En el barrio 2 de Febrero en Quitumbe, al sur de Quito, la falta de empleo y la violencia no son algo nuevo. Esta es una de las zonas donde la organización Aldeas Infantiles determinó, hace cinco años, que sus niños necesitaban asistencia. Una serie de organizaciones trabajan en esta zona de la ciudad en la coordinación de denuncias y prevención de la violencia intrafamiliar.
Verónica Imbaquinga, madre de siete hijos, asiste a un taller que reunió a distintas madres de familia afectadas por la violencia en este sector. Ella ha sufrido violencia de sus parejas en dos compromisos que fueron fruto de sus hijos. Decidió alejarse de ambos. Para evitar todo contacto incluso omitió poner una denuncia por alimentos.
Verónica Imbaquinga vive en el barrio La Delicia, uno de los territorios que reciben asistencia de organizaciones no gubernamentales. Asiste a talleres en el barrio 2 de Febrero.
Se separó de su primer matrimonio debido al alcoholismo de su marido. “No quería que mis hijos sigan esa vida”, sostiene. Al separarse de su segunda pareja estaba embarazada. “Me golpeaba, él era incluso más violento, así que lo alejé de mí”, dice.
Como madre soltera trabajaba en la industria del aluminio y el vidrio. Por su trabajo debía trabajar hasta por tres días seguidos. En ese tiempo, sus hijos se quedaban solos y la convivencia en el hogar se empezó a deteriorar.
Luego de que uno de sus hijos falleciera en un accidente de tránsito todo cambió. Fue a ConQuito, la corporación de promoción económica del Municipio, y encontró un taller de costura. Con tutoriales de Youtube empezó a aprender el oficio. Pero condicionó su trabajo a poder pasar más tiempo en casa. Por momentos también completaba su jornada con trabajos de limpieza o lavandería.
Tras la muerte de su hijo, uno de los hermanos, Ariel, fue el que sufrió más el impacto, según Verónica se volvió agresivo. “Empezó a cambiar drásticamente, hace tres años él y yo empezamos terapia psicológica. Él no podía controlarse, tuve que poner una denuncia para poder ayudarlo a él”, recuerda entre lágrimas, y comenta que su hijo fue diagnosticado con bipolaridad.
Una de sus hijas le dijo un día que si le gustaba coser, ella le podía comprar una máquina industrial. Así que empezó a estudiar corte y confección en la Escuela San Patricio. Varias veces pensó en renunciar a los estudios, ya que debía trabajar y mantener su hogar. Pero se graduó como la mejor estudiante y logró inaugurar un taller con el que trabaja hasta la actualidad.
A pesar de que ha pasado momentos duros, hoy en día dice que encuentra momentos alegres en las reuniones familiares en las noches. “Cuando merendamos, cuando estamos unidos”, concluye.
Este es uno de los casos con los que esta organización trabaja, no solo en Quito sino a nivel nacional. Por un lado trabajan en el acogimiento de niños que han sido separados de sus padres luego de una sentencia judicial, ya sea por maltratos o descuidos. Por otro lado, actúan en la prevención y seguimiento de familias vulnerables.
El trabajo en el sur de Quito
En el diagnóstico del sur de Quito que hizo la organización Aldeas, se encontró que en los barrios 2 de Febrero y La Delicia los niveles de pobreza, analfabetismo, violencia intrafamiliar, falta de empleo y alcoholismo eran altos.
La organización Aldeas registró altos niveles de violencia en el barrio 2 de Febrero, que a su vez está cerca de una zona roja, el barrio Martha Bucarám.
En esta zona de la ciudad también hay otras organizaciones cómo Plan Internacional, Takuna o Visión Mundial, con las que Aldeas Infantiles articula una mesa para asistencia en la ruta de denuncias, así como otros proyectos.
La directora del programa en Quito, Paulina Tene, hace un diagnóstico de la zona. Acá los hombres se dedican a la albañilería, son choferes o tienen trabajos de gasfitería. Las mujeres en general son empleadas domésticas o se dedican al comercio, asegura.
Según Tene comenta, cuando llegaron a estos barrios en 2018, los padres no conocían sobre los derechos de las familias y los hijos. Tampoco conocían el proceso para realizar denuncias en caso de violencia. “Acá se trabaja en varios niveles con la comunidad, desde la prevención con familias vulnerables hasta la asistencia de familias que han sido afectadas por la violencia intrafamiliar”, dice.
Aldeas recibe a familias en un espacio en el sur de Quito. En el barrio 2 de Febrero viven al menos 500 familias.
Otro de los factores que incide en la violencia intrafamiliar es el alto alcoholismo. “Enel sector también se ve tráfico. Está cercano a una zona roja, la Martha Bucaram que es considerada una zona roja. En este contexto los padres son los principales violentadores en las familias”, sostiene Tene. Este es un territorio que tiene también alta presencia de migrantes, en especial de origen colombiano y venezolano.
Tene ve que en estos barrios no hay trabajo estable. Por otro lado, sostiene que son significativos los casos donde no está el padre, en muchos casos la estructura familiar está compuesta por la madre y la abuela. Hay padres que salen del núcleo por temas de violencia o porque van a trabajar a otros lados.
El personal realiza talleres preventivos para asistir a familias vulnerables al sur de la capital.
Un problema nacional
La organización viene trabajando por conseguir que los niños vivan bien en Ecuador desde hace 60 años. En el país hay 2200 niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en acogimiento.
Se enfatiza en el acompañamiento de comunidades protectoras, se asiste a familias que están en riesgo de perder el cuidado familiar o ya lo perdieron, y se impulsa modalidades de cuidado alternativas. Para evitar el acogimiento innecesario, desde 2012 la organización ha impulsado dinámicas preventivas.
La directora nacional de la organización, Pilar Merizalde, afirma que 6 de cada 10 niños en Ecuador son víctimas de abuso sexual y 3 de cada 10 reciben castigos físicos. Los datos han sido recabados por el Observatorio de Niñez y Adolescencia.
La directora nacional, Pilar Merizalde, es doctora en medicina y cirugía por la Universidad Central. Con más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo.
Trabajan en Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Ibarra y Esmeraldas. A nivel global, la organización sin fines de lucro tiene presencia en 136 países con el objetivo de garantizar un entorno seguro para el crecimiento de los niños.
En casos de separación familiar por orden judicial, los niños pasan a custodia por parte del Estado. Aldeas acoge a 660 niños, que es casi un 25% del total de 2200 casos existentes en todo el país en instituciones públicas y privadas.
“En general la primera opción es intentar relocalizar a los niños con otros familiares. Pero no siempre es posible”, dice la directora nacional. Otras opciones son la cooperación con familias acogientes, que funcionan como una familia sustituta temporal. “No es un proceso de adopción, sino un apoyo temporal, siempre con el objetivo de que el menor regrese a su familia. El Ministerio de Inclusión es el ente competente que toma las decisiones finales”, asegura Merizalde.
La organización también tiene casas de acogida, donde invierten en promedio $1800 por cada niño. En estos centros acogen a 240 niños. Se asiste a niños desde menores de un año hasta mayores de 18 años, la mayoría vienen de sectores de bajos recursos. A la par, tienen cada vez más casos de adolescentes con 18 años que no han logrado volver a sus núcleos.
Por otro lado, trabajan en un programa preventivo con 1500 niños en el acompañamiento familiar. Trabajan en comunidades protectoras para la detección temprana de casos de violencia intrafamiliar para proteger a niños de negligencias en el cuidado. Para eso forman líderes juveniles y adultos que ayudan en la detección de casos.
La principal causa de separación familiar se debe a la negligencia. El descuido abre la oportunidad a una serie de vulnerabilidades infantiles. “Hay falta de competencias en los padres para asistir a los niños en un ambiente cariñoso, ellos mismo son los castigadores”, dice Merizalde.
Cerca de 400 personas trabajan en los programas de Aldeas. Cerca del 90% del personal trabaja en la atención directa con los casos. La organización se sostiene con las donaciones de más de 35 mil personas.
Uno de los nudos críticos es el trabajo de la organización en Esmeraldas. “La situación está muy compleja, somos de las pocas organizaciones que permanece no solo en Esmeraldas sino también en San Lorenzo y Eloy Alfaro”, dice Merizalde.
“Esmeraldas era una comunidad abierta y alegre. Los chicos podían interactuar con la comunidad. Ahora hemos cerrado muchos aspectos comunitarios por la seguridad de los propios chicos. La búsqueda y visita de familias en sus hogares es cada vez más riesgosa, nos ponen en alerta con regularidad y debemos replegarnos a nuestras oficinas”. La directora confirma que permanecerán en la provincia hasta “donde puedan”.
En el caso de Quito, la mayor parte de los menores son adolescentes. “Son casos complejos que requieren muchas terapias, hay un fuerte rezago escolar”, finaliza Merizalde.