Marcelo Espinel, abogado y subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, permaneció tres meses como asesor de despacho en el Consejo de Participación Ciudadana. Siendo por más de 15 años partícipe de procesos de transparencia y de creación de observatorios a las instituciones desde la sociedad civil, su mirada experta encontró la clave para entender el papel del Consejo de Participación en la demora para la designación de autoridades de control y la explicación del papel de los consejeros correístas identificados en la llamada liga azul. Para Espinel, todo lo que pasa en el Consejo y la revelación de los chats de la liga azul es la evidencia de la podredumbre del Estado y de los actores políticos. Él desmenuza, institución por institución, esa descomposición que se acepta y disimula cuando el nuevo hegemón toma el control para su fines y conveniencias, que están lejos del bien común, de respetar el voto ciudadano, de mejorar al Estado en su conjunto y evitar la corrupción. Ecuador, dice, y sus instituciones como el CPCCS es el modelo perfecto del cálculo político que trabaja en favor del poder y no de los ciudadanos.
¿Cuál es su diagnóstico de la situación del Consejo de Participación Ciudadana?
En varias ocasiones he mencionado que ese organismo no tiene razón de ser. Que el Consejo, luego de su diseño en Montecristi era un homenaje a la ingenuidad. Y luego de pasar tres meses en la institución me ratifico en que esta tiene que desaparecer. Su configuración va a convertirla siempre en el botín político del gobierno de turno. Lo que observé fue una inacción total por parte de las autoridades, de los funcionarios que responden a esas autoridades y que dio como resultado que no se avance en los procesos de designación de autoridades de control. En la asesoría del despacho del consejero Gonzalo Albán, en un primer momento tratamos de impulsar los procesos, sobre todo la renovación de la judicatura, pero sí me llevé un mal sabor de boca cuando a pesar de que existía una resolución del Pleno del Consejo que buscaba dar continuidad a la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, la institución simplemente no quiso hacerlo. Y esta responsabilidad recae en el presidente del Consejo: es él que tiene el manejo administrativo de la institución, el que puede disponer de los equipos técnicos para que avancen en los procesos de designación, pero lamentablemente no se lo hace. Lo que hizo el Consejo es esperar los resultados electorales, ver quién ganaba la elección para recién ahí ver cómo avanza en los procesos de designación.
Estos cálculos aterrizan en tiempos incumplidos, ¿la ley les permite eso? ¿Les importa?
Creo que no les importa y la norma también les permite aquello. Y también se escudan en interpretaciones erróneas a la norma. Por ejemplo, durante los últimos meses el presidente Andrés Fantoni señaló en medios de comunicación que necesitaban del séptimo consejero en el CPCCS para avanzar en los procesos de designación, lo cual es falso. El reglamento dice que las decisiones del Pleno se toman con cuatro votos. Es decir que durante todo este tiempo podían haber avanzado con los procesos de designación. El presidente Fantoni también decía que para avanzar con la renovación del Consejo de la Judicatura necesitaban que todas las entidades enviaran sus ternas y recordemos que el presidente de la República no enviaba su terna y eso, a criterio de Fantoni no le permitía avanzar. Es falso.
El presidente de la República puede mandar su terna y habrá que ver si la Corte Nacional de Justicia modifica o no su terna. De esa manera, gracias a este estancamiento del proceso, el gobierno puede tener mayoría dentro del Consejo de la Judicatura.
¿Por qué?
Porque si ya tienes las ternas de la Asamblea Nacional, de la Defensoría Pública, de la Corte Nacional de Justicia y de la Fiscalía General, comienzo a seleccionar esos cuatro vocales. Recordemos que la actual consejera Solanda Goyes es la representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura. Se puede designar los otros vocales pero la excusa para no hacerlo es que es mejor tener todas las ternas para hacer un solo proceso de designación y la ley no determina eso. Si se hubiese querido renovar el Consejo de la Judicatura se podía haberlo hecho mucho antes.
¿Entonces por qué no se hizo?
Creo que estaban esperando a las elecciones y que se acomoden las fuerzas; esto en conjunto con los chats de la liga azul, para qué: si en la Asamblea Nacional el gobierno logra tener 77 votos y si la Asamblea así lo decide se puede modificar la terna con integrantes afines al noboismo. La fiscal general se mantiene en el cargo, hoy por hoy, porque ganó Noboa. Si hubiese ganado Luisa González probablemente la fiscal no estuviera en el país. Y ahora la Fiscalía podría cambiar su terna con gente afín al oficialismo. La terna de la Defensoría Pública está en duda, porque apareció dentro de los chats de la liga azul; probablemente existan presiones al defensor público para que cambie su terna a favor del noboismo. El presidente de la República puede mandar también su terna y habrá que ver si la Corte Nacional de Justicia modifica o no su terna. De esa manera, gracias a este estancamiento del proceso, puede tener mayoría dentro del Consejo de la Judicatura. El escenario para el presidente sería: control de la Asamblea, de la Judicatura y, cuidado, del propio Consejo de Participación Ciudadana.
¿En el Consejo de Participación están ya definidos todos los siete vocales?
Los vocales ya están definidos, la Asamblea posesionó a los suplentes y se está concretando una mayoría. Hay cinco consejeros que si bien no son afines al gobierno tampoco son cercanos al correísmo. Y los otros dos son Nicole Bonifaz, con dudas por su aparición en los chats de la liga azul y con un proceso penal, y David Rosero, que no necesariamente es correísta pero se inscribe en los sectores de izquierda.
La principalización de David Rosero generó polémica por los cuestionamientos de Óscar Ayerve, que también decía tener derecho.
Creo que en la misma línea del Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional estuvo calculando con los resultados electorales para ver a quién posesionar, de acuerdo a su posición contraria o afín al gobierno. Ahora, la consulta que se realizó a la Procuraduría General del Estado no fue la adecuada y comparto con Ayerve en ese sentido y su acción de protección podría tener asidero. Y si se le da la razón pondrá en evidencia una violación de derechos por parte de la Asamblea Nacional y de la Procuraduría General del Estado. Ahora, esto es un elemento adicional que se suma a la inestabilidad del Consejo de Participación. Si mañana resulta que no es Rosero sino Ayerve y luego este tiene un impedimento para posesionarse como funcionario público, vamos a pasar al siguiente y al subsiguiente. Eso pone en evidencia en, en su diseño, la institución no funciona. Insisto, si para tomar decisiones en el Consejo necesitas 4 de los 7 votos y el gobierno llegara a tener los 5 votos, ¿para qué necesita una constituyente? Si ya puedes designar judicatura, fiscal, Consejo Nacional Electoral. Creo que es muy arriesgado el hecho de hacer una reforma constitucional que dé a la Asamblea las potestades de designación, porque una cosa es comprar cuatro votos y otra es comprar 77 por más que sean de tu partido. Creo que el Consejo de Participación, de una manera muy calculada, retrasó los procesos de designación para llegar a este momento.
Y ¿qué ha pasado, por ejemplo con el reemplazo de la fiscal general?
Hace más de un mes el Consejo de Participación tenía que haber convocado a la Comisión Ciudadana de Selección, CCS, pero no lo ha hecho. La excusa es que había que reformar el reglamento para esta comisión, pero en los tres meses que estuve ahí nunca tuvimos ni siquiera el borrador de la reforma al reglamento, nunca se discutió. Únicamente se habló de que se querían cambiar los requisitos.
La gente puede tener afectos o desafectos con Diana Salazar, pero es una autoridad prorrogada que ya no debería ocupar ese cargo y el CPCCS ha incumplido con su función de designar a su reemplazo.
¿Por qué se querían cambiar los requisitos para ser parte de la comisión ciudadana?
Porque en teoría, el hecho de que la institución no tenga credibilidad y que el reglamento de la CCS permita que ingrese cualquier ciudadano, hacía que las personas que podían tener perfiles de más experiencia no postulen para ser parte de la CCS. Se querían elevar los requisitos, algo que en el papel suena bien, pero viola derechos, porque la Constitución dice que es una comisión de ciudadanos, no de expertos o profesionales. Más allá de eso se había puesto en duda que el Consejo de Participación no contaba con los recursos suficientes para pagar las dietas de los integrantes de la CCS y que por eso el proceso estaba demorado. El dinero para esas dietas depende del Ministerio de Finanzas, del Gobierno. Pero estas son excusas, porque la ley es clara. Tenían que avanzar con el proceso de designación y lo que hacen es que una autoridad como esa se prorrogue. La gente puede tener afectos o desafectos con Diana Salazar, pero es una autoridad prorrogada que ya no debería ocupar ese cargo y el CPCCS ha incumplido con su función de designar a su reemplazo. Y no hay señales de que quiera retomar el proceso. No hay la reforma al tal reglamento de la Comisión Ciudadana de Selección, no hay una convocatoria a integrar la CCS y el resultado es que tendremos fiscal general titular en uno o dos años. Y hay el pronunciamiento de la Procuraduría, que indica que se puede quedar en el cargo hasta que sea legalmente reemplazada. Esto, sin duda, evidencia el incumplimiento de funciones del Consejo de Participación y, ojo, alguna especie de anuencia del Ejecutivo y de Finanzas para no dar paso a esta designación y mantener a Diana Salazar mientras les convenga.
En el caso de los consejeros del CNE, ¿cuál es la situación?
Se avanza a paso de tortuga. Se está conformado la Comisión Ciudadana de Selección; a esta la integran no solo ciudadanos sino representantes de otras funciones del Estado. Y para esto se conforma un equipo técnico, que consiste en un representante de cada consejero que evalúa los perfiles de cada uno de los representantes de las instituciones del Estado. En los tres meses en que estuve ahí no se hizo una sola reunión del equipo técnico, a pesar de que era su obligación. Los coordinadores de los equipos técnicos responden a la máxima autoridad y su esta le dice «no convoque» simplemente no se convoca y eso hace que el concurso de renovación esté estancado. Ya hay un pronunciamiento de la Procuraduría que dice que el concurso de renovación del CNE se puede llevar a cabo independientemente de que haya un proceso electoral y que los consejeros serán reemplazados cuando el proceso electoral culmine. Los consejeros electorales están prorrogados seis años en sus funciones. Tenían que haber sido ya reemplazados, porque hay dos renovaciones pendientes. Una primera parcial y una segunda parcial.
¿Todos los vocales del CNE debieron haberse ido ya?
Así es. Y no se dan las renovaciones porque haya habido elecciones. Sino por la lentitud del Consejo de Participación Ciudadana.
O porque todos los actores políticos estuvieron o están conformes con estos vocales del CNE.
Por supuesto. Para qué los queremos cambiar si al gobierno le conviene que Diana Atamaint y Pita se queden y si yo controlo el CPCCS les dijo: mantengan ese proceso en stand by. Si me conviene que Mario Godoy siga siendo presidente del Consejo de la Judicatura, le digo al Consejo de Participación Ciudadana que no renueve la judicatura y tampoco, como gobierno, mando la terna. Si la fiscal tiene un acuerdo con el presidente de la República, le digo al CPCCS que no dé paso al concurso.
¿Eso convierte a estos funcionarios de control de rehenes del presidente de la República?
O de quien tenga el control del Consejo de Participación. Acuérdate que cuando teníamos a la liga azul, las autoridades iban a ser cambiadas de acuerdo al gusto de Rafael Correa y eso es lo que se ha visto en los chats. El Consejo como tal se convierte en rehén del poder político de turno, independientemente de quién sea. En un contexto como el actual, ¿quién tiene más que ofrecer, el gobierno o el correísmo? Entonces, los consejeros que debieran responder a la voluntad ciudadana terminan respondiendo a los designios del poder político de turno. Tal como está diseñada, esa institución, a pesar de que sus consejeros respondan a un proceso de elección popular termina siendo captada por los intereses del gobierno de turno o del poder político más fuerte.
¿Cuál es tu visión de los chats de la liga azul? El lío empieza con la elección polémica del Súperintente de Bancos…
Creo que hay tres partes en esto, vamos por la parte más técnica. La normativa interna del Consejo de Participación Ciudadana es el problema en los procesos de designación; es una normativa demasiado ambigua, no establece plazos y está sujeta a la interpretación del director jurídico o de los consejeros.
Los consejeros de participación ciudadana están bajo constante presión e influencia de distintos actores, que hacen que sus decisiones no sean independientes.
¿Eso es a propósito?
Creo que sí. Se crea así a propósito de tal manera que se puedan tomar decisiones que sean favorables para unos u otros. Así es toda la normativa, es muy deficiente. El segundo punto es el siguiente: el CPCCS tiene un poder tan grande en la designación de autoridades, que siempre va a ser el botín del poder político de turno y, sin duda, querían tomarse la Súper de Bancos. ¿Con qué intención? No lo sabremos, pero había el interés manifiesto de tomarse esa institución a través de una interpretación errónea de la norma y terminan reemplazando a quien realmente fue designado súper de Bancos, que es el actual (Roberto Romero von Buchwald).
¿Por qué fue errónea la interpretación?
Porque ya existió una decisión del Consejo de Participación respecto de quién había cumplido los requisitos, y yéndose en contra de una disposición de la Corte Constitucional el mismo CPCCS termina reemplazándolo, tanto que la propia CC dice que desobedecieron orden de autoridad competente e inicia el proceso de destitución de los consejeros de participación. Ahora, creo que más allá de esto, los consejeros están bajo constante presión e influencia de distintos actores que hacen que sus decisiones no sean independientes. Pongo un ejemplo: la existencia de cuotas dentro del Consejo de Participación. El CPCCS no tiene solo la facultad de designar autoridades, sino también fomentar la participación ciudadana, la transparencia y luchar contra la corrupción. Para esto existen distintas coordinaciones técnicas: coordinador de transparencia, coordinador de participación ciudadana y coordinador de control social. Son funcionarios que ganan por encima de los USD 3000 mensuales y ninguno es designado con concurso de méritos y oposición. Estos funcionarios tienen que cumplir ciertos requisitos y luego sus nombres pasan al pleno del Consejo para que los vocales resuelvan si cumplió los requisitos y ocupe el cargo. ¿Cuándo se ha visto una convocatoria pública para esos cargos? Lo que sucede es que un consejero puede proponer que sea Pepito, otra consejera que sea Juanito y un tercero que sea Luisita, y hay acuerdos que permiten que los consejeros tengan cuotas en los distintos cargos del CPCCS. Y eso sucede en todos los cuerpos colegiados: pasa en el CNE, en el Consejo de la Judicatura, porque es la manera de negociar los votos. Tras ese sistema de cuotas, qué sucede cuando de repente tienes de cuota al coordinador de transparencia que debe investigar casos de corrupción y que sus informes pongan en evidencia posibles ilícitos. Pasó precisamente en el caso de la consejera Nicole Bonifaz donde aparece un supuesto caso de corrupción en el que estarían involucradas personas cercanas a ellas y, según los chats, ella pide que se archive ese caso. Ella lo niega, pero fíjate cómo terminan captando toda la institución, siendo presionados porque también te pueden extorsionar diciéndote: Juanito, sabes que llegó una denuncia de corrupción de tu contra y de tu voto en algún tema específico depende de que avancemos o no con esa investigación. Esta institución no tiene arreglo posible mientras no exista voluntad política, mientras los consejeros no entiendan que deben responder a la voluntad ciudadana y no a los partidos políticos, mientras las normas internas no sean corregidas y mientras no comprendan que ellos no se deben al poder de turno, y que deben avanzar con los procesos de designación de autoridades a pesar de los afectos o los desafectos.
Tal vez con la elección popular de los consejeros se quería dar independencia y autonomía pero apareció de nuevo la trampa y fue electa la liga azul.
Los partidos políticos terminan captando esto. El diseño salió mal desde el principio. El que una persona que aspira al cargo de consejero en el CPPCS no pueda hacer campaña es absurdo. ¿Cómo se da a conocer? ¿Cómo entonces se evita que un partido político no diga que va a promocionar de ladito o de frente al candidato? Hay que ver que el sistema de elección para el Consejo fue un error, que no puedan hacer campaña dará como resultado eso.
Tampoco se puede negar la postura política…
No se puede negar pero sí está claro, y lo dice la norma, que no puede tener ninguna relación partidista pero eso es algo que, desafortunadamente, es imposible. Puede ser que no esté afiliado al partido, pero si fallo a favor del gobierno de turno o de la oposición, tengo una posición partidista. Este es un ejemplo de ello: el 25 de febrero del 2025 se aprobó una resolución en la que se solicitaba al presidente de la República, por segunda ocasión, que envíe la terna para integrar el Consejo de la Judicatura. En la misma resolución se le da un plazo de diez días a las otras entidades nominadoras para que ratifiquen o modifiquen sus ternas y se decía en esa resolución que pasados los diez días se iba a disponer la inmediata revisión de las carpetas de las ternas ya enviadas para reemplazar a los vocales de la Judicatura. Han pasado dos meses y el Consejo no ha sido capaz de cumplir con su propia resolución. Y esto podría ser fiscalizado por la Asamblea Nacional. Un asambleísta, Jorge Peñafiel, ya pidió información sobre esto, pero no pasa nada, porque vivimos en el país del cálculo, se esperan los resultados electorales y vemos cómo nos acomodamos según el ganador. Calculan más que Baldor.
Volviendo a los chats de la liga azul: hay el intento de toma de una entidad muy delicada como es la Súper de Bancos, hay una conspiración externa para eso, la Asamblea, un partido político…
Esto pone en evidencia la podredumbre del Estado en general. Porque estás viendo a un partido político, ves a la Asamblea Nacional que tiene la facultad de posesionar autoridades en contubernio con vocales del Consejo de Participación Ciudadana, incluso, dentro de esos chats, de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral a propósito de la destitución o no de los miembros de la liga azul. Esto no implica únicamente al Consejo de Participación, involucra a otras instituciones. Lo curioso es que son jueces del Tribunal Contencioso, en este caso, que están a las puertas de ser reemplazados por parte del mismo Consejo de Participación. Si el juez electoral, que tiene a cargo la decisión de destituir o no a un consejero encargado de reemplazarme, probablemente no lo voy a destituir, para quedarme más tiempo en el cargo. Esa podredumbre se da por el diseño institucional. En segundo lugar, creo que la filtración de estos chats dice muchísimo al respecto de la desconfianza que existía dentro de la misma Revolución Ciudadana. El hecho de que se graben los unos a los otros pone en evidencia que sus prácticas no eran las más íntegras. Esto se repite dentro del CPCCS y me da pena decirlo. Apenas ingresamos al despacho lo primero que ofreció la Policía fue hacer un barrido electrónico para ver si no había micrófonos, porque llegué a ocupar el mismo escritorio del ex consejero Augusto Verduga. Es un ambiente en el que no puedes hablar muy duro porque no se sabe si te están escuchando del otro lado. Porque dentro del ambiente existe el temor de que algo se pueda filtrar.
¿Hay espionaje político?
Completamente. Y además de eso tuve la evidencia de que dentro del Consejo de Participación Ciudadana hay la clara intención de no cumplir con la ley, una clara intención de no avanzar con la designación y reemplazo de autoridades, una clara intención de no avanzar en la lucha contra la corrupción. Cómo es posible que en los órdenes del día del CPCCS se dé mas importancia a: la aprobación de la veeduría para la designación del registrador de la propiedad de un cantón o la aprobación de la veeduría para la construcción de un nuevo canal de riego o la entrega de reconocimientos a los artistas de un cantón por su aporte cívico en determinada catástrofe. Y se acabó la sesión. ¿Dónde están los procesos para la Judicatura, para el CNE, los casos de corrupción? Muchas de las denuncias de corrupción que llegan al pleno terminan, luego de dos años de investigación con la frase «se recomienda al denunciante acudir a la Fiscalía».
¿Se ha culminado algún caso de corrupción?
No hay un solo caso más allá de lo que se hizo en la administración del doctor Trujillo, que los hicieron con sesgo, porque se indagó sobre corrupción en el correísmo pero se dejaron casos en el gobierno de Lenín Moreno. Se ha dejado de lado estas facultades y preferimos hacer la veeduría del registrador de la propiedad en Chambo. Un Consejo de Participación que está, al parecer, en campaña, viajando a Riobamba a suscribir convenios, a Cuenca para celebrar sus fiestas de cantonización, entregando reconocimientos y bailando con la ciudadanía en lugar de avanzar en los procesos de designación de autoridades e investigación de casos de corrupción. Me apena mucho que una entidad como el CPCCS gaste miles de dólares transportando a sus autoridades a una sesión en Cuenca, mientras que sus funcionarios tienen que poner una cuota semanal de cinco dólares para comprar papel higiénico y llenar los bidones de agua. Es una falta de humanidad, de sentido común, al respecto de cómo se administra la institución. Además, a pesar de que existe personal técnico de altas capacidades, las instalaciones, los recursos y la tecnología de la institución son muy deficientes. Hace cerca de dos años se quiere hacer una modificación a la página web del Consejo de Participación, pero no es posible porque hay dos personas en el área de tecnologías de la información pero una de las partidas fue usada para otro propósito. Entonces tienes a un funcionario que no se da abasto. Más del 90% del presupuesto se va en gastos de personal. Creo que hay que ponerle mucho ojo al personal de libre remoción porque muchos de estos se presentan así: «buenas, soy cuota del consejero a la consejera tal».
Teníamos autoridades correístas y pasamos a autoridades trujillistas. Después tuvimos una fanesca de autoridades que respondían a Moreno o a Lasso… Y ahora pretendemos pasar a autoridades de control controladas por Noboa.
Volviendo a la renovación del Consejo de la Judicatura, podemos tener el escenario en que, a la luz de la nueva hegemonía política, pasemos de un control correísta a uno noboista de la Justicia.
Teníamos autoridades correístas y pasamos a autoridades trujillistas. Después tuvimos una fanesca de autoridades que, unas respondían a Moreno o a Lasso… Y ahora pretendemos pasar a autoridades de control controladas por Noboa. Nuevamente estamos en este vaivén de amigos de los unos a amigos de los otros. Tenías cuatro vocales del Consejo de la Judicatura hasta la salida del Dr. Merck Benavides, que probablemente busque la Fiscalía General. Te quedas con tres consejeros: Godoy, representante de la Corte Nacional de Justicia; Solanda Goyes, representante del Ejecutivo y Yolanda Yupangui. Con tres vocales, de cinco, la institución no tiene legitimidad. Eso no es bueno para la institución. Podrían tomar decisiones pero sin credibilidad. Y me llama la atención cuando Solanda Goyes tiene una posición crítica respecto a la designación de jueces constitucionales, el mismo noboismo decide iniciar un juicio político en su contra. Y llama la atención porque es delgada del propio Presidente y este tiene una salida más fácil: mandar su terna y que se reemplacen a todos los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Es de interés del presidente mantener a Mario Godoy?
Este statu quo deja al sistema de administración de justicia sin control ni legitimidad…
Sí, pero ojo: tenemos un Consejo de la Judicatura que también ha incumplido funciones. Proceso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, dos intentos fallidos y no hay intenciones de seguir adelante. No evaluación a fiscales, no designación de jueces de primer nivel no se diga los procesos disciplinarios que no se siguen. Es un Consejo que no está trabajando, no está cumpliendo funciones. Es responsabilidad, en este caso, del presidente y del Consejo de Participación, avanzar en su renovación, pero tampoco lo están haciendo y eso genera inseguridad jurídica. ¿Cuál es el cálculo del presidente de la República? Ya se le pidió en dos ocasiones que mande su terna y no lo ha hecho. Mi teoría es que el presidente Noboa no quiere un vocal, quiere los cinco, y para eso necesita que la nueva Asamblea Nacional se posesione. Ante la salida de uno de los miembros de la terna para el Consejo de la Judicatura, enviada por la Asamblea Nacional para el Consejo de Participación, en su última sesión, le dio dos días a la entidad para que reemplace la terna, cuando le debió haber pedido que complete al terna. Es la segunda ocasión que el Consejo de Participación Ciudadana pide a las entidades del Estado que reformulen sus ternas para el Consejo de la Judicatura. ¿Están buscando ternas que se adecúen a los deseos e intereses del nuevo poder político?
¿Es probable que, por la historia reciente, los cambios en el Consejo de Participación se manejen de acuerdo a las conveniencias políticas y exista una inestabilidad crónica? Se pueden tumbar consejeros y reemplazarlos por otros, son fichas de recambio.
Esto se puede dar a través de dos mecanismos. El uno es que mañana no se configura una mayoría clara en el Consejo de Participación, deciden alejarse de la línea gobiernista, y con la resolución que mencioné antes sobre las ternas para el Consejo de la Judicatura se les puede iniciar un juicio político y te bajas a los consejeros. O se presenta una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional y destituyes a los consejeros. Es una institución que, a pesar de que tiene un enorme poder, también tiene enormes vulnerabilidades frente a otras entidades del Estado. Termina siendo una entidad rehén, por las prebendas que les puedes otorgar o por las amenazas. Y los consejeros terminan siendo rehenes porque al final son una sola persona, sin respaldo alguno. Es mucho más difícil tomar rehenes en el caso de que las designaciones se hagan en la Asamblea Nacional, porque se tendrían que enfrentar a estructuras, pero el problema es que en el Ecuador ni en la Asamblea hay partidos políticos. Si se le devuelve el poder de nombramiento de autoridades de control a la Asamblea Nacional no hay partidos políticos escogiendo, sino caudillos.
Dijo al principio que el Consejo de Participación tiene que desaparecer, pero ¿cómo desatar ese nudo gordiano que es la designación de autoridades de control?
El Consejo debe desaparecer, no puede seguir tomando decisiones. Creo que el camino es una reforma a la Constitución que no solo impacte en el Consejo de Participación sino en todos los organismos colegiados, en los partidos políticos, en la autonomía de la Fiscalía… Pero no se le puede entregar todo el poder de designación a los partidos en la Asamblea Nacional: tiene que permitirse procesos de veeduría, de impugnación, de control social, para que no sea un acuerdo entre partidos en la Asamblea.