Ecuador aún presenta altos niveles de violencia y en, al menos 10 ciudades, este indicador se ha disparado, sin que existan importantes cambios en lo que va del año, según el análisis que realizó Plan V en base a las cifras disponibles que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esto es hasta el 31 de julio de este año. También este medio identificó que las cifras de homicidios varían según la fuente oficial.
Respecto a los lugares con mayor violencia, en primer lugar se encuentra el cantón Camilo Ponce Enríquez, que en los primeros siete meses de este año alcanzó una tasa de 199 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa nacional -en ese mismo periodo- fue de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, en esta ciudad de 24.000 habitantes, la violencia se ha multiplicado por casi 10 respecto a la media nacional.
Ponce Enríquez, de esta manera, se ha convertido en la zona más violenta del país, superando incluso a otras ciudades que han llegado a niveles históricos como Esmeraldas que entre 2022 y 2023 obtuvo una tasa de 140 y 132 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
El cantón Ponce Enríquez es una zona minera con un gran número de pequeñas concesiones que han convertido el lugar en un socavón en una cordillera propicia para la minería ilegal, según explicó el abogado penalista y experto en seguridad, Hugo Espín en una investigación anterior de Plan V. Pertenece a la provincia de Azuay, que concentra el 86% de la producción nacional de oro, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
Entre enero y julio de este 2024, en este lugar se han registrado 49 homicidios, cuando en el mismo período del 2023 hubo 20. Eso implica un incremento del 141% de la violencia.
No es el único enclave minero que se mantiene en zozobra. Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana, registró una tasa de 63,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en los primeros siete meses de este año. En 2023, en el mismo lapso, tenía una tasa de 16,6 muertes. Esto implica un incremento del 280,9% de la violencia en este cantón amazónico.
En junio pasado, Plan V -en colaboración con Amazon Underworld- reveló cómo los Comandos de la Frontera de Colombia y Los Choneros han impuesto un régimen de terror en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos. Una de las actividades ilegales que más ha crecido en esas regiones es la minería de oro que está destruyendo aceleradamente la selva y ríos como el Punino.
Otra ciudad donde la violencia se mantiene es Puebloviejo, que desde el 2023 puntea la lista de los lugares más conflictivos sin que esto haya variado hasta el momento. Entre enero y julio, su tasa fue de 121 muertos por cada 100.000 habitantes.
Puebloviejo pertenece a Los Ríos, la provincia que tiene el mayor número de las ciudades violentas del país. Estas son Buena Fe, Babahoyo y Vinces, que se ubican también dentro del top ten de este listado. Sus tasas oscilan entre los 121 y 56 muertos por cada 100.000 habitantes.
En Guayas también se ubican tres de las 10 ciudades con las más altas tasas de homicidios: Nobol (90,8), Naranjal (90,3) y Durán (82,8). En este último cantón, la violencia se ha incrementado en más de un 100% en el último año. Para ello, el Gobierno creó una Mesa Interinstitucional de Seguridad para Prevenir y Contener la Violencia y la Delincuencia en Durán. La quinta mesa se instaló este 21 de octubre.
Otras de las ciudades que ingresaron a los 10 primeros lugares más violentos de Ecuador es Las Naves, de la provincia de Bolívar. Es un cantón con un deterioro acelerado de la seguridad, pues su tasa de homicidios pasó de 13,8 entre enero y julio del 2023 a 82,2 en el mismo periodo del 2024. Esto quiere decir que en ese pequeño poblado, de apenas 7.000 habitantes, existe un incremento del 495,8% de la violencia.
Este es un cambio significativo en el mapa de la violencia respecto al 2023. En los primeros siete meses del año pasado, entre las ciudades más violentas se encontraban Huaquillas y Arenillas, en la provincia de El Oro; Pedernales, en Manabí; Paquisha, en Zamora Chinchipe; Esmeraldas, en la provincia del mismo nombre; Balao, en Guayas; y Quevedo, en Los Ríos. Las únicas ciudades que se repiten en ambos períodos son Puebloviejo, Naranjal y Camilo Ponce Enríquez.
Además de Las Naves, en este periodo, la violencia se ha incrementado en 32 ciudades más. Una de ellas es Pichincha, un cantón de la provincia de Manabí que registra un incremento del 707,5% de la violencia. Otro caso llamativo es Orellana, en la provincia del mismo nombre, que registra un 306,3% de aumento de la violencia en un año.
Dentro de este grupo también están cantones como Carlos Julio Arosemena Tola (Napo), Tiwintza (Morona Santiago), Portovelo (El Oro), Olmedo (Loja) y Cuyabeno (Sucumbíos) que, entre enero y julio del año pasado, no registraron ninguna muerte violenta. Pero ahora sus tasas de homicidios oscilan entre las 41 y 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Estas nuevas cifras confirman que la violencia se ha desplazado a zonas donde la minería ilegal y la presencia de grupos armados han crecido. Llama la atención que hayan salido del top ten de las ciudades más violentas tanto Esmeraldas, en la frontera norte, como Huaquillas, en la frontera sur, como se observan en los siguientes mapas.
Las cifras de Mónica Palencia generan dudas
Mónica Palencia, ministra del Interior, ha sido la principal vocera del gobierno de Daniel Noboa para informar sobre los resultados de las operaciones contra el crimen y la inseguridad que vive el país. Pero su gestión ha sido cuestionada y en la actualidad enfrenta un juicio político, cuyo desenlace se conocerá este miércoles, 23 de octubre, en la Asamblea Nacional.
La oposición la ha cuestionado sobre sus resultados en materia de seguridad. Palencia en sus intervenciones ha preferido siempre referirse a la reducción del número de muertes violentas a escala nacional. De esta manera, en la rueda de prensa del Bloque de Seguridad del pasado 29 de septiembre, Palencia informó que entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2023 hubo 5.853 homicidios. Mientras que, en el mismo período del 2024, se registraron 4.805 homicidios. Esto, dijo ella, significa una reducción del 18% de las muertes a escala nacional.
La fuente de estas cifras, según la ministra, es la Policía Nacional y el Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio del Interior.
Pero una de esas cifras no coincide con las proporcionadas por el INEC a Plan V. Esta institución tiene un registro estadístico de Homicidios Intencionales, cuya fuente también es la Policía Nacional, específicamente la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased). Según el INEC, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 hubo 5.725 homicidios, es decir 128 menos que los mencionados por la Ministra.
Este no es un detalle menor porque esa diferencia impacta en el cálculo de la tasa de homicidios nacional.
Con la cifra de Palencia, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a escala nacional, en los primeros nueve meses del 2023, sería de 32,8 muertes. Mientras que con los datos del INEC es de 31,9 muertes. Es decir, existe casi un punto de diferencia.
Si la tasa del 2024, entre enero y septiembre, es de 26,7 muertes por cada 100.000 habitantes, la reducción respecto del 2023 varía entre 6,1 y 5,2 puntos, según la fuente oficial que sea usada.
En la rueda de prensa del Bloque de Seguridad, del pasado 16 de octubre, Palencia informó que en un comparativo entre 1 de enero y el 13 de octubre de 2023 hubo 6.231 homicidios y, en mismo periodo del 2024, 5.143 homicidio. Esto da como resultado una reducción del 17,5% de la violencia a nivel nacional. “Logramos que más de 1.000 personas no formen parte de una estadística nefasta”, dijo la funcionaria.
De igual manera, en un comunicado de este 22 de octubre, el Ministerio del Interior informó que entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2024 hubo una reducción del 17,3 % de los homicidios en comparación con el mismo periodo de 2023.
Plan V no pudo contrastar esas cifras con las del INEC porque esta institución solo dispone datos hasta julio de este año.
Sin embargo, cada vez es menor la cifra de reducción de las muertes violentas. El 24 de mayo pasado, Noboa anunció una disminución del 27% de los homicidios en el país y, semanas después, Palencia y Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa, confirmaron esa tendencia. Ahora, ese indicador es del 17,3%.
Hasta julio de este 2024, al menos 25 ciudades registraban un decremento en el número de muertes violentas. En ese grupo también está Puebloviejo que tiene una disminución del -0,9%. Mientras que Pedernales es la ciudad con la mayor merma: -77%.
Nota metodológica: Plan V hizo estos cálculos con las cifras oficiales del INEC de enero a julio de los años 2023 y 2024, y las proyecciones poblaciones de ambos años, que fueron actualizadas por esa institución después del censo del 2022.
PUNTO DE VISTA
Durán es el reflejo de cómo el Estado ha fallado
Katherine Herrera, analista en temas de seguridad
Ha sido un año lleno de indecisiones y de soluciones a corto plazo que se ha visto reflejada en una estrategia más operativa, en donde se ha visto el involucramiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero ha sido casi un año donde con una carencia de política pública de seguridad, que son dos cosas distintas. Por un lado, es lo que hace la Fuerza Pública con su contingente militar y policial, pero por otro lado es lo que hacen los ministerios de Defensa, Interior, UAFE, de la Mujer y todas las instituciones que son de apoyo. Esa ha sido una de las falencias más fuertes.
Segundo, este gobierno declaró el conflicto armado no internacional. Sin embargo, se identificó el objetivo, que era combatir a estas estructuras criminales que fueron catalogadas como terroristas, pero nunca se dijo cómo. Esa carencia de definición de cómo, de los indicadores, hizo que la lucha sea temporal y que, luego de unos tres meses, seis meses, tengamos un incremento de violencia y de nuevos delitos como secuestros, vacunas, extorsiones, que exista la transferencia de dinámicas delictivas de unos cantones a otros, y que se perpetúe mucho más el crimen organizado en ciudades como Durán.
Durán es el reflejo de cómo el Estado ha fallado en la implementación de las políticas públicas de seguridad en el país. Es una ciudad fallida, en donde hay un abandono total. Cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, el actor más importante es la persona, pero al momento de implementar nos olvidamos que la seguridad ciudadana es seguridad humana. Nos olvidamos de eso y generamos una política pública de seguridad, operativa, reactiva, militarista, que es temporal y que es momentánea y que tiene muchos más costos, tanto monetario, logístico, económico, que no llega a dar una solución real a los problemas estructurales que, por ejemplo, tiene Durán.