Hace ya casi veinte años, cuando aún era parte de esas comunidades de fe que profesan el colectivismo, publiqué un artículo en el que acusaba al capitalismo, al mercado y al lucro, de todo lo malo que le ocurría no solo al país, sino a la humanidad entera. Algún articulista mucho más sagaz, me respondió diciendo que era precisamente el mercado y el afán de lucro de algunas editoriales y empresas, los que me habían permitido acceder a los libros que había citado y disponer del computador en el que escribía. Decía también, que la revista en la que yo colaboraba, (que para entonces ya circulaba por más de cuarenta años), era producto del esfuerzo empresarial de sus accionistas, que ellos seguramente buscaban obtener beneficios, y que gracias a eso y a la tolerancia propia de los valores liberales, yo podía expresar libremente mis ideas y contar con algunos lectores. Tenía toda la razón, pero yo demoré unos cuantos años en asimilar el golpe, pues la fe religiosa o ideológica es impermeable a los argumentos.
He recordado esto a propósito de unas declaraciones que hiciera el Presidente Correa hace pocos días. Según él, el empleo generado por la empresa privada no tiene valor alguno ya que lo han hecho únicamente por negocio y con fines de lucro. Y no es la primera vez que lo hace; es una constante en sus discursos descalificar toda actividad que busque obtener beneficios. Lo ha dicho en relación a la prensa, a la educación o a cualquiera otra actividad que, en su momento, él quiera descalificar, o controlar.
Estas declaraciones y los paupérrimos resultados económicos de nueve años de Revolución Ciudadana, muestran la profunda ignorancia económica del Presidente y sus acólitos, pero también su desconocimiento de la historia y de la condición humana. Traslucen también, su adscripción a antiguallas ideológicas que demonizan la libertad individual y la búsqueda de beneficios, atribuyendo a estas últimas todos los males de la sociedad. Son ideas que se vinculan con el resentimiento y la envidia hacia quienes tienen éxito económico y que presuponen que la riqueza de unos es la causa principal de la pobreza de otros. Hay en ellas la intención por hacer de los empresarios los chivos expiatorios de la sociedad, es decir, los culpables de los males sociales, a quienes se habrá de sacrificar a fin de restaurar el bien común.
Cuando estas ideas, en su versión más extrema, fueron aplicadas en los países socialistas, sus consecuencias económicas y humanas fueron devastadoras: cuenta Eliseo Alberto que a partir de 1968, y gracias a que los Castro habían decidido que la economía centralmente planificada no era compatible con la iniciativa individual y la libre empresa ,»cincuenta y ocho mil doce retablos de zapateros remendones, talleres de ebanistas y tapiceros, fondas de chinos, barberías de barrio, poncheras a la orilla del camino, bares y hasta hornos de carbón fueron clausurados o intervenidos veinticuatro horas después de que ‘el tribunal de la historia’ los calificara de lastres de la sociedad capitalista[…] El mediano empresario y el pequeño negociante quedaron fuera de los planes quinquenales, acusados de sanguijuelas y de explotadores del hombre, y muchos de ellos se retiraron a España, Miami o Venezuela, en exilio tardío, con los bolsillos rotos y la eterna mortificación de haber perdido toda una vida de trabajo”.
Luego, y para avanzar en la construcción del “hombre nuevo”, se crearon campos de trabajo voluntario y a ellos fueron arrastrados más de trescientas mil personas para que realizaran trabajos forzados y gratuitos: para cumplir con su desquiciado proyecto de la zafra de los 10 millones, Castro había instaurado una nueva forma de esclavismo, ahora encubierto con el revolucionario nombre de trabajo voluntario y sin fines de lucro.
Pero no sólo los empresarios y quienes fueron llevados como esclavos a los campos de trabajo sufrieron los horrores de esas políticas que presuponen que el individuo y sus libertades han de someterse a la voluntad de una pandilla que supuestamente encarna las necesidades sociales y el bien común. Toda la sociedad fue afectada, pues el Estado jamás pudo hacerse cargo de prestar eficientemente los bienes y servicios que los seres humanos necesitamos para vivir.
En las sociedades que optaron por el colectivismo y la abolición de la iniciativa individual y la búsqueda de beneficios, las economías se estancaron o colapsaron, y sumieron en la pobreza a la gran mayoría de su población. La eliminación de la búsqueda de beneficios frenó a tal punto la investigación y la innovación tecnológica en aquellos países, que prácticamente todos los descubrimientos en el campo de la medicina, la farmacéutica, la producción agrícola e industrial y la tecnología, se realizaron únicamente en los países capitalistas, con la consecuente mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Bastaría comparar los resultados económicos y sociales entre Corea del Norte y Corea del Sur, para tener una idea clara de lo que hablamos.
Nadie, señor Correa, inicia una actividad productiva, con el riesgo que ello implica, sin que su objetivo sea obtener pequeños o grandes beneficios. La señora que vende humitas con café a quienes madrugan para hacer la fila de la revisión vehicular, el obrero que ofrece sus servicios a una empresa, o el pequeño o gran empresario que ofrece sus productos en el mercado, todos buscan obtener beneficios. Seguramente usted también lo hizo cuando trabajó como profesor en la Universidad San Francisco. En esos tiempos prehistóricos cuando aún no había carreteras ni existía la Ciudad del Conocimiento Yachay, la Universidad San Francisco era la que mejor pagaba y mayores beneficios ofrecía a sus docentes. Supongo que no fue su afinidad ideológica con tal universidad la que lo llevó a trabajar allí, sino su legítimo derecho a buscar los mayores beneficios posibles.
Lo que debe preocupar a todos, y ser objeto de sanción moral y penal, es la creación de una sociedad en donde la riqueza no se desplaza hacia los más productivos sino hacia los más corruptos. Donde el empresario obtiene ganancias debido a sus vínculos con el poder político y no merced a la calidad de sus productos o servicios. Donde la riqueza va a parar a manos de obscuros funcionarios o burócratas que implementan gigantescos sistemas de extorsión o de entrega de prebendas; o donde algunos individuos se benefician de grandes indemnizaciones provenientes de juicios cuyas sentencias nada tienen que ver con la justicia o las leyes sino con la influencia del poder político sobre los jueces. Es ese maridaje corrupto entre quienes manejan los Estados y ciertos empresarios, el que permite la conformación de grandes fortunas nacidas no de la producción sino de la corrupción. Ese es el “lucro” ilegítimo que debe ser perseguido y sancionado, pues da lugar a la destrucción de países y sociedades y permite el florecimiento de pandillas que se vuelven multimillonarias durante su paso por el poder, como ha ocurrido en los últimos años en la Venezuela de Chávez y Maduro, en la Argentina de los Kirchner, o en el Brasil de Lula y la Odebrecht.
Y eso ocurre, de manera inevitable, cuando aumenta el poder del Estado sobre el individuo, cuando crece desmedidamente, se inmiscuye en todas las actividades e incrementa su participación en la economía, de tal forma que el mercado, la competencia, y las libertades quedan abolidas o marginadas. La hipertrofia del Estado y la centralización del poder, conducen necesariamente a la corrupción y al lucro ilegítimo, pues, como decía Lord Acton, “todo poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.