En Ecuador, dos de cada diez personas dedicadas a la pequeña minería han estado relacionadas con un proceso penal, principalmente por delitos contra el medio ambiente, actividades ilícitas de recursos mineros, tráfico de combustible o tenencia ilegal de armas. También han sido investigados por vínculos con delincuencia organizada o asociación ilícita, causas que apuntan a la existencia de grupos delictivos.
Este es el resultado que arrojó la revisión de una base de datos de 393 personas que constan en los registros oficiales como productoras o exportadoras de oro. De ese grupo, 76 mineros (el 19%) aparecieron involucrados en procesos judiciales durante las dos últimas décadas, según la investigación periodística realizada por Plan V.
En otras palabras, los mineros que han obtenido, a título personal, una concesión para explotar una mina o una licencia para comercializar oro en el extranjero, tuvieron problemas con la justicia debido a sus trabajos mineros o negocios relacionados.
En el país, tanto personas como empresas pueden ser productores o exportadores mineros. Información de la extinta Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr, hoy Arcom) confirmó que, en el caso de la pequeña minería, hay más personas ejerciendo esa actividad que empresas.
A diferencia de las empresas, hay menos información pública sobre las personas mineras. Con estar inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), demostrar solvencia económica y no tener parientes en alguna institución tomadora de decisiones en este sector pueden acceder a un derecho minero. Entonces, el RUC es la única huella que dejan sobre sus operaciones y este solo registra el pago de impuestos y la dirección de sus establecimientos.
No obstante, esta investigación ha encontrado que existe una relación compleja, hasta ahora desconocida, entre los mineros legales y la justicia. Para desentrañarla, se cruzaron bases de datos con información judicial de 332 productores de oro y 61 exportadores de ese mineral.
Otro de los hallazgos tiene que ver con la resolución de estas causas. De los procesos revisados para este artículo, la mayoría no llegó a un juicio. Esto ocurrió, por ejemplo, con 16 exportadores de oro que tuvieron un proceso penal. De este grupo, seis fueron acusados por delitos relacionados con el medio ambiente; tres por robo; dos por actividades ilícitas mineras y el resto por otras causas. Al revisar los registros, 13 de los 16 procesos terminaron en sobreseimientos, extinción, archivo o nulidad.
Al igual que los exportadores, los productores también han sido investigados por la Fiscalía. De las 332 personas naturales que se dedican a esta actividad, 60 tuvieron alguna relación con una causa penal. Los delitos contra el medio ambiente, el transporte ilegal de combustible, la actividad ilícita de recursos mineros y la asociación ilícita aparecen entre los más frecuentes.
Para Hugo Espín, abogado penalista, no es extraño que en el sector de la pequeña minería pueda existir una relación con actos delictivos o grupos criminales. Este experto tiene una hipótesis: la minería legal estaría permitiendo el lavado de activos de la minería ilegal. Sostiene que a través de las concesiones regulares -que no producen minerales- se estaría comprando oro ilegal, sin refinar, a un precio menor que el del mercado. Por eso, en su opinión, existe una “proliferación salvaje” de esta actividad ilegal, principalmente, en la Amazonía. “Para mí está vinculado totalmente al lavado de activos, al dinero del narcotráfico”, manifiesta.
El país está experimentando un aumento de la violencia desde la pandemia. Pasó de siete homicidios por cada 100.000 habitantes en 2020 a 47 en el 2023, lo que dejó a Ecuador en el primer puesto de los países más violentos de América Latina, según las estimaciones del medio InSight Crime. Espín considera que la proliferación de la minería ilegal y del lavado de oro son las principales fuentes de financiación de los grupos armados que encabezan esa violencia. “En Ecuador no se ha atacado la economía criminal, porque si eso se corta, la logística muere inmediatamente”, dice.
Tanto entre los productores como entre los exportadores, el delito que más resalta tiene que ver con su impacto en el medio ambiente. De los 76 mineros con procesos, 17 fueron por ese motivo.
En segundo lugar, se ubicaron las actividades ilícitas de recursos mineros, cuyas penas pueden llegar hasta diez años de cárcel en caso de que se demuestren daños al medioambiente. Aunque existe un alto número de denuncias de este delito a escala nacional —1.977 entre 2017 y mayo de 2024—, solo el 17% de este total ha llegado a una sentencia condenatoria o ratificatoria de inocencia. La gran mayoría de estas denuncias se han quedado en investigación previa (42%) o fueron archivadas (7%).
Daniela Marcillo, de la Unidad Especializada contra la Investigación de los Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza de la Fiscalía, afirmó que esa institución tiene limitaciones presupuestarias, de personal y geográficas para lograr sentencias condenatorias en delitos relacionados con la minería y sus impactos en el medio ambiente.
En un foro celebrado el 9 de septiembre pasado, organizado por la Pan American Development Foundation y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Marcillo relató que los jueces no se conforman con un análisis microscópico del material incautado, sino que suelen pedir una pericia llamada ensayo al fuego, que sirve para determinar el porcentaje de oro, pero su costo es muy alto. Sin esa prueba, los magistrados suelen sobreseer a los procesados. A esto se suma la falta de peritos en las provincias donde existe más incidencia minera. Además, los lugares afectados se encuentran a diez horas de caminata, en lugares muy alejados, lo que dificulta el levantamiento de indicios.
De acuerdo con los datos de esta investigación, la provincia más conflictiva es El Oro. De ella proceden 28 de los 76 productores y exportadores con causas penales. Espín cree que una explicación para esta tendencia se debe a su cercanía con Camilo Ponce Enríquez. Se trata de una zona minera con un gran número de pequeñas concesiones que han convertido el lugar en un socavón en una cordillera propicia para la minería ilegal. Este cantón pertenece a la provincia de Azuay, pero se accede a través de El Oro, lugar de donde procede el primer minero vinculado a un delito de delincuencia organizada.
Alias “El Pájaro” fue sobreseído
Uno de los casos más llamativos de sobreseimiento —poner fin a un proceso penal sin que se dicte una condena— a un minero fue el de José Miguel R.L., quien fue detenido en la madrugada del 18 de enero de 2023, acusado de supuesta delincuencia organizada.
La Fiscalía lo acusó, en un comunicado oficial, de presuntamente formar parte de una organización dedicada al tráfico de armas, municiones y explosivos que abastecía a grupos armados de Colombia y a bandas delincuenciales que operan en el país. Las investigaciones las llevó a cabo una unidad especializada de la Fiscalía General, en Quito, que señaló a José Miguel R.L. —en un principio— como el supuesto financista de la agrupación criminal. La Policía bautizó a José Miguel R.L. con el alias “El Pájaro”.
José Miguel R.L. es oriundo de Portovelo, el primer centro minero de Ecuador con más de 100 años de actividad, que pertenece a la provincia de El Oro, una de las mayores productoras auríferas del país. Él forma parte de una familia dedicada a esta actividad.
En las actas del proceso contra José Miguel R.L. quedó registrada su relación con Jhonny Vinicio Matamoros Jiménez, un comerciante de equipos de minería que también fue procesado. Matamoros fue acusado de intentar recuperar un voluminoso cargamento de material explosivo —116 rollos de cable blanco de mecha de seguridad, 16.000 fulminantes y 1.200 tacos de dinamita—, que fue decomisado en un camión que circulaba por la población de Piñas, El Oro, y que presuntamente era para proveer a grupos armados.
La Fiscalía señaló a Matamoros por planificar envíos de explosivos ilegales a dichos grupos bajo la coordinación de Néstor Leonardo Alejo Rojas, un policía en servicio activo. Matamoros y Rojas se acogieron a un juicio abreviado y aceptaron los hechos que la Fiscalía les imputó. Fueron sentenciados a 36 y 25 meses de cárcel, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada.
Daniela Marcillo, de la Unidad Especializada contra la Investigación de los Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza de la Fiscalía, afirmó que esa institución tiene limitaciones presupuestarias, de personal y geográficas para lograr sentencias condenatorias en delitos relacionados con la minería y sus impactos en el medio ambiente.
En su versión, Matamoros dijo que tenía negocios con José Miguel R.L. Para confirmar esa relación, la Fiscalía presentó la transcripción de una llamada entre la esposa de Matamoros y el minero. En esa conversación, ella le solicitó 15.000 dólares presuntamente para “eludir la acción judicial”, dice una de las actas del proceso.
Sin embargo, como prueba a su favor, José Miguel R.L. pidió un peritaje contable de sus ingresos y gastos. El experto que las analizó llegó a la conclusión de que estas son concordantes con sus negocios y, por lo tanto, son lícitos. De esa manera, justificó los 7,9 millones de dólares que el minero tenía en sus tres cuentas bancarias.
Pero sus empresas apenas pagan impuestos. En la actualidad, es socio de cuatro compañías activas: tres mineras creadas entre 2021 y 2022 y una de transporte pesado. De las cuatro empresas, solo PortoveloGold ha pagado 1.510 dólares en impuesto sobre la renta, según los registros del Servicio de Rentas Internas. En 2023, esa compañía tuvo ingresos por un millón de dólares. Las otras dos mineras no han registrado ingresos ni egresos.
Como productor, desde 2015, José Miguel R.L. es uno de los accionistas mayoritarios de la concesión San Juan y titular de la concesión Hueco Oscuro, ambas ubicadas cerca de Portovelo. En la primera se pueden observar trabajos mineros. En la segunda, no hay registro de actividad, según las imágenes satelitales de esas áreas que revisó Plan V.
A este negocio, se suma la exportación. Entre 2019 y 2023, este minero exportó 29,8 millones de dólares en minerales, de los cuales la mitad correspondieron a lingotes y barras de oro. En ese mismo periodo, pagó 447.723 dólares en impuesto sobre la renta. En Ecuador existe el tipo impositivo efectivo (TIE), que es lo mínimo que debería pagar una actividad económica por impuesto sobre la renta. En el caso de la minería, el TIE es del 1,8% sobre las ventas. En este caso, el TIE debió ser 542.540 dólares.
Durante el juicio, Santiago Escobar, abogado del minero, negó las acusaciones de la Fiscalía acerca de que su cliente era miembro de una banda dedicada a proveer explosivos a grupos irregulares colombianos. Entre las pruebas que presentó se encontraba una copia del carné de autorización de consumidor de explosivos, que se utilizan para la extracción de los minerales, entregado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a favor de PortoveloGold.
En los alegatos finales del juicio, la Fiscalía decidió no acusar al minero tras hacer “un balance entre las garantías de las personas procesadas, la necesidad de combatir la impunidad y la aplicación del principio de oportunidad”, según consta en la sentencia. Esta decisión inesperada molestó al tribunal. Según los jueces, no hubo argumentos suficientes para desistir de su acusación en pleno juicio y calificaron la actuación del fiscal como “extemporánea”.
En ese caso, que sumó un total de 23 acusados, 11 se acogieron a un juicio abreviado y terminaron con sentencias de entre 25 y 36 meses de cárcel; cuatro fueron sobreseídos antes del juicio; dos están detenidos en Colombia y solo seis llegaron a un juicio ordinario. De estos seis, cuatro fueron condenados a cinco años de prisión y a dos se les ratificó la inocencia, como ocurrió con el minero José Miguel R.L.
No es su primer proceso judicial. En 2017, una denuncia llevó a la policía a ingresar en su planta de beneficio, en Portovelo, donde se incautaron ocho armas y 1.734 municiones de distintos calibres. En esa ocasión, las pericias determinaron que cuatro de ellas no estaban aptas para disparar y que las otras cuatro estaban registradas a nombre de otra persona. Esos dos elementos fueron suficientes para que la Fiscalía de Portovelo desistiera de su acusación.
Una alcaldesa minera en la mira de la justicia
Ligia Guadalupe Caiza Obando, actual alcaldesa del municipio de Carlos Julio Arosemena Tola, en la provincia amazónica de Napo, es una de las 60 personas productoras de oro que registran un proceso judicial. En agosto de 2022, Caiza fue acusada del delito de asociación ilícita por formar parte de un grupo de personas dedicadas presuntamente a la minería ilegal y al uso de maquinaria pesada, clasificadoras tipo Z y bombas de succión.
A través del Subsistema de Interceptación de Comunicaciones y Datos Informáticos (SICOM), la Fiscalía dijo que obtuvo comunicaciones sobre “la concertación para la ilicitud”. Además, anunció que hizo un reconocimiento del lugar de los hechos y recopiló informes de seguimiento. En la audiencia de formulación de cargos, el juez del caso ordenó la presentación periódica de Caiza ante el fiscal. Plan V consultó a sus abogados su versión, por correo electrónico, pero aún no llega una respuesta.
Caiza se inició en el sector público en 2012, cuando ingresó al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (hoy Ministerio de Minas). Estuvo allí hasta el 2014. Fue elegida en 2023 por el Partido Sociedad Patriótica, del expresidente Lucio Gutiérrez, y estará en el cargo hasta 2027. En el acto de cierre de campaña, una gran caravana de motos y autos la acompañó hasta una tarima, momento que quedó grabado por un drone.
La alcaldesa se dedica a la extracción de oro desde 1999, según su RUC. Sus actividades mineras se han concentrado en el municipio que lidera, una de las ciudades más pequeñas del país con solo 4.600 habitantes. Pero a pesar de su larga tradición minera, registra escasos impuestos. Entre 2017 y 2021, declaró 0 dólares en impuesto sobre la renta y en 2022, 22 dólares. Su pago de sus impuestos aumentó a 3.069.4 dólares, en 2023, cuando asumió la alcaldía.
En su declaración jurada de bienes de 2022, registró un patrimonio de 1,1 millones de dólares. En 2023, presentó tres declaraciones en las que su patrimonio registra tres valores distintos: 882.311, 998.110 y 1,1 millones.
Desde 2017, es titular de la concesión Jannyliz, ubicada en la parroquia Talag, en Tena, Napo. Este sector se encuentra a solo a tres kilómetros del río Jatunyacu, uno de los afluentes de la zona que -según informes de organizaciones ambientales- han sido afectados por la minería ilegal. La provincia de Napo ha sido uno de los epicentros de la minería ilegal en Ecuador, que se acentuó durante la pandemia.
Junto con Caiza fueron procesadas otras 16 personas, de las cuales dos son accionistas de la minera NapoKuri y dos de la compañía de transporte pesado Río Anzu. NapoKuri fue creada en 2021 y en ese año no pagó ningún impuesto sobre la renta. No registra movimientos económicos en la Superintendencia de Compañías. Río Anzu, en cambio, fue fundada en 2011. Otro de los detenidos fue Elvis C.B., quien desde el 2015 tiene la concesión Coronel Elvis, ubicada en Carlos Julio Arosemena Tola, a solo 300 metros también del río Jatunyacu.
Los procesados fueron a juicio y en el último día de la audiencia, el 7 de julio de 2023, Jonathan Chávez, abogado de Caiza, pidió a los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Napo que analizaran la situación de su cliente. El jurista recurrió al artículo 108 del Código de la Democracia que dice que los candidatos ganadores gozarán de fuero provincial en el caso de las autoridades locales.
El Tribunal acogió esa observación y el 2 de mayo de 2024 declaró la nulidad hasta la etapa de instrucción fiscal, es decir antes de que Caiza se inscribiera como candidata. Pero cuando el caso llegó a la Corte Provincial de Justicia de Napo, los nuevos magistrados precisaron que el proceso penal se había iniciado antes de la inscripción de la candidatura de Caiza y que el fuero comprende actos relacionados con el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, ordenó al Tribunal de Garantías Penales de Napo que continuase con el trámite de la causa.
Actualmente, el caso se encuentra en la Corte Nacional de Justicia de Quito para que determine qué tribunal deberá continuar con el juicio. Por el momento, no hay una resolución.
Imbabura: la provincia con más denuncias
Imbabura es la provincia con más denuncias (22%) por actividad ilícita de recursos mineros en Ecuador. De allí es Martha Beatriz V., quien forma parte del grupo de ocho exportadores y productores de oro que han sido investigados por este delito. Desde el 2010, es titular de la concesión Martha Beatriz, ubicada en la parroquia de Llurimagua, en el cantón de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, y que se extiende a lo largo de 1.188 hectáreas.
2016 y 2024. Fotos satelitales: Google Earth.
Su primer problema con la justicia se remonta al 18 de octubre de 2018, cuando la Policía detuvo un camión que iba escoltado por otro vehículo en las cercanías de Ibarra, capital de Imbabura. El chofer del camión dijo en ese momento que llevaba un cargamento de papas y que las personas que los seguían eran supuestos miembros de la Policía Judicial, quienes le habían solicitado el pago de 2.000 dólares para no detenerlos. Al inspeccionar el camión, sin embargo, encontraron que iba cargado con material aurífero, en vez de papas.
La Fiscalía acusó al chofer del camión y a su acompañante de actividad ilícita de recursos mineros porque no justificaron la procedencia del material. A los dos ocupantes del vehículo que lo escoltaba les abrió una investigación por extorsión.
Durante el proceso también fueron vinculados los esposos Martha Beatriz V. y José Adriano D.V, dueños de la concesión de dónde habría salido el material transportado en el camión. En su declaración, José Adriano D.V. manifestó que estaba por iniciar la fase de explotación y que, por ese motivo, enviaba pruebas para determinar la beta indicada.
Otro de los detenidos, junto con el chofer del camión, fue Jorge R., con quien José Adriano D.V. estaba negociando un contrato de operación. Según él, la ley faculta a los titulares de pequeña minería a realizar exploración y explotación simultánea.
Pero, durante el juicio, el coordinador del Ministerio de Ambiente de la zona lo desmintió. Dijo que la concesión Martha Beatriz se encontraba en proceso de obtención de la licencia ambiental, un paso previo para iniciar actividades de explotación o comercialización.
También informó que personal de ese Ministerio no pudo ingresar a la concesión Martha Beatriz por la inseguridad del sector. En esa época, había estallado la minería ilegal en La Merced de Buenos Aires, en la misma provincia de Imbabura. En febrero de 2018, entre 2.000 a 6.000 personas habían llegado para extraer material aurífero en el sector.
Para justificar el cargamento, los titulares de la concesión presentaron, 26 días después de iniciado el proceso, la guía de remisión, que señalaba como destino final Portovelo, en El Oro, donde existen plantas de beneficio o centros que procesan el material aurífero.
Nada de esto convenció al fiscal, quien en marzo de 2019 pidió que fueran llamados a juicio, tanto el conductor del camión, autor del delito, como el comprador y los esposos de la concesión, en calidad de coautores.
El juicio se celebró en agosto de 2020, pero solo se presentaron el chofer y el comprador. Ambos fueron sentenciados a un año de cárcel por el delito de actividad ilícita de recursos mineros y al pago de cuatro salarios básicos. Pero los jueces aceptaron la solicitud de suspensión condicional de la pena. A cambio, los procesados debían sembrar árboles durante un año.
En cuanto a los esposos, el tribunal les dio 72 horas para que justificaran su inasistencia por caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, en los archivos de ese proceso no existe ningún acta sobre la decisión judicial que tomaron en ese caso.
Existían antecedentes. En 2018, los esposos ya habían sido procesados porque un tráiler fue detenido con material aurífero procedente de la concesión Martha Beatriz, aunque aún no tenían la licencia ambiental.
En esa ocasión, presentaron la guía que aseguraba que esas rocas tenían como destino Zaruma, en El Oro. Los esposos también exhibieron un contrato suscrito con la Compañía Minera Reina del Cisne (Minreici). José Adriano D.V. dijo que no podía procesar el oro de su concesión porque no le permitían instalar una planta de cianuración. Por esa razón, debía llevar el material a diferentes plantas de procesamiento.
El juez Édison Cisneros, de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra, declaró el sobreseimiento de todos los involucrados, el 9 de octubre de 2018.
Un mes después, José Adriano D.V. ya estaba involucrado en un nuevo proceso por minería ilegal. El 26 de noviembre de 2018, la Policía interceptó otro tráiler con material aurífero, en el intercambiador de Cotacachi. Detuvieron al conductor y a tres personas que circulaban en un taxi, después de que los agentes persiguieran a los dos vehículos que no se detuvieron ante sus órdenes. Posteriormente, fue vinculado José Adriano D.V.
Los procesados fueron llamados a juicio el 4 de agosto de 2020, pero hasta enero de 2023 no se había logrado conformar el tribunal para avanzar en el juicio. Desde entonces, no hay más registros sobre el caso.
Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).