Algo debe andar mal. No hay ningún mérito en que un país haya pasado por tantos procesos que ciertos políticos describen como “refundacionales”. La data no miente: Ecuador vive una constante inestabilidad política, síntoma de una nación que no cuaja, de un Estado incompetente para satisfacer las demandas de sus ciudadanos.
Se redactó nueva constitución en los años 1830, 1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 1861, 1869, 1878, 1884, 1897, 1906, 1929, 1938, 1945, 1946, 1967, 1978, 1998, 2008. La de 1938 fue aprobada pero no llegó a regir, por eso a veces se cuentan 19 “constituciones vigentes”. Se puede discutir si debemos promover un nuevo reflujo de patria, pero lo que es indiscutible es que las constituyentes no son la receta para un país enfermo crónico de inequidades sociales, injusticias, corrupción, impunidad; como tampoco de orden y paz.
La iniciativa del presidente Daniel Noboa de impulsar una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si desea convocar una Asamblea Constituyente colocó al país frente a un nuevo episodio de confrontación política e institucional. El anuncio, realizado el 17 de septiembre de 2025, buscaba trasladar la tensión con la Corte Constitucional (CC) al terreno plebiscitario, apostando por un recurso de alto impacto simbólico y con capacidad de reorganizar la agenda pública en medio de un contexto de creciente crisis de gobernabilidad.
El discurso oficial presenta la Constituyente como una vía para “devolver el poder al pueblo” y salir de un supuesto “secuestro institucional”. Sin embargo, este planteamiento parece más una estrategia para capitalizar el malestar social y reducir la presión de un gobierno que debería explicar cómo es que no tiene responsabilidad frente a aquello que critica.
La CC ya fijó una hoja de ruta en su dictamen 10-24-RC/25 de mayo de este año, cuando negó una solicitud ciudadana de constituyente, pero estableció parámetros jurídicos claros. Entre ellos, la imposibilidad de instalar una asamblea de “plenos poderes” y la obligación de cumplir con tres etapas electorales diferenciadas: la consulta de convocatoria, la elección de asambleístas y el referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional. Estos lineamientos imponen límites materiales y procedimentales al Ejecutivo, que no puede por sí solo rediseñar la arquitectura institucional.
El debate no se limita a un aspecto técnico, sino que se proyecta sobre la legitimidad democrática.
Una válvula para reducir presión
El discurso oficial presenta la Constituyente como una vía para “devolver el poder al pueblo” y salir de un supuesto “secuestro institucional”. Sin embargo, este planteamiento parece más una estrategia para capitalizar el malestar social y reducir la presión de un gobierno que, curiosamente, con su mayoría legislativa y su influencia en las otras funciones del Estado, debería explicar cómo es que no tiene responsabilidad frente a aquello que critica.
Un aspecto central del dictamen de la Corte, es el principio de no regresividad de derechos, consagrado en la Constitución de 2008. Este principio impide retroceder en niveles de protección alcanzados en materia de salud, trabajo, libertad de expresión, acceso a la información o no discriminación. Son esas algunas de las razones que explican porque no puede ser una Asamblea “de plenos poderes”.
En pleno debate, el paro nacional arranca
La convocatoria de la CONAIE a un paro nacional indefinido, anunciada el 18 de septiembre de 2025 en Riobamba, fue una manifestación clara del malestar en sectores indígenas y rurales producido por el Decreto Ejecutivo que eliminó el subsidio al diésel, medida que dispara los costos de transporte, producción agrícola y precios de la canasta básica.
La medida no sólo tiene carácter reactivo sino estratégico: con esta acción, la CONAIE busca posicionarse como actor clave frente a un gobierno que intenta avanzar en una agenda compleja (como la Asamblea Constituyente) en medio de tensiones económicas y políticas.
Políticamente, estamos ante una doble lógica de confrontación: con el Ejecutivo, por las medidas económicas; y con la institucionalidad, en tanto se reclama cumplimiento de derechos sociales, consulta previa y transparencia. La CONAIE amplía su crítica a políticas fiscales (IVA), al modelo extractivo de minería a cielo abierto, y al deterioro de servicios públicos. Además de declarar el rechazo a la consulta popular prevista por Noboa, añade un componente de legitimidad al conflicto: no sólo es lo material lo que está en cuestión, sino quién y cómo decide el rumbo institucional del país.
Los escenarios políticos
En prospectiva, varias líneas parecen posibles:
- Escalada de movilización si el gobierno no responde con medidas concretas. El paro podría articularse con otros actores campesinos y urbanos afectados por la inflación, multiplicando el costo político.
- Negociación bajo presión, donde el Ejecutivo podría intentar ofrecer compensaciones parciales (bonos, ayudas, descuentos), aplazamientos o derogatorias parciales del decreto, para evitar un conflicto más profundo.
- Posible debilitamiento institucional si el paro se enfrenta con represión, declaraciones de “terrorismo” u otra criminalización. Eso podría aumentar la polarización, legitimar protestas adicionales y generar una crisis de gobernabilidad.
- La resolución de la CONAIE se inserta en un escenario de alta fragilidad social y política: es tanto un mecanismo de presión directo como una alerta de que el ciclo de políticas económicas bajo ajustes, sin contrapartidas visibles ni diálogo, tiene límites. El desenlace dependerá de la capacidad del movimiento para articular demandas amplias y unitarias, y de la voluntad política del gobierno para negociar sin intentar imponer sus prioridades y, peor aún, proteger intereses particulares.
- Impacto sobre la agenda constituyente: la CONAIE ha incluido entre sus exigencias el rechazo del intento oficial por la Constituyente. Si logra movilizar eficazmente, podría condicionar el diseño de la pregunta, las etapas del proceso, la claridad sobre derechos consagrados, y forzar garantías legales adicionales.
Un carrusel demencial de elecciones
Ofuscar nuevamente a un país agotado por interminables ciclos electorales y plebiscitarios, con graves dificultades en materia de seguridad, economía, empleo, energía, salud pública y desinversión, manteniendo una narrativa siempre dirigida a polarizar y dividir, en lugar de una discusión serena sobre el modelo constitucional, revela la incontinencia populista de un régimen soberbio, urgido por controlarlo todo, sin contrapesos ni auditorías ciudadanas.
Luego de la consulta popular de Cuenca en febrero de 2021, en la que la ciudadanía votó mayoritariamente por el “sí” a la prohibición de la minería metálica en áreas de recarga hídrica, vinculada al conflicto socioambiental de Quimsacocha/Loma Larga; y desde que Guillermo Lasso asumió la presidencia en mayo de 2021, Ecuador ha vivido un verdadero carrusel político-electoral.
Contando desde el 5 de febrero de 2022 (declaratoria del proceso seccional-CPCCS) hasta el 10 de mayo de 2025 (proclamación definitiva de las generales), Ecuador pasó 1.020 de 1.191 días —86%— en “modo electoral”, sin contar precampañas:
Seccionales/CPCCS+referéndum (05-02-2022→08-03-2023), elecciones generales anticipadas 2023 (24-05-2023→05-11-2023), referéndum/consulta 2024 (26-02-2024→08-05-2024) y elecciones generales 2025 (09-02-2024→10-05-2025).
Este carrusel sostuvo la incertidumbre y postergó decisiones de inversión y consumo, ralentizando la actividad.
En costos, el gasto público directo suma USD 358 millones (MM) (Seccionales/CPCCS 2023: USD 109,3 MM; referéndum 2023: USD 17,18 MM; anticipadas 2023: USD 79,94 MM; Referéndum 2024: USD 60,02 MM y elecciones generales 2025: USD 91,71 MM). A ello se agregan los topes legales de campaña (p.ej., hasta USD 5,38 MM por binomio en 2023; USD 2,73 MM por opción en 2024; Fondo de Promoción 2025: USD 13,98 MM), que implican decenas de millones adicionales del lado privado.
El trasfondo de esta coyuntura es la disputa por el control del marco institucional. Para el Gobierno, abrir un proceso constituyente representa la posibilidad de redefinir reglas de juego y debilitar contrapesos. Para la oposición y diversos sectores sociales, el riesgo está en que la consulta sea utilizada como instrumento de marketing y propaganda.
El resultado es que Ecuador es un país intoxicado de campañas políticas, y roto por la polarización. Todas estas elecciones y sucesivas campañas no han significado mejora alguna en los índices de seguridad, pobreza, igualdad…
Tras el bucle de elecciones, consultas y plebiscitos, cuatro vueltas más del tiovivo en la misma feria democrática, finalmente este Gobierno reedita la misma vieja confiable: la estrategia para habilitar la Constituyente.
Luego de dos preguntas para plebiscito (Eliminar la prohibición constitucional de que existan bases militares extranjeras en Ecuador; y quitar la obligación del Estado de financiar con fondos públicos a los partidos políticos) el régimen busca la respuesta afirmativa del amplio porcentaje de la sociedad harta de la inseguridad y de los políticos.
El riesgo para el presidente Noboa es apostar a favor de su propio desgaste, pues indirectamente, reconoce con la primera pregunta su incapacidad de contener la violencia criminal y estar dispuesto a ceder soberanía para quién sabe qué países quieran venir a socorrerlo.
La respuesta afirmativa a la segunda pregunta, blanqueará el financiamiento de poderosas billeteras detrás de los políticos que se presten, y aniquilará la equidad electoral; lo cual es grave para una democracia.
Y, como en una pesadilla recurrente, vendrán las elecciones seccionales en febrero de 2027, el calendario seguirá la secuencia legal y operativa habitual: el CNE realiza la declaratoria y convoca en el año previo (publica el cronograma y reglamentos), abre la inscripción y calificación de candidaturas con su fase de impugnaciones y resoluciones; luego, en enero de 2027 se habilita una campaña de aproximadamente un mes, y rige el silencio electoral de 48 horas antes de la votación de febrero; finalmente vienen escrutinios, actas y proclamación de resultados.
El 12 de septiembre de 2025 la jueza María Lourdes Guamangate, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre (Quito) aceptó la petición de medidas cautelares requeridas por un ciudadano, y dispuso la suspensión provisional para la renovación de vocales del CNE.
El CNE está en funciones prorrogadas desde el 21 de noviembre de 2024. Nada mal, para quien aún cree en las coincidencias.
Con jueces electorales bajo el escepticismo de muchos ciudadanos por falta de transparencia en la organización y resultados de procesos a su cargo, nada suma a una razonable aspiración de un mejor país.
El trasfondo de esta coyuntura es la disputa por el control del marco institucional. Para el Gobierno, abrir un proceso constituyente representa la posibilidad de redefinir reglas de juego y debilitar contrapesos. Para la oposición y diversos sectores sociales, el riesgo está en que la consulta sea utilizada como instrumento de marketing y propaganda, más que como un mecanismo de deliberación ciudadana. La CC, en su rol de árbitro, se convierte en actor decisivo: sin su autorización de la pregunta, el proceso ni siquiera arranca.
Varias de las preguntas consultadas y reeditadas por el gobierno, podían haberse tramitado con la mayoría gobiernista en la Asamblea; pero se prefirió continuar con el culebrón que antagoniza el país y distrae a la esfera pública. Desde 2019 hasta la fecha ha habido 12 intentos de convocar una constituyente, todos rechazados por la Corte Constitucional.
En síntesis, el país ingresa a un escenario de alta incertidumbre. La propuesta de Constituyente puede convertirse en un catalizador de expectativas sociales o en un detonante de mayor polarización. Dependerá de la transparencia del proceso y de la capacidad de los actores políticos para sostener un debate informado, en lugar de reducirlo a un ejercicio de manipulación emocional.
Violencia y fragilidad institucional: rostro de la democracia
Ecuador es percibido como un Estado donde la violencia y la fragilidad institucional deterioran cada año su democracia, y la vigencia plena del Estado de derecho.
El World Justice Project ubicó a Ecuador en el puesto 97 de 142 países en su Rule of Law Index 2024, publicado en octubre y vigente durante 2025.
En América Latina, el país ocupa el lugar 23 de 32, lo que lo sitúa en la parte baja de la región. La tendencia es descendente: en 2022 estaba en el puesto 93 de 140 países, en 2023 cayó al 96 de 142 y en 2024 al 97 de 142.
La organización de sociedad civil World Justice Project (WPJ), publica anualmente un índice que mide el Estado de derecho. Específicamente, toma en cuenta ocho factores: restricción a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Además, enfatiza en que un sistema que falla al respetar los derechos humanos fundamentales garantizados en leyes internacionales no debería será llamado Estado de derecho.
Las deficientes calificaciones de Ecuador reflejan un deterioro paulatino del Estado de derecho, marcado por la violencia y la debilidad del sistema judicial. La puntuación en “gobierno abierto” (64/142) no significa que Ecuador sea un ejemplo de transparencia, sino que, dentro de su bajo desempeño general, este factor es el “menos débil”. El acceso a la información pública no logra equilibrar la percepción de un Estado debilitado por la violencia y la impunidad.
En restricciones al poder del gobierno —sin que se haya medido todavía los ataques a la Corte Constitucional ni la polémica convocatoria a consulta popular— (78/142), ambos contrapesos no logran compensar los graves déficits en seguridad (126/142) y justicia penal (118/142).
El dato sobre acceso a la información es más complejo de lo que parece, si se considera la calidad de la información que la sociedad recibe, por ejemplo: negar que hay crisis en el sector de la salud pública, o polarizar a la sociedad mediante publicidad y viralización de falacias que tachan de “aliados de la delincuencia” a los ciudadanos, y las instituciones que cuestionan el modo en que se imponen leyes, desde una legislatura que alcahuetea la transgresión de normas establecidas en la Constitución, cosa que no es nueva en este país.
Ecuador se dirige hacia el hoyo negro del autoritarismo. Básicamente todo se reduce este momento, a que la sociedad reflexione seriamente en que clase de país quiere vivir; qué clase de políticos quiere que la representen y la administren.
Es el momento crucial en el que la estatura moral de sus habitantes, movimientos sociales, instituciones, prensa, academia, sector privado se ha puesto a prueba nuevamente.
Cuesta creer que alguien a estas alturas, afirme sin avergonzarse, que Ecuador ganará esta vez la institucionalidad prometida gracias a otra Constituyente, urdida como traje a medida del nuevo gobierno de turno.
Por sí misma, una constituyente no asegura una buena Constitución ni la debida gobernabilidad. Muchos de quienes antes apoyaron a Correa y su constituyente terminaron enemigos y perseguidos por el modelo autoritario y corrupto que terminó con una corte “cervecera”. Son algunos de los que ahora están en nómina y apoyan lo que sea con tal de combatir al correísmo. Pero es un error que le está costando mucho dolor a la sociedad.
“Lo que sea” cerró y sigue cerrando la puerta a toda posibilidad de una tercera vía, democrática, participativa, sin las corruptelas de siempre; que haga respetar nuestra soberanía, proteja nuestro medioambiente, fomente inversión sin corrupción, consolide un modelo económico sustentable que garantice el crecimiento de nuestros comerciantes, industriales, emprendedores, agricultores en lugar de ahuyentarlos y botarlos a la quiebra.
El país debe también liberarse de esa nueva forma de secuestro.