A las 21:36 del pasado 14 de septiembre, 19 jueces anticorrupción recibieron un correo electrónico del Consejo de la Judicatura que les informaba de su traslado a otras unidades judiciales ubicadas en, algunos casos, en los sectores más peligrosos de la capital. En ese momento, entendieron el objetivo de una resolución que, siete días antes, había adoptado ese mismo organismo: el desmantelamiento completo de estas unidades especializadas en el país más violento de América Latina.
Durante esas horas, los magistrados solo tenían confusión. Al día siguiente, unos volvieron a sus despachos en el Complejo Judicial Norte, en Quito; otros se dirigieron a sus nuevos puestos de trabajo en distintos sectores de la ciudad. No hubo explicaciones. Solo en un chat grupal recibieron la instrucción de dejar las llaves de sus oficinas. Sus ayudantes tampoco sabían cuál era su destino. Pero estos jueces, que antes conocieron los casos más complejos de crimen organizado y corrupción del país, desde ese día pasaron a nuevos despachos para tramitar robos, hurtos, infracciones de tránsito, casos de violencia intrafamiliar y de defensa al consumidor.
No hay registro reciente de una medida similar en la administración de justicia del país. El único antecedente más cercano ocurrió en 2004, cuando el entonces Congreso afín al mandatario Lucio Gutiérrez destituyó de manera sorpresiva a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y posesionó a unos nuevos magistrados alineados al Régimen. Por el apodo de su presidente, se la conoció como la ‘Pichi Corte’. En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por la destitución arbitraria de esos jueces.
En el caso de los jueces anticorrupción no hubo destitución. La versión oficial de Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura, es que la resolución 187-2026, del pasado 7 de septiembre, fusionó las unidades anticorrupción con las unidades ordinarias penales de las parroquias de Iñaquito y Mariscal Sucre, y con la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha. En varias entrevistas y evitando la palabra “eliminación”, dijo que esta resolución aumenta de 19 a 50 jueces anticorrupción.
Pero un magistrado anticorrupción resume lo que sucedió en la práctica: “Se eliminó la unidad y se crearon nuevos jueces anticorrupción. No fue una fusión. Nos hicieron jueces ordinarios y a los otros los volvieron anticorrupción (…) Son jueces metidos por la ventana. No ganaron un concurso, pero adquieren competencia por la decisión de cinco vocales”.
El ‘cambiazo’ quedó registrado en el correo del 14 de septiembre. En la misiva, a la que accedió Plan V, consta el nombre de 13 jueces anticorrupción que fueron distribuidos a las unidades y tribunales penales de Carcelén, Calderón, Quitumbe y Tumbaco. Mientras que ocho jueces de unidades o tribunales penales de Quitumbe y Carcelén pasaron a las unidades especializadas anticorrupción. En otro correo, se dispuso el traslado de los jueces de la sala especializada anticorrupción a la Corte Provincial de Pichincha. El correo provino de la Unidad Provincial de Talento Humano, de la Dirección Provincial de Pichincha. Sin firma.
En otras palabras, la Judicatura entregó la competencia nacional de los jueces anticorrupción a jueces parroquiales de Quito, y viceversa. “Fue como una degradación. De generales pasamos a soldados rasos”, compara uno de los ahora ex magistrados anticorrupción.
“Es una decisión arbitraria e inconstitucional”; “una resolución no nos entregó una competencia, sino una ley”, dijeron otros dos jueces. Se refieren a las reformas del 2020 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que crearon a los jueces especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
Con base en ese cambio, en 2021 la Judicatura creó estas unidades mediante la resolución 190-2021 y convocó un concurso público en el que los aspirantes debieron pasar incluso por pruebas de confianza y una capacitación de 52 días. El proceso tuvo apoyo directo de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y de la Unión Europea.
Meses después, a la Corte Constitucional llegó una demanda contra esa reforma y contra la resolución. En 2022, la Corte la desestimó y confirmó la constitucionalidad de esas nuevas dependencias judiciales. Cuatro años después, la Judicatura eliminó la resolución 190-2021 y facultó a un grupo de jueces parroquiales de Quito a continuar con el trámite de las causas de corrupción y crimen organizado que dejaron sus antecesores.
Pero Caicedo, en una entrevista durante el programa A Primera Hora, negó que la resolución 187-2026 se contrapone al COFJ porque, insistió, no era una “eliminación” sino el “fortalecimiento” de estas unidades, a las que tachó de «ineficientes».
De héroes a «ineficientes»
En la tarde del 7 de septiembre, Caicedo y los vocales Magali Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara aprobaron la resolución 187-2026 en una sesión extraordinaria cuyo primer punto fue para declarar el 23 de diciembre de 1992 como la fecha que dio origen a la Judicatura, el segundo punto fue para inadmitir la apelación de un secretario fiscal y en el último punto del día abordaron la eliminación de las unidades anticorrupción. Les tomó 40 minutos tomar esa decisión.
“Estamos suprimiendo una unidad, pero esas facultades las conservan quienes están actualmente en ellas y se incrementan al resto de las unidades de Quito”, manifestó Fabara en esa sesión. Pero una semana después, el mismo vocal acudió a Teleamazonas para mostrarse sorprendido por el traslado de los jueces y asegurar que no tuvo conocimiento de la reubicación de los jueces anticorrupción. “Es una decisión inconsulta”, dijo Fabara y responsabilizó a las unidades administrativas de la Judicatura.
Sin embargo, el pasado viernes 18 de septiembre, cuatro días después del traslado, los vocales de la Judicatura se reunieron con los ex jueces anticorrupción. Allí les quedó claro que la Judicatura no revertía su decisión, según conoció Plan V.
Caicedo y Fabara han salido en medios de comunicación para defender la resolución 187-2026. Entre el 10 y 12 de septiembre, Caicedo visitó cuatro medios acompañada de hojas con las cifras del desempeño de las unidades anticorrupción.
Uno de estos espacios fue el de Teleamazonas, donde se persignó antes de la entrevista. Aunque estos jueces fueron nombrados en diciembre de 2022, Caicedo dijo que desde 2021 los jueces anticorrupción se habían inhibido en más de 250 ocasiones, habían declarado 600 audiencias fallidas y habían suspendido otras 500. “En estos años, la respuesta en sentencias es de 100 causas. Hay muy pocos procesos y muchos jueces”, agregó la funcionaria.
Los ex jueces anticorrupción consultados afirmaron que esa información es incompleta. Las inhibiciones, dicen, corresponden a los jueces de provincia que pasaban los casos a las unidades anticorrupción en Quito, cuando las causas cumplían ciertas circunstancias, entre otras, como que el delito haya sido cometido por una estructura criminal organizada de manera reiterada o sea un caso de trascendencia nacional o internacional. En el caso de las audiencias fallidas o suspendidas, se debe a las acciones de los abogados que buscan alargar o entorpecer un proceso, afirman.
De acuerdo con los testimonios de los magistrados, la carga laboral de estas dependencias era insostenible. Los jueces pasaban jornadas extenuantes en audiencias, incluso hasta la madrugada. Por ejemplo, los jueces de unidad debían estar disponibles las 24 horas del día, de lunes a domingo, cuando estaban de turno, para atender flagrancias.
Los de tribunal, en cambio, tenían audiencias de juicio que podían durar semanas e incluso meses. En una causa de lavado de activos, explica uno de ellos, puede haber entre 10 y 50 procesados y por cada uno se presentan entre tres y cuatro abogados que quieren participar. O pueden participar 100 testigos y los expedientes pueden sumar hasta 500 cuerpos (carpetas con 100 hojas impresas en ambos lados).
Desde su creación, los jueces anticorrupción también tramitaban causas constitucionales y estos casos representaban hasta el 60% de su tiempo, según una estimación que hizo este medio en un artículo previo.
Por este motivo, en marzo de este año, la Judicatura les retiró ese tipo de causas, durante una sesión presidida por Larco, quien en ese momento era el presidente temporal de la institución. Él y los actuales vocales Ruiz, Cuadros y Fabara votaron a favor de ese cambio.
En esa sesión, además, el trabajo de estas unidades fue respaldado. Larco dijo que era “imperioso” tomar medidas para que los jueces anticorrupción se concentren en la materia para la que fueron creados. Mientras que la vocal Ruiz afirmó: “Estamos dignificando su trabajo y dando una muestra de que la justicia debe ser más humana”. Tras esta reunión, a cada juez anticorrupción se le asignó un ayudante o analista adicional.
Pero el pasado 7 de septiembre, los mismos vocales Ruiz, Cuadros, Fabara y Larco, más la presidenta Caicedo, votaron a favor de su eliminación por “un desequilibrio operativo”, dice el comunicado oficial de la Judicatura. “No se puede ser tan contradictorio”, reclama otro ex juez anticorrupción.
Si la Judicatura sabía de la carga laboral de esos magistrados y tomó medidas para aliviarla, ¿por qué ahora tienen un discurso diferente? Un ex juez anticorrupción contesta en una frase: “Porque no dejamos que nos metan la mano”.
Una decisión que se veía venir
Los jueces anticorrupción que conversaron con Plan V se mostraron indignados y decepcionados de un sistema que les dio la espalda. No faltó quien durante su relato terminara en lágrimas porque se sentía maltratado, sin garantías y desprotegido.
Ahora una de sus preocupaciones es su seguridad. Uno de ellos describe que esta ha sido deficiente, sin vehículos blindados y con escoltas a las que les deben pagar su traslado y alimentación.
“Cuando se apague el fuego (la coyuntura), nos va a quitar la seguridad”, lamenta uno de ellos. Los ex jueces han reclamado por haber sido trasladados a unidades judiciales, ubicadas en sectores desolados o con una sola vía de acceso, lo que aumenta su vulnerabilidad.
El viernes pasado ya hubo un primer incidente. El conductor de una moto hizo una maniobra abrupta, perdió el control y chocó contra el vehículo del ex juez anticorrupción Renán Andrade mientras este se dirigía a su nuevo despacho. Luego la moto se alejó.
El hecho quedó registrado en un parte policial que está en los anexos de una acción de incumplimiento de la sentencia 9-22-in/22 ante la Corte Constitucional, que presentaron Andrade y la jueza Karol Zambrano, este 21 de septiembre. Ellos han solicitado a la Corte Constitucional que dicte medidas cautelares que garanticen la ejecución de su propia sentencia 9-22-IN/22, que detengan los riesgos que enfrentan estos jueces y sus antiguos equipos de trabajo y que eviten represalias contra ellos.
Las unidades especializadas anticorrupción llegaron a tener 23 jueces, pero tres fueron destituidos por presuntos actos de corrupción que aún la misma justicia no termina de esclarecer. Los magistrados reconocen la existencia de ese problema, pero aseguran que la mayoría buscó trabajar con independencia, de manera técnica y alejada de la política. Les molesta que los traten de corruptos. “No nos pueden poner a todos al mismo nivel”.
Uno de los jueces consultados cree que el ambiente en estas dependencias cambió desde la llegada de Mario Godoy a la presidencia de la Judicatura. Carlos Serrano fue el primer juez anticorrupción que habló públicamente de presiones desde la Judicatura, durante la administración de Godoy, para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Godoy renunció antes de su juicio político y la Asamblea Nacional terminó censurándolo.
Durante sus denuncias, Serrano salió del país para cuidar su integridad y meses después renunció. Esto redujo a 19 el número de jueces en las dependencias anticorrupción. En julio pasado, la Judicatura —con Caicedo al frente— suspendió a los jueces anticorrupción Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez por revocar la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de sus dos hermanos en el caso Goleada.
“No se sorprendan si los destituyen”, dijo uno de sus colegas a Plan V. El magistrado sostiene que las presiones se han intensificado desde que llegaron a estas unidades casos políticos de alto perfil. El de Aquiles Álvarez, principal opositor del presidente Daniel Noboa, es uno de ellos. Otros casos relacionados con los alcaldes detenidos por presunto lavado de activos en época preelectoral también serían otra posible causa.
A estos se suman los procesos de narcotráfico y de lavado de activos, donde hay procesados con fuertes conexiones políticas. Un ex juez anticorrupción resume los frentes que se han abierto: “Nos ganamos enemigos de la política, de la delincuencia organizada y de los abogados de élite de este país. Éramos incómodos para todos”.
Por eso, desde la suspensión de los tres jueces, ya corrían en esas dependencias los rumores de posibles cambios. Pero ninguno de los consultados imaginó que la medida fuera tan drástica. Los entrevistados lo explican así: “No nos querían juntos. Ninguno estaba dispuesto a ceder”; “los jueces demostramos independencia de funciones. Quizá eso no agradaba”.
Los magistrados que conversaron con Plan V asumen que la disolución de las unidades anticorrupción es un castigo y un mensaje de intimidación para ellos y para los jueces ordinarios que han pasado a ser anticorrupción. “Nosotros no perdemos, sino el país. El país pierde, en la gran mayoría, jueces comprometidos y con conocimiento”.