En Carondelet existe urgencia por encontrar alguna pirueta jurídica para no encargar la Presidencia de la República a la actual vicepresidenta, Verónica Abad, en el momento en que Daniel Noboa, obligado por la Constitución, deba pedir licencia para enfrentar la campaña 2025, entre el 5 de enero y el 6 de febrero próximos.
En el camino ha habido varias escaramuzas hacia ese fin, para lo cual se ha movilizado al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, a miembros comedidos del Consejo de Participación Ciudadana, a dos ministras y una asesora presidencial, a ciertos medios controlados por el Estado y a la Procuraduría General.
El Gobierno volvió a tocar la ventana de esta entidad hace pocos días. Tenía una duda no ingenua. “Un servidor público que, luego del correspondiente sumario administrativo, hubiera sido destituido en virtud de la causal prevista en la letra b) del artículo 48 de la Losep, ¿puede continuar ejerciendo otro cargo público (del cual no ha sido destituido) o se encuentra inhabilitado para ejercer dicho cargo de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 49 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el numeral 3 del artículo 12 del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-067?”.
Tan afiladita fue la pregunta que al procurador Juan Carlos Larrea no le quedó más que decir sí. Y aun más: aquel funcionario destituido por sumario administrativo -se lee en su respuesta- “se encuentra inhabilitado para continuar ejerciendo otro cargo público por un período de dos años contados a partir de la fecha de su destitución”.
El sumario administrativo que se sigue a Verónica Abad da cuenta de que llegó a Turquía, para cumplir su misión diplomática y humanitaria, días más tarde a lo dispuesto oficialmente. La Vicepresidenta explicó en su momento que Cancillería autorizó su viaje de Tel Aviv a Ankara recién cinco días después del plazo estipulado para su arribo. Todos los detalles en la siguiente nota:
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Esta controversia cuenta a gritos que en el Gobierno no repararán en lo que dice la Constitución, cuando indica que la Asamblea Nacional es el único organismo que pudiera determinar la destitución de un servidor público que llegó al cargo mediante voto popular, a partir de un proceso de juicio político.
Otro dilema no menor: la Constitución (Art. 150) señala que ante la ausencia definitiva de la Vicepresidenta, la Asamblea elegirá su reemplazo de una terna enviada por el Presidente. Si en 30 días no hay pronunciamiento legislativo, el o la primera de la terna asumirá esas funciones.
Uno de los escenarios medianamente probables es que Arturo Félix Wong, actual ministro de Gobierno, esté al frente del poder durante el mes de campaña. La Constitución dispone que en caso de ausencia temporal de la Vicepresidenta, el Presidente nombrará su reemplazo. Y al final de tantas consultas y contorsiones legales, seguramente Carondelet opte por «caer parado» al conseguir una suspensión de Verónica Abad por tres meses. Se la saca del camino durante la campaña y no viola la Constitución.
En otros foros políticos, en cambio, se quiere estirar las sábanas constitucionales, para alertar que, en caso de destitución de Abad y mientras dure la licencia de Daniel Noboa, sería Viviana Veloz, actual presidenta de la Asamblea, quien asumiría temporalmente la Presidencia de la República.
Quienes tocan esta trompeta se basan en una lectura sui géneris del Art. 146, pues dicho artículo dice claramente que la Presidenta de la Asamblea asumirá temporalmente la Presidencia de la República en caso de ausencia simultánea y definitiva de Presidente y Vicepresidente. Y en 48 horas deberá convocar a nuevas elecciones.
Carondelet pudiera alcanzar la ausencia definitiva de la Vicepresidenta, pero no de Noboa. A partir del 6 de febrero debe volver al cargo para ver cuántos problemas nacionales “ha resolvido” su Gobierno.