El 1 de noviembre de 2025 comenzó la campaña electoral previa al referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, donde se votarán: la autorización o negación de bases militares extranjeras en Ecuador, la continuidad o eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, la reducción del número de legisladores y la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
Impulsadas por el presidente Daniel Noboa, estas iniciativas buscan modificar la Constitución vigente desde 2008, para -según el régimen- dar respuesta a desafíos urgentes; además porque es “garantista” y correista. El oficialismo, a través del movimiento ADN, promueve el “Sí” en todas las consultas, mientras que grupos opositores y organizaciones sociales llaman al “No”, en especial contra la Constituyente y la presencia de bases extranjeras. Unas 15-16 organizaciones están formalmente registradas para hacer campaña a favor o en contra, reflejando una fuerte polarización.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), dirigido por Diana Atamaint, es pieza clave en el resultado del proceso plebiscitario. Sus cinco vocales extendieron irregularmente su mandato, amparados en un dictamen de la Procuraduría, generando críticas por considerarse “autoprorrogados”. De ganar el Sí para la Constituyente, dicha directiva podría permanecer hasta dos años más, prolongando su cuestionada gestión. Episodios de falta de transparencia en elecciones anteriores (2017, 2021 y 2025) alimentan la desconfianza pública.
Pese a la falta de pruebas concluyentes de fraude electoral la percepción de posibles manipulaciones persiste, dada la opacidad de controversias acumuladas.
Observadores internacionales han mencionado inequidad en la última contienda, aunque validaron técnicamente el proceso; la ventaja competitiva del oficialismo es notoria, marcada por el uso de recursos estatales con fines políticos; por ejemplo, el anuncio de subsidios parciales en planillas eléctricas para hogares durante el periodo electoral; un gasto inicial de 34 millones de dólares criticado como dádiva electoral prohibida y permitida tácitamente por el CNE, sin sanciones. Además, antes de la segunda vuelta de abril de 2025, entregó bonos por no menos de 560 millones de dólares a sectores claves —policías, militares, agricultores y jóvenes— en una movida estratégica que impulsó su victoria sobre la candidata opositora.
Noboa aprovechó un vacío legal, ya que su elección en 2023 sucedió a una muerte cruzada, generando dudas sobre si su candidatura en 2025 era reelección. No solicitó formalmente licencia ante la Asamblea para dejar el cargo durante la campaña, sino que notificó ausencias parciales y delegó provisionalmente la presidencia a una persona de su confianza. Solo la semana pasada, en noviembre, anunció que solicitará una licencia sin sueldo para participar abiertamente en la campaña por el “Sí”, delegando funciones en la vicepresidenta electa María José Pinto, decisión que plantea suspicacias que interrogan sobre el previo irrespeto a la legalidad y posibles complicidades institucionales en las ocasiones anteriores.
En su discurso, Noboa sostiene que las consultas y ayudas buscan “devolver el poder al pueblo” y enfrentar la crisis de seguridad y economía. Sin embargo, la oposición lo acusa de construir un proyecto personalista.
En el contexto electoral actual, declaraciones oficiales falsas, como la de su ministra de Trabajo, quien afirmó que solo Ecuador paga décimos terceros y cuartos sueldos, alimentan la narrativa para preparar reformas laborales, avivando la desconfianza ciudadana.
La prolongación y manejo controvertido del CNE, la desconfianza ciudadana y las tensiones sociales configuran un ambiente delicado. El resultado del referéndum y la posible Asamblea Constituyente sin garantías claras de transparencia y equidad, podrían profundizar la erosión democrática y generar conflictos sostenidos entre actores políticos y sociales.
En su discurso Noboa sostiene que las consultas y ayudas buscan “devolver el poder al pueblo” y enfrentar la crisis de seguridad y economía. Sin embargo, la oposición lo acusa de construir un proyecto personalista y usar la consulta para perpetuar su control, advirtiendo que una nueva Constitución podría recortar derechos y eliminar organismos de control incómodos.
Boris Bazhanov, ex secretario personal de Stalin, afirmó que el dictador soviético dijo: «Considero completamente irrelevante quién votará y cómo dentro del partido, pero es extremadamente importante quién contará los votos y cómo. «Aunque nunca ha sido posible confirmar la veracidad de esa frase, no hay duda sobre la contundente verdad de su contenido y su oportuna mención en las actuales circunstancias, en el caso ecuatoriano.
La consulta y referéndum están hackeados por la falta de transparencia.
Anatomía del festín político del presupuesto
El Decreto Ejecutivo 199, firmado el 30 de octubre de 2025, vuelve a declarar un estado fiscal excepcional que autoriza, por tercer año consecutivo, el uso de recursos extraordinarios —endeudamiento, rentas petroleras y otros ingresos no permanentes— para cubrir gastos fijos en salud, educación y justicia. La disposición se ampara en la normativa que permite excepciones limitadas, pero su reiteración ha vaciado de sentido esa restricción constitucional, transformando una medida transitoria en un instrumento ordinario de financiamiento estatal.
El antecedente inmediato es el Decreto 171, emitido en febrero de 2024, que abrió la misma vía para los ejercicios fiscales de 2024 y 2025. Con el 199, el país encadena tres años consecutivos bajo una misma lógica: administrar el déficit con deuda y con la promesa de ingresos futuros. Esta secuencia no solo exhibe la incapacidad del Estado para sostener sus servicios esenciales con recursos propios, sino que pone en evidencia el manejo ineficiente y riesgoso de los sectores estratégicos -energía, minería, petróleo-, cuya desarticulación compromete la estabilidad fiscal y profundiza la dependencia de un modelo agotado, y que arrastra fuertes denuncias de corrupción desde muchos años atrás.
El déficit oficial presupuestado suma USD 5.625 millones, un 4,5 % del PIB previsto por el BCE. Pero también el PGE incluye ingresos sin respaldo real por al menos USD 4.736 millones que vendrían por concesiones (USD 750 millones por concesión del OCP y USD 3.986 millones por concesión de bloques hidrocarburíferos). Como resultado el déficit potencial suma USD 10.361 millones, es decir, más del 8 % del PIB, una de las brechas más altas de la región.
Mientras el país acumula déficit, el gasto en propaganda y en subsidios coyunturales no se detiene. El gobierno ha destinado millones a campañas de autopromoción y a compensaciones.
Incluir ingresos sin respaldo convierte al PGE se puede leer como maniobra política.
Mientras el país acumula déficit, el gasto en propaganda y en subsidios coyunturales no se detiene. El gobierno ha destinado millones a campañas de autopromoción y a compensaciones desde que está en el poder.; lo hizo en medio de la crisis de los apagones, también otras dirigidas a transportistas y sectores que reaccionaron ante la eliminación del subsidio al diésel. La contradicción es evidente: si, como repiten los medios alineados, los periodistas de nómina y los influencers oficialistas, la medida “no afectaba a los sectores populares”: ¿Por qué se distribuyeron fondos para apaciguar su malestar? A ello se sumaron desembolsos excepcionales para “desmovilizar” el reciente paro nacional, configurando un patrón de gasto político que convierte el presupuesto en herramienta de control social y de sostenimiento narrativo del poder, más que en un instrumento de planificación económica.
El país se endeuda para sostener el relato de sus administradores. Al mismo tiempo, se gasta más de lo que reconoce oficialmente, sobre todo en sueldos, subsidios y pago de deudas; la información no cuadra prácticamente en ninguna de las áreas de gestión pública fundamentales y desde el periodismo no alineado se reclama que es difícil acceder a ella El miércoles 29 de octubre, se conoció que la información de programa Jóvenes en Acción y de las compensaciones a los transportistas se declaró confidencial: los funcionarios están obligados de guardar reserva.
Además, casi una tercera parte del presupuesto se destina solo al pago de deuda, dejando cada vez menos recursos para salud, educación e inversión pública. Los mayores pagos que vencen el 2026 serán a los bonistas internacionales, pero también están los organismos multilaterales. No hay inversión pública ni estrategias para alentar la economía interna o el empleo sostenible y adecuado. El país usa nuevos préstamos no para invertir, sino para cubrir gastos del día a día, lo que es insostenible.
Esta secuencia no solo exhibe la incapacidad del Estado para sostener sus servicios esenciales con recursos propios, sino que pone en evidencia la ineficiencia de su política económica y el riesgoso tejemaneje de los sectores estratégicos del país.
El Decreto Ejecutivo 199, significa, en buen romance, que se ha dilapidado el presupuesto general del Estado, es decir, los dineros de todos los ecuatorianos; no solo que no pueden ejecutar sus planes operativos anuales con presupuestos ya de por sí mermados “por eficiencia”, sino que además, se comieron todo el dinero de las arcas fiscales.
El presupuesto del estado se ha convertido en un recurso político.
La expresión “Es la economía, estúpido”, acuñada por James Carville durante la campaña de Bill Clinton en 1992, resumía la idea de que el éxito político dependía de atender las preocupaciones económicas de la ciudadanía.
Muy oportuna sentencia para Ecuador, 33 años después.
Narrativas oficiales: contradicciones, manipulaciones y su impacto político
La estrategia comunicacional del gobierno de Daniel Noboa se ha centrado en construir un relato de renovación bajo lemas como “El nuevo Ecuador”, la promesa de seguridad ciudadana y un marcado discurso anticorreísta, que ha sido repetido incansablemente en discursos oficiales y medios de comunicación. Sin embargo, esta narrativa ha mostrado evidentes contradicciones y distorsiones que afectan su credibilidad y la percepción ciudadana.
A partir de la entrevista de Noboa en Teleamazonas (31 de octubre de 2025), se realizó una verificación rigurosa por parte de Lupa Media, sobre la comunicación oficial. El análisis reveló que, de 81 declaraciones oficiales evaluadas durante su primer año, solo un 9.9% fueron verdaderas, mientras que un 33.3% se clasificaron como falsas y el resto como engañosas o imprecisas.
De la entrevista mencionada, entre las afirmaciones desmentidas se encontró la inexistencia de “cuatro bases militares de EE.UU. en Colombia”, la supuesta unanimidad en encuestas a favor de una Asamblea Constituyente, y falacias sobre el sistema de triage hospitalario ecuatoriano que asegura prioridad a delincuentes sobre pacientes sin antecedentes penales, lo cual contradice los protocolos clínicos.
En lo socioeconómico, la distancia entre promesas y acciones se evidencia en la gestión de la salud pública. Durante la campaña electoral, Noboa prometió fortalecer la seguridad social y mejorar la atención en salud. Contrariamente, su administración presentó una propuesta para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deje de prestar servicios médicos, transfiriendo esta función íntegramente al Ministerio de Salud Pública (MSP).
El argumento gubernamental se basa en la supuesta eficiencia de un sistema unificado, obviando las limitaciones estructurales del MSP, que presenta déficits de cobertura entre 25 y 30%, y una infraestructura hospitalaria insuficiente y desabastecida. Expertos y representantes de asegurados advierten que esta medida podría sobrecargar aún más un sistema que ya no cubre adecuadamente ni la mitad de servicios básicos, degradando la calidad de atención médica. En este sentido, la acción gubernamental no solo contradice la promesa de mejora, sino que pone en riesgo la prestación de servicios de salud, evidenciando una gestión que privilegia recortes y reasignaciones sin resolver problemas sustantivos.
Que “se están matando entre ellos” y que en 2025 “nueve de cada diez” víctimas de homicidio tenían antecedentes penales, resultaron afirmaciones imposibles de verificar y altamente dudosas.
En materia de seguridad ciudadana, el discurso oficial minimiza la gravedad de la crisis.
El presidente afirmó que las muertes violentas en 2025 son “muy similares” a las de 2023, intentando transmitir una falsa percepción de estabilidad. Sin embargo, datos oficiales indican un incremento significativo: en los primeros nueve meses de 2025 se registraron 6.797 homicidios, 904 casos más que en igual período de 2023, lo que representa un aumento del 15%. Pretender que ambos años “son parecidos” distorsiona la gravedad de la crisis de seguridad y restando importancia a las vidas perdidas, dando una falsa sensación de control.
Así mismo, que “se están matando entre ellos” y que en 2025 “nueve de cada diez” víctimas de homicidio tenían antecedentes penales, resultaron afirmaciones imposibles de verificar y altamente dudosas, ya que el Ministerio del Interior dejó de reportar ese dato en 2025. Los últimos registros disponibles (2023) indican más bien lo contrario: aproximadamente 7 de cada 10 víctimas no poseían antecedentes.
La insinuación de que las muertes violentas es cosa entre delincuentes puede percibirse como una falacia para justificar los magros resultados del régimen frente a la inseguridad. Esta narrativa simplista contradice la realidad estadística y agrava el problema al invisibilizar a las verdaderas víctimas.
Además, mencionar indicadores sociales como mejoras históricas que no se sustentan en las estadísticas oficiales añade sombras a un patrón sistemático de desinformación, evidenciado en múltiples verificaciones.
Otro ejemplo es la polémica sobre bases militares extranjeras en Galápagos. Noboa impulsó inicialmente eliminar la prohibición constitucional para permitir la instalación de bases militares foráneas y, en particular, abrir la posibilidad a una base estadounidense en Baltra, lo que generó rechazo intenso por el impacto soberano y ambiental. Un día antes del inicio de la campaña, el 31 de octubre, reculó públicamente, reubicando la posible base en Salinas o Manta en el continente: ¿Falta de planificación y coherencia en un asunto sensible, o manipulación previa a la campaña?
Esta dinámica genera un discurso frecuentemente incoherente, con promesas incumplidas y contradicciones flagrantes que erosionan su credibilidad pública. Al privilegiar la propaganda y desinformación, el Ejecutivo contamina el debate político en temas cruciales para el país.