Varios cientos de estudiantes, parados a prudente distancia, se manifestaron hoy en la Plaza Indoamérica, frente a la Universidad Central, en el centro de Quito, para protestar por los recortes que afectan a los presupuestos de las principales universidades públicas del país.
Solo en el caso de la Central, el recorte supera los diez millones de dólares y podría provocar despidos sobre todo de profesores, advirtió el rector de esa casa de estudios, Fernando Sempértegui, en un comunicado el fin de semana, en el que pidió al Gobierno revisar la medida. En horas de la tarde, el Consejo Universitario decidió suspender la matriculación estudiantil hasta que no se resuelva el recorte del presupuesto.
Por lo menos 32 universidades han sufrido importantes recortes, según información del Ministerio de Finanzas. Las universidades con mayores recortes son de la Guayaquil, con más de 12 millones, la Central de Quito con casi 11 millones, la de Cuenca con cinco millones 600 mil, las Politécnicas del Litoral y de Chimborazo, con cinco millones trescientos mil cada una, al igual que la Universidad de las Fuerzas Armadas, con una cantidad similar.
Solo en el caso de la Central, el recorte supera los diez millones de dólares y podría provocar despidos sobre todo de profesores, advirtió el rector de esa casa de estudios, Fernando Sempértegui, en un comunicado el fin de semana, en el que pidió al Gobierno revisar la medida.
Con cerca de cinco millones de recortes están la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Laica Eloy Alfaro, las Universidades Técnicas de Manabí y Ambato, entre otras.
Otros centros más pequeños del interior del país reciben entre 700 mil y tres millones menos en su presupuesto, lo cual ha provocado el rechazo de estudiantes, profesores y directivos.
La Unidad Popular (ex MPD) presentó ante la Corte Constitucional una acción constitucional de incumplimiento de dictamen constitucional, relacionada con el recorte del presupuesto universitario, para detener el recorte.
Universidades católicas y privadas demandan en la Corte Constitucional
Pero el Gobierno le debe dinero también a algunas universidades privadas con las que contribuye, como son las de la Iglesia católica. y algunas laicas. Ocho de esas instituciones presentaron una demanda de acción por incumplimiento a la Ley de Educación Superior en contra del Ministerio de Finanzas ante los jueces de la Corte Constitucional.
#Ahora
Personas que se unieron al plantón contra el #RecortePresupuestario de universidades públicas, se movilizan al sector de la Casa de la Cultura.
Estudiantes, docentes, y público, reclaman para que no se afecte presupuesto en salud y educación.#NoAlRecorteUniversitario#uio pic.twitter.com/c9byPM5BV9— INREDH (@inredh1) May 5, 2020
La demanda la firmaron los rectores de la Universidad del Azuay, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Católica de Guayaquil, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) y la Universidad Técnica Particular de Loja, la mayoría de las cuales están regentadas por órdenes religiosas católicas y también reciben fondos del Estado.
En la demanda, las universidades privadas y confesionales sostienen que la ley de Educación Superior establece que no se puede privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias o retardar sus transferencias a las instituciones académica y piden que la Corte disponga al Ministerio de Finanzas que cumpla los artículos 22 y 33 de la Ley de Educación Superior. Las universidades privadas dicen que desde el 28 de febrero están esperando una respuesta a la comunicación enviada al Ministerio de Finanzas en reclamo de esos fondos sin que se les haya contestado. Para los rectores privados, «se estaría poniendo en grave crisis al sistema de educación superior conducente a la quiebra sistemática del mismo». En la demanda, los rectores no precisan cuánto es que les debe el Estado por concepto de las asignaciones no transferidas.
Las universidades privadas y confesionales dicen que desde el 28 de febrero están esperando una respuesta a la comunicación enviada al Ministerio de Finanzas en reclamo de esos fondos sin que se les haya contestado. Para los rectores privados, «se estaría poniendo en grave crisis al sistema de educación superior conducente a la quiebra sistemática del mismo».
Gobierno habla de «actualización del presupuesto»
Pero el secretario de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) Agustín Albán explicó que esta medida se dio por la caída en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR). La ministra de Gobierno, María Paula Romo, agregó a las supuestas causas que el petróleo también ha llegado a valer cero dólares (aunque el día de hoy está en USD 25 por barril) y anticipó recortes en todos los sectores menos en la salud.
Albán pidió a los rectores «reorientar» los recursos, lo que podría implicar despidos. En un comunicado, Senescyt dijo que la baja de la recaudación de impuestos ha obligado a «actualizar» el prespuesto universitario, que ha tenido una disminución del 10% que se ha repartido de manera «diferenciada» entre los distintos centros de educación superior. La Senescyt ofreció que, a pesar de la «actualización» se compromete a trabajar con las universidades y el Ministerio de Finanzas para evitar que se afecten los presupuestos.
Estudiantes cuencanos protestaron en el parque Abdón Calderón. Foto: El Mercurio de Cuenca
La Senescyt dijo que no se afectarán los rubros de «gratuidad educativa», pero hizo un llamado a «optimizar todos los recursos que sean posibles». Pidió que se canalicen gastos para no afectar la matrícula universitaria. La Secretaría dijo que va a analizar el caso de cada institución para «generar soluciones operativas» para «afrontar la emergencia».
Por su parte, la Asamblea del Sistema de Educación Superior (Asesec) emitió un comunicado en el que cita los artículos 165, 286, 298 de la Constitución, que ponen límites en estado de excepción sobre el presupuesto en salud y educación que en teoría no puede ser afectado. La Asamblea dijo que podría haber cancelación “de miles de contratos de personal académico y administrativo”y pidió que se revise la decisión.
Nerviosismo en los docentes
Según voceros de los profesores de la Universidad Central, hay carreras enteras que tienen un alto porcentaje de profesores solo con modalidad de contrato, lo que significaría que los alumnos se van a quedar sin docentes y una eventual parálisis del centro de estudios.
El nerviosismo se extendió a otras universidades, como la Católica de Quito. En ese centro de estudios, varios profesores fueron notificados de una modificación de sus contratos que consiste en un reducción salarial de por lo menos el 12%, así como un aumento de 16 a 20 horas de clase a la semana. Los cambios también incluyen una nueva modalidad contractual, que pasa de los contratos de plazo indefinido de todos los profesores por contratos de solo un año de duración.
Voceros de la Universidad Central advirtieron que se harán despidos de profesores con contrato. Foto: Twitter Inredh
Esto provocó malestar entre los docentes, algunos, como la catedrática de Derecho Paulina Araujo publicó en redes sociales un anuncio de que se retiraba de la Facultad de Jurisprudencia como consecuencia de esos cambios. La oficina de Recursos Humanos de esa universidad habría indicado que los profesores que no firmen los contratos con esas condiciones no serán programados con carga horaria. Además, en una vídeoconferencia, los docentes fueron informados que los recortes podrían ser mayores en sus sueldos, pues esa universidad teme que como consecuencia de la crisis hasta un 50% de los alumnos podrían no seguir estudiando el próximo semestre.
En la Universidad Católica se teme que como consecuencia de la crisis hasta un 50% de los alumnos podrían no seguir estudiando el próximo semestre. Los sueldos se reducirán un 12%.
En Cuenca, un grupo de estudiantes de la Universidad de Cuenca realizó un plantón en el Parque Abdón Calderón frente al edificio de la Gobernación del Azuay. Rechazaron que se quite rentas a la única universidad pública de la capital del Austro.
Por su parte, los asambleístas convocaron de manera virtual al ministro de Finanzas a la Comisión de Educación, para que informe la fundamentación constitucional y legal para el recorte. Este miércoles 6 de mayo a las 14:00, ha sido convocado el ministro, junto al secretario Agustín Albán. Los asambleístas también convocaron a la ministra de Educación, Monserrat Creamer, para que explique la suspensión de los programas de alfabetización, así como el despido de maestros con contrato y la reducción de la escala salarial hasta en donde categorías para los profesores.
Sin embargo, no es seguro que los funcionarios asistan, pues la mayoría de los pedidos del Legislativo no están siendo atendidos por los miembros del Gobierno alegando que están en emergencia.