Ecuador se encuentra en una posición preocupante respecto a la percepción ciudadana de la democracia, y ello tiene íntima relación con el modo en que los gobiernos manejan la política.
Según los informes de Latinobarómetro, entre el 2020 y el 2024, la percepción de la calidad democrática en América Latina ha mostrado tendencias preocupantes:
En términos generales, en América Latina, el apoyo al autoritarismo ha crecido, aunque en el caso de Ecuador la preferencia hacia regímenes de “mano dura” destaca significativamente. Este fenómeno es explicado por la percepción de que los sistemas democráticos no están atendiendo las demandas ciudadanas, lo que genera un terreno fértil para populismos y tendencias autoritarias.
Un 87% de los ecuatorianos encuestados expresó insatisfacción con la democracia, lo que posiciona al país entre los niveles más bajos de aceptación en la región, solo superado por Perú (91%). Además, el 58% de los ciudadanos ecuatorianos indicó que no le importaría que un gobierno no democrático asuma el poder si este logra resolver los problemas del país.
Algunos indicadores revelan una profunda crisis de confianza en las instituciones, que también se ve reflejada en el retroceso de la gobernabilidad y el aumento de la polarización política en los últimos años.
Aunque la mayoría de los ciudadanos continúa prefiriendo la democracia como sistema de gobierno, se ha observado una disminución en el respaldo. En 2020, el apoyo promedio regional se situaba en 61%, mientras que en 2023 descendió a 59%
La satisfacción con el desempeño de la democracia ha disminuido notablemente. En 2020, solo el 25% de los encuestados se declaraba satisfecho, cifra que se redujo al 20% en 2023
La confianza en instituciones clave, como la Asamblea y los partidos políticos, ha continuado en declive. En 2023, apenas el 20% de los ciudadanos confiaba en el
Ecuador en camino hacia un gobierno totalitario
Ecuador acusa un peligroso declive en la calidad de su democracia en 2024. Luego de haber destacado como uno de los países con mayor mejora en ese indicador, entre 2020 y 2023, debido a elecciones competitivas y transiciones de poder relativamente pacíficas (IDEA, 2023), un año después se encuentra en una posición intermedia en América del Sur, según informes recientes de IDEA Internacional y Latinobarómetro.
Una mirada basta para percibir que el país ha experimentado negativas fluctuaciones en sus indicadores democráticos en los últimos años, y en 2024 el desgaste ha sido más acelerado que en años anteriores.
El deterioro de la libertad de prensa es uno de los más preocupantes; muestra resiliencia ante desafíos relacionados con la inseguridad de periodistas. Varios han tenido que migrar a otros países por graves amenazas contra ellos y sus familias. Un programa televisivo debió salir del aire por presión oficial; otro programa, esta vez en una radio, fue interrumpido abusivamente por un ministro; el uso de la pauta publicitaria para influir indirectamente en los medios no es una práctica nueva, lo lamentable es que continúe.
También persisten problemas graves de gobernabilidad y polarización política. En 2023 y 2024, la intención de enjuiciar políticamente a un presidente, el adelanto de elecciones y los conflictos entre poderes han debilitado aún más las instituciones públicas, su representación y su reputación.
Según el último estudio de opinión pública realizado por IMASEN levantado del 8 al 12 de noviembre de este año, la Asamblea Nacional registra un 73,8% de desaprobación; la Fiscal viene a la baja con 44,1% de aprobación, el Poder Judicial apenas logra un 33,4%, y la Corte Constitucional un 30,3% de aprobación.
La percepción de corrupción se ha mantenido alta. En 2023, el 70% de los encuestados consideraba que la corrupción estaba generalizada en sus países, según la Fundación Carolina. Así también la preferencia por gobiernos autoritarios en situaciones de crisis. En 2023, el 15% de los encuestados manifestó que, en ciertas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible.
El deterioro del sistema institucional en la percepción de la ciudadanía es un asunto muy grave. Es el terreno fértil donde se siembran inclinaciones populistas y regímenes autoritarios liderados por falsarios políticos que utilizan el desaliento de la población para engañarlas y asumir gobiernos de “mano dura”, que casi sin excepciones solo llegan a saquear los sectores estratégicos y los recursos del Estado. Esos mandatarios, son las caras visibles de la delincuencia política que asola naciones empobrecidas, apuñaladas por democracias totalitarias, aliadas del crimen organizado y la delincuencia transnacional, como muchas hoy vigentes en la región.
La percepción de corrupción se ha mantenido alta. En 2023, el 70% de los encuestados consideraba que la corrupción estaba generalizada en sus países, según la Fundación Carolina. Así también la preferencia por gobiernos autoritarios en situaciones de crisis. En 2023, el 15% de los encuestados manifestó que, en ciertas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible.
En Ecuador, ello ocurre por la corrupción, el desgaste y el divorcio de los partidos políticos y la permisividad del Código de la Democracia para, a cuenta de “ampliar la participación ciudadana”, auspiciar una absurda cantidad de movimientos que proliferan en procesos electorales y operar igual a una casa de citas política en espera de aspirantes a un cargo de elección popular; la connivencia acordada permite que partidos o movimientos al borde de su eliminación del registro electoral se salven, auspiciando a políticos oportunistas dispuestos a cambiar de bandera, o aventureros, a cambio del caudal de votos que pueden -literalmente- arrastrar.
El negocio es rentable para ambos actores, pero ha corrompido los procesos electorales, ha minado la calidad de la democracia y ha sido, muchas veces, la puerta abierta para el lavado de dinero; una de las actividades ancladas al crimen organizado y al narcotráfico.
De otro lado, la inseguridad y el crimen organizado han escalado, afectando la percepción de estabilidad democrática. Ecuador se ha vuelto uno de los países más peligrosos del continente y dos de sus municipios están en el ranking de las 10 ciudades más peligrosas del mundo.
La crisis económica, empujada por políticas neoliberales y atadas a la deuda externa con multilaterales, ha adquirido niveles insostenibles, agravados por “los apagones”, la corrupción en la contratación pública en complicidad con el sector privado, y la ratería cuando no la desinversión y la negligencia en la administración de sus sectores estratégicos.
Ecuador podría ubicarse cerca de países como Paraguay y Bolivia. Aunque no enfrenta el grado extremo de autoritarismo de Venezuela o Nicaragua, sus retos en gobernabilidad y seguridad lo alejan de democracias más estables como Uruguay o Chile. Pero el virus del autoritarismo está ya inoculado.
La crisis económica, empujada por políticas neoliberales y atadas a la deuda externa con multilaterales, ha adquirido niveles insostenibles, agravados por “los apagones”, la corrupción en la contratación pública en complicidad con el sector privado, y la ratería cuando no la desinversión y la negligencia en la administración de sus sectores estratégicos.
La desinversión pública, la ineptitud (que a veces parece a propósito) para aplicar el plan operativo anual del PGE, en el régimen de Daniel Noboa, también ha debilitado la reactivación económica. No se aplican mecanismos que protejan al Ecuador de las inversiones extranjeras vigilando la calidad de las obras, el respeto al medioambiente y a los recursos del país; y tampoco se aplican normativas y cláusulas que promuevan el mejoramiento de la calidad de las obras públicas, que garanticen su buen funcionamiento, y su sostenibilidad en un largo período.
Estos factores configuran un país difícilmente gobernable en 2025.
La ciudadanía, a través de movimientos sociales, los gremios empresariales, comerciales, de Agricultura y pesca, de Turismo, los emprendedores, la academia y los medios de comunicación deben abandonar la diletante y al parecer insalvable retórica del correísmo versus el anticorreismo, y superarla. No se trata de olvidar latrocinio, abusos, vejámenes y crímenes mayores, se trata de avanzar para cualificar el debate, la praxis política y generar nuevas opciones para reconstruir un país desmoronado.
El proceso electoral de 2025 debe obligar a que los candidatos hablen de lo importante, de todo lo que responda con planes y no con demagogia barata ante la gravedad de la crisis que afecta al Ecuador. Se necesita que los medios de comunicación dejen de rellenar sus espacios con encuestas de dudosa probidad, que juegan a encasillar la contienda electoral por venir con porcentajes de probables intención de voto; lo cual, además, concilia de manera subrepticia con ciertas candidaturas polarizadoras, de tal manera que en varias elecciones, la gente termina votando por el mal menor o el disque outsider; quien revela sus verdaderas intenciones como operador de la vieja piratería de familias y enclaves económicos, únicos beneficiarios del latrocinio y la impunidad reinantes.
Esta lógica refleja la creciente tensión entre las principales figuras de la política nacional y un complejo panorama para el Ecuador, pues una crisis de gobernabilidad es lo único que falta para que en el 2025 el país sea inviable.
Dada la vulnerabilidad del futuro inmediato, lo que menos necesita Ecuador es un mandatario que presuma de sus hormonas, a falta de neuronas.
Pero es dudoso que los temas esenciales para resolver el presente y sostener un plan de futuro viable, vayan a ser tratados por la mayoría de los aspirantes a la presidencia, vicepresidencia y Asamblea.
Es previsible que de nuevo se fragmente la votación entre correísmo y anticorreísmo. Los primeros serán atacados bajo una andanada narrativa que los muestre como dispuestos a salir de la dolarización. Los anticorreístas, serán aplastados bajo los argumentos que demuestren su carta tapada: las privatizaciones.
Es previsible que de nuevo se fragmente la votación entre correísmo y anticorreísmo. Los primeros serán atacados bajo una andanada narrativa que los muestre como dispuestos a salir de la dolarización. Los anticorreístas, serán aplastados bajo los argumentos que demuestren su carta tapada: las privatizaciones. La sola idea de personas que mueren a las puertas de hospitales públicos, que no cuentan con medicinas o equipos indispensables, hiela la sangre; y la pregunta que le sigue es igual o peor: ¿Qué pasaría con ecuatorianos que padecen enfermedades terminales y no tienen empleo ni dinero para comprar unas aspirinas, si la salud se privatiza?
Por eso, los gobiernos de tinte totalitario son cómplices del descrédito del sector público, por eso alimentan la crisis para parasitar dentro de ella y erigirse como salvadores, en cada elección; por eso promueven figuras que no tengan escrúpulos para actuar como dictadorzuelos crápulas disfrazados de presidentes democráticos.
El totalitarismo se impone en democracias debilitadas, a través de una campaña sostenida que cumple los siguientes pasos:
- Ganar elecciones —con o sin fraude—
- El objetivo: el saqueo de la riqueza nacional.
- La meta: gobernar sin oposición, sin prensa libre, sin ciudadanos informados, sin organizaciones sociales participativas, ni partidos políticos competitivos.
- Su finalidad: el saqueo de la riqueza nacional.
Cómo se aplica una estrategia de comunicación política para un gobierno autoritario
La estrategia: Contratación pública sin controles, deslegitimación de las instituciones públicas para promover un sentimiento social de apoyo a gobiernos de tinte autoritario. Disfrazarse de outsiders para difundir su credo neo populista, que puede abrigar semánticamente a cualquier ideología, a cualquier apelación al pueblo, pues al ser significantes vacíos, sus discursos pueden llenarse con el significado “pueblo”, siempre apto para cualquier demagogia de izquierda, centro o derecha.
Provocar crisis o no resolverlas, para acrecentar el descontento popular también se hace, con el objetivo de promocionar para como “salvadores”, “renovadores”, o “refundadores, a los “nuevos placebos políticos.
La narrativa: Culpar de todos los males que afectan al país a sus antecesores, a los representantes de la vieja política; del atraso, del antiprogreso; menospreciándolos, atacándolos por todos los medios disponibles.
Insistir una y mil veces en mensajes clave: “el enemigo es el Estado”, “Estado obeso”; “burocracia corrupta” —como si los contratos corruptos no se generasen entre el sector público en complicidad con el sector privado—. Ataque: “la partidocracia”, “el sindicalismo” “El viejo país”, “quienes se nos oponen son los que están contra la gente, contra el desarrollo, contra la equidad y la justicia”; Defensa: “se está fraguando un golpe de Estado en contra de la democracia”, “somos víctimas de un golpe blando”. El enemigo: los otros, los demás, los que no comparten sus negocios. los que no forman parte de sus clubs, los que pueden frustrar su ambición de ganar los comicios, los wanabis, los nadie.
Tácticas: Ubicar en todas las Funciones del Estado a melómanos aprendices de Calígulas tropicales, o Nerones andinos, ricachones aprendices de dictadores, inescrupulosos ególatras y deschavetados que inunden con publicidad y propaganda todas las esferas de opinión pública para distraer a la ciudadanía, ilusionarla, hipnotizarla como aquellas serpientes que emergen de la canasta de un mago callejero; sembrar miedo para inmovilizar la respuesta social, dividir y fragmentar la acción política, impregnar con discursos de odio a gente exhausta y asqueade de tanta corrupción. El crimen organizado no es su enemigo, es su compinche, su aliado en todo el proceso.
Su olla de oro al final del arcoíris: la privatización de sectores estratégicos, para negociarlos en orden a sus beneficios particulares.
Imputar todos los males que afectan al país, a los de “la vieja política”, es una falacia que encubre el hecho de que los nuevos gobernantes y sus círculos íntimos son casi siempre descendientes directos, herederos portadores del pedigrí de las mismas viejas familias, paridas en la oligarquía o en la plutocracia que se han enriquecido a lo largo toda la vida republicana de la nación, y han traicionado a los emprendedores del campo y la ciudad, a sus industriales y comerciantes honestos, a sus agricultores, a sus pescadores, a los pueblos y nacionalidades que habitan antes que ellos en este país.
Ellos y sus operadores, han traicionado y continúan traicionando a la patria.
La gobernabilidad de cualquier régimen que gane las elecciones del 2025 no está garantizada. Ni siquiera la de un régimen totalitario.
Con información de Open Democracy, Latinobarómetro, Fundación Carolina, Primicias, IDEA International e Imasen.