OCP Ecuador S.A. apuesta por transferir lo más pronto posible las acciones de la firma al Estado. Con esto concluirán 20 años de operaciones del oleoducto de crudos pesados, obra clave de inicios del nuevo milenio.
El Gobierno, de su parte, abrigaba la posibilidad de que la empresa pudiera aceptar una eventual extensión del contrato. De hecho, el pasado 25 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas había notificado a OCP Ecuador S.A. que estaba listo para cerrar la negociación para la potencial extensión.
Sin embargo, la empresa se mantiene en la figura legal inicial del Contrato para la construcción y operación del oleoducto de crudos pesados y prestación del servicio público de transporte de hidrocarburos y, concluido ya el plazo de la concesión, devolver este activo al Estado.
¿Qué está en juego? Las cifras que la propia OCP Ecuador S.A. expresa como hitos de su trayectoria son un indicador de las posibilidades por las cuales pudiera decantarse el Gobierno. ¿El Ministerio delegará la operación del sistema a Petroecuador? ¿La estatal petrolera podrá mantener la operación de dos oleoductos y asegurar las cifras de rendimiento de la firma? ¿El Gobierno abrirá un nuevo proceso de concesión a otras firmas interesadas?
Agobiado por la crisis energética y aún sin cabeza titular, desde el Ministerio no hay señales sólidas del norte de toda la operación e infraestructura de OCP Ecuador S.A. El primer escenario es el de una nueva licitación sin fecha definida.
El único dato seguro es que el próximo 30 de noviembre se producirá oficialmente la transferencia de acciones, bienes y operaciones de OCP Ecuador S.A. hacia el Estado. El Ministerio, en un comunicado público, asegura que durante la transición “se respetarán los derechos laborales y contratos con terceros”.
La empresa, en todo caso, ha hecho conocer al país que en estas dos décadas ha transportado más de 1.200 millones de barriles de crudo pesado, lo cual supuso para el Estado ingresos por USD 72.000 millones.
En tributos al Estado, OCP Ecuador S.A. informa que ha entregado USD 470 millones al Fisco. Y también que ha contribuido con acciones en beneficio de las comunidades de las zonas de influencia del oleoducto por más de USD 56 millones.
Un detalle no menor abarrota de nubarrones el horizonte del oleoducto. Este en manos estatales o concesionado a otro actor privado, en el corto o máximo en el mediano plazo se debe construir una variante para enfrentar la erosión regresiva de la cuenca del río Coca. Los cálculos más conservadores apuntan a un presupuesto de USD 130 millones para estas obras emergentes.
¿Estos apremios forzarán a que el Gobierno saque a licitación la operación no solo del oleoducto de crudos pesados sino también del SOTE (Servicio de Oleoducto Transecuatoriano)? Este ducto entró en operación en junio de 1972 y desde entonces ha transportado más de 5.000 millones de barriles.