Hay asesinatos que conmocionan por la brutalidad con que fueron cometidos. Y hay otros que, además de matar a una persona, parecen contener una pregunta dirigida al resto de la sociedad: ¿Quién será el próximo y qué ocurrirá si seguimos hablando?
El asesinato de René Manuel Cobos Merchán, de 49 años, ocurrido la madrugada del 23 de agosto en Tres Postes, Yaguachi, pertenece —al menos por ahora— a esa segunda categoría de hechos que obligan a mirar más allá de la escena del crimen.
Conviene comenzar por una precisión indispensable: no existe, hasta este momento, prueba que permita afirmar que Cobos fue asesinado por su trabajo como fixer. Fundamedios ha sido explícita al respecto. Lo que sí existe es una serie de elementos que justifican plenamente que esa hipótesis sea investigada: Cobos colaboraba con medios nacionales e internacionales en coberturas sobre crimen organizado; uno de sus últimos trabajos habría sido para un reportaje de BBC News sobre seguridad y delincuencia organizada en Ecuador; había recibido amenazas y fue asesinado por un grupo de hombres armados y encapuchados que llegó en dos camionetas y utilizó armas de distintos calibres.
La diferencia entre afirmar un móvil y exigir que se investigue un móvil no es un detalle semántico. Es precisamente la diferencia entre periodismo responsable y propaganda.
Y aquí está, a mi juicio, el verdadero problema. Un fixer no es un personaje secundario. La palabra fixer puede resultar extraña para quien no pertenece al mundo periodístico. En realidad, describe una función fundamental en las coberturas complejas: es quien conoce el territorio, consigue contactos, traduce códigos sociales, identifica fuentes, facilita entrevistas, organiza desplazamientos y permite que un periodista pueda entrar en lugares donde probablemente no podría hacerlo solo.
En las investigaciones sobre crimen organizado, esa función puede ser extraordinariamente peligrosa. El fixer conoce a quienes no quieren ser conocidos. Sabe dónde preguntar. Conoce quién puede hablar y quién no. Puede convertirse en puente entre el periodista y personas pertenecientes a estructuras criminales. Y, precisamente por estar más cerca del territorio que el periodista extranjero, puede quedar mucho más expuesto.
Por eso resulta profundamente equivocada la idea de que un fixer es simplemente un auxiliar logístico. Es parte de la infraestructura humana que hace posible que una sociedad conozca aquello que algunos quieren mantener oculto.
La propia UNESCO ha reconocido expresamente los riesgos particulares que enfrentan los fixers, stringers y trabajadores locales de medios, y ha incluido a estos profesionales dentro de las medidas de protección destinadas a quienes trabajan en entornos de alto riesgo.
René Cobos no llevaba necesariamente una cámara delante del rostro. Pero eso no significa que estuviera lejos del ejercicio del derecho a informar. El verdadero objetivo del sicariato no siempre es la víctima. Hay algo particularmente inquietante en los asesinatos vinculados —o potencialmente vinculados— al periodismo: su efecto puede ser mucho mayor que la muerte de una persona.
René Cobos no llevaba necesariamente una cámara delante del rostro. Pero eso no significa que estuviera lejos del ejercicio del derecho a informar. El verdadero objetivo del sicariato no siempre es la víctima
Un sicario mata a un individuo. El miedo, en cambio, puede matar una historia. Puede matar una fuente. Puede matar una investigación. Puede convencer a un periodista de no hacer una pregunta. Puede hacer que un editor decida que determinado reportaje «no vale el riesgo». Puede provocar que una familia recomiende a su hijo abandonar la profesión. Y finalmente puede producir algo mucho más silencioso que un cadáver: la autocensura.
Ese es el verdadero triunfo de las estructuras criminales cuando atacan a quienes investigan. No necesitan asesinar a todos los periodistas. Les basta con conseguir que algunos dejen de preguntar. Por eso la violencia contra la prensa no debe medirse únicamente por el número de periodistas asesinados. También debe medirse por la cantidad de historias que dejaron de publicarse, de fuentes que dejaron de hablar y de territorios donde la información comenzó a desaparecer.
UNESCO lo ha expresado con absoluta claridad: cuando se silencia a un periodista no solamente se vulnera un derecho individual; también se afecta el derecho colectivo de la sociedad a acceder a información.
Ecuador está aprendiendo demasiado rápido lo que otros países llevan décadas padeciendo México, Colombia y Ecuador no pueden ser colocados en el mismo recipiente. México arrastra una violencia contra periodistas de carácter estructural, alimentada por organizaciones criminales, poderes locales, corrupción e impunidad. Colombia tiene una historia diferente, marcada durante décadas por el conflicto armado, el control territorial de actores ilegales y una violencia especialmente concentrada en regiones periféricas. Ecuador, en cambio, ha experimentado una transformación mucho más acelerada. Y esa velocidad es precisamente lo preocupante.
Durante mucho tiempo Ecuador fue considerado una excepción relativamente segura dentro de una región acostumbrada a la violencia contra la prensa. Esa excepcionalidad se quebró. Fundamedios documentó seis asesinatos de periodistas y comunicadores durante 2025, dentro de un total de 231 agresiones contra la libertad de expresión, prensa, acceso a información, asociación y protesta pacífica. No estamos, por tanto, ante un episodio aislado. Estamos ante una tendencia.
Y las tendencias peligrosas tienen una característica particularmente perversa: al principio parecen excepciones; después se convierten en estadísticas; finalmente terminan convirtiéndose en costumbre.
Eso es lo que Ecuador no puede permitir. La comparación regional deja una lección incómoda Colombia demuestra que una democracia puede desarrollar mecanismos institucionales de protección incluso después de décadas de violencia. La FLIP documenta 171 periodistas asesinados por razones asociadas a su oficio a lo largo de la historia colombiana. México demuestra algo todavía más terrible: cuando la impunidad se vuelve estructural, el asesinato deja de ser únicamente un crimen y se convierte en un mecanismo de gobierno territorial informal.
Ecuador está en una posición distinta. Todavía existe la posibilidad de impedir que la violencia contra periodistas se normalice hasta convertirse en una característica permanente del país. Pero esa posibilidad no durará eternamente. Porque el crimen organizado no necesita conquistar formalmente un territorio para controlarlo. Le basta con decidir quién puede hablar, quién puede investigar, quién puede circular y quién debe guardar silencio.
Ese es uno de los rasgos más peligrosos de la criminalidad contemporánea: no siempre pretende sustituir al Estado; a veces le basta con demostrar que puede imponer reglas allí donde el Estado no consigue imponer las suyas. Y aquí aparece la responsabilidad del Estado El asesinato de René Cobos exige una investigación extraordinariamente rigurosa. No porque debamos asumir que fue asesinado por ser fixer. Precisamente porque todavía no sabemos por qué lo mataron.
La investigación debe reconstruir sus amenazas previas, sus comunicaciones, sus trabajos recientes, sus contactos, sus desplazamientos, sus fuentes y cualquier posible conexión entre esas actividades y el ataque. Debe investigar también la muerte de José Manuel Vélez Vera, porque el hecho de que otra persona haya sido asesinada en el mismo operativo puede resultar relevante para reconstruir el móvil y la secuencia de los acontecimientos.
Y debe hacerlo sin fabricar culpables, pero también sin descartar prematuramente ninguna hipótesis. Eso es justicia. Lo contrario es escoger desde el principio una explicación cómoda y obligar posteriormente a los hechos a encajar en ella.
Existe además una razón institucional todavía más profunda. Ecuador ya dispone de un Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, activo desde 2024, destinado precisamente a identificar riesgos, prevenir agresiones y proteger a quienes ejercen labores periodísticas. UNESCO registra, sin embargo, que los casos de periodistas asesinados que monitorea en Ecuador permanecen sin resolución judicial.
De nada sirve construir mecanismos de protección si solamente funcionan después de que aparece el cadáver. La prevención que llega tarde no es prevención. El peligro de las zonas silenciadas Tal vez la expresión más inquietante para describir lo que está ocurriendo no sea «periodistas en peligro». Es zonas silenciadas.
Porque el problema no consiste únicamente en que un reportero pueda ser asesinado en Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena o cualquier otro territorio particularmente afectado por el crimen organizado.
El problema aparece cuando la violencia consigue modificar el mapa de lo que puede ser contado. Entonces comienzan a existir lugares donde nadie quiere investigar. Personas a las que nadie quiere entrevistar. Negocios sobre los que nadie quiere preguntar. Rutas que nadie quiere describir. Nombres que nadie quiere pronunciar. Y finalmente historias que nunca llegan a existir públicamente.
Eso es mucho más grave que la censura tradicional. La censura clásica tiene un censor. La autocensura provocada por el miedo tiene miles. René Cobos merece algo más que indignación
Dentro de unos días, posiblemente su nombre desaparecerá de los titulares. Aparecerá otro asesinato. Otra masacre. Otra extorsión. Otro secuestro. Otro periodista amenazado. Y el país seguirá funcionando. Ese es quizá el mecanismo más peligroso de todos: la capacidad de acostumbrarnos al horror.
Por eso la muerte de René Cobos no debería convertirse simplemente en otra cifra. Debe convertirse en una exigencia. Exigencia de investigación. Exigencia de justicia. Exigencia de protección. Exigencia de verdad. Y, sobre todo, exigencia de que nadie tenga que escoger entre ejercer su profesión y conservar la vida.
Porque cuando un Estado pierde la capacidad de garantizar que sus ciudadanos puedan preguntar sin morir, no ha perdido únicamente seguridad. Ha comenzado irreversiblemente a perder soberanía.
Y cuando los ciudadanos empiezan a callar no porque hayan cambiado de opinión, sino porque tienen miedo de expresar lo que saben, la democracia puede seguir teniendo elecciones, instituciones, discursos y banderas. Pero algo esencial ya habrá comenzado a desaparecer. La libertad de saber.
Por eso el caso René Cobos debe investigarse hasta el final. Si su asesinato fue producto de una disputa criminal ajena a su trabajo, la justicia debe demostrarlo. Si estuvo relacionado con su actividad como fixer, la justicia debe demostrarlo también.
Pero existe una obligación que no admite matices: nadie debe poder matar a quien ayuda a contar una historia y, con ello, conseguir que la historia deje de contarse. Porque cuando asesinan al mensajero, el objetivo último nunca es solamente el mensajero. Es el mensaje.