La Amazonía noroccidental —donde confluyen Ecuador, Colombia y Perú— vive un punto de inflexión. En la madrugada del 9 de septiembre, Ecuador ejecutó el Operativo Frontera Norte 2: 68 allanamientos simultáneos en nueve provincias, con 600 policías y 94 agentes fiscales, que derivaron en la incautación de 103 bienes presuntamente ligados a los Comandos de la Frontera (CDF).
Entre los activos decomisados estaban haciendas de 620 hectáreas en Santo Domingo y otra de 470 hectáreas en Esmeraldas, además de mansiones, plantaciones y empresas usadas, según la investigación, para lavado de activos. Es el golpe económico más amplio contra la red en territorio ecuatoriano desde la emboscada de mayo en Orellana que dejó 11 militares muertos. Pero además, esta frontera ha sido históricamente el punto de ingreso de suministros para la guerra que vive el Ecuador, así como, para el ingreso de las toneladas de droga que atraviesan el Ecuador con rumbo a los mercados internacionales.
La Fiscalía y la Policía allanaron las instalaciones de la empresa FERROALVID durante su operativo contra los Comandos de la Frontera. Fotos: Fiscalía Ecuador Fotos: Fiscalía Ecuador
¿Quiénes son los Comandos de la frontera?
Los Comandos de la frontera (CDF) no son una agrupación espontánea, sino el resultado de la mutación del conflicto colombiano tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. Mientras una parte de la guerrilla se desmovilizó, un sector se negó a entregar las armas, conservó sus redes de narcotráfico y se alió con estructuras criminales locales como La Constru, organización nacida en el Putumayo en los años 90 con antecedentes en microtráfico, sicariato y contrabando.
Con este trasfondo, los CDF emergieron como una federación criminal híbrida, capaz de combinar el conocimiento militar heredado de la insurgencia con la flexibilidad del crimen organizado. Su base social se consolidó en el Putumayo colombiano, un corredor histórico para el paso de droga hacia Brasil y Ecuador. Pronto expandieron su radio de acción a la ribera amazónica ecuatoriana y peruana, aprovechando las limitadas capacidades estatales en estas zonas selváticas. No se puede desatender la pérdida sistemática de la capacidad operativa del Ejército y Policía Nacional ecuatoriana de los últimos 15 años, al no tener medios logísticos indispensables para operar con seguridad en esta zona selvática de movilidad restringida; la carencia de lanchas militares especializadas (con el antecedente histórico de la emboscada del Putumayo en 1993) y la falta de capacidad aerotransportada real hacen que las acciones sean esporádicas y necesiten y una gran planificación y gastos para su despliegue.
Un portafolio criminal diversificado
La organización construyó un portafolio criminal multifacético, que le permite sobrevivir a las presiones militares:
Narcotráfico: control de cultivos de coca en Putumayo, laboratorios de procesamiento y rutas hacia Ecuador y Perú.
Minería ilegal: explotación de yacimientos auríferos en zonas protegidas, con uso intensivo de mercurio, generando graves daños ambientales y a la salud de comunidades indígenas y ribereñas, sin dejar de lado el alto nivel de deforestación y afectación de zonas intangibles devastadas por las operaciones mineras clandestinas.
Extorsión sistemática: cobro de “vacunas” a comerciantes, transportistas y hasta funcionarios locales.
Control social: establecimiento de toques de queda armados, “tribunales” ilegales y “peajes” en ríos y carreteras, sustituyendo en la práctica la autoridad estatal.
Este modelo ha convertido a los CDF en un actor armado de gobernanza criminal, más allá de una simple banda de narcotráfico, que además trastoca el tejido social, que genera una visión en la juventud de las zonas de influencia propia de la narco cultura y la contaminación de las ideas del dinero fácil y el poder de las armas.
El punto de quiebre: Alto Punino (Ecuador)
El 9 de mayo de 2025, la violencia transfronteriza alcanzó un punto crítico en la provincia ecuatoriana de Orellana. En el sector del Alto Punino, militares del Ejército ecuatoriano ejecutaban un operativo contra minería ilegal cuando fueron emboscados con explosivos, fusiles y granadas por los Comandos de la Frontera. El ataque dejó 11 militares muertos y varios heridos, en una de las agresiones más mortíferas contra las Fuerzas Armadas en décadas.
La emboscada evidenció dos realidades:
Que los CDF habían traspasado definitivamente la frontera, instalando células en territorio ecuatoriano.
Que el negocio de la minería ilegal, más allá del narcotráfico, se había convertido en un eje central de financiamiento para su expansión, sin respeto alguno por las fuerzas del orden del Ecuador.
La caída de Compadre y el reacomodo criminal
Pocos días después de la masacre, un operativo militar dio de baja a alias Compadre, identificado como el principal cabecilla de los CDF en Ecuador. Su muerte fue presentada como un golpe estratégico, pero también reveló que la organización ya tenía cuadros de mando consolidados en suelo ecuatoriano.
La eliminación de Compadre, aunque significativa, no significó el desmantelamiento del grupo. Por el contrario, analistas advierten que los CDF cuentan con estructura descentralizada, lo que les permite reacomodarse rápidamente y mantener control sobre economías ilícitas y comunidades intimidadas. Esto se ha venido advirtiendo por mucho tiempo, en función del crecimiento de la violencia y principalmente evidenciado por el incremento de muertes violentas en el sector de las provincias fronterizas de la zona selvática.
Del Putumayo al Napo: un actor regional en expansión
Hoy, los Comandos de la frontera se proyectan como un actor criminal transnacional. Desde su base en el Putumayo colombiano, articulan operaciones en la Amazonía ecuatoriana (Sucumbíos, Orellana) y el nororiente peruano (Loreto), disputando corredores fluviales y territoriales clave con grupos ecuatorianos como Los Choneros y Los Lobos.
El episodio de Alto Punino se convirtió en el símbolo del cruce de la frontera: del conflicto colombiano al escenario amazónico trinacional, donde ahora conviven narcotráfico, minería ilegal y gobiernos criminales paralelos.
El tsunami del martes 9: ¿qué cambió?
El tsunami no es una metáfora gratuita. A diferencia de golpes tácticos previos, la operación de hoy apuntó al corazón financiero de la estructura: tierras, empresas y testaferros. Según el ministro del Interior, John Reimberg, el objetivo fue desarticular la economía criminal que sostiene la expansión CDF a través de minería, narcotráfico y extorsión.
Claves del operativo
- 68 allanamientos en 9 provincias; 103 bienes incautados.
- Dos haciendas (620 ha) en Santo Domingo y una (470 ha) en Esmeraldas, entre los activos.
- Hipótesis fiscal: lavado para integrar capital ilícito al sistema financiero.
El tablero mayor: una frontera gobernada por actores armados
La nueva investigación de Amazon Watch / Amazon Underworld documenta, tras ocho misiones de campo (nov/2024–jul/2025) y más de 70 entrevistas, que en Putumayo (COL), Puerto El Carmen-Sucumbíos (ECU) y Loreto (PER) operan gobiernos paralelos: grupos como CDF, y las ecuatorianas Los Choneros y Lobos imponen impuestos, controlan movilidad y dictan normas, con impactos socioambientales severos (deforestación y mercurio por minería).
Conexiones con bandas ecuatorianas: un tejido criminal amazónico
En el escenario amazónico, los reportajes transfronterizos han evidenciado cómo las bandas ecuatorianas se han articulado con las economías ilegales de la selva, particularmente con la cocaína y el oro. Los Lobos, la organización más expansiva del país en la actualidad, han logrado consolidar alianzas internacionales de gran alcance. Su vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) les ha otorgado acceso a armas, recursos financieros y rutas globales de exportación. A cambio, los ecuatorianos han puesto a disposición de los mexicanos tanto los puertos del Pacífico como las rutas fluviales de la Amazonía, que permiten sacar cargamentos hacia Brasil y desde allí conectarlos con África y Europa.
La diversificación de su portafolio criminal ha llevado a los Lobos a incursionar también en la minería ilegal, especialmente en zonas como Sucumbíos y Napo. Allí el oro cumple una doble función: es fuente de riqueza inmediata y, al mismo tiempo, una moneda de cambio que blanquea capitales obtenidos del narcotráfico.
Controlan dragas y maquinaria pesada para la explotación minera, redes de contrabando de mercurio y circuitos clandestinos de exportación que vinculan a la región amazónica con mercados internacionales. Esta capacidad de mover tanto cocaína como oro les ha dado un protagonismo creciente en el tablero criminal regional, que a su vez ha ido generando una presencia más amplia en lo político, judicial y de seguridad (un subteniente del Ejército ecuatoriano fue detenido por la fuga de información que desencadenó la emboscada del alto Punino).
Por su parte, Los Choneros, aunque debilitados tras el asesinato de su líder histórico, Jorge Luis Zambrano “Rasquiña”, mantienen cierta presencia en la frontera, principalmente en la provincia de Sucumbíos. Su participación en la Amazonía no alcanza la magnitud de los Lobos, pero aún son actores visibles a través de la cobranza de “peajes” sobre rutas de cocaína y de acuerdos ocasionales con grupos colombianos para asegurar el tránsito de cargamentos. Sin embargo, su influencia se ha visto disminuida frente al avance imparable de los Lobos, lo que en muchos casos les ha obligado a replegarse o a negociar espacios de poder.
Esta dinámica demuestra que la relación entre ambas bandas no es estática. En ciertos territorios amazónicos, colaboran en función de intereses inmediatos, como el paso de droga o el financiamiento de operaciones mineras; en otros, se enfrentan de manera directa, replicando la violencia que en Ecuador se expresa con crudeza en las cárceles y que en la Amazonía se traslada a comunidades rurales y corredores fluviales. El resultado es un ecosistema criminal transnacional, donde los Lobos ocupan el lugar central, con respaldo de una red internacional sólida, mientras Los Choneros, aunque presentes, cumplen un papel secundario y más vulnerable.
El dato duro del mercado: coca y oro
- Coca 2023 (Colombia): 253.000 ha (+10% vs. 2022) y +53% de potencial de cocaína; la triple frontera (Nariño–Putumayo) sigue siendo núcleo de la oferta.
- Concentración regional: Nariño, Norte de Santander y Putumayo agrupan el 65% de los cultivos.
- Mercurio: investigaciones recientes describen flujos ilícitos ~200 t hacia la Amazonía 2019–2025, alimentando minería ilegal en zonas ribereñas (Nanay/Loreto). Comunidades han denunciado contaminación y daños a la salud.
Ecosistema criminal: minería, ríos y “peajes”
En Putumayo, CDF cobra peajes a la droga que baja hacia Brasil; controla tramos fluviales y zonas de extracción aurífera. En junio y julio, operaciones en Colombia destruyeron infraestructura de oro (pérdidas estimadas por USD 25 millones) e incautaron más de una tonelada de explosivos destinados a minas anti personal y ataques en varios puntos de las zonas selváticas ancladas a la producción del alcaloide.
El giro internacional: terrorismo y cooperación
El 4 de septiembre de 2025, Estados Unidos dio un paso histórico al designar a Los Choneros y los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras. Con esta medida, el Departamento de Estado abrió la puerta al congelamiento inmediato de activos, la judicialización internacional de sus integrantes y una cooperación reforzada en inteligencia y operaciones militares. Washington justificó la decisión en la creciente violencia desatada por estas bandas y en su control de rutas estratégicas para el narcotráfico en Ecuador, lo que amenaza la seguridad regional.
La designación no solo eleva la presión sobre estas organizaciones y sobre sus conexiones con grupos como los Comandos de la Frontera, sino que también envía un mensaje político inequívoco: la lucha contra las economías criminales amazónicas ya no se circunscribe a los Estados nacionales, sino que se coloca en el plano de la seguridad internacional.
La visita a Quito de Marco Rubio en su condición de Secretario de Estado en la administración Trump, como uno de los principales impulsores de la medida en Washington, ratificó ese giro geopolítico y se convirtió en un espaldarazo determinante para el presidente Daniel Noboa, quien gobierna en medio de un escenario de violencia sin precedentes. Con este respaldo, Ecuador no solo reafirma su narrativa de estar enfrentando un conflicto armado interno no internacional, sino que también suma el aval de una potencia mundial para sostener una guerra prolongada contra redes criminales transnacionales que han convertido al país en epicentro del narcoterrorismo, y un el escenario natural en el contexto geopolítico latinoamericano frente al bloqueo de las narco rutas caribeñas y las acciones en contra del Cartel de los Soles.
La gobernanza armada erosiona derechos y servicios: desplazamientos, reclutamiento juvenil y silenciamiento de líderes indígenas. Amazon Watch insiste en que no habrá soluciones sin participación directa de las comunidades y sin abordar pobreza, abandono estatal y restauración ambiental.
¿Qué significa este “tsunami” y qué sigue?
Lo que sí cambia hoy
Asfixia financiera: decomisos patrimoniales golpean el cash flow criminal y alteran incentivos locales (compras de oro/coca, nóminas, sobornos). Esto inferirá la suspensión de las operaciones conexas a las empresas intervenidas hasta conocer la dimensión real de las operaciones policiales.
Mensaje disuasivo: eleva el costo de operar estructuras de lavado con fachada agroindustrial e inmobiliaria.
Lo que falta
Control territorial sostenido: patrullaje fluvial (Putumayo/Napo), vigilancia aérea y bases móviles, con coordinación Colombia–Ecuador–Perú. (Marco propuesto por FCDS e informes especializados).
Justicia económica local: sustitución de cultivos con compras públicas garantizadas y proyectos de ingreso rápido, evitando la recaída al mercado de coca por falta de alternativas. (Planes recientes en Putumayo apuntan en esa dirección).
Salud ambiental: campañas urgentes contra mercurio y restauración de riberas, con trazabilidad del oro y persecución de insumos (combustible, dragas).
Cadena de suministros criminal: atacar logística (precursores, rutas de acopio, brokers financieros) y no solo “soldados”. (Lecciones de operaciones recientes en Colombia contra minas de oro ilícitas y explosivos).
Blindaje institucional: auditorías a catastros, registros mercantiles y banca rural para cortar pit stops del lavado; cooperación con EE. UU. a partir de la designación terrorista para seguimiento financiero y de armamento.
El tsunami de hoy en Ecuador marca un cambio de fase: se pasó de perseguir células armadas a desmantelar las finanzas que lubrican la expansión de los Comandos de la Frontera y de sus aliados y rivales en la triple frontera. Pero ningún golpe aislado revertirá, por sí solo, una economía política que mezcla coca, oro, ríos y abandono estatal.
Sin presencia sostenida, alternativas de ingreso, cooperación trinacional y reparación ambiental, el agua volverá a su cauce criminal. Con esos pilares, este primer tsunami puede convertirse en una marea capaz de devolver la Amazonía a sus comunidades.