La administración de Donald Trump ha puesto en marcha la operación militar más agresiva en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989. Bajo el nombre de Operation Southern Spear —“Lanza del Sur”— el gobierno estadounidense ha desplegado en el Caribe y el Pacífico un portaviones nuclear, grupos de ataque navales, aeronaves de vigilancia, drones armados y sistemas robóticos de interdicción letal contra embarcaciones que considera vinculadas al narcotráfico. El operativo introduce una ruptura drástica con la estrategia antidrogas de las últimas tres décadas y redefine los límites de la actuación militar estadounidense en la región.
Para Colombia, país históricamente entrelazado con la política antidrogas de Estados Unidos, la nueva doctrina plantea desafíos que trascienden lo militar: amenaza la seguridad de su población marítima, tensiona la cooperación bilateral, alimenta percepciones negativas en la comunidad internacional y reconfigura su posición en el orden hemisférico. Comprender el alcance y las implicaciones de “Lanza del Sur” resulta indispensable para interpretar el nuevo entorno geoestratégico que se abre en el Caribe y el Pacífico.
Lo que sigue examina el cambio doctrinal, la magnitud de la ofensiva, el simbolismo estratégico del portaaviones USS Gerald R. Ford y los impactos directos que enfrenta Colombia en un escenario en el que la militarización de la lucha antidrogas adquiere dimensiones inéditas.
¿Qué es la Operación “Lanza del Sur”? Un giro doctrinal sin precedentes
El secretario de defensa, Pete Hegseth —cuyo cargo fue renombrado como “Secretario de Guerra”— ha descrito los objetivos de la misión “Lanza Sur” en un comunicado difundido en la red social X el 13 de noviembre de 2025:
“(…) esta misión defiende nuestra Patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra Patria de las drogas que están matando a nuestro pueblo” (traducción de la autora).
La retórica del “narcoterrorismo” —ya empleada durante la primera administración de Trump— adquiere ahora un peso operativo real. Las embarcaciones sospechosas no son interceptadas ni perseguidas: son destruidas. Esto marca una ruptura radical con años de prácticas en las que predominaban la captura, el decomiso y la judicialización, usualmente apoyadas por fuerzas locales como las de Colombia, Ecuador y Panamá.
El giro también se traduce en un retorno explícito a la doctrina de la acción unilateral. Aunque el Departamento de Estado señala que los ataques se realizan “en aguas internacionales” y bajo parámetros de seguridad nacional, varios gobiernos latinoamericanos han cuestionado tanto la falta de información como la legalidad de los bombardeos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó los ataques como “inaceptables” y advirtió sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales.
En este marco doctrinal, la “defensa del hemisferio” —una frase recurrente en los comunicados oficiales— se interpreta como la justificación estratégica para ampliar el radio de operaciones militares sin depender de la cooperación regional tradicional.
Hasta el momento, la operación “Lanza del Sur” se inició con una serie de ataques letales en el Caribe, lo que marcó un cambio drástico en la postura militar estadounidense en la región. Esta ofensiva se ha consolidado con la llegada y despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, cuya avanzada tecnología y capacidad operativa refuerzan la estrategia de interdicción y proyectan una presencia militar sin precedentes en aguas latinoamericanas.
Los más de veinte ataques y los ochenta muertos: un patrón de letalidad institucionalizada
La dimensión de la operación representa un cambio profundo en la política estadounidense hacia la región. Si en las últimas décadas la lucha antidrogas había oscilado entre la cooperación policial, la asistencia técnica y los programas de desarrollo, la nueva estrategia del gobierno de Trump redefine el combate al narcotráfico como un conflicto armado transnacional.
Desde septiembre de 2025, las cifras reveladas por medios internacionales confirman que la operación ha escalado rápidamente. A la fecha, el Pentágono registra al menos veinte ataques con cerca de ochenta muertos. Ninguna de las operaciones ha resultado en capturas; todas han sido ataques precisos que han destruido las embarcaciones.
El patrón es consistente: identificación aérea o mediante drones, seguimiento y ataque con armamento de precisión. No hay evidencia pública de que las embarcaciones hayan sido advertidas, interceptadas o retenidas. Los registros tampoco muestran intentos de rescate de sobrevivientes o de recuperación de cuerpos.
Las consecuencias y riesgos de esta ofensiva se pueden resumir así:
- Legalidad cuestionada: La ONU y varias organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques constituyen posibles ejecuciones extrajudiciales, debido a la falta de debido proceso, la ausencia de capturas y la opacidad del criterio de selección de los objetivos.
- Posibilidad de víctimas civiles: pescadores de pequeña escala y embarcaciones de trabajo pueden ser confundidos con lanchas rápidas de contrabando. En regiones del Caribe colombiano, panameño y venezolano, las lanchas con motores potentes son comunes y no necesariamente criminales.
- Escalada difícil de contener: La frecuencia de los ataques —más de uno por cada cuatro días desde septiembre— sugiere un operativo sostenido y con reglas de enfrentamiento ampliadas.
- Precedente militar sin retorno: La interdicción letal establece una nueva línea de acción que puede normalizar el uso de la fuerza militar contra objetivos no estatales en aguas internacionales.
El portaaviones USS Gerald R. Ford: señal de una escalada
El despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) ha sido la señal más contundente de que la operación no es un mero patrullaje ampliado. Se trata del portaaviones más grande y tecnológicamente avanzado del mundo: una plataforma de casi 100.000 toneladas de desplazamiento, dotada de 75 aeronaves, un sistema electromagnético de lanzamiento (EMALS) y radar avanzado. Su grupo de ataque incluye destructores, buques logísticos y aeronaves de vigilancia de largo alcance.
El Gerald R. Ford abandonó operaciones en el Mediterráneo a comienzos de noviembre de 2025 para ingresar al área de responsabilidad del U. S. Southern Command (SOUTHCOM). El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señaló que su presencia tiene como objetivo apoyar la destrucción de redes criminales marítimas y “defender la patria estadounidense”.
Las señales políticas y militares detrás del despliegue son claras:
- Estados Unidos está dispuesto a emplear armas convencionales en una misión antidrogas.
- Busca la proyección de fuerza en el Caribe y el Pacífico, regiones tradicionalmente sensibles para la diplomacia latinoamericana.
- Eleva el nivel de riesgo para terceros países cuyos mares o zonas económicas exclusivas convergen con las rutas de interdicción.
El uso de un portaaviones para atacar lanchas rápidas —objetivos que normalmente enfrentarían los guardacostas— sugiere que la misión tiene un alcance estratégico mayor: control territorial, presión política y capacidad de respuesta rápida ante cualquier incidente.
Consecuencias directas para Colombia: una tormenta en tres frentes
Por su ubicación geográfica, su historia bilateral y la dinámica del conflicto interno, Colombia está en el epicentro de las implicaciones de esta operación. Los riesgos se concentran en tres frentes principales.
- Riesgos inmediatos para la población marítima colombiana
El Caribe y el Pacífico colombiano son zonas donde operan pescadores artesanales, embarcaciones de transporte, comunidades costeras indígenas y afrodescendientes, así como grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias de las FARC.
La presencia de fuerzas navales estadounidenses con capacidad destructiva masiva genera riesgos muy altos de:
- confusiones entre lanchas civiles y criminales, dada la similitud de sus motores y diseños;
- interceptaciones erróneas, detenciones o incluso ataques accidentales;
- alteración de rutas de pesca, que afecta la seguridad alimentaria de miles de familias;
- enfrentamientos con grupos armados en zonas de tránsito compartido;
- eventuales incidentes diplomáticos si ciudadanos colombianos resultan muertos o heridos.
Lejos de un riesgo abstracto, se trata de consecuencias humanitarias y económicas directas para regiones ya vulnerables como La Guajira, el archipiélago de San Andrés, Chocó y Nariño.
- Ruptura de la cooperación bilateral en seguridad
La operación ha deteriorado severamente la relación entre Bogotá y Washington. La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el intercambio de inteligencia —tras la decisión del Reino Unido de dejar de compartir información debido a denuncias de violaciones a derechos humanos por parte del Pentágono— marcó un quiebre histórico en la cooperación antidrogas.
Petro ha insistido en que cualquier lucha contra las drogas debe respetar los derechos humanos de los pueblos del Caribe, distanciándose del paradigma del Plan Colombia. El resultado ha sido inmediato: Colombia pasó de ser un aliado clave a convertirse en un país bajo sospecha de “insuficiente cooperación”, lo que derivó en la descertificación antidrogas y en sanciones contra funcionarios del gobierno.
Esto reconfigura el equilibrio regional y deja a Colombia en una posición frágil frente a presiones externas.
- Deterioro de la imagen internacional y consecuencias económicas
El uso recurrente de la expresión “narcoterrorismo hemisférico” por congresistas estadounidenses, acompañado de insinuaciones de que Colombia comparte problemas estructurales con Venezuela y Cuba, alimenta una narrativa peligrosa. Este discurso:
- perjudica la reputación internacional del país,
- desincentiva la inversión extranjera,
- afecta la cooperación de agencias multilaterales,
- incrementa la polarización interna al convertir la política exterior en tema de disputa doméstica.
La retórica estadounidense sitúa a Colombia en un lugar incómodo entre aliados y adversarios, lo que dificulta el desarrollo de una estrategia diplomática coherente.
Como resultado, Colombia enfrenta un dilema complejo sin precedentes. Si apoya plenamente la operación estadounidense, arriesga validar ataques letales que podrían involucrar a ciudadanos colombianos y abrir un precedente de intervención militar extranjera en sus mares. Si se opone frontalmente, profundiza la ya evidente crisis diplomática con Washington, lo que arriesga la asistencia económica, la cooperación en inteligencia y el respaldo internacional.
El país está atrapado en una zona gris en la que no puede romper con Estados Unidos, ni avalar una operación que pone en riesgo su soberanía marítima y su seguridad humana.
Un nuevo orden hemisférico en disputa
“Lanza del Sur” marca un antes y un después en la seguridad hemisférica. Constituye una militarización acelerada de la lucha contra las drogas, acompañada de una narrativa de defensa nacional que se agrava con el enfoque unilateral estadounidense. El portaaviones USS Gerald R. Ford funciona como símbolo de esta nueva etapa: el poder naval, la disuasión y un mensaje inequívoco de supremacía estratégica.
Para Colombia, el reto no es solo reaccionar a la operación, sino recalibrar su posición en un hemisferio donde el narcotráfico se ha convertido en la justificación de acciones militares de gran escala. En un entorno donde se combinan riesgos de víctimas civiles, tensiones diplomáticas y presión geopolítica, debe definir con claridad su papel: ¿actor subordinado, socio negociador, o defensor autónomo de sus mares y su población?
Lo que ocurra en los próximos meses determinará no solo el rumbo de la lucha antidrogas, sino también la arquitectura de seguridad en el Caribe y el Pacífico para la próxima década.
Acerca del autor
Marcela Anzola* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.