la protesta durante dos semanas, luchó sola. Ibarra, Otavalo, y todos los cantones y comunidades movilizados, asumieron su suerte en medio del casi completo abandono de otros sectores o aliados naturales, y de la embestida de todo el aparato de seguridad y respuesta armada del Estado.
El 22 de octubre de 2025 Vargas anunció el fin del paro, presentó cuatro exigencias al Ejecutivo y llamó a votar “No” en la consulta popular, trasladando el conflicto al terreno plebiscitario. Justificó la decisión en la necesidad de evitar más violencia. El cierre se dio sin concesiones sustantivas del Gobierno.
La protesta reconfiguró la disputa por la autoridad política y la percepción del orden en el país, con elevados costos reputacionales para el régimen ante audiencias urbanas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Durante el paro, la oposición no indígena se mostró fragmentada y sin un relato alternativo claro, actuando más como eco de la agenda indígena.
La conclusión del paro sin concesiones materiales concretas, más allá del anuncio presidencial de una reducción marginal escalonada del precio del diésel a 2,78 dólares en diciembre y 2,70 en febrero de 2026, será interpretada por algunos sectores como un “retiro táctico” y por otros como una “oportunidad perdida”.
Setecientos días de mandar sin gobernar
El 23 de octubre de 2025, el presidente Daniel Noboa cumplió setecientos días de gobierno y veintitrés meses en el poder. En ese lapso ha decretado o renovado dieciséis estados de excepción, lo que significa que el Ecuador ha vivido quinientos sesenta y siete días bajo un régimen de excepcionalidad.
La normalización de la excepción se ha convertido en la principal herramienta de gobernabilidad, al punto de reemplazar la planificación por la urgencia.
El saldo interroga directamente al proyecto político del actual gobierno. Muchos ciudadanos se preguntan si el país está mejor, igual o peor que hace setecientos días. La violencia no ha disminuido respecto de 2023 ni de 2024, por el contrario, es mayor en el primer trimestre del 2025; la seguridad sigue siendo más un relato que un resultado. A ello se suma la precariedad económica, la falta de inversión pública y el deterioro progresivo de los servicios sociales.
Hasta el 2 de septiembre de 2025, el presidente Noboa ha realizado al menos veinticuatro viajes internacionales, acumulando 116 días fuera del país entre agendas oficiales y desplazamientos personales. En paralelo, la inversión pública se mantiene estancada y no llega la anhelada inversión privada. El comercio, la agricultura, la industria y el emprendimiento carecen de políticas de impulso de largo aliento; el empleo formal no se recupera; las exportaciones petroleras están a la baja, y el sistema de salud pública incluido el IESS, enfrenta una crisis de alto riesgo.
Luego de dos años ¿hay más y mejor gobernabilidad? ¿Hubo realmente un diálogo político amplio para evitar disensos? ¿Por qué la corrupción no ha disminuido?
El problema no radica solo en el descontento social o en la protesta, sino en la sensación de ausencia de gobernanza y de dirección estratégica durante 23 meses de escándalos, culebrones, relatos de guerra y entretenimiento en redes, ampliamente publicitados. La gestión y la propaganda sustituyen a las políticas públicas.
Es claro que además buena parte de este tiempo se derivó hacia la acumulación de control institucional. Ese desequilibrio entre comunicación y resultados reales erosiona la legitimidad del discurso oficial, pero también el desencanto.
El gobierno del presidente Noboa se encuentran en una paradoja. A corto plazo logró desmovilizar el paro sin revertir el incremento del diésel, cumpliendo un objetivo fiscal y enviando señales a acreedores e instituciones financieras. Comunicó además una micro corrección del precio como gesto de control y racionalidad económica. Sin embargo, la legitimación de su gestión se apoya nuevamente en estados de excepción, reforzando la imagen de un Ejecutivo que gobierna con “medidas de emergencia” ante la ausencia de consensos para reforma. El alarde de orden no es coherente con la promesa de eficiencia. En términos simples: Noboa ganó la semana, pero no el relato público de una modernización impopular.
El levantamiento del paro no es un cierre definitivo, sino el inicio de una nueva fase con dos escenarios entrelazados: consulta popular, y reconstrucción de legitimidad gubernamental. Cada escenario incorpora dilemas tácticos y estratégicos que reordenarán el sistema político ecuatoriano en el corto y mediano plazo.
La consulta popular y las estrategias del No y del Sí
El 16 de noviembre de 2025 el país irá a las urnas para pronunciarse sobre autorizar o no la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, reducir el número de asambleístas (preguntas de referéndum); y, permitir la convocatoria a una Asamblea Constituyente (pregunta para consulta popular).
La consulta popular se posicionó como el nuevo eje de alineamiento: el oficialismo busca refrendar su autoridad con un “Sí” para legitimar su agenda fiscal-securitaria, mientras la oposición promueve el “No” como un plebiscito contra la ausencia de gobernanza, la militarización, y la privatización de la salud y de los recursos de los afiliados al IESS.
Consulta como plebiscito sobre autoridad: En la consulta popular no se resolverán cuestiones técnicas. Las 3 preguntas de referéndum son un cebo para la cuarta, que de ganar el Sí produciría la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Las preguntas “anzuelo” o “cebo” permiten el desahogo simbólico de una ciudadanía que reprueba desde hace décadas a su Asamblea y a sus políticos, aunque sus payasadas le diviertan mucho. La pregunta sobre autorizar bases militares en territorio nacional es más espinosa. La oposición sin pedagogía para explicar el tema, facilita al gobierno continuar con su narrativa sobre fortalecer el combate a la delincuencia.
Conseguir el Sí para la realización de una Nueva Asamblea Constituyente es lo más importante para el presidente Noboa. Tan importante es, que declaró que no divulgará el contenido de las reformas que propondrá en la Constituyente, antes de ganar el Sí en la consulta. Lo que en buen romance significa que apelará a la ignorancia del culto público elector y a su ciega confianza para votar afirmativamente, aunque no sepa si las propuestas que allí podrían aprobarse como parte de una nueva Constitución le van a reventar en la cara.
La consulta del 16 de noviembre no es un trámite técnico sino un referéndum de confianza sobre cómo se definirán las reglas del juego para la próxima década en Ecuador. Un triunfo del Sí otorgaría al Gobierno capital simbólico para legislar sus reformas; si lo consigue, advertido está el país de que “nadie los podrá agarrar”.
De igual manera, si se aprueba la consulta, el resultado será sobreexplotado publicitariamente por el Gobierno, como un mayoritario espaldarazo a su gestión, lo cual sería manipular la opinión ciudadana; una falacia política. El aprobar la consulta simplemente reflejaría las respuestas obvias de una mayoría, frente a esas preguntas anzuelo. Para lo oposición el NO reflejaría más que el éxito de las voluntades orgánicas emplazadas en la campaña, una ratificación del desencanto de una mayoría que se quitó la venda de los ojos.
Con el capital político y económico disponible para enfrentar la campaña por la consulta, el Gobierno apremia el cierre de la tenaza sobre el proceso electoral, el tiempo y el desgaste no están a su favor; hará cuanto sea necesario, mientras aún tenga el control.
La consulta del 16 de noviembre no es un trámite técnico sino un referéndum de confianza sobre cómo se definirán las reglas del juego para la próxima década en Ecuador. Un triunfo del Sí otorgaría al Gobierno capital simbólico para legislar sus reformas; si lo consigue, advertido está el país de que “nadie los podrá agarrar”. Ese aviso del Mandatario, difundido en noticieros y en redes, debería bastar para que nadie cobije ingenuas esperanzas sobre un futuro de orden con paz y consensos; es evidente que un sector del país no tolera semejante distopía.
Un triunfo del No validaría la eficacia electoral de la oposición social y condicionaría la gobernabilidad a una agenda distributiva y democrática.
La Constituyente es el punto de inflexión que redibujará el tablero político; su rechazo obligaría a negociar bajo el marco constitucional existente. A tres semanas de la consulta, la decisión dependerá de la percepción ciudadana sobre eficacia en seguridad, empleo, salud, vulneración de sus aportes en el IESS, y -para algunos- democracia, aunque este es un término que muchos no entienden, no alcanzan a definir, no les interesa y para otros, es hora de que en Ecuador se resuelvan las cosas con “mano dura”, palo, bala y circo. Por cierto, a este grupo tampoco le incomoda una dictadura.
Para ciertas personas, la democracia es un fraude y el autoritarismo una gran oportunidad
Oposición dispersa y agendas de un “No” multifacético
El contradictor principal del gobierno no es un único actor. La oposición es un mosaico: Revolución Ciudadana y aliados, movimiento indígena, organizaciones sindicales y gremiales, ecologistas, redes locales con identidad propia, liderazgos municipales y prensa no alineada. La Conaie mantiene capacidad territorial, pero su paro de 31 días mostró límites para articular mayorías urbanas. El correísmo conserva músculo electoral, pero su marca polariza y ahuyenta. Sindicatos y plataformas ciudadanas suman causas sectoriales que conectan con preocupaciones concretas. Esta dispersión expone la debilidad organizativa del “No”, pero también la oportunidad de llegar a distintos sectores de la sociedad; el No tiene posibilidades siempre que logre articular un mensaje común que dé coherencia a su diversidad. En clave de comunicación política: un relato unificador que dé sentido y dirección a sus múltiples voces.
Territorialmente, el Austro, y especialmente Cuenca, ofrece un ejemplo de cómo los conflictos energéticos y extractivos se articulan en demandas de autonomía y control de recursos. La defensa de Loma Larga demostró la capacidad ciudadana de frenar políticas extractivistas y puede servir de espejo para cuestionar un modelo que privilegia la importación sobre la autosuficiencia. En estas provincias, el debate sobre energía se convierte en un símbolo de soberanía y de desconfianza hacia el centralismo.
En la consulta, esa identidad territorial puede traducirse en un voto NO robusto en Azuay y áreas de influencia, irradiando un repertorio de oposición cívica firme y técnicamente argumentada. ¿Será que Cuenca se chanta el guante?
Campaña: los ejes de la carreta
Primer eje: seguridad/excepcionalidad y eliminar la Constitución correísta, socialista, madurista y otros “istas” que fácilmente calan en la ignorancia suicida de quienes pueden votar a favor de tumbar la Constitución porque “es muy garantista” —o sea porque precautela derechos—.
El futuro enmarca el Sí como sinónimo de orden, cooperación militar y herramientas más contundentes contra el crimen. Un empaquetado colorido, pero altamente inflamable como puede verse en el permanente estado de cenizas del Plan Fénix.
En comunicación, las Fuerzas Armadas ocupan un lugar protagónico, con campañas de imagen y difusión de operativos que refuerzan la idea de que sin excepcionalidad la violencia sería incontrolable. El riesgo para la ciudadanía es quedar apresada en la trampa de la excepcionalidad e indefensa frente a las arbitrariedades fascistoides en el marco del conflicto armado interno. ¿Querían mano dura y seguridad?
IESS y salud. La idea de separar la prestación en salud del IESS para trasladarla al MSP despierta temores sobre calidad, tiempos y derechos adquiridos. Es un tema urbano, de clase media y trabajadora, con alta capacidad de mover indecisos si perciben riesgo a su bienestar inmediato. Si en el NO hay buenos comunicadores, es hora de llamarlos. La ausencia es notoria.
CNE, legitimidad y reglas. Un árbitro electoral percibido como opaco, por decir lo menos, erosiona el proceso plebiscitario. La oposición puede articular el No como defensa de la integridad de la voluntad popular. Para ello deben proteger la transparencia operativa, observación y datos abiertos.
Bases extranjeras y Galápagos. Es un asunto que puede amalgamar nacionalistas, ambientalistas y sectores moderados. El interés de USA para asentar en Galápagos una base militar es público y notorio. Se requiere conocer y debatir alcances, controles y beneficios. No queda tiempo. El dilema soberanía/seguridad debe comunicarse con eficacia simbólica, no con discursos cansones.
Estrategia de la oposición: ¿Hay estrategia?
Quizá algunos tips vengan mejor:
- La oposición tiene solo tres semanas para comunicar. Un desgaste de al menos dos años en procesos electorales que es la propuesta del Ejecutivo, podría ser agobiante para los ciudadanos. Una nueva Constitución se percibe innecesaria, costosa y peligrosa. El país necesita soluciones ahora.
- Tres semanas para evitar mensajes inconexos que rompan la inercia de los indecisos; para entender que el teflón del Mandatario es la personalización de una campaña anti-Noboa, que lo único que ha logrado estos dos años es activar la vieja confiable: correísmo/anticorreísmo. Tres semanas para programar golpes comunicacionales en temas clave; para aprender a priorizar mensajes comunes. Tres semanas para encontrar a la gente del día a día, y para no deambular entre los convencidos de siempre.
- El oficialismo intentará plebiscitar al correísmo para atraer votantes de centro y derecha al Sí. La oposición debe evitar que la consulta se vuelva un referéndum sobre Correa, la rana René y el cartel de los sapos. El electorado volátil se mueve por eficacia percibida y por amenazas a su bienestar inmediato y a su economía doméstica, más que por lealtades partidarias duras.
La consulta popular y el referéndum de noviembre de 2025 representan una coyuntura decisiva para Ecuador, con un marco institucional que puede reconfigurarse profundamente de acuerdo con la voluntad popular expresada, siempre que sea respetada y su transparencia esté libre de toda sospecha.
El proceso refleja la tensión entre un poder hegemónico que busca transformaciones estructurales a medida de sus intereses, y una ciudadanía empantanada en el miedo, la polarización y el submundo paralelo de las redes sociales.
Independientemente del resultado, esta consulta popular es un termómetro de la coyuntura política y social ecuatoriana, con implicaciones profundas para el rumbo del país. La “refundación” o reafirmación institucional en juego marcarán un antes y un después en la historia política y social del Ecuador. El desafío de elegir sin equivocarse de nuevo, es enorme.
Crisis del sector energético y riesgos para otros sectores estratégicos
La desinversión y pésima gestión del régimen en el sector petrolero y en el sector energético en su conjunto, deterioran la promesa de eficacia: contratación de barcaza turca, contrato para terminal de gas, apagones, USD 148 millones en contratos de escándalo en el caso Progen, eutanasia a Petroecuador, son algunos ejemplos de un desvarío que le ha costado miles de millones de U$ no al gobierno, sino a todo el país.
El Ecuador de 2024 y 2025: mientras el Estado desembolsó cerca de USD 6 866 millones para cubrir importaciones de electricidad y combustibles, la inversión real en infraestructura sigue rezagada. Solo en 2024 se destinaron USD 267,5 millones a la compra de energía desde Colombia y USD 6 598 millones a la importación de derivados, en un contexto de apagones, refinerías subutilizadas, generación térmica deteriorada y alrededor de USD 215 millones por robo de combustibles entre 2022 y 2024. En contraste, las inversiones anunciadas en redes de transmisión y distribución apenas alcanzaron USD 516 millones, con una ejecución presupuestaria cercana al seis por ciento a mitad de 2025. Petroecuador, debilitada por el asedio del nuevo Ecuador proyecta una producción de apenas 465 000 barriles diarios; las malas decisiones administrativas y la falta de mantenimiento forman parte de una estrategia política.
Esta situación tiene implicaciones directas para la campaña de la consulta. El gobierno de Daniel Noboa busca presentar la nueva Constitución como una vía de modernización estatal, pero la evidencia muestra un modelo caro, dependiente y con baja eficiencia estructural. La incoherencia del discurso se sostiene sola.
La oposición, de su parte, puede convertir esta contradicción en un argumento poderoso: el país paga más por importar energía de la que invierte en su producción. Esa cifra resume una narrativa de ineficiencia y dependencia que conecta tanto con el bolsillo del ciudadano como con la pérdida de soberanía energética. Al incorporar este eje a la campaña, los sectores del No podrían sostener que una reforma constitucional no resolverá problemas que exigen gestión técnica, inversión y transparencia antes que nuevas normas. La dificultad: que puedan comunicar con claridad, sencillez, empatía y creatividad. Es más fácil para el SÍ bramar contra el “sindicalismo corrupto”. En el aniquilamiento de Petroecuador se esconde un evidente apetito privatizador.