A pesar de que la minería es considerada un sector de riesgo por su vulnerabilidad a las economías ilícitas, las instituciones a cargo de su control y análisis tienen escasas coordinaciones en Ecuador. Esto quedó en evidencia, este 15 de julio, cuando la agencia que regula la actividad minera propuso a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmar un convenio para fortalecer la colaboración entre ambas entidades.
Esa iniciativa surge después de la publicación de la investigación regional “Dorada opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano”, liderada por Convoca.pe de Perú con la participación de medios de Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Plan V por Ecuador. La publicación describe cómo miles de toneladas de oro extraídas en Sudamérica se maquillan como legítimas, a través de diversos mecanismos oscuros de producción y comercialización, para ser exportadas a las grandes refinerías del mundo.
En el caso de Ecuador, uno de los mecanismos que fueron develados tiene que ver con las exportaciones. Compañías de reciente creación se convirtieron en menos de tres años en las mayores exportadoras de oro de Ecuador, superando incluso a firmas con décadas en el sector. La mayoría fue fundada en la provincia de El Oro, pero sus direcciones no existen y sus registros financieros son escasos.
La Organización de Estados Americanos (OEA), en una publicación del 2021, ya advirtió que en particular las exportadoras nuevas son el “principal punto de entrada del oro ilícito en los mercados legales al ocultar el origen ilícito, con frecuencia antes de venderlo a refinerías extranjeras”. La OEA adelantó, en ese informe, que el método de lavado más utilizado es la falsificación de facturas, donde “se nombran mineros artesanales falsos o compañías ficticias para justificar la fuente del oro extraído ilegalmente”.
Parte de la investigación fue citada en el documento al que tuvo acceso Plan V: “Según análisis investigativos por diversos medios de comunicación se ha difundido que existen mecanismos oscuros y controles fallidos que abren camino al tráfico masivo de oro en Sudamérica, en el cual se ha identificado un complejo sistema de blanqueamiento y desvío masivo de oro en la región”.
En el escrito, Germán Alarcón, coordinador técnico de Regulación y Control Minero de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr), toma en cuenta las cifras de exportaciones de minerales en Sudamérica –expuestas en la investigación regional– y recoge una de sus conclusiones: “la minería ilegal incrementa sus volúmenes de exportación como nunca antes”.
Alarcón menciona que, en los últimos tres años, Ecuador registra un crecimiento de la exportación de minerales. Según datos de la Arcernnr, en el 2021, estas exportaciones alcanzaron los USD 2.142 millones; en 2022 fueron USD 2.726 millones; y en el 2023 llegaron a la cifra récord de USD 3.075 millones. El crecimiento de los últimos dos años fue de USD 933 millones, dice el funcionario.
“El complejo sistema de blanqueamiento y desvío masivo de oro de origen sospechoso por nuevas rutas incluyen diversos mecanismos que identificamos en esta serie investigativa recorriendo los territorios mineros, construyendo bases de datos y analizando documentos y mapas satelitales: la falsificación de facturas de compra y venta del metal, autorizaciones fraudulentas, concesiones fantasmas, flujos de contrabando, plantas de producción y fundición cómplices, finanzas de grupos armados, controles negligentes, cambio de caminos hacia destinos opacos para evadir sanciones económicas y procesos judiciales”, es otra parte de la investigación que cita el documento.
Alarcón envió el oficio a José Julio Neira, director encargado de la UAFE. “La suscripción de la propuesta de convenio interinstitucional entre Arcernnr y UAFE permitirá establecer un marco colaborativo para fortalecer los mecanismos de control y regulación en el sector minero, así como promover acciones conjuntas en áreas de interés mutuo, como la prevención de actividades ilícitas y el intercambio de información relevante”, dice el escrito.
La UAFE fue creada en el 2005 para la prevención, detección y erradicación del lavado de activos y financiamiento del delito. Mientras que la Arcernnr fue el resultado de la unificación de las agencias que controlaban la minería, el petróleo y la energía. Dicha fusión se realizó en 2020.
El 8 de mayo pasado, mediante decreto, el presidente Daniel Noboa volvió a dividir la Arcernnr en tres entidades y a restablecer la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que fue creada en 2009. La Arcernnr mantendrá su personería jurídica hasta el próximo 8 de agosto, fecha en la que se cumplen los tres meses que dio Noboa para la división de las agencias.
Aunque la UAFE y Arcom son instituciones con más de una década de existencia, no hay un registro o anuncio público de un convenio previo o acciones conjuntas entre ambas entidades para ampliar los controles en el sector minero.
La Arcernnr está encargada de regular, controlar, fiscalizar, y auditar las actividades mineras. A través de la Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero, la agencia propone normativa y acciones que permitan vigilar, inspeccionar, auditar, intervenir y controlar a quienes realicen actividades mineras.
Alarcón justificó la propuesta del convenio interinstitucional en la necesidad de acciones que permitan cumplir con la política del Plan Nacional de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025, del gobierno de Noboa. En minería, este plan urge a las autoridades a ejercer un control de la minería ilegal y a contrarrestar las economías criminales.
Una copia de esta carta llegó también a Franklin Fabián Erreyes Tocto, director ejecutivo de la Arcernn, y a Diego Ocampo, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas. Esta cartera de Estado no contestó las preguntas de Plan V sobre sus acciones para mejorar los controles del sector exportador minero. La UAFE también ignoró el pedido de información de este medio.
El oficio de Alarcón llegó además a las direcciones de Regulación y Normativa Minera; de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica e Intervención a la Minería Ilegal; y de Auditoria y Control Económico Minero de la Arcernnr.
La reacción de Aduanas
Este 15 de julio, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) respondió de manera escueta las consultas que envió este medio el pasado 4 de julio, después de la publicación de las investigaciones sobre la existencia de exportadoras fantasmas de oro.
Una de las preguntas fue acerca de los controles que realiza la Senae para evitar exportaciones de oro ilegal. Al respecto, lo único que mencionó es que cuentan con el Sistema de Gestión de Riesgos o perfilador del Sistema Aduanero del Ecuador, denominado Ecuapass, que asigna el aforo físico a todas las declaraciones de exportación de oro, bajo las partidas 71.08, 71.12 y 85.49, sin dar más detalles.
Al buscar en el sitio web de la Senae se explica que Ecuapass es el sistema aduanero ecuatoriano que permite a los operadores de comercio exterior realizar todas sus operaciones aduaneras de importación y exportación. Es decir, es una herramienta tecnológica para agilizar los procesos administrativos. Mientras que el aforo se refiere a un acto administrativo que consiste en la verificación física del origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la mercancía. Pero en la respuesta enviada por correo a este medio no menciona cómo hace esas verificaciones físicas y qué resultados han tenido.
A la pregunta de cuáles son los documentos que solicita a los exportadores de oro, la Senae contestó que en el sistema Ecuapass existe un módulo llamado “Despacho de Importación”, que contiene la opción “Adm. de nomenclatura y características de mercancías” para dos subpartidas de oro. La primera es la 7108.12.00.00 que se refiere a “las demás formas en bruto” y es la usada para exportar, por ejemplo, lingotes de oro. Y la segunda partida es la 2616.90.10.00, que incluye minerales de oro y sus concentrados.
Según la Senae, ese módulo se encuentra configurado para que los exportadores presenten como requisito previo el certificado de exportación emitido por la Arcom, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la resolución del Comité de Comercio Exterior N. 022-2017.
¿Cómo la Senae confirma la autenticidad de dicho certificado?, fue otra de las preguntas. La institución respondió que existen varias formas:
- Se utiliza el aplicativo de firma electrónica Firma EC para corroborar la autenticidad de la firma electrónica que contiene el certificado.
- Se valida el certificado asociado a la DAE (Declaración Aduanera de Exportación) con los certificados que reporta diariamente la entidad.
- Se toma contacto con el personal de la entidad en el caso de observaciones que se tengan al documento.
La Senae aseguró que a través de Ecuapass valida el certificado de exportación de oro emitido por la Arcom. Esto ocurre cuando el exportador presenta la DAE, como lo establece la Resolución Comex N. 022-2017.
Es decir, la Senae autoriza las exportaciones de oro después de confirmar la firma electrónica y de revisar si el certificado de exportación está entre los enviados por la Arcom. La Senae aclaró que la Arcom emite este certificado de forma manual.
Aduanas mencionó brevemente que existen “controles implementados en el sistema en materia de Gestión de Riesgos, los cuales son de carácter reservado”.
Plan V también consultó a la Senae qué coordinaciones han realizado con la Arcom, la UAFE, el Ministerio de Energía y Minas u otra institución para controlar estas exportaciones. No hubo respuesta y solo mencionó el procedimiento que existe en la Resolución Comex N. 022-2017.